El primer día del juicio, la Gendarmería le impidió el ingreso al padre del desaparecido Oscar Ragni.ABOGADAS QUERELLANTES EN EL JUICIO A REPRESORES DE LA ESCUELITA, DENUNCIADAS POR “VIOLACION DE SECRETO”
“Un ataque a todos los que luchamos”
Las abogadas neuquinas Ivana Dal Bianco y Romina Sckmunck están siendo investigadas por la Justicia de su provincia por haber revelado a la prensa información que tenía el rótulo de “secreto de Estado” y que se conoció como prueba en el juicio que, por delitos de lesa humanidad, condenó esta semana a ocho represores militares que actuaron en el campo de concentración La Escuelita de Neuquén. La documentación que hicieron conocer las querellantes, en representación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), tiene información de los archivos que envió el propio Estado nacional sobre los seguimientos que hizo Inteligencia del Ejército y otros organismos estatales a estudiantes, políticos y militantes sociales de la región de Neuquén y Río Negro vinculados con el proceso que terminó esta semana. La causa contra Dal Bianco y Sckmunck está siendo investigada “de oficio” por el fiscal de primera instancia José María Darquier.
“Nosotras tomamos esto no solamente como un ataque en particular sino a todos los que luchamos contra la impunidad, ya que en realidad lo que nosotros hicimos fue denunciar que los servicios de Inteligencia del Estado siguieron investigando en gobiernos institucionales a las víctimas del genocidio. Además, decimos claramente que lejos de aportar datos y pruebas que permitan seguir investigando la responsabilidad de cientos de represores durante la dictadura militar que comenzó en marzo del ’76, quedó evidenciado que se continuó investigando a las víctimas hasta 1997, a casi 15 años de la vuelta de los gobiernos constitucionales al país”, dijo a Página/12 Ivana Dal Bianco. “En el juicio nos opusimos a que esa información fuera considerada de carácter reservada y secreta. Nos opusimos a ello y se lo dijimos al tribunal, porque en realidad lo que se está ocultando es una actividad ilegal del Estado”, agregó la abogada.
–¿Qué es lo que dice ese informe tan reservado y secreto que ustedes pidieron al Ministerio del Interior?
–El informe en concreto devela datos de persecución a diferentes compañeros y compañeras que fueron víctimas y cuyos casos fueron investigados en el juicio por La Escuelita. Esas informaciones comprenden el período del ‘83 al ‘97, las carreras políticas de cada uno de ellos y reuniones en las que han participado. Y estos datos son tanto con medios de inteligencia propios como por operaciones de prensa, que es lo que se hacía en la dictadura militar. Es decir que actuaron igual que en la época más negra de la historia argentina.
–¿Es verdad que en ese informe hay datos de Oscar Ragni, dirigente histórico por los Derechos Humanos de Neuquén y padre de Oscar Alfredo, quien fue el único de los 17 casos que se juzgaron en el juicio que aún está desaparecido?
–Es así. Allí se puede ver todo el historial de este militante actual de la Corriente por los Derechos Humanos de Neuquén y Río Negro y también un seguimiento de las Madres de Plaza de Mayo en cada una de las manifestaciones. Incluso están las consignas de las Marchas por la Resistencia que se llevaron a cabo en Neuquén. Si bien todo eso ha sido y es de público conocimiento, ellos lo han obtenido por medios que trabajan para la Secretaría de Inteligencia del Estado.
–¿Cómo toman el estar siendo investigadas por la Justicia a la cual pertenecen?
–Esto surge a partir del pedido de una de las defensas (de José O’ Reilly), el cual se hizo eco el fiscal Manuel Reyes Balboa, quien informó que ya el fiscal adjunto Darquier estaba investigando esta situación. Lo preocupante es que el tribunal (Orlando Coscia, Eugenio Krom y Oscar Albrieu), lejos de rechazar como lo hizo con decenas de pedidos que hemos hecho en el juicio por testigos que fueron partícipes de secuestros en tiempos de la dictadura, incluso cuando los propios abogados defensores, en sus alegatos, hicieron apología de la dictadura militar y del accionar del Ejército y otras fuerzas, nos mandan investigar a nosotras a través de un acta donde supuestamente nos notifican que esa información era sumamente reservada.
–¿Tienen algún temor por la investigación?
–El intento fue y es que tanto yo como Romina (Szcmunck) no sigamos denunciando la política de impunidad del gobierno e incluso el carácter de estos juicios, ya que nosotras consideramos que son totalmente desmembrados, donde se juzga solamente a algunos genocidas por algunos casos y no todos. Esto conforma causas que van en tramos, dilatando la cárcel común y la condena a todos los genocidas. Si tomamos un caso emblemático, el del represor (Raúl) Guglielminetti, él va a ser juzgado por tres casos nada más. Entonces, cuando uno ve estas cosas y las denuncia es evidente que alguna respuesta viene. Pero no van a lograr amedrentarnos.
