Karen Kramer, especialista de la ONU en protección de testigos
Recomendación. Kramer asegura que "se necesita capacitación específica".
Aunque en la Argentina conviven tres programas de protección de testigos, los hombres y las mujeres que brindan testimonio en juicios por delitos de lesa humanidad no se sienten tranquilos. La desaparición de Julio López y las amenazas que aún reciben muchos de ellos dispararon la discusión sobre la necesidad de una legislación que garantice su seguridad. Karen Kramer es especialista en este tipo de programas. Tras desempeñarse como fiscal en Estados Unidos, coordina la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, desde donde impulsa la implementación de herramientas que protejan a testigos en riesgo en distintos países del mundo. "Aquí hace falta un programa amplio y federal, que unifique el tratamiento de testigos", dice Kramer en una entrevista con Crítica de la Argentina durante su visita a Buenos Aires, donde hasta hoy participará del encuentro internacional Hacia un Marco Integral de Protección de Testigos. Sin embargo, la representante de la ONU aclara que para lograrlo "hace falta presupuesto y, por ende, voluntad política". –¿Cuál es el principal déficit de los programas locales? –Por lo poco que pude interiorizarme, aquí hace falta un programa integral y federal. La tendencia mundial es centralizar esta actividad, que es muy importante porque está en juego la vida de las personas. El tema de dónde incluir el programa en la estructura gubernamental es sensible. Si es en el sistema judicial, la policía o el Ministerio de Justicia. Depende de cada país. Es fundamental escoger bien el personal que va a formar la unidad, limitar la politización y asegurar la estricta confidencialidad del sistema.–¿Cree que se podría haber evitado que desapareciera Julio López?–No lo sé... Es un tema nuevo para la Argentina. Lo que sí se puede decir es que la sociedad y el Estado reaccionaron y ahora se reúnen para buscar los mecanismos que funcionen hacia delante y prevengan nuevos casos. En la Argentina el tema está viviendo un momento crítico y por eso estamos aquí.–En la Argentina la protección de testigos en juicios por violación a los derechos humanos, como el caso López, es muy sensible, ¿cómo se incluye algo tan específico en un programa integral? –Los grandes problemas sociales suelen ser los disparadores para la creación de estos programas. En los 70 en Estados Unidos fueron las mafias italianas y después, el terrorismo. Cada país tuvo distintas motivaciones, y por lo general se le presta atención después de que pasa algo. En la Argentina fue igual. Sucedió algo que motivó el análisis sobre qué medidas implementar para proteger a los testigos de estos juicios. Pero hay que tener en cuenta que hay otros testigos que también están en riesgo, que también tienen derechos humanos. A largo plazo, aquí se cerrará este capítulo y surgirán otros problemas. Por eso los programas tienen que ser amplios, clasificar cada delito y en la práctica determinar prioridades. –Quienes sufrieron estos delitos en la dictadura se niegan a ser protegidos por miembros de una fuerza de seguridad...–En Europa este problema no existe ya que la policía es profesional. Aquí, como en otros países de Latinoamérica, es posible crear una unidad separada, puede ser sin policía o con personal policial de confianza. Lo que sí es importante es que exista una separación entre la función policial, el seguimiento y la investigación. La decisión de quién y cómo debe estar protegido no debe estar en manos del fiscal, debe ser independiente.–¿Qué características deben tener quienes forman parte de una unidad de protección?–Estos programas necesitan un corte multidisciplinario. A diferencia de la mayoría del trabajo policial, aquí no se debe perseguir sino proteger. Para esto es preciso saber manejar un arma, disparar, conducir un auto y hasta realizar un trabajo más sociológico. Por eso es necesaria una capacitación específica. Cuando la Argentina esté lista, Naciones Unidas podrá colaborar en ese sentido.–¿Es muy costoso implementar este tipo de programas?–Sí, pero lo que se logra justifica la inversión. La experiencia demuestra que el presupuesto es fundamental. Por eso la voluntad política es clave. Aunque exista el programa, si no hay presupuesto no se puede garantizar el funcionamiento. Un plan que llegará a DiputadosKaren Kramer viajó a la Argentina para participar de un encuentro que reunió a especialistas de distintos países de América Latina y de Europa. Las jornadas fueron organizadas por la diputada Victoria Donda Pérez y los programas de Protección a Testigos, y Verdad y Justicia, ambos del Ministerio de Justicia de la Nación. La semana próxima, Donda Pérez presentará en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la creación de un programa federal a través del cual el Estado atienda la situación de los testigos en riesgo, tanto en juicios por delitos de lesa humanidad como en otros procesos penales."Esperemos que el resultado de toda esta experiencia de trabajo colectivo no corra la misma suerte que la vivida por el proyecto de inhabilitación para asumir cargos públicos a represores y cómplices que presentamos en marzo y aún continúa sin tratamiento", se quejó la diputada del Encuentro Popular y Social, quien nació en el centro clandestino que funcionó en la ESMA durante el cautiverio de su mamá.
