.JPG)
El juez federal Marcelo Bailaque elevó a juicio oral y público la causa por delitos de lesa humanidad en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, en donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Fueron notificados los querellantes Juan Rivero (actual concejal) y Ramón Verón, como así también la abogada patrocinante Gabriela Durruty.
“Transcurridos poco más de tres décadas la causa finalmente se acerca a la audiencia oral y pública donde se cristalizará, al menos parcialmente, el reclamo de juicio y castigo que los querellante vienen sosteniendo desde sus primeras declaraciones testimoniales que incluyen su participación en la causa conocida como Juicio a las Juntas donde se tuvo ya por acreditada la existencia del centro clandestino objeto de la presente investigación”, destacó la letrada Durruty, quien fue informada de la novedad este lunes 23 de febrero, junto a los querellantes.
El comunicado indica que los imputados en dicha causa son: Juan Daniel Amelong, Eduardo Rodolfo Costanzo, Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña y Walter Salvador Dionisio Pagano, por los delitos de lesa humanidad cometidos contra Juan Antonio Rivero, Ramón Verón, Adriana Elba Arce, Olga Moyano, Hilda Cardozo, Ariel Morandi y Susana Miranda.
“Transcurridos poco más de tres décadas la causa finalmente se acerca a la audiencia oral y pública donde se cristalizará, al menos parcialmente, el reclamo de juicio y castigo que los querellante vienen sosteniendo desde sus primeras declaraciones testimoniales que incluyen su participación en la causa conocida como Juicio a las Juntas donde se tuvo ya por acreditada la existencia del centro clandestino objeto de la presente investigación”, destacó la letrada Durruty, quien fue informada de la novedad este lunes 23 de febrero, junto a los querellantes.
El comunicado indica que los imputados en dicha causa son: Juan Daniel Amelong, Eduardo Rodolfo Costanzo, Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña y Walter Salvador Dionisio Pagano, por los delitos de lesa humanidad cometidos contra Juan Antonio Rivero, Ramón Verón, Adriana Elba Arce, Olga Moyano, Hilda Cardozo, Ariel Morandi y Susana Miranda.
A los represores se les imputan privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y homicidio en los últimos dos casos.
Los procesados integraban con distintos grados y jerarquías el destacamento de inteligencia 121 del ejército y el grupo de operaciones especiales de inteligencia.
Los procesados integraban con distintos grados y jerarquías el destacamento de inteligencia 121 del ejército y el grupo de operaciones especiales de inteligencia.
En tanto, la investigación prosigue en relación a los restantes imputados de la causa: Ariel Zenón Porra, Alberto Enrique Pelliza, Marino Héctor González, Jorge Walter Pérez Blanco, Rodolfo Enrique Riegé, Eugenio Zacarías y Enrique Jordana Testoni.
Cabe recordar que en el marco de esta causa denominada “Jordana Testoni y otros” también se incluye al mismo grupo operativo de la Quinta de Funes, otro de los centros clandestinos de detención en Rosario, durante la última dictadura militar.
Por otra parte, en cuanto a la ex fabrica militar, actual sede de la Unidad Regional II de la Policía, cabe recordar que existe un proyecto en el Concejo para convertir parte del terreno en un parque público que conmemore a los detenidos- desaparecidos.
El 13 de septiembre de 1984 miembros de la Comisión Nacional con la Delegación Rosario se constituyeron en el lugar y recorrieron las instalaciones según las descripciones de las mismas que habían formulado testigos que intervinieron en el reconocimiento. Estos testigos identificaron con toda claridad la parte del edificio en la Fábrica Militar que estaba reservada al alojamiento de detenidos: la que da sobre la calle Sin nombre, más conocida como Paredón Sur. Allí, por una puerta que fue construida a fines de 1976 ingresaban los vehículos que transportaban a los detenidos y éstos eran alojados transitoriamente en una cocina que es también reconocida de inmediato por los testigos en el curso del procedimiento.
Desde esta cocina los testigos pudieron ubicar la sala de torturas contigua.
Por otra parte, en cuanto a la ex fabrica militar, actual sede de la Unidad Regional II de la Policía, cabe recordar que existe un proyecto en el Concejo para convertir parte del terreno en un parque público que conmemore a los detenidos- desaparecidos.
El 13 de septiembre de 1984 miembros de la Comisión Nacional con la Delegación Rosario se constituyeron en el lugar y recorrieron las instalaciones según las descripciones de las mismas que habían formulado testigos que intervinieron en el reconocimiento. Estos testigos identificaron con toda claridad la parte del edificio en la Fábrica Militar que estaba reservada al alojamiento de detenidos: la que da sobre la calle Sin nombre, más conocida como Paredón Sur. Allí, por una puerta que fue construida a fines de 1976 ingresaban los vehículos que transportaban a los detenidos y éstos eran alojados transitoriamente en una cocina que es también reconocida de inmediato por los testigos en el curso del procedimiento.
Desde esta cocina los testigos pudieron ubicar la sala de torturas contigua.
O sea que tenían transitoriamente a los detenidos esposados y vendados en la cocina, hasta que les tocara el turno de pasar a la sala de torturas.
Un poco más adelante se encuentra una vieja caballeriza, adonde eran alojados los detenidos que se encontraban hacinados, en pésimas condiciones de salubridad, sufriendo todos ellos las consecuencias de los tormentos y sin tratamiento médico alguno.
Los detenidos ilegalmente en las condiciones ya mencionadas, en la antigua caballeriza, eran visitados periódicamente por personal militar.
Los detenidos ilegalmente en las condiciones ya mencionadas, en la antigua caballeriza, eran visitados periódicamente por personal militar.
(Fuente:Redaccionrosario).
No hay comentarios:
Publicar un comentario