Mark Benjamin - Katherine Eban
DEMOCRACY NOW
Título original: APA Complicit in CIA Torture
Traducción: Ernesto Carmona
Cuando en 2005 las noticias periodísticas denunciaron que había psicólogos trabajando con militares de EEUU y la CIA para desarrollar métodos brutales de interrogación, los líderes de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA) montaron un grupo de trabajo para examinar la cuestión. Después de apenas dos días de deliberaciones, el grupo de diez miembro concluyó que los psicólogos desempeñaban "un papel valioso y ético" al asistir a los militares.
Un alto nivel de secreto rodeó al grupo de trabajo y prohibió el acceso a los procedimientos y a los miembros y asistentes. No sería hasta un año después que sería conocida la identidad de los miembros de este grupo, finalmente publicada en Salon.com, revelando que seis de nueve miembros con derecho a voto pertenecen a agencias de inteligencia directamente conectadas a los interrogatorios en Guantánamo y los sitios negros de la CIA que funcionan al margen de las convenciones de Ginebra.
La entidad Ética Psicológica y Seguridad Nacional (PENS, en inglés) fue montada en respuesta a la evidencia cada vez mayor de que los psicólogos participan no sólo en los procedimientos que han dado una sacudida eléctrica a los sentimientos de la humanidad alrededor del mundo, sino que de hecho estuvieron a cargo de diseñar esas táctica brutales y de entrenar a los interrogadores en esas técnicas.
En particular dos psicólogos desempeñaron un papel central: James Elmer Mitchell, que fue contratado por la CIA, y su colega Bruce Jessen. Ambos trabajaron en el programa de entrenamiento militar clasificado llamado Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE), que condiciona a los soldados para aguantar el cautiverio en manos enemigas. De una manera muy cuasi-científica, según psicólogos y otros con conocimiento directo sobre sus actividades, Mitchell y Jessen diseñaron la reingeniería de las tácticas infligidas a los aprendices de SERE para usarlas sobre detenidos en la guerra global al terror.
Con la adopción completa de las técnicas interrogativas SERE por parte de los militares de EEUU, la CIA puso a Mitchell y a Jessen a cargo del entrenamiento de los interrogadores en sus técnicas brutales, incluyendo el submarino, en toda su red de sitios negros. Mientras tanto estaba cada vez más claro que EEUU ha sacrificado su conciencia y su imagen global por táctica que en el mejor de los casos son ineficaces.
Con cerca de 150.000 afiliados, la APA es el cuerpo más grande de psicólogos en el mundo. A diferencia de la Asociación Médica Americana y de la Asociación Psiquiátrica Americana que, desde 2006, han barrido totalmente a los doctores que hayan participado en torturas, la APA continúa permitiendo que sus miembros intervengan en los interrogatorios de detenidos, alegando que su presencia garantiza interrogaciones seguras y previene abusos.
La Dra. Jean Maria Arrigo, una de las tres miembros civiles del grupo de trabajo PENS 2005, cuya tarea fue considerar la conveniencia de la implicación de psicólogos en métodos ásperos de interrogatorios, aseguró que las conclusiones de ese grupo de trabajo fueron adulteradas en los niveles más altos del departamento de Defensa.
Citando una serie de irregularidades que incluyen la rapidez, la intimidación y el secreto, Arrigo afirmó que el grupo de trabajo estaba lejos de ser equilibrado o independiente. Informó que el presidente de APA Gerald Koocher ejerció un fuerte control fuerte sobre las decisiones del grupo de trabajo y censuró a los disidentes. Seis de los diez miembros fueron ubicados en altos puestos en el DOD (Pentágono), en atención a que representaban claramente las decisiones que ya habían sido tomadas. Estas fueron: a) la adopción de una definición permisiva de la tortura en la ley de EEUU, en comparación con la definición terminante del derecho internacional, y b) participación de psicólogos militares en los apremios de los interrogatorios.
Muchos psicólogos molestos insisten en que la política de la APA ha hecho de la organización un estandarte de la tortura.
En la convención anual de APA, en agosto de 2007, los miembros presentaron ante el Consejo de Representantes de la APA una enmienda a la moratoria de su resolución:
"Se resuelve que los objetivos de la APA consisten en el progreso de la psicología como una ciencia y profesión y como medio de promover salud, la educación y el bienestar. Y por lo tanto, la actuación de psicólogos en los apremios en que se priva a los detenidos de la adecuada protección de sus derechos humanos se deben limitar, como personal de salud, a la disposición del tratamiento psicológico".
