ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SEIS PADRES JESUITAS, TARDE O TEMPRANO EL CRIMEN SE PAGA.

Esta semana la noticia que más impacto ha causado en El Salvador proviene de España, y se refiere a que dos organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado ante la Audiencia Nacional, a catorce miembros del ejército salvadoreño bajo cargo de ser los responsables del asesinato de seis padres jesuitas – cinco de ellos de origen español – la madrugada del dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, en medio del fragor de la ofensiva guerrillera que inició cinco días antes y que hacía tambalear posiciones oficialistas; pero la acción judicial no se limita a la gran parte del estado mayor castrense, sino que incluye al ex presidente Alfredo Cristiani, también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a quien se le acusa de encubrimiento de los asesinatos.

Este hecho deleznable, que igualmente marcó el curso de la historia del conflicto armado, desenmascaró el carácter represivo y asesino del régimen y su ejército ante la opinión pública nacional e internacional.

Y este jueves se ha conocido que el juez Eloy Velasco será el responsable del seguimiento de la demanda que buscará determinar si España tiene jurisdicción sobre los hechos, que precisamente se recordarán este domingo dieciséis, en actos acostumbrados en la Universidad José Simeón Cañas, UCA, de donde era su rector Ignacio Ellacuría, y miembros docentes los sacerdotes Armando López, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López, este último salvadoreño.

La bestialidad de los asesinos no dejó de lado a la cocinera Elba Julia Ramos y su hija de dieciséis años, Celina, que igualmente fueron asesinadas.

Como era de esperarse, funcionarios del gobierno, incluyendo a Cristiani, en sus primeras declaraciones en aquel momento estuvieron enfocadas en acusar a la entonces guerrilla del FMLN como responsable del crimen; siendo días después que por causa de un testigo inesperado se tuvo que reconocer que los autores habían sido efectivos del Batallón élite Atlacatl. Posteriormente fueron llevados a juicio y condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quedando meses después en libertad por efecto de la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa en mil novecientos noventa y tres, durante el mismo período de la administración de Cristiani.

En varias ocasiones la Universidad Católica UCA ha intentado llevar a juicio localmente a los que luego se ha responsabilizado de la masacre, los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Orlando Zepeda, Juan Rafael Bustillo, y los coroneles Inocente Montano y Francisco Elena Fuentes; pero, amparándose en la amnistía, las autoridades fiscales se han negado a enjuiciarlos, hecho que igualmente ha sido señalado por organizaciones sociales y humanitarias como descarada impunidad.

Esta vez las organizaciones internacionales que han encabezado la querella acusan a los demandados de crímenes contra la humanidad y de terrorismo de estado, por lo que han solicitado se notifique a la mayor brevedad la demanda a los quince acusados.

En medio del silencio de parte de funcionarios de gobierno, aliados partidarios de Arena y la mayoría de los medios periodísticos afines – que han tratado el tema discretamente o en todo caso ignorándolo – el presidente Antonio Saca ha reaccionado este jueves repitiendo el mismo discurso que él y sus antecesores han sostenido ante este y otros escandalosos casos cuando se ha pretendido buscar justicia, señalando que abrir heridas del pasado no es la mejor fórmula para la reconciliación; sin embargo, en esta oportunidad esa posición de veto obedecido por los entes de la justicia local seguramente no será atendido por los gestores de esta acción que pretende reivindicar la memoria de tantos mártires y víctimas inocentes que cayeron cruelmente bajo la bota militar.

(Fuente:Argenpress-José Mario Zavaleta).