LA JUSTIFICACION DE UNO DE LOS JUECES DE CASACION QUE VOTO POR ASTIZ.

Alfredo Astiz y Jorge “el Tigre” Acosta, dos de los represores de la ESMA expectantes por su libertad.
Imagen: Télam

El camarista Guillermo Yacobucci, uno de los magistrados que concedió la excarcelación de Alfredo Astiz, Jorge “el Tigre” Acosta y otros represores procesados por delitos de lesa humanidad defendió su voto y responsabilizó, al Poder Judicial por las demoras en las causas penales. Yacobucci repitió, además, el argumento que desarrolló en el fallo. Para el camarista, los siete años que llevaban en prisión preventiva los represores excedían el criterio de “razonabilidad” que establece la ley para la detención sin condena.
El fallo de Casación volvió a colocar en el centro de la escena la dilación en los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura. En medio de la polémica entre el Gobierno, el Congreso y la Justicia sobre la responsabilidad de las demoras, el juez consideró que “hay un retardo de Justicia que es culpa del Poder Judicial”. Sin embargo, Yacobucci aclaró que “en lo personal” ni él ni su colega, Luis García, con quien votó las excarcelaciones de los procesados, tiene “responsabilidad” en ese atraso, que se debe a la “crisis del sistema”. El tercer integrante de la sala II de la Cámara, Gustavo Mitchell, quien votó en disidencia, había fundamentando su escrito en el carácter aberrante de los delitos que se le atribuyen a los acusados y en la posibilidad de que intenten “eludir la acción de la Justicia, en concreto, el cumplimiento de la pena que podría corresponderles”.
Debido al fallo de Casación, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, anunció que solicitará al Consejo de la Magistratura que se le inicie juicio político a ambos magistrados, aunque hasta el momento no ingresó en ese cuerpo ninguna denuncia puntual. Al ser consultado sobre la posibilidad de que se dé curso al pedido de Duhalde, el camarista se limitó a contestar: “Cuando llego a la noche a mi casa duermo tranquilo”.
De todas maneras, la excarcelación de los represores quedó en suspenso hasta tanto el tribunal resuelva si acepta el recurso de apelación presentado por el fiscal Raúl Pleé y remite el caso a la Corte Suprema para que se expida sobre la cuestión de fondo. Para el fiscal, la resolución de la Sala II “pone en serio riesgo la concreción del debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a los derechos humanos”, lo que implicaría “innecesariamente” la posibilidad de que la Argentina sea sancionada internacionalmente. En el texto de la apelación, Pleé se refirió a la “gravedad institucional” del asunto y, entre otros argumentos, afirmó que la liberación de los represores podría frustrar el proceso penal, ya sea por la fuga o por el entorpecimiento deliberado de la causa por parte de los acusados.
Yacobucci aclaró ayer que los crímenes cometidos por Astiz, Acosta y los otros represores le provocan una “repugnancia visceral” y calificó como “una tragedia para la sociedad argentina” los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Sin embargo, diferenció esa impresión personal de la aplicación de la ley, que prevé un plazo de dos años de prisión para un imputado sin condena y estipula luego un año de prórroga. De todas maneras, pueden reconocerse plazos extraordinarios en caso que jueces y fiscales lo consideren necesario.
“La Justicia no marcha a un ritmo deseable”, insistió Yacobucci, quien no adelantó la definición que tomará el tribunal sobre la apelación. El magistrado se limitó a decir que las excarcelaciones quedan suspendidas “hasta que nosotros habilitemos el recurso extraordinario y la Corte se expida sobre el fondo”.

