URUGUAY-CASO GELMAN.

Reapertura tras largo proceso
La CIDH le concedió recientemente una prórroga de seis meses al Estado uruguayo para cumplir las "recomendaciones" realizadas por el organismo internacional, en el marco de la causa por el
secuestro de María Claudia García de Gelman en Argentina y su posterior traslado clandestino a
Uruguay, donde desapareció.
El Estado solicitó la prórroga para "cumplir las recomendaciones solicitadas por la CIDH" y "avanzar en su implementación". Ante ello, el organismo internacional extendió el vencimiento del plazo hasta el próximo 21 de julio.
Esa resolución de la CIDH suspendió la remisión del caso María Claudia a la Corte interamericana por Derechos Humanos, máximo órgano jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos (OEA), como lo solicitó oportunamente la familia de la joven desaparecida.
La familia Gelman se presentó ante la CIDH en mayo de 2006 al entender que sus derechos eran violados en Uruguay donde la indagatoria judicial sobre lo ocurrido con María Claudia y su eventual lugar de enterramiento clandestino, había sido clausurada en dos oportunidades. La denuncia indicaba que la vigencia de la Ley de Caducidad impedía saber la verdad de lo ocurrido con la joven argentina, desaparecida en Uruguay en 1976.
La interpretación del entonces fiscal Penal de 4º Turno, Enrique Möller, daba cuenta de la imposibilidad de investigar la desaparición de María Claudia puesto que el caso estaba amparado en la Ley de Caducidad. La exclusión expresa del caso de la ley por parte del actual gobierno "ilusionó", pero el fiscal Möller interpuso el instituto de "cosa juzgada" y solicitó un nuevo archivo del proceso.
La familia Gelman se presentó nuevamente ante la Justicia en 2008 y solicitó otra vez la reapertura. El juez Penal de 2º Turno, Pedro Salazar, tras el dictamen favorable del fiscal Eduardo Fernández Dovat, accedió al pedido. Varios militares ya comparecieron en la causa y se estima que próximamente una veintena de militares de bajo rango serán citados a declarar.

Pedido por la CIDH. SCJ dio plazo de diez días
Jueces informarán casos sobre DDHH
Causas excluídas de la Ley de Caducidad.

CIDH. Procuran determinar evolución de los procesos por violaciones a los DDHH.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso un plazo de 10 días para que todos los jueces penales informen respecto a los casos excluidos de la ley Nº 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que se tramitan en sus respectivas sedes, y la situación actual de esos
expedientes.
La disposición de la SCJ procura dar cumplimiento a las recomendaciones que le fueran formuladas al Estado uruguayo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del proceso contra la Ley de Caducidad, suscitado por el secuestro y
desaparición de María Claudia García de Gelman.
La circular Nº 4/2009 de la SCJ solicita "a todos los jueces letrados con competencia penal, que en un plazo de diez días informen sobre: la existencia de procesos iniciados respecto de casos excluidos de la Ley Nº 15.848 en sus respectivos juzgados, y sobre la situación procesal de los referidos procesos". La resolución fue emitida el pasado miércoles 4 de febrero.
El informe 32/08 de la CIDH estableció ciertas recomendaciones al Estado uruguayo, entre las cuales se encuentra informar sobre la situación de estas causas. El pedido de la CIDH procura determinar el actual desarrollo de los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, dentro del marco de vigencia de la Ley de Caducidad.
Nueva interpretación
Las investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura encontraron una muralla insalvable en la Ley de Caducidad. La ley promovió la amnistía de los
militares partícipes en los operativos.
La normativa impedía la indagatoria de militares, pero no de civiles, por lo cual se sustanciaron los procesos que culminaron con los procesamientos del ex dictador Juan María Bordaberry y del ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco. Sin embargo, el gobierno de Tabaré Vázquez concedió una nueva interpretación de la norma la que permitió extender la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidos en ese período histórico.
Una decena de casos fueron excluidos de la norma y actualmente se tramitan en los Juzgados Penales, entre ellos, el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros; las muertes de Ramón Peré, Horacio Ramos, Hugo Leonardo de los Santos y Héctor Castagnetto; el traslado clandestino de presos políticos en 1978 de la UAl. MLN,PCR, AMS, PST(a), GAU, ROE,; el caso
"Fusilados de Soca",MLN y el caso "Segundo Vuelo" PVP,MLN.
Sin embargo, la interpretación de la ley por parte de jueces y fiscales provocó el archivo de las causas por las cuales se indagaban los asesinatos de Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanick; y la muerte de Nuble Donato Yic dentro de una unidad militar.
Asimismo, la imposibilidad de investigar la muerte de la militante de la UJC Nibia Sabalsagaray determinó que la fiscal Mirtha Guianze interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad, actualmente a estudio de la SCJ.
(Fuente:Rdendh).