Fernando Pequeño.
El diálogo se concretó al mediodía, en el salón José Luis Cabezas del ex rectorado de la Universidad Nacional de Salta. El reclamo de los familiares estuvo centrado en las prisiones domiciliarias con las que son beneficiados los represores y en las demoras en los procesos judiciales.El equipo de la Unidad Fiscal, encabezado por el fiscal general Jorge Auat, e integrado también por Pablo Parenti y Lizardo Pellegrini, se reunió además con los fiscales federales de Salta y Jujuy que intervienen en causas por violaciones a los derechos humanos. Blanca Lezcano, de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas Gremiales y Sociales, planteó que son los querellantes los que deben realizar las investigaciones en estos procesos, una tarea en la que podrían hacer mucho los fiscales. Auat le dio la razón y añadió que los fiscales tienen una visión más general de las causas, dado que participan en la mayor parte de ellas, lo que podría facilitar la búsqueda de pruebas y conexiones. "Ustedes tienen que ver no lo que hacen los fiscales, sino lo que no hacen o dejan de hacer", señaló a su vez Fernando Pequeño, nieto del desaparecido ex gobernador Miguel Ragone. El querellante planteó que hay fiscales que están limitados en su accionar por sus conexiones con algunos acusados, como el ex juez Ricardo Lona. En general hubo coincidencia en que una medida que podría ayudar a agilizar los procesos es la acumulación de causas, una posición sustentada por la Procuración General de la Nación. Los integrantes de la Unidad Fiscal explicaron que esta unificación debe hacerse según ciertos criterios, y no quedarían comprendidos aquellos procesos que están más adelantados, como la causa por la masacre en Palomitas, porque los retrasaría. En cuanto a las prisiones domiciliarias, Parenti y Pellegrini se esforzaron en explicar que la ley prevé este beneficio para los detenidos mayores de 70 años y dejaron en claro que poco se puede hacer. Los familiares plantearon particularmente el caso de Joaquín Guil, una figura emblemática de la represión en Salta sobre el que recayó una orden de detención justo cuando iba a cumplir 70 años, por lo que fue enviado a su casa. También se planteó el caso de Hugo Espeche.
(Fuente:diariodeSalta).
El diálogo se concretó al mediodía, en el salón José Luis Cabezas del ex rectorado de la Universidad Nacional de Salta. El reclamo de los familiares estuvo centrado en las prisiones domiciliarias con las que son beneficiados los represores y en las demoras en los procesos judiciales.El equipo de la Unidad Fiscal, encabezado por el fiscal general Jorge Auat, e integrado también por Pablo Parenti y Lizardo Pellegrini, se reunió además con los fiscales federales de Salta y Jujuy que intervienen en causas por violaciones a los derechos humanos. Blanca Lezcano, de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas Gremiales y Sociales, planteó que son los querellantes los que deben realizar las investigaciones en estos procesos, una tarea en la que podrían hacer mucho los fiscales. Auat le dio la razón y añadió que los fiscales tienen una visión más general de las causas, dado que participan en la mayor parte de ellas, lo que podría facilitar la búsqueda de pruebas y conexiones. "Ustedes tienen que ver no lo que hacen los fiscales, sino lo que no hacen o dejan de hacer", señaló a su vez Fernando Pequeño, nieto del desaparecido ex gobernador Miguel Ragone. El querellante planteó que hay fiscales que están limitados en su accionar por sus conexiones con algunos acusados, como el ex juez Ricardo Lona. En general hubo coincidencia en que una medida que podría ayudar a agilizar los procesos es la acumulación de causas, una posición sustentada por la Procuración General de la Nación. Los integrantes de la Unidad Fiscal explicaron que esta unificación debe hacerse según ciertos criterios, y no quedarían comprendidos aquellos procesos que están más adelantados, como la causa por la masacre en Palomitas, porque los retrasaría. En cuanto a las prisiones domiciliarias, Parenti y Pellegrini se esforzaron en explicar que la ley prevé este beneficio para los detenidos mayores de 70 años y dejaron en claro que poco se puede hacer. Los familiares plantearon particularmente el caso de Joaquín Guil, una figura emblemática de la represión en Salta sobre el que recayó una orden de detención justo cuando iba a cumplir 70 años, por lo que fue enviado a su casa. También se planteó el caso de Hugo Espeche.
(Fuente:diariodeSalta).
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