NO SE OLVIDEN DE ELLOS!

Los olvidados de la guerra gaucha
Fueron presentados por el kirchnerismo como los productores agrícolas que se oponían a la Mesa de Enlace. Defendieron las retenciones móviles frente al Congreso. Ahora dicen que no los atienden y que se olvidaron de ellos.

Desalojados. Rogelia Gómez, de 70 años, y su hijo, fueron echados dos veces de su campo. La policía salteña les incendió los corrales y la casa.

"Nos usaron para el circo y ahora se olvidaron de nosotros". La que habla es Beatriz Centeno, la coordinadora nacional del Frente Campesino por Tierra y Trabajo INTI-NOA que nuclea a unos 500 productores que pelean por sus tierras en el norte del país. Beatriz nació en Jujuy pero vino a Buenos Aires junto a un grupo de campesinos que sufren el desalojo en Salta. Su peregrinaje no tuvo el eco que esperaban. La agrupación nació a mediados de este año cuando la guerra gaucha llegó a su punto más alto. Pese a que acompañaron al gobierno nacional y rechazaron el lock out agropecuario, hoy encuentran cerradas las puertas de los despachos oficiales. Centeno fue una de los oradores que defendieron las retenciones móviles en la Comisión de Agricultura del Congreso. La organización denuncia que en distintas zonas de Salta los campesinos están perdiendo sus tierras. El desalojo es una amenaza que los persigue en las localidades de Tartagal, Quebrachal y Cachi. El fenómeno se extiende de sur a norte de la provincia que hoy gobierna el kirchnerista Juan Manuel Urtubey.La situación más acuciante se vive en Finca San Miguel, en la zona del Quebrachal, departamento de Anta, a 200 kilómetros de la ciudad de Salta y en el límite con Santiago del Estero. Los campesinos afirman que detrás de los desalojos hay gente ligada a Juan Carlos Romero, el caudillo que gobernó durante doce años la provincia y aún conserva bajo su ala al PJ salteño.Los integrantes del Frente Campesino viven entre las topadoras y la indiferencia. Hasta ahora sólo los recibió Rosaura García, una funcionaria de segunda línea de Urtubey que está a cargo de la Unidad Ejecutora de Tierra y Hábitat Social, pero las promesas quedaron en la nada. En Buenos Aires intentaron reunirse con el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde y buscaron hacerle llegar un mensaje al matrimonio presidencial, pero volvieron a Salta con las manos vacías."Los desalojos son sistemáticos pero este año se acentuaron", cuenta Centeno, y recuerda que la última oleada comenzó en Tartagal el año pasado. A su lado, asiente Martín Campos, un joven de 28 años que lleva escrita en el rostro la angustia del desarraigo. Campos fue desalojado en dos oportunidades junto a su madre Rogelia Gómez, de 70 años. La última vez, la policía salteña procuró que no volvieran: incendió los corrales y la casa que había empezado a reconstruir con esfuerzo. Su historia ya la vivieron al menos veinte familias en la zona. "No existe la Justicia para nosotros, allá en Salta", dice Campos con amargura. La violencia no se termina ahí. En el Quebrachal, el agua está privatizada de hecho y se convirtió en un bien inaccesible para los pobladores autóctonos. El Canal de Dios, que atraviesa la Finca San Miguel y llega a Santiago del Estero, está alambrado desde hace un año. Por eso, los campesinos tienen que viajar 10 y hasta 20 kilómetros para comprar un tambor de agua a 80 pesos en la localidad de Vencido. Todo eso dificulta el cultivo de zapallo, maíz, sorgo y alfalfa, la única forma de subsistencia que existe en la zona.En Cachi, la situación es la misma. La familia del actual embajador argentino en Honduras, Walter Wayar, reclama la propiedad de unas tierras en las que hace cuatro generaciones viven y trabajan campesinos del lugar. Wayar fue vicegobernador de Juan Carlos Romero durante 12 años y fue premiado con una embajada como parte del acuerdo que el ex compañero de fórmula de Carlos Menem selló con el matrimonio Kirchner en 2007. La familia Wayar reclama 40 hectáreas en un inmueble del Paraje Las Pailas, en el departamento de Cachi, a 157 kilómetros de la capital salteña.Cachi está rodeado de cerros y montañas; se levanta al fondo del Valle Calchaquí a unos 2.300 metros sobre el nivel mar y es una de las zonas turísticas más visitadas. Hace un mes, Florencia, Carolina y Oscar Wayar Díaz –todos parientes del embajador- pidieron la intervención del juez de Paz de Cachi, Martín Borelli Maíz Perez, para lograr que el campesino Agustín Mamani pague la deuda que tiene como arrendatario o abandone la fracción de 4 hectáreas que ocupa su familia y ocuparon antes sus ancestros. La regional Salta del Frente Campesino INTI-NOA lo explica así: "Nosotros, campesinos originarios habitantes y dueños ancestrales de las tierras no permitiremos más los atropellos y las violaciones a los derechos de legítimos dueños de sus tierras, las cuales durante décadas han servido para alimentar y dar trabajo genuino a nuestros biscabuelos, bisabuelos, abuelos y nuestros padres".

(Fuente:Rdendh).