El general Ernesto Geisel fue el cuarto militar que asumió la Presidencia de facto de Brasil, luego del golpe en 1964, y estuvo al mando del país entre 1974 y 1979.Una comisión ligada al gobierno brasileño que viene investigando casos de represión a opositores durante la última dictadura militar en el vecino país (1964-1985) ampliará ahora la pesquisa a la presunta complicidad de empresas y cámaras patronales, informó ayer la prensa internacional.
“Vamos a financiar algunas investigaciones específicas sobre esa trama de persecuciones que excedió en mucho al propio Estado” durante el gobierno de facto, explicó Paulo Abrao, titular de la denominada Comisión de Amnistía, de acuerdo a la agencia italiana Ansa.Los estudios son parte de un programa de 18 investigaciones sobre diversos aspectos de la dictadura que estarán a cargo de académicos y especialistas y comenzarán en 2009.
Como caso testigo, Abrao mencionó “el caso de la Operación Bandeirantes”, una acción de represión de opositores montada por la dictadura en San Pablo, en 1969, que contó con respaldo y financiamiento de empresarios.“Por lo que yo sé, hay relatos que dicen que federaciones de industriales tenían listas con nombres de trabajadores considerados subversivos o comunistas”, denunció Abrao, para luego agregar que las entidades patronales distribuían esa información para que las personas no fueran contratadas por otra empresa.En los últimos años, la Comisión de Amnistía, vinculada al Ministerio de Justicia, recopiló testimonios y denuncias de violaciones a los derechos humanos con el propósito de abrir investigaciones, ante la negativa de las Fuerzas Armadas de ceder información.
El cuerpo alega que la ley de amnistía, de 1979, no puede obstruir la “búsqueda de la verdad” y no debe ser aplicada a delitos como la tortura y la desaparición de personas.El tema causó una polémica entre ministros del gobierno del presidente Luiz Inacio da Silva.
El titular de Justicia, Tarso Genro, y la ministra de la Casa Civil, Dilma Rousseff, ex perseguidos políticos, consideran, del mismo modo que la comisión, que la ley de amnistía no puede impedir investigaciones. En cambio, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, igual que los jefes de las Fuerzas Armadas, entiende que esa norma “cierra un capítulo de la historia” y no corresponde abrir “heridas del pasado.
(Fuente:Elciudadano).
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