Todavía esperamos
El inmenso poder acumulado por la superestructura del aparato comunicacional en la Argentina y el posibilismo en el que abrevan los gobiernos democráticos, explica mejor que cualquier otro argumento la subsistencia de la Ley de Radiodifusión de la tiranía militar suscripta por los genocidas Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz.
Fotografía:Prensared
Fotografía:PrensaredPor Juan Carlos Giuliani *
El derecho social a la información y la libertad de expresión integran –junto al derecho a la vida, a la alimentación, al vestido, a la salud, a la educación, a la vivienda, etcétera- el lote de derechos humanos básicos para ejercer a pleno la ciudadanía en una democracia participativa.
La concentración de los medios de comunicación dibujó el mapa del oligopolio informativo cuya nave insignia es el Grupo Clarín. El proceso iniciado durante la última dictadura militar, y profundizado en el curso de la segunda década infame, se ha consolidado a partir de la claudicación de los gobiernos que se han sucedido desde el 10 de diciembre de 1983.
El inmenso poder acumulado por la superestructura del aparato comunicacional en la Argentina y el posibilismo en el que abrevan los gobiernos democráticos -que han preferido negociar antes que confrontar con la prensa hegemónica- explica mejor que cualquier otro argumento la subsistencia de la Ley de Radiodifusión de la tiranía militar suscripta por los genocidas Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz.
El Decreto 527 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en mayo de 2005 prorrogando por más de una década las licencias de los canales de televisión a los grupos dominantes, congeló el formato monopólico que, a todas luces, se torna antagónico con el proceso democrático.
Con ser el más importante, el Grupo Clarín no es el único habitante en el firmamento de la concentración mediática. En roles menores, pero no menos influyentes, lo secundan, entre otros, Telefónica de Argentina (Telefé), el Multimedios Hadad, el Grupo Prisa y el trípode integrado por Vila-Manzano-De Narváez.
Una coalición integrada por más de cien organizaciones populares elaboró en el 2004 la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión Para la Democracia. Una propuesta condensada en 21 puntos que apuntan a garantizar una comunicación para todos.
La iniciativa considera a la comunicación un bien social, alienta el pluralismo informativo y cultural y define a la radiodifusión como un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
Los trabajadores de la cultura y la comunicación son los principales generadores y productores de contenidos de los medios y aspiran a no ser los invitados de piedra en el foro de discusión sobre qué comunicación queremos.
Por el contrario, abogan por su participación activa en medios públicos pluralistas. Apoyan el fortalecimiento de los pequeños y medianos medios de comunicación, locales o regionales, que expresan una rica diversidad cultural y social, y que construyen cotidianamente una comunicación y una cultura por fuera de los monopolios. Reclaman trabajo y salarios dignos. Proclaman la necesidad de romper el cerco informativo.
El mejor homenaje que podemos rendir a los más de cien trabajadores de prensa desaparecidos durante la dictadura militar, es sancionar una nueva Ley de Radiodifusión que democratice el mundo de las telecomunicaciones en nuestro país.
El Gobierno ha expresado su decisión de enviar un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales al Congreso de la Nación. En rigor de verdad, hasta acá no ha pasado de ser una expresión de deseos que esperamos fervientemente se convierta en una realidad urgente. Si finalmente la iniciativa tomara estado parlamentario, sería auspicioso que se promueva un debate profundo y participativo que consulte las legítimas expectativas que se han generado en torno a un tema de carácter estratégico, que exige algo más que un mero maquillaje para desmontar la matriz del monopolio informativo.
Corresponde al Estado asignar las frecuencias radioeléctricas y establecer las condiciones que los licenciatarios deben cumplir. Si el Estado no interviene y regula el mercado, sólo tiene voz el poder económico. Después de 25 años de democracia ya no hay excusas para seguir dilatando una nueva legislación en la materia. Es tiempo de multiplicar las voces para garantizar los derechos de todos. Sin una fuerza social organizada, consciente y movilizada el texto que eventualmente se sancione en el Congreso de la Nación quedará reducido a letra muerta. Por ello es tan importante el protagonismo popular en este debate.
