La ministra Nilda Garré ordenó el cese en las funciones de todos los denunciados.
El Ministerio de Defensa amplió ayer ante la Justicia una denuncia por casos de corrupción en el Ejército y ordenó el pase a disponibilidad de 13 militares, luego de que se detectaran otras maniobras ilegales en dos unidades castrenses en agosto pasado. La presentación surgió ante irregularidades descubiertas en el Comando de Aviación y en el Comando del III Cuerpo de Ejército, y se trata de hechos ocurridos “en el mismo período, con idéntico modus operandi e incluso con la participación de algunos de los proveedores ya denunciados” el 8 de agosto por defraudación al Estado, informó la cartera que conduce Nilda Garré. El mes pasado el Ministerio de Defensa denunció a 31 militares –entre oficiales superiores, oficiales y suboficiales, la mayoría en actividad, quienes fueron puestos en disponibilidad– luego de que un relevamiento interno revelara “presuntos actos de corrupción, que se habrían cometido en varias dependencias militares al realizarse contrataciones de diverso tipo”. Ahora, las acciones legales fueron planteadas contra 13 militares y 29 civiles, estos últimos en representación de 11 empresas proveedoras de la fuerza. Según indicó Defensa, los oficiales superiores denunciados en el III Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba fueron su comandante, el general de brigada Gustavo Gabriel Schurlein, y los coroneles Horacio Mones Ruiz, Ángel Saverio Lapillo y Adrián Ricardo Cortés, además de dos tenientes coroneles. En tanto, en el Comando de Aviación del Ejército, con sede en Campo de Mayo, las presentaciones judiciales alcanzaron a dos oficiales superiores: el comandante, general de brigada Gustavo Serain, y el coronel Eduardo Guillermo Sabín Paz; y también a tres tenientes coroneles, un mayor y una capitana. La ministra Garré ordenó al Estado Mayor General del Ejército, que conduce Roberto Bendini, el cese en las funciones de todos los denunciados y su pase a disponibilidad, con lo cual los uniformados quedan en un estado virtual, sin destino y en un escalón que podría derivar en la baja.La causa por el caso de corrupción en el Ejército está a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien investiga el delito de defraudación por administración fraudulenta. En ese marco, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió que se citara a declarar como acusadas a 101 personas, entre ellas varios militares de alto rango, por las presuntas prácticas corruptas en el sistema de contrataciones del Ejército que había denunciado Garré.La operatoria fue detectada con cruces de datos que señalaron, entre otras irregularidades, que distintos proveedores de las Fuerzas Armadas funcionaban en el mismo domicilio en algunos casos; en otros las ofertas e incluso la adjudicación figuraban en fecha anterior a la convocatoria; que las sociedades estaban constituidas para fines distintos a las contrataciones que las beneficiaban; que distintos oferentes presentan documentación redactada con idéntica caligrafía; un mismo proveedor firmó de diferentes maneras en distintos documentos de un mismo expediente o en diferentes expedientes; que había contratos en los que figuraban familiares de militares en actividad, beneficiados por contratación dividida para poder efectuarse en forma directa por menores montos.Estas graves irregularidades, entre otras tantas, convencieron a los abogados del Ministerio de Defensa que existía “una manipulación sistemática” de los procedimientos, con el fin de “favorecer a determinadas empresas” que formaban un consorcio que se repartía las adjudicaciones, a través de “una metodología idéntica y la participación de actores comunes para dar apariencia de legalidad a veinticinco procedimientos contractuales irregulares provocando un grave perjuicio a la administración pública”.
Jefe de la Armada respondió sobre el espionaje a civiles
El jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, declaró ayer durante cinco horas ante el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, que investiga actos de espionaje ilegal a dirigentes políticos, gremialistas, periodistas y otros desde la base “Almirante Zar” de Trelew, en Chubut. “Respecto a mi declaración, no voy a responder nada y le pido disculpas pues si estoy acá es porque me llamó la Justicia y vine a cumplir”, dijo escuetamente a la prensa el marino, tras lo cual subió a un auto y se fue a toda marcha del tribunal. Hasta dentro de dos semanas su futuro es un misterio: está imputado por “abuso de autoridad” y recién en ese lapso la Justicia definirá si lo procesa o no.La audiencia a la que compareció Godoy se extendió desde las 9 a las 14, cinco horas bajo estricta reserva. Tampoco brindó detalles Gustavo Lleral, el secretario penal presente: “Se cumplió el acto de tomarle declaración indagatoria y prestó declaración el almirante Godoy sobre datos que no puedo revelar por el momento de la investigación, pues faltan declarar otras personas”, se limitó el funcionario judicial.Lleral puntualizó que Godoy “se encuentra imputado de ser presunto autor del delito de abuso de autoridad con la modalidad de delito continuado”. Mañana declararán también como imputados el número dos de la Armada, almirante Benito Rótolo, y el jefe de la base naval de Trelew, capitán Luis Fajre, mientras que la semana próxima lo harán el capitán Carlos Ruda y el almirante Luis Devincenti. “Los plazos para definir la situación procesal de los imputados son de 10 días contados a partir de la última declaración, el próximo martes”, dijo el fiscal federal Fernando Gelves.
