Plenario. El Consejo de la Magistratura, integrado por diputados, senadores y abogados, tiene la última palabra sobre el juez.
El futuro profesional del juez José Solá Torino es cada vez más negro.
Protagonista del mayor escándalo de corrupción judicial en el fuero federal de Salta, la denuncia contra el magistrado avanza a paso firme en el Consejo de la Magistratura.
El dictamen del consejero que instruye el expediente, el senador Nicolás Fernández, recomienda que se suspenda a Solá Torino y se inicie el proceso para su remoción.El titular del Juzgado de Ejecución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta está acusado de haber pedido coimas a un narcotraficante a cambio de levantarle el pedido de captura internacional en su contra.
La denuncia no sólo tramita en el ámbito administrativo del Consejo.
Paralelamente, una investigación en la Justicia Federal de esa provincia determinó su procesamiento.
Sin embargo, el juez federal de Salta Miguel Medina, a cargo de la causa penal, no pudo pedir la detención del camarista ya que, por su cargo, tiene inmunidad de arresto. Si el juicio político avanza, Solá Torino podría terminar preso por "cohecho pasivo agravado".El borrador del dictamen al que tuvo acceso Crítica de la Argentina propone la apertura del procedimiento de remoción, la acusación contra el juez y su suspensión.
La causa: mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos. El dictamen se firmará esta semana y debe ser girado al plenario del Consejo, que tiene la última palabra.El expediente judicial se inició a partir de una serie de escuchas realizadas en mayo pasado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando los investigadores seguían los pasos del narcotraficante José Miguel Farfán, quien se había fugado en 2004 mientras gozaba de libertad vigilada.
Sin buscarlo, se encontraron con una sorpresa: en varias de las conversaciones grabadas el protagonista era Solá Torino.
En las charlas –que constan en la copia de la causa que el juez Medina remitió al Consejo de la Magistratura–, la voz del juez salteño pedía entre 15 mil y 50 mil pesos, más un auto, a cambio de destrabar el pedido de captura del dealer que pretendía viajar a España con una gran carga de cocaína.
Cuando se le tomó indagatoria, el camarista –que en 1991 acompañó al caudillo justicialista Roberto Romero como candidato a vicegobernador de Salta– negó todas las acusaciones y argumentó que el levantamiento del pedido de captura de Farfán que firmó de puño y letra se trató de un "error involuntario".Al igual que el juez Medina, el senador y consejero Fernández no cree en esa versión.
El dictamen indica que quedó demostrado "que el magistrado benefició a uno de los penados", hecho agravado al "advertir en las escuchas el trato con las imputadas" que oficiaron de nexo entre el juez y el narco.
OPINIÓN
Los delitos de lesa humanidad y el robo del port salutNorberto Pedro Urso (Ex detenido desaparecidode Mansión Seré)El 5 de mayo de 2008 en una sucursal de un importante hipermercado ubicado en el barrio de Congreso un joven robó dos trozos de queso, uno "port salut clásico" y otro "cremoso light", por un valor de 11,14 pesos y 11,34 pesos respectivamente.
Tras apoderarse de los lácteos el joven "salió corriendo" y fue perseguido y atrapado por un policía que se encontraba de custodia en el lugar, quien halló entre las ropas del muchacho un pedazo de queso; el otro se le había caído en el camino.Detenido y a disposición de la Justicia, el juez Walter Candela lo sobreseyó, argumentando que "el hurto era insignificante, no alcanzándole por ello el grado de lesividad como para construir un reproche jurídico legal".Apelada la resolución, la Cámara integrada por los jueces Alfredo Barbarosch, Gustavo Bruzzone y Jorge Rimondi revocó esa decisión.
En el texto resolutorio, el camarista Barbarosch –en un voto al que adhirieron sus pares de la Sala I– sostuvo que "el hurto es un delito, cualquiera sea la magnitud de la afectación del bien", puesto que en el Código Penal "no se encuentra previsto el principio de insignificancia". El ladrón de queso irá a juicio oral y público.
Podría ser condenado a un año de prisión.El 5 de noviembre de 2008, los jueces del Tribunal Oral Federal N° 5 de Capital Federal condenaron a la pena de 25 años de prisión a quienes fueron durante la última dictadura militar los jefes de la llamada subzona 16 en los años 1977 y 1978, brigadieres de la Fuerza Aérea Argentina Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes por considerarlos coautores mediatos penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados, ambos reiteradas y en concurso material entre sí (Mariani por 8 casos y Comes por 6 casos).
No obstante y a pesar del castigo impuesto, los magistrados no hicieron lugar al pedido de las querellas para que cumplieran prisión efectiva en cárcel común y decidieron que ambos permanezcan en libertad hasta que la Cámara de Casación Penal confirme el dictamen.
Aunque en la elevación a juicio oral, la Justicia argentina entendió que en este tramo procesal sólo debía juzgarlos por ocho tormentos y tres robos, durante el período en el cual los condenados ejercieron la jefatura de la subzona, fueron detenidas en dicha jurisdicción cientos de personas en forma ilegal, a quienes se les propinaron salvajes torturas y vejámenes: 163 aún permanecen desaparecidas.Como damnificados, si comparamos este fallo con el otorgado al máximo responsable del arma, brigadier Orlando Ramón Agosti, en el histórico juicio a las Juntas Militares (4 años y 6 meses de prisión) nos sentimos reconfortados.
Pero así y todo aún no comprendemos el porqué de la medida que beneficia a los inculpados a aguardar la confirmación del veredicto en libertad, cuando los cargos por los que fueron juzgados y por los que aún resta juzgarlos en otras causas en trámite se encuentran tipificados jurídicamente como crímenes de lesa humanidad.
No sé si queda claro: son genocidas.Al que robó un trozo de queso, juicio oral y público y posible prisión; a los que fueron partícipes activos de los más deleznables crímenes en los anales de la historia argentina, libertad para comerse un buen asado con amigos en su casa, para ir al cine o para tomarse unas reparadoras vacaciones sin pedirle permiso a nadie. Y con el agravante de que hasta pueden compartir con cualquier ciudadano honesto cualquier ámbito público en igualdad de condiciones.
(Fuente:rdendh-Critica-Martina Noailles).
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