(Fuente:Pagina12).
“Un ataque a todos los que luchamos”
Las abogadas neuquinas Ivana Dal Bianco y Romina Sckmunck están siendo investigadas por la Justicia de su provincia por haber revelado a la prensa información que tenía el rótulo de “secreto de Estado” y que se conoció como prueba en el juicio que, por delitos de lesa humanidad, condenó esta semana a ocho represores militares que actuaron en el campo de concentración La Escuelita de Neuquén. La documentación que hicieron conocer las querellantes, en representación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), tiene información de los archivos que envió el propio Estado nacional sobre los seguimientos que hizo Inteligencia del Ejército y otros organismos estatales a estudiantes, políticos y militantes sociales de la región de Neuquén y Río Negro vinculados con el proceso que terminó esta semana. La causa contra Dal Bianco y Sckmunck está siendo investigada “de oficio” por el fiscal de primera instancia José María Darquier.
“Nosotras tomamos esto no solamente como un ataque en particular sino a todos los que luchamos contra la impunidad, ya que en realidad lo que nosotros hicimos fue denunciar que los servicios de Inteligencia del Estado siguieron investigando en gobiernos institucionales a las víctimas del genocidio. Además, decimos claramente que lejos de aportar datos y pruebas que permitan seguir investigando la responsabilidad de cientos de represores durante la dictadura militar que comenzó en marzo del ’76, quedó evidenciado que se continuó investigando a las víctimas hasta 1997, a casi 15 años de la vuelta de los gobiernos constitucionales al país”, dijo a Página/12 Ivana Dal Bianco. “En el juicio nos opusimos a que esa información fuera considerada de carácter reservada y secreta. Nos opusimos a ello y se lo dijimos al tribunal, porque en realidad lo que se está ocultando es una actividad ilegal del Estado”, agregó la abogada.
–¿Qué es lo que dice ese informe tan reservado y secreto que ustedes pidieron al Ministerio del Interior?
–El informe en concreto devela datos de persecución a diferentes compañeros y compañeras que fueron víctimas y cuyos casos fueron investigados en el juicio por La Escuelita. Esas informaciones comprenden el período del ‘83 al ‘97, las carreras políticas de cada uno de ellos y reuniones en las que han participado. Y estos datos son tanto con medios de inteligencia propios como por operaciones de prensa, que es lo que se hacía en la dictadura militar. Es decir que actuaron igual que en la época más negra de la historia argentina.
–¿Es verdad que en ese informe hay datos de Oscar Ragni, dirigente histórico por los Derechos Humanos de Neuquén y padre de Oscar Alfredo, quien fue el único de los 17 casos que se juzgaron en el juicio que aún está desaparecido?
–Es así. Allí se puede ver todo el historial de este militante actual de la Corriente por los Derechos Humanos de Neuquén y Río Negro y también un seguimiento de las Madres de Plaza de Mayo en cada una de las manifestaciones. Incluso están las consignas de las Marchas por la Resistencia que se llevaron a cabo en Neuquén. Si bien todo eso ha sido y es de público conocimiento, ellos lo han obtenido por medios que trabajan para la Secretaría de Inteligencia del Estado.
–¿Cómo toman el estar siendo investigadas por la Justicia a la cual pertenecen?
–Esto surge a partir del pedido de una de las defensas (de José O’ Reilly), el cual se hizo eco el fiscal Manuel Reyes Balboa, quien informó que ya el fiscal adjunto Darquier estaba investigando esta situación. Lo preocupante es que el tribunal (Orlando Coscia, Eugenio Krom y Oscar Albrieu), lejos de rechazar como lo hizo con decenas de pedidos que hemos hecho en el juicio por testigos que fueron partícipes de secuestros en tiempos de la dictadura, incluso cuando los propios abogados defensores, en sus alegatos, hicieron apología de la dictadura militar y del accionar del Ejército y otras fuerzas, nos mandan investigar a nosotras a través de un acta donde supuestamente nos notifican que esa información era sumamente reservada.
–¿Tienen algún temor por la investigación?
–El intento fue y es que tanto yo como Romina (Szcmunck) no sigamos denunciando la política de impunidad del gobierno e incluso el carácter de estos juicios, ya que nosotras consideramos que son totalmente desmembrados, donde se juzga solamente a algunos genocidas por algunos casos y no todos. Esto conforma causas que van en tramos, dilatando la cárcel común y la condena a todos los genocidas. Si tomamos un caso emblemático, el del represor (Raúl) Guglielminetti, él va a ser juzgado por tres casos nada más. Entonces, cuando uno ve estas cosas y las denuncia es evidente que alguna respuesta viene. Pero no van a lograr amedrentarnos.
(Fuente:Pagina12).
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