El consejo votó de manera aplastante por el rechazo de esta medida que habría prohibido participar a sus miembros en la interrogación abusiva de detenidos.
En una encendida reunión de profesionales que siguió a la convención, atestiguaron docenas de psicólogos enfurecidos. Entre ellas, el Dr. Steven Reisner, miembro de la Coalición para una APA Ética, preguntaba por qué el Consejo de Representantes votó por rechazar la moratoria en una clara contradicción con las convicciones de una vasta mayoría de la membresía de APA.
Reisner realzó la carencia de estándares éticos esenciales en esa asociación y entre sus miembros. "Esto va a la esencia de quiénes somos como psicólogos éticos. Si no podemos decir ‘No, no participaremos en interrogatorios realizados en sitios negros de la CIA’, pienso que tenemos que preguntarnos seriamente qué somos como organización y, para mí, cuál es mi lealtad a esta organización, o si puede ser que tengamos que criticarla desde afuera por este motivo".
Actualización de Mark Benjamin
Un mes después de que Salon publicara "Los profesores de tortura de la CIA" Vanity Fair continuó en julio de 2007 con un artículo profundo que igualmente reveló cabalmente los pequeños detalles aportados por los psicólogos que ayudaron a crear el brutal programa de interrogación de la CIA; un modelo que hizo metástasis en la bahía de Guantánamo, Afganistán y en Iraq en lugares como Abu Ghraib.
Por diciembre, estaba iniciando para mis lectores un viaje al interior de los secretos “sitios negros” de la CIA, cuando Salon publicó la primera entrevista en profundidad con un ex preso de la agencia, Mohamed Farag Ahmad Bashmilah. Bashmilah incluso describió fríamente la esterilidad de su celda. El hombre del Yemen al parecer fue culpable nada más de haber estado en el lugar incorrecto en el momento indebido: la CIA lo lanzó después de agotadores diecinueve meses de encarcelamiento. "Cada vez que veía una mosca en mi celda, me llenaba de alegría", me dijo, hablando de la privación sensorial machacante y el aislamiento. "Deseaba ser como ella y deslizarme por debajo de la puerta, pues no sería encarcelada".
El 22 de abril 2008, el Washington Post publicó un artículo sugiriendo que el gobierno de EEUU fue mucho más allá que abusar de los detenidos sometiéndolos a posiciones estresantes, privación del sueño y humillación sexual y pudo haber recurrido a drogas alteradoras de la mente para desorientar a fondo a los presos. De alguna manera, parecía que la agencia creyó que al exprimir así a los detenidos sacaría afuera información confiable. A fines de ese mes, los senadores Joe Biden, Jr. (demócrata por Delaware), Carl Levin (demócrata por Michigan), y Chuck Hagel (republicano por Nebraska), preguntaron a los inspectores generales del Pentágono y la CIA que le dieran un vistazo a la historia.En mayo de 2008, el inspector general del ministerio de Justicia lanzó una separata del informe demostrando que durante años los agentes del FBI se habían quejado de las tácticas ásperas de interrogación empleadas por la CIA y el Pentágono. Esa preocupación cayó en los oídos sordos del Consejo de Seguridad Nacional.
Sería grandioso decir que al final prevalecerá la justicia. Sin embargo, cuando aparece la tortura, la mayoría de los esfuerzos del Congreso para observar el comportamiento de la CIA y de los militares en el mejor de los casos han sido anémicos.
A la hora de escribir estas líneas, el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado todavía examinaba –por lo menos en el papel– las actividades de James Mitchell y Bruce Jessen, los dos psicólogos que primero identificó Salon acusándolos de ayudar en la reingeniería de las táctica ideadas por el gobierno para ayudar a los soldados de élite a resistir la tortura en las técnicas de interrogación. El Comité Judicial de la Casa de Representantes está indagando esto también.
Pero pocos esperan que alguna persona de la administración sea conducida delante de cualquier clase de tribunal. Pocos expertos piensan que la justicia será servida, con una Casa Blanca completamente convencida de que el abuso es una táctica eficaz de interrogación e, igualmente, en la confianza de recibir protección de quienes estén involucrados. Eso va para los psicólogos que instalaron el programa diabólico y quienes les dieron la autoridad para llevarla a cabo.
Médicos para los Derechos Humanos ha sido perseguido constantemente en esta historia. Usted puede aprender más sobre esta organización y descubrir cómo puede implicarse, visitando http://physiciansforhumanrights.org/
(Fuente:Argenpress).
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