Miradas sobre la liberación de los represores
Las dos justicias en la vidriera
Por Equipo de Querellantes y Abogados *
Si quieren dar mil pasos para atrás, no los dejaremos caminar.
El fallo del Tribunal de Casación, que concede la excarcelación a Astiz, Acosta y tantos otros genocidas, nos produce total indignación. Pequeño obsequio de fin de año le hace a todo el pueblo argentino una Justicia que empezó a moverse tan tarde y que ahora mueve las piezas desde la crueldad de una decisión insostenible.
Repudiamos de manera absoluta esta decisión, que saca a estos genocidas del único lugar en el que deben estar: la cárcel. Repudiamos las decisiones judiciales que siguen amparando la impunidad. Hablamos desde el reclamo de justicia para nuestros 30 mil Compañeros Detenidos–Desaparecidos. Hablamos desde la bandera que venimos levantando, desde la lucha, desde el compromiso y la pelea que seguiremos dando para que todos y cada uno de los genocidas estén tras las rejas.
Desde hace muchos años exigimos justicia real y efectiva, y en este camino alcanzamos algunos logros. No claudicaremos ante arbitrariedades como ésta, y seguiremos hasta que todos los represores sean juzgados y condenados por todos los crímenes que cometieron.
Como colectivo hemos denunciado a los jueces de la Cámara de Casación, en el mes de marzo del año 2007, ante el Consejo de la Magistratura, por la permanente obstaculización que ejercen en los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Hoy se verifica con toda claridad lo fundamentado de nuestra denuncia.
Esta decisión del Tribunal de Casación pone en riesgo la continuidad de los juicios, y también la integridad y seguridad de los cientos de sobrevivientes, familiares, abogados, que actúan en estas causas. Pone en riesgo a todo el pueblo argentino. Porque está demostrado que la impunidad sólo genera impunidad. La desaparición de Julio López, de la cual hoy se cumplen 27 meses, es una demostración clara de lo que son capaces de hacer los represores para garantizarse la impunidad. Esa impunidad que encuentra en la decisión adoptada por Casación un renovado impulso para neutralizar los pasos que con la lucha hemos venido dando.
Las consecuencias de estas decisiones serán responsabilidad absoluta de quienes detentan la “justicia” en nuestro país.
El Poder Judicial en su conjunto tiene la obligación humana de revertir la oscuridad en la que nos han sumergido hoy. Como responsables de velar por la Justicia, es hora de que oigan lo que el pueblo está diciendo y exigiendo, desde hace más de 30 años.
Con esta decisión se han vejado, una vez más, los derechos humanos. El Poder Judicial es responsable absoluto, no sólo del retroceso, sino de este duro golpe a la Justicia, la Verdad y la Memoria. Un Poder Judicial servil a los intereses de un sector, servil ayer, servil hoy. En repudio absoluto hacia ese poder que enaltece las banderas de la muerte. En repudio y en alerta permanente.
Un Poder Judicial compuesto por hombres que han faltado, una vez más, al pueblo argentino. Es hora de rever a quién se le ponen las investiduras. Aquel que defiende y premia a asesinos no merece estar donde está, impartiendo justicia, cada vez más manchada de sangre. Una Justicia que mete presos a los pibes de los barrios marginales y deja libres a quienes mataron a 30 mil compañeros. ¿Justicia? Sólo para algunos.
* En la Causa ESMA, Primer Cuerpo y Campo de Mayo
Jueces que violan la ley
Por Luciano Hazan y Alan Iud *
La reciente decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de dejar en libertad a represores que actuaron en la ESMA durante la dictadura militar es la evidencia más notoria de que el Estado argentino, a través del deficiente funcionamiento del sistema de Justicia penal, está violando su obligación de juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad en un plazo razonable.
Cinco años después de la reapertura de las causas con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, jueces y fiscales no han logrado llevar a juicio a los responsables de los delitos más aberrantes que se pueden recordar, aun cuando prácticamente todas las pruebas ya se encontraban al alcance de la Justicia desde hace más de dos décadas. Esta situación, más allá de la resistencia que desde la órbita judicial ejercieron un grupo de personajes vinculados política e ideológicamente con la dictadura, responde a una anacrónica organización judicial, que casi todos los países de América ya han dejado de lado.
Si bien es incuestionable que la libertad de las personas durante el proceso debe ser la regla y la prisión preventiva la excepción, parece una burla que el mismo tribunal que impidió que estas causas avanzaran diligentemente hacia un juicio oral y público hoy disponga la libertad de los represores.
La Cámara de Casación, así como distintas cámaras federales, han incumplido abiertamente la ley 26.374, que establece que las apelaciones y demás recursos deben tramitar oralmente y ser resueltos en un plazo máximo de 30 días. Por la vía de acordadas y resoluciones internas, los magistrados de estos tribunales decidieron desobedecer una ley dictada hace apenas siete meses por el Congreso de la Nación para enfrentar estas demoras, con el argumento de que resultaba imposible de implementar.
La realidad de la Cámara del Crimen desmiente categóricamente esa afirmación. Sin grandes recursos económicos, pero con la decisión de cumplir el mandato legal, esa Cámara –donde no tramitan causas relacionadas con los crímenes de la dictadura, pero con un volumen de trabajo abrumadoramente superior al de la Justicia federal, pues allí se juzgan los delitos comunes que ocurren en la Capital– es la única que realiza sistemáticamente las audiencias y adopta sus decisiones dentro del plazo legal.
El plazo razonable de la prisión preventiva va necesariamente atado al de los procesos y ninguna otra medida fue dispuesta por estos tribunales para garantizar su celeridad. Corresponde al Consejo de la Magistratura de la Nación analizar si el accionar dilatorio de estos magistrados, en flagrante violación de la ley, configura una causal de mal desempeño que amerite evaluar su remoción.
* Equipo Jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo.

(Fuente:Pagina12).