CJVJM_Comisión por los Juicios Verdad Justicia y Memoria-Mar del Plata-
Informa: nota al Juez Federal Rodolfo Pradas, sobre las causas que tramitan en su juzgado sobre delitos de lesa humanidad. Publicada el día lunes 15 de septiembre, en el diario El Atlantico de Mar del Plata.
Prisión domiciliaria, para humanizar la pena preventiva
El juez Rodolfo Pradas decidirá esta semana la situación de los últimos ocho detenidos por la causa Base Naval. El criterio del magistrado, en sintonía con la ley, es llevarlos a sus domicilios. Dijo que las unidades no están preparadas para alojar a personas mayores de 70 años y añadió que la salud de los ex militares es delicada. La intención es que lleguen al juicio
Los juicios orales que se vienen desarrollando en distintos sitios del país dan cuenta de que la Justicia llega, aunque tenga que ser en los últimos años de los hombres que fueron dueños de la vida y la muerte durante la última dictadura cívico militar. En Mar del Plata podrían desarrollarse los primeros juicios el año entrante. La causa Base Naval, por la cual están detenidos 16 coroneles, almirantes, prefectos, subprefectos y miembros del servicio de inteligencia de la Armada, sería elevada tras la feria judicial, en el primer cuatrimestre del 2009. Los represores, que en su mayoría superan los 70 años, esperan la citación a los tribunales en sus viviendas. Algunos aducen achaques y enfermedades de los años vividos. "Hay que pensar que la medida del arresto domiciliario lo que quiere es humanizar la pena preventiva", mencionó el juez que atiende la causa, Rodolfo Pradas.
El magistrado habla pausado y medido, y repite varias veces su criterio para determinar la prisión domiciliaria: mayores de 70 años o enfermos, a casa, tal como dice la ley. Los primeros ocho detenidos, a excepción de Roberto Pertusio, quien está alojado en Marcos Paz después de que se hizo pública su concurrencia a las reuniones de asesoría de la Armada, cumplen arresto domiciliario. En Mar del Plata sólo vive Rafael Guiñazú, en su vivienda de Garay al 200; y Justo Alberto Ignacio Ortiz optó por la tranquilidad de los cerros de Merlo, San Luis donde alquila cabañas. La impunidad se asentó tan fuerte entre los represores que hubo quienes pidieron permiso a la Justicia para salir de su domicilio, donde cumplen arresto, para sacar el carnet de conducir.
La situación de los otros ocho se decidirá esta semana. Aldo Máspero, ex jefe del GADA 601, ya duerme en su casa. Y, de acuerdo a lo adelantado por el titular del Juzgado Federal N°3, todo indicaría que el resto seguirá el mismo camino. "Como dice Casación, si se lo puede tener en cualquier situación que no sea un encarcelamiento, mejor", señaló Pradas.
- ¿Qué sucederá con Racedo que no llega a los 70 años?
- Racedo tiene un tema de salud importante. Los informes ya nos están diciendo que está medio complicado.
- Sin embargo antes de ser detenido era comerciante en Punta Alta, estaba en actividad.
- Sí. Es la misma situación tuya, que vos sos periodista y cuando te mando a una cárcel se te cae todo el mundo. Y más con 70 años.
La causa de mayor dimensión es la 4.447, denominada Base Naval. Fue iniciada por la abogada y querellante, Gloria León, en el 2004 y ampliada en el 2006, con un listado que supera el centenar de nombres. Las pruebas se siguen sumando.
Entre noviembre del 2006 y julio de 2007 fueron detenidos los primeros ocho represores en el marco de la causa Base Naval. Menos uno, el resto está con prisión domiciliaria. Uno en Mar del Plata –Rafael Guiñazú-, dos en el Gran Buenos Aires –Mario Forbice, Juan José Lombardo-, tres en Capital Federal –Juan Carlos Malugani, Alfredo Arrillaga y Alberto Pedro Barda-, Pertusio está alojado en Marcos Paz, y Justo Alberto Ortiz disfruta de su vivienda en San Luis.
Entre el pasado viernes 5 y el lunes 8 se llamó a los detenidos –a excepción de Barda que afronta su primer juicio en la causa Primer Cuerpo del Ejército y vendrá en octubre- para ampliar las indagatorias en las causas Frigerio y Secretaría de Derechos Humanos, que refiere a los casos Changazzo y Caballero.
- ¿Habrá más detenciones? ¿Para cuándo están previstas?