El Ministerio de Defensa amplió ayer ante la Justicia una denuncia por casos de corrupción en el Ejército y ordenó el pase a disponibilidad de 13 militares, luego de que se detectaran otras maniobras ilegales en dos unidades castrenses en agosto pasado. La presentación surgió ante irregularidades descubiertas en el Comando de Aviación y en el Comando del III Cuerpo de Ejército, y se trata de hechos ocurridos “en el mismo período, con idéntico modus operandi e incluso con la participación de algunos de los proveedores ya denunciados” el 8 de agosto por defraudación al Estado, informó la cartera que conduce Nilda Garré. El mes pasado el Ministerio de Defensa denunció a 31 militares –entre oficiales superiores, oficiales y suboficiales, la mayoría en actividad, quienes fueron puestos en disponibilidad– luego de que un relevamiento interno revelara “presuntos actos de corrupción, que se habrían cometido en varias dependencias militares al realizarse contrataciones de diverso tipo”. Ahora, las acciones legales fueron planteadas contra 13 militares y 29 civiles, estos últimos en representación de 11 empresas proveedoras de la fuerza. Según indicó Defensa, los oficiales superiores denunciados en el III Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba fueron su comandante, el general de brigada Gustavo Gabriel Schurlein, y los coroneles Horacio Mones Ruiz, Ángel Saverio Lapillo y Adrián Ricardo Cortés, además de dos tenientes coroneles. En tanto, en el Comando de Aviación del Ejército, con sede en Campo de Mayo, las presentaciones judiciales alcanzaron a dos oficiales superiores: el comandante, general de brigada Gustavo Serain, y el coronel Eduardo Guillermo Sabín Paz; y también a tres tenientes coroneles, un mayor y una capitana. La ministra Garré ordenó al Estado Mayor General del Ejército, que conduce Roberto Bendini, el cese en las funciones de todos los denunciados y su pase a disponibilidad, con lo cual los uniformados quedan en un estado virtual, sin destino y en un escalón que podría derivar en la baja.La causa por el caso de corrupción en el Ejército está a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien investiga el delito de defraudación por administración fraudulenta. En ese marco, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió que se citara a declarar como acusadas a 101 personas, entre ellas varios militares de alto rango, por las presuntas prácticas corruptas en el sistema de contrataciones del Ejército que había denunciado Garré.La operatoria fue detectada con cruces de datos que señalaron, entre otras irregularidades, que distintos proveedores de las Fuerzas Armadas funcionaban en el mismo domicilio en algunos casos; en otros las ofertas e incluso la adjudicación figuraban en fecha anterior a la convocatoria; que las sociedades estaban constituidas para fines distintos a las contrataciones que las beneficiaban; que distintos oferentes presentan documentación redactada con idéntica caligrafía; un mismo proveedor firmó de diferentes maneras en distintos documentos de un mismo expediente o en diferentes expedientes; que había contratos en los que figuraban familiares de militares en actividad, beneficiados por contratación dividida para poder efectuarse en forma directa por menores montos.Estas graves irregularidades, entre otras tantas, convencieron a los abogados del Ministerio de Defensa que existía “una manipulación sistemática” de los procedimientos, con el fin de “favorecer a determinadas empresas” que formaban un consorcio que se repartía las adjudicaciones, a través de “una metodología idéntica y la participación de actores comunes para dar apariencia de legalidad a veinticinco procedimientos contractuales irregulares provocando un grave perjuicio a la administración pública”.
Jefe de la Armada respondió sobre el espionaje a civiles
El jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, declaró ayer durante cinco horas ante el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, que investiga actos de espionaje ilegal a dirigentes políticos, gremialistas, periodistas y otros desde la base “Almirante Zar” de Trelew, en Chubut. “Respecto a mi declaración, no voy a responder nada y le pido disculpas pues si estoy acá es porque me llamó la Justicia y vine a cumplir”, dijo escuetamente a la prensa el marino, tras lo cual subió a un auto y se fue a toda marcha del tribunal. Hasta dentro de dos semanas su futuro es un misterio: está imputado por “abuso de autoridad” y recién en ese lapso la Justicia definirá si lo procesa o no.La audiencia a la que compareció Godoy se extendió desde las 9 a las 14, cinco horas bajo estricta reserva. Tampoco brindó detalles Gustavo Lleral, el secretario penal presente: “Se cumplió el acto de tomarle declaración indagatoria y prestó declaración el almirante Godoy sobre datos que no puedo revelar por el momento de la investigación, pues faltan declarar otras personas”, se limitó el funcionario judicial.Lleral puntualizó que Godoy “se encuentra imputado de ser presunto autor del delito de abuso de autoridad con la modalidad de delito continuado”. Mañana declararán también como imputados el número dos de la Armada, almirante Benito Rótolo, y el jefe de la base naval de Trelew, capitán Luis Fajre, mientras que la semana próxima lo harán el capitán Carlos Ruda y el almirante Luis Devincenti. “Los plazos para definir la situación procesal de los imputados son de 10 días contados a partir de la última declaración, el próximo martes”, dijo el fiscal federal Fernando Gelves.
(Fuente:Elciudadano).
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