PIDEN CARCEL COMUN PARA REPRESORES PROCESADOS POR PALOMITAS.

Los abogados Tania Kiriaca y David Leiva, representantes de familiares de víctimas de la masacre en Palomitas, pidieron que se envíe a cárceles comunes a los represores Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil, Hugo Espeche y Joaquín Guil, quienes actualmente cuentan con prisión domiciliaria.

Tania Kiriaca.
Los letrados argumentaron que mantener este beneficio vulnera el principio de igualdad ante la ley, que no hay garantías de seguridad para los acusados y que se trata de una medida de excepción y no puede aplicarse para procesados por crímenes de lesa humanidad. El pedido fue presentado anteayer en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo interinamente del juez Horacio Aguilar y donde se lleva a cabo la última etapa del juicio escrito contra Mulhall, Gentil, Espeche y Guil por su participación en el homicidio de 12 presos políticos."Venimos a solicitar el inmediato traslado de los procesados en autos que se encuentran cumpliendo el llamado `régimen de prisión domiciliaria` a establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF)", sostiene el escrito en el que en el que se cita jurisprudencia nacional e internacional que obliga al Estado argentino a garantizar el juzgamiento de los acusados por crímenes de lesa humanidad y se advierte que los regímenes especiales de detención ponen en peligro el cumplimiento de esta obligación. Leiva y Kiriaca ya han planteado que el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Mulhall (ex jefe de la Guarnición Ejército Salta), Gentil (jefe de la Policía de Salta durante la dictadura), Espeche (quien trasladó a los presos políticos luego asesinados en las cercanías del paraje Palomitas) y Guil (jefe del área de Inteligencia de la Policía de la provincia) "implica una libertad encubierta". Entre los argumentos, afirmaron que no existe "ningún `imperativo humanitario` que justifique el actual privilegio del que gozan todos los procesados sobre quienes se ha dispuesto el llamado `beneficio del artículo 33 de la ley 24.660`", que otorga la detención domiciliara a los mayores de 70 años de edad.Los abogados aseguraron que "no hay explicación alguna" para que Mulhall, Gentil, Espeche y Guil "mantengan una situación de manifiesta desigualdad con otros represores que han cometido los mismos delitos de lesa humanidad" y que sí están alojados en cárceles comunes, y con los imputados por delitos comunes que cuando cuentan con prisión preventiva, esperan la realización del juicio en una cárcel.
(Fuente:eldiariodesalta).