Recomendación. Kramer asegura que "se necesita capacitación específica".
Aunque en la Argentina conviven tres programas de protección de testigos, los hombres y las mujeres que brindan testimonio en juicios por delitos de lesa humanidad no se sienten tranquilos. La desaparición de Julio López y las amenazas que aún reciben muchos de ellos dispararon la discusión sobre la necesidad de una legislación que garantice su seguridad. Karen Kramer es especialista en este tipo de programas. Tras desempeñarse como fiscal en Estados Unidos, coordina la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, desde donde impulsa la implementación de herramientas que protejan a testigos en riesgo en distintos países del mundo. "Aquí hace falta un programa amplio y federal, que unifique el tratamiento de testigos", dice Kramer en una entrevista con Crítica de la Argentina durante su visita a Buenos Aires, donde hasta hoy participará del encuentro internacional Hacia un Marco Integral de Protección de Testigos. Sin embargo, la representante de la ONU aclara que para lograrlo "hace falta presupuesto y, por ende, voluntad política". –¿Cuál es el principal déficit de los programas locales? –Por lo poco que pude interiorizarme, aquí hace falta un programa integral y federal. La tendencia mundial es centralizar esta actividad, que es muy importante porque está en juego la vida de las personas. El tema de dónde incluir el programa en la estructura gubernamental es sensible. Si es en el sistema judicial, la policía o el Ministerio de Justicia. Depende de cada país. Es fundamental escoger bien el personal que va a formar la unidad, limitar la politización y asegurar la estricta confidencialidad del sistema.–¿Cree que se podría haber evitado que desapareciera Julio López?–No lo sé... Es un tema nuevo para la Argentina. Lo que sí se puede decir es que la sociedad y el Estado reaccionaron y ahora se reúnen para buscar los mecanismos que funcionen hacia delante y prevengan nuevos casos. En la Argentina el tema está viviendo un momento crítico y por eso estamos aquí.–En la Argentina la protección de testigos en juicios por violación a los derechos humanos, como el caso López, es muy sensible, ¿cómo se incluye algo tan específico en un programa integral? –Los grandes problemas sociales suelen ser los disparadores para la creación de estos programas. En los 70 en Estados Unidos fueron las mafias italianas y después, el terrorismo. Cada país tuvo distintas motivaciones, y por lo general se le presta atención después de que pasa algo. En la Argentina fue igual. Sucedió algo que motivó el análisis sobre qué medidas implementar para proteger a los testigos de estos juicios. Pero hay que tener en cuenta que hay otros testigos que también están en riesgo, que también tienen derechos humanos. A largo plazo, aquí se cerrará este capítulo y surgirán otros problemas. Por eso los programas tienen que ser amplios, clasificar cada delito y en la práctica determinar prioridades. –Quienes sufrieron estos delitos en la dictadura se niegan a ser protegidos por miembros de una fuerza de seguridad...–En Europa este problema no existe ya que la policía es profesional. Aquí, como en otros países de Latinoamérica, es posible crear una unidad separada, puede ser sin policía o con personal policial de confianza. Lo que sí es importante es que exista una separación entre la función policial, el seguimiento y la investigación. La decisión de quién y cómo debe estar protegido no debe estar en manos del fiscal, debe ser independiente.–¿Qué características deben tener quienes forman parte de una unidad de protección?–Estos programas necesitan un corte multidisciplinario. A diferencia de la mayoría del trabajo policial, aquí no se debe perseguir sino proteger. Para esto es preciso saber manejar un arma, disparar, conducir un auto y hasta realizar un trabajo más sociológico. Por eso es necesaria una capacitación específica. Cuando la Argentina esté lista, Naciones Unidas podrá colaborar en ese sentido.–¿Es muy costoso implementar este tipo de programas?–Sí, pero lo que se logra justifica la inversión. La experiencia demuestra que el presupuesto es fundamental. Por eso la voluntad política es clave. Aunque exista el programa, si no hay presupuesto no se puede garantizar el funcionamiento. Un plan que llegará a DiputadosKaren Kramer viajó a la Argentina para participar de un encuentro que reunió a especialistas de distintos países de América Latina y de Europa. Las jornadas fueron organizadas por la diputada Victoria Donda Pérez y los programas de Protección a Testigos, y Verdad y Justicia, ambos del Ministerio de Justicia de la Nación. La semana próxima, Donda Pérez presentará en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la creación de un programa federal a través del cual el Estado atienda la situación de los testigos en riesgo, tanto en juicios por delitos de lesa humanidad como en otros procesos penales."Esperemos que el resultado de toda esta experiencia de trabajo colectivo no corra la misma suerte que la vivida por el proyecto de inhabilitación para asumir cargos públicos a represores y cómplices que presentamos en marzo y aún continúa sin tratamiento", se quejó la diputada del Encuentro Popular y Social, quien nació en el centro clandestino que funcionó en la ESMA durante el cautiverio de su mamá.
(Fuente:rdendh-Critica-Martina Noailles).
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