La obra se instaló en la Ruta 70 cerca de Ruta 9, donde, el 20 de diciembre de 1974, fueron encontrados los cuerpos de los cinco tupamaros que habían sido secuestrados en Argentina, trasladados en el "vuelo cero" y torturados salvajemente, antes de ser fusilados como supuesta represalia por el asesinato en París del coronel Ramón Trabal.Amaral García tomó el micrófono y se paró delante del mural en el que, desde ayer, se recuerda el asesinato de sus padres y de los otros tres uruguayos fusilados por la dictadura, el 20 de diciembre de 1974. Hizo un largo silencio en el que recorrió las miradas de las más de doscientas personas que habían viajado hasta ese lugar de la Ruta 70 cerca de la Ruta 9. "¿Por qué?" preguntó... "Siento como si hubieran matado a cinco pájaros", llegó a decir antes de expresar, emocionado, "me abandonan las palabras" y estrecharse en un abrazo con los familiares de las otras víctimas.
Los padres de Amaral, Floreal García y Mirtha Hernández, junto a Graciela Estefanell y el matrimonio de Héctor Brum y María de los Ángeles Corbo, embarazada de cinco meses, fueron acribillados a balazos en ese paraje casi intransitado, hace 34 años, como una supuesta represalia de la dictadura, que aún presidía Juan María Bordaberry, ante el asesinato en París del coronel Ramón Trabal, cuya muerte, adjudicada entonces a un inexistente "Comando Raúl Sendic", se sospecha hoy como otro crimen del régimen. Los cuerpos de los cinco fusilados fueron luego arrojados detrás del cementerio de la localidad de Soca. Un comunicado de la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP) los presentó como un ajuste de cuentas y destacó que tenías ropas de procedencia argentina. El macabro parte de la dictadura no olvidaba subrayar los antecedentes "subversivos" de los muertos, aunque admitía que ninguno se encontraba "requerido" en el momento.
EL SILENCIO
El libro "El color que el infierno me escondiera" del escritor Carlos Martínez Montero, da cuenta de una sesión del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), el organismo que los militares habían impuesto el 9 de febrero de 1973, en la que se votó asesinar a cinco tupamaros en aquella falsa represalia. Otras investigaciones periodísticas han corroborado la existencia de aquella reunión en la que se resolvieron los fusilamientos. Hay testimonios, incluso, de que no fueron diez los muertos porque sólo habían traído a cinco desde Argentina. Los matrimonios García Hernández y Brum Corbo, como Estefanell, habían sido secuestrados aquel 8 de noviembre en Buenos Aires. Amaral García, tenía sólo cuatro años y quedó en manos de dos represores argentinos. Recién lograría recuperar su identidad en 1985, cuando fue hallado por las Abuelas de Plaza de Mayo en la provincia de Formosa. El periodista Germán Araújo y familiares de uruguayos desaparecidos lo trajeron a Uruguay. Desde entonces, Amaral pregunta "¿Por qué?".
La denuncia judicial que sobre los fusilamientos se realizaron luego de la dictadura, llevaron a una intensa indagatoria del juzgado de Pando, pero cuando se disponía a citar a Bordaberry, el caso fue archivado durante el gobierno de Julio María Sanguinetti. En la causa había testimonios de la tortura que presentaban los cuerpos y la declaración de un oficial de la Armada, hermano de Mariela Corbo, de que el comandante en jefe naval, Víctor González Ibargoyen le había pedido disculpas por no poder evitar la decisión del COSENA bajo influencia del Ejército.
LA VERDAD
El manto de la impunidad cubrió el caso durante 30 años, hasta noviembre de 2005, cuando un sobreviviente, Julio Abreu, rompió el silencio que le habían impuesto bajo amenazas y narró a La República lo que realmente había ocurrido con los fusilados de Soca desde su secuestro en Buenos Aires, su detención en centros clandestinos argentinos, su traslado en avión ("vuelo cero") y su reclusión en Montevideo en el centro de torturas de la casona de Punta Gorda, hasta que se los llevaron y ejecutaron. Abreu no era militante político y había sido secuestrado por estar en un cumpleaños donde capturaron a Floreal García. Sufrió la pesadilla del silencio impuesto por la dictadura y los gobiernos que le siguieron, hasta que sintió que podía hablar. Debió esperar dos años más para dar su testimonio ante la jueza penal Graciela Gatti, quien incorporó el caso a la causa contra el dictador Bordaberry, a quien inicialmente procesó por once casos de homicidio, entre los que aún no se incluyen a los fusilados de Soca. La jueza Gatti ya ha reabierto también el caso Trabal, cuyos antecedentes reclamó a Francia; mientras que la fiscal Ana María Telechea, actuante en la causa, no descarta seguir incorporando todos los casos de muertes y desapariciones ocurridas durante el mandato de Bordaberry, aún cuando algunas de ellas han sido archivadas o amparadas en la Ley de Caducidad.
Roger Rodríguez
(Fuente:Rdendh).
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