PROYECTO DE AMNISTIA PARA CONDENADOS POR RECLAMOS SOCIALES.

UBA. Dirigentes de la FUBA tomaron el Rectorado para denunciar el cierre de una sede del CBC.

Hay diez acusados por secuestro.
Durante la madrugada del 26 de mayo de 1973, miles de presos políticos dejaron atrás las rejas y el encierro gracias al indulto masivo firmado por Héctor Cámpora.

Treinta y cinco años después, un nuevo proyecto legislativo propone amnistiar a los cinco mil hombres y mujeres que hoy están procesados o condenados por movilizarse en reclamo de sus derechos.

Los fundamentos de la iniciativa replican aquellos de la primavera camporista. A pesar de eso, el texto lleva la firma de quince diputados de la oposición y ningún peronista.El proyecto en contra de la "criminalización de la protesta social" fue presentado por el legislador de la Coalición Cívica Horacio Alcuaz, y recoge otras propuestas anteriores que murieron entre 1999 y 2006 sin siquiera llegar al recinto.

Reivindicaciones laborales, sindicales, políticas, económicas y estudiantiles; reclamos por alimentos, trabajo, salud y educación; acciones para frenar desalojos y remates; marchas por la paz.

Ésas son sólo algunas de las razones que podrían haber derivado en imputaciones penales y que, según la iniciativa, quedarían sin efecto.

Los delitos de los que se acusa a quienes deciden salir a la calle o tomar un espacio para gritar sus reclamos son disímiles.

Desde resistencia a la autoridad a secuestro coactivo, las figuras que eligen jueces y fiscales pueden implicar una probation o años de cárcel.Un ejemplo son los seis trabajadores del Hospital Francés que desde el 10 de octubre de 2006 están imputados por "atentar contra la autoridad" mientras se manifestaban en plena quiebra de la clínica, hoy expropiada y en manos del PAMI. "Estamos procesados por pelear por nuestros derechos, en una clara política de judicialización de la protesta social que continúa en este gobierno", señaló David Garutti, uno de los delegados de ATE que aún carga con la acusación penal."El caso de los trabajadores del Francés fue uno de los tantos disparadores del proyecto, pero hay muchísimos más.

Tenemos un gobierno que se manifiesta progresista pero tiene más procesados que ninguno", explicó Alcuaz, autor de la iniciativa a la que también adhirieron, entre otros, Claudio Lozano (Buenos Aires para Todos), Eduardo Macaluse y Carlos Raimundi (Solidaridad e Igualdad), y Fernanda Reyes y Héctor "Toty" Flores (Coalición Cívica).Aunque no hay números oficiales, según los datos aportados por los organismos de derechos humanos y los movimientos sociales la cantidad de procesados por participar de manifestaciones u otros reclamos llega a cinco mil.

Los últimos fueron diez dirigentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires acusados por la Justicia Federal de "secuestro coactivo agravado", una figura que prevé hasta 25 años de prisión.

¿El motivo? La toma del edificio del Consejo Superior en contra del posible cierre de la sede Merlo del CBC.

¿Los ruralistas imputados por cortar rutas en contra de las retenciones móviles quedarían incluidos en la amnistía? "Estarían incluidos, pero no es el motivo original del proyecto", responde el diputado Alcuaz.

Y continúa con una frase que apunta al corazón de la política kirchnerista de los últimos años: "El problema es que hay dos Justicias, una que chantajea a quienes reclaman por comida o vivienda, y otra que les perdona la vida a los funcionarios y a las patotas enviadas desde el círculo de poder".

(Fuente:Rdendh).