Reynado Benito Bignone.
Santiago Riveros.Ayer el juez federal Alberto Suárez Araujo elevó a juicio oral un tramo del expediente en el que el ex dictador Reynaldo Bignone y el ex general Santiago Riveros deberán sentarse en el banquillo de los acusados.
Aunque es una de las mayores causas por delitos de lesa humanidad que se instruyen en la Justicia Federal, tiene muy pocos procesados y ningún condenado.
En marzo próximo comenzará el primer juicio oral de la megacausa.
El expediente que tiene en sus manos Suárez Araujo investiga la represión ilegal en lo que fue la zona IV norte del Gran Buenos Aires, donde estaba ubicado Campo de Mayo.
Dentro del enorme predio, funcionaban varios centros clandestinos: Las Casitas, la cárcel de encausados, El Campito y el Hospital Militar, convertido en maternidad clandestina.
Por sus responsabilidades en estos campos de tortura, Suárez Araujo elevó a juicio al ex presidente de la última Junta Militar, a Riveros y al ex jefe del Segundo Cuerpo del Ejército, Eduardo Alfredo Espósito.
También se sentará ante los jueces Eugenio Guañabens Perelló, médico militar que trabajó en el sector de epidemiología del Hospital Militar, donde se estima que dieron a luz unas 35 mujeres detenidas, cuyos bebés fueron robados y apropiados.
El juez los acusa de más de veinte casos de secuestros, torturas y desapariciones. La elevación de este tramo se sumará a otras investigaciones que esperan fecha de inicio.
La única que ya tiene confirmación es la que juzgará a los imputados –entre ellos, Riveros– del homicidio de Floreal Avellaneda, un militante de la Federación Juvenil Comunista de 14 años, secuestrado junto a su madre el 15 de abril de 1976.
El juicio oral comenzará el próximo 25 de marzo. También como parte de la megacausa, desde este viernes hasta el 10 de diciembre Suárez Araujo tiene previsto avanzar en los casos de las víctimas del circuito represivo que funcionó en Zárate, Escobar y Campana.
Por primera vez, el juez llamó a indagatoria a 14 represores que actuaron en esa zona.
Piden ley para proteger testigos
A más de dos años de la desaparición de Julio López, la diputada nacional de Libres del Sur, Victoria Donda, presentó un proyecto de ley sobre Protección de Testigos, que contempla asistencia psicológica y médica, asesoramiento jurídico y medios económicos para testigos de las causas por los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar. Además, plantea la creación de una unidad especial de protección, separada de las fuerzas de seguridad.
El proyecto apunta a reformar la legislación actual de Protección de Testigos y toma recomendaciones realizadas durante un encuentro internacional en el que participaron representantes de la Justicia, de organismos de derechos humanos y de partidos políticos donde se debatió sobre la protección a testigos de causas por violaciones a los derechos humanos.
En Neuquén, los alegatos contra represores se oyen en la calle
La expectativa frente al inminente final del juicio contra ocho represores que actuaron en Neuquén durante la última dictadura desbordó la capacidad de la sala donde se desarrolla el juicio oral. Militantes de organizaciones de derechos humanos acamparon frente a la puerta del Tribunal para escuchar los alegatos que se transmitieron por altavoces.
(Fuente:Rdendh).
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