- Para una próxima etapa. No sabemos cuándo. En esta etapa es cuando tenemos la media prueba, la necesaria para indagar y el procesamiento. Hay cosas que tenemos que certificar: por ahí hay denunciantes o querellantes que han manifestado y no tenemos elementos todavía para corroborarlo. De alto cargo quedan muy pocos, quedan algunos. Ya estamos en la segunda o tercera línea.
- ¿Siempre hablamos de personal militar?
- Siempre hablamos de personal militar.
- De las últimas detenciones hay un prófugo. ¿Se lo está buscando?
- No está prófugo porque se presentó a derecho y en base a la calificación legal que tiene se revocó la detención y se lo llamó a prestar declaración indagatoria y tiene que comparecer en unos días. La calificación es una privación ilegítima de la libertad, pero en base al Código Penal vigente en ese momento tiene un mínimo de dos años.
- ¿Cuál es el criterio de un juez a la hora de dictar la prisión domiciliaria?
Rafael Guiñazú es el único represor con arresto domiciliario en Mar del Plata.
- Yo te voy a decir mi criterio. Cuando yo asumí, plasmé en los expedientes el criterio que tiene la ley: dice 70 años o enfermedad. Así resolví todos los incidentes de arresto domiciliario de la primera tanda de detenidos, que eran mayores de 70 años. En todos se sumaba un estado de salud deficiente por la edad propia. En otros el estado de salud era más complicado, en el caso de Barda y de Forbice. Los dos arrestos fueron confirmados por la Cámara y los otros fueron revocados. Las defensas presentaron un recurso y Casación le dio la razón a este juzgado: el criterio que dice la ley es 70 años o enfermedad. Ese es mi criterio y lo he mantenido, no sólo con delitos de lesa humanidad, sino en todas las causas donde hay una persona mayor de 70 años.
- ¿Cómo controla el arresto domiciliario cuando la mayoría de los represores están fuera de la ciudad? ¿Se puede ejercer un control eficiente?
- Sí. En realidad en el control estamos limitados como en muchos temas con lo que excede al Poder Judicial, porque no cuenta con organismos de control, ya sean asistencias sociales o de ese tipo. Ni tiene medios de traslado para detenidos. Entonces cuando derivamos todo eso a los organismos que lo tienen, ya sea servicio penitenciario federal o provincial, dependiente de los respectivos ministerios o Ejecutivos, se carece de esos medios.
El otro día había que trasladar a los ocho detenidos que estaban en la unidad 44 de Batán y la unidad no tiene medios. Había que llevarlos a la Corte de Nación, al cuerpo médico forense, para que en un día les hicieran todos los exámenes médicos. Tuvimos que gestionar a través de la jefatura distrital de policía de Mar del Plata, y nos facilitaron unos colectivos de traslado, con los cuales viajaron a Buenos Aires y volvieron en el día. Los abogados y familiares de los detenidos habían ofrecido alquilar una combi, a lo cual se les dijo que no, que no era posible porque este tipo de detenidos no tiene ningún privilegio.
Con respecto al control de los arresto nos sucede algo parecido. Nosotros mandamos a controlar por el patronato que es lo que establece la ley, donde específicamente se aclara que no lo puede hacer ninguna fuerza de seguridad. El patronato concurre, no siempre los mismos días, para ver que la persona esté en el domicilio y efectúa los informes correspondientes. Y aparte el Juzgado, a los que están más lejos, los controla con un llamado telefónico dos o tres veces por semana.
Además, hay que tener en cuenta que no tenemos ningún antecedente de que estas personas se puedan querer escapar. Otra, que son de muy avanzada edad y de muy malas condiciones físicas. Mi primera obligación cuando llegan es atenderlos a todos juntos y les explico por qué están detenidos. Los de la primera tanda que vinieron detenidos volvieron ahora para la ampliación indagatoria: Ortiz está mal, se maneja con un bastón con un trípode, está operado; Barda ya estaba con arresto domiciliario que se lo había dado el TOF 5 de Capital Federal y nosotros lo que hicimos fue no empeorar su situación cardiovascular que estaba comprometida o por lo menos eso dieron los exámenes médicos. Lo mismo me pasó al verlo a Forbice que es el que peor está en estado de salud. Todos los de la primera tanda, que están viviendo en la casa con arresto domiciliario, están deteriorados. Pertusio, que está en la cárcel, es otra persona.
- La situación de Ortiz es muy particular, por el lugar donde vive. ¿Es posible de todas formas garantizar un control?
- ¿Por el lugar donde vive? ¿A qué te referís?