La soberanía comunicacional no se declama, se ejerce. La disputa con el poder reclama coherencia. No admite fuegos de artificios ni doble discurso.
* Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FETRACCOM-CTA; Secretario de Organización del Cispren-CTA.
El derecho social a la información y la libertad de expresión integran –junto al derecho a la vida, a la alimentación, al vestido, a la salud, a la educación, a la vivienda, etcétera- el lote de derechos humanos básicos para ejercer a pleno la ciudadanía en una democracia participativa.
La concentración de los medios de comunicación dibujó el mapa del oligopolio informativo cuya nave insignia es el Grupo Clarín. El proceso iniciado durante la última dictadura militar, y profundizado en el curso de la segunda década infame, se ha consolidado a partir de la claudicación de los gobiernos que se han sucedido desde el 10 de diciembre de 1983.
El inmenso poder acumulado por la superestructura del aparato comunicacional en la Argentina y el posibilismo en el que abrevan los gobiernos democráticos -que han preferido negociar antes que confrontar con la prensa hegemónica- explica mejor que cualquier otro argumento la subsistencia de la Ley de Radiodifusión de la tiranía militar suscripta por los genocidas Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz.
El Decreto 527 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en mayo de 2005 prorrogando por más de una década las licencias de los canales de televisión a los grupos dominantes, congeló el formato monopólico que, a todas luces, se torna antagónico con el proceso democrático.
Con ser el más importante, el Grupo Clarín no es el único habitante en el firmamento de la concentración mediática. En roles menores, pero no menos influyentes, lo secundan, entre otros, Telefónica de Argentina (Telefé), el Multimedios Hadad, el Grupo Prisa y el trípode integrado por Vila-Manzano-De Narváez.
Una coalición integrada por más de cien organizaciones populares elaboró en el 2004 la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión Para la Democracia. Una propuesta condensada en 21 puntos que apuntan a garantizar una comunicación para todos.
La iniciativa considera a la comunicación un bien social, alienta el pluralismo informativo y cultural y define a la radiodifusión como un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
Los trabajadores de la cultura y la comunicación son los principales generadores y productores de contenidos de los medios y aspiran a no ser los invitados de piedra en el foro de discusión sobre qué comunicación queremos.
Por el contrario, abogan por su participación activa en medios públicos pluralistas. Apoyan el fortalecimiento de los pequeños y medianos medios de comunicación, locales o regionales, que expresan una rica diversidad cultural y social, y que construyen cotidianamente una comunicación y una cultura por fuera de los monopolios. Reclaman trabajo y salarios dignos. Proclaman la necesidad de romper el cerco informativo.
El mejor homenaje que podemos rendir a los más de cien trabajadores de prensa desaparecidos durante la dictadura militar, es sancionar una nueva Ley de Radiodifusión que democratice el mundo de las telecomunicaciones en nuestro país.
El Gobierno ha expresado su decisión de enviar un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales al Congreso de la Nación. En rigor de verdad, hasta acá no ha pasado de ser una expresión de deseos que esperamos fervientemente se convierta en una realidad urgente. Si finalmente la iniciativa tomara estado parlamentario, sería auspicioso que se promueva un debate profundo y participativo que consulte las legítimas expectativas que se han generado en torno a un tema de carácter estratégico, que exige algo más que un mero maquillaje para desmontar la matriz del monopolio informativo.
Corresponde al Estado asignar las frecuencias radioeléctricas y establecer las condiciones que los licenciatarios deben cumplir. Si el Estado no interviene y regula el mercado, sólo tiene voz el poder económico. Después de 25 años de democracia ya no hay excusas para seguir dilatando una nueva legislación en la materia. Es tiempo de multiplicar las voces para garantizar los derechos de todos. Sin una fuerza social organizada, consciente y movilizada el texto que eventualmente se sancione en el Congreso de la Nación quedará reducido a letra muerta. Por ello es tan importante el protagonismo popular en este debate.
La soberanía comunicacional no se declama, se ejerce. La disputa con el poder reclama coherencia. No admite fuegos de artificios ni doble discurso.
* Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FETRACCOM-CTA; Secretario de Organización del Cispren-CTA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario