El juez madrileño Baltasar Garzón renunció ayer a investigar el paradero de los desaparecidos de la Guerra Civil española y el franquismo, y dejó el caso en manos de tribunales provinciales.
El magistrado, quien tenía a la Fiscalía (dependiente del gobierno ibérico) y buena parte de la Audiencia Nacional en su contra, se anticipó así a la decisión de este último cuerpo –principal instancia judicial del país–, que probablemente lo iba a declarar incompetente.
Garzón anunció el 16 de octubre que iba a investigar la suerte de más de 114.000 desaparecidos y autorizó la apertura de 25 fosas comunes donde se cree están enterradas víctimas republicanas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la represión ejercida durante la posterior dictadura franquista (1939-1975).
Luego de ser respaldado por las asociaciones de familiares de víctimas y agrupaciones de derechos humanos, y de soportar las críticas de los sectores más conservadores durante semanas, Garzón decidió ayer enviar la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas que autorizó a abrir, anunciaron fuentes judiciales.
La Fiscalía se oponía a esta investigación, que podría ser la primera sobre esa etapa en España, amparándose en una ley de amnistía de 1977 por la cual prescribían los delitos de esa época. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió recientemente anular esa ley, por estimar que está en contradicción con los tratados internacionales ratificados por España.
La decisión de Garzón “deja en evidencia la debilidad de la democracia española a la hora de afrontar la reparación a las víctimas del franquismo”, se enojó Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
Además “deja la pelota en el tejado del gobierno”, que también se opone a una investigación judicial, añadió.
Los familiares de víctimas nucleados en la ARMH exhuman los restos de sus parientes desde hace ocho años al margen de las acciones judiciales.
Desde 2000, la agrupación ha abierto más de 170 fosas y exhumado unos 4.000 cuerpos, y posee datos de la existencia de casi 400 tumbas comunes en todo el país.
El 16 de octubre, Garzón pidió además a los registros civiles los certificados de defunción de los 35 principales responsables –entre ellos el general Francisco Franco–, líder del bando fascista vencedor de la Guerra Civil, para “declarar la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento”, lo que hizo este martes con 44 responsables.
Garzón explica en su resolución que “una vez que se ha constatado la extinción de la responsabilidad por fallecimiento, la competencia de este juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desaparecen”.
Por eso transfiere a los juzgados territoriales la responsabilidad de encargarse de forma “urgente” de la apertura de las fosas, en una de las cuales se cree que se encuentra el poeta Federico García Lorca, asesinado por los franquistas poco después del estallido del conflicto.
El juez pide “la más rápida y urgente exhumación de los cuerpos de los que existan datos. Máxime si se tiene en cuenta que, al tratarse de un crimen de detención ilegal con desaparición forzada de personas, el delito se sigue cometiendo hoy, tanto en el caso de los que aparezcan muertos, como en el de los que estén vivos”, según el documento.
Además considera “urgente la identificación de los autores materiales o los demás partícipes en los hechos” y sus testimonios, ya que si viven “tendrán una edad muy avanzada”.
Finalmente, Garzón requiere investigar el paradero de niños que en esa época fueron sustraídos de sus familias republicanas y a quienes se les cambió el nombre para ser adoptados por allegados a los fascistas, o que fueron internados en instituciones estatales.
(Fuente:Elciudadano).
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