- Vive en un complejo de cabañas en Merlo, en medio de los cerros.
- Vive en su domicilio, tiene el arresto en su domicilio. Es lo que dice la ley, tiene que fijar un domicilio donde tiene que cumplir. Y lo está cumpliendo.
- ¿Cómo es el caso de quienes viven en el campo? ¿Pueden salir hasta la ruta, tiene que quedarse adentro de la casa?
- Hay que pensar que la medida del arresto domiciliario lo que quiere es humanizar la pena preventiva. Como dice Casación, si se lo puede tener en cualquier situación que no sea un encarcelamiento, mejor. Después la interpretación o el margen que se le dé, es relativo. Nosotros tratamos de que todo lo que tengan que hacer, pidan autorización al Juzgado: si tienen que ir al médico o se tienen que trasladar. Nos ha pasado con dos o tres que pidieron la autorización para renovar el carnet de conductor. Se les dijo que no. Tenemos el caso de uno que pidió de ir al solarium, arriba del edificio porque tiene que tomar sol por su enfermedad. No se puede.
- ¿Cuál es la situación de detención de los detenidos en la unidad 44?
- La unidad 44 tiene régimen de alcaidía. Tiene establecido un régimen de presos comunes. Las celdas de estas personas son iguales a las de los presos comunes: camas cuchetas, baños tipo letrina, tienen sus anafes. Los pusieron, por una razón de seguridad bastante lógica, en otro pabellón. Los celulares se los retuvo en el Juzgado el día que vinieron detenidos. El deterioro de una persona, en una semana de cárcel, es notable. Muchos vinieron con lo que tenían puesto, y en la cárcel no tenían mantas. Las unidades no están dispuestas para este tipo de detenidos. Por más que sean para cárceles comunes, no están dispuestas para los detenidos comunes ni este tipo de detenidos. Sea por delitos de lesa humanidad o el delito que sea. Las cárceles no están en condiciones de tener a personas de 70 años.
LOS PASOS A SEGUIR
- ¿Hay posibilidad de que parte de esta causa vaya a juicio oral el año que viene?
- Sí, el año que viene seguro. Tenemos la situación procesal ya firme de Malugani, de Pertusio y de Ortiz, respecto de algunos casos. Y con el cúmulo de declaraciones indagatorias que se recibió, con las resoluciones que salgan, va a quedar el grueso de la causa terminado para esperar las apelaciones y después mandarlo al fiscal para que requiera la elevación a juicio. Tenemos pendientes apelaciones en Cámara respecto de la primer parte. Pero entiendo que en el primer cuatrimestre del 2009 tendría que estar elevada a juicio.
Hay que tener presente que esto no es como el Juicio por la Verdad, donde se apunta y se trabaja para un solo lado. Es un juicio de dos partes: están el fiscal y la querella, pero está también la defensa. Cada presentación demora. Hay que resolverla, si hay apelaciones va a la Cámara. El Juzgado cuenta en este momento con una secretaría de actuación en derechos humanos, compuesta por tres personas. Por ejemplo, la causa Base Naval tiene 30 incidentes, que son como 30 causas más. Además, están las otras causas satélite: Frigerio, Molina, Regine, Secretaría de Derechos Humanos y otras. Más 10 o 15 causas más por derechos humanos que no tienen relación a Base Naval. Todo eso suma, resta y quita tiempo.
- En el caso de la ESIM, ¿es por alguna razón en particular que sólo su jefe está detenido?
- No, es que todavía no logramos certificar la totalidad del personal de todas las dependencias. Se ha pedido antecedentes a la Armada y ha ido mandando algunas nóminas de personas, y otras todavía no las tenemos. Se ha mandado oficios a la ministra de Defensa y apuraron un poquito más. Estamos cotejando. Nosotros para imputar a alguien tenemos que tener por lo menos la media prueba, de que esa persona cumplió actividades en esa dependencia de la Marina, que estuvo en esa época.
- ¿Tiene prevista alguna inspección ocular en centros clandestinos de detención, como Prefectura que nunca fue inspeccionada?
- No. La idea del Juzgado es darle celeridad al tema de la instrucción para que llegue cuanto antes al juicio oral y evitar la molestia de los testigos víctimas, con pruebas que después van a ser repetidas en el juicio oral. La característica de estos juicios con el sistema de la oralidad, en mi opinión, es que toda esa prueba se haga en el tribunal para que tenga la vivencia propia del juicio oral, que es la que da todo al proceso penal.
(Fuente:rdendh).
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