Cuando casi veinte años atrás el expediente judicial por la masacre de Margarita Belén terminó en manos de la Cámara Federal de Rosario (tras una batalla de declaraciones de incompetencia), la carátula que le dio el tribunal santafesino no pudo ser más desalentadora para quienes esperaban justicia por los presos políticos asesinados y desaparecidos.
Los jueces pusieron en la portada de la carpeta: “Investigación sobre presuntos excesos en el enfrentamiento entre fuerzas regulares y elementos subversivos en Margarita Belén, Chaco”. Ni Mariano Grondona lo hubiera hecho mejor. Por eso, y porque para entonces la esperanza generada por la restauración democrática del ’83 y por el juicio a las Juntas Militares (1985) había quedado aplastada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la causa parecía destinada a desembocar en el océano argentino de la impunidad. Los indultos de Menem eran la cereza de ese postre abominable. Y sin embargo, contra viento y marea, o, para decirlo mejor, contra ocultamientos y agachadas institucionales, los autores y cómplices de la matanza ejecutada cuando llegaba el amanecer del 13 de diciembre de 1976, están a punto de ser juzgados. Detrás habrá quedado un camino repleto de incertidumbres, chicanas, heroísmos casi anónimos y miserias transversales. Semilla entre rejas En el momento más fuerte de la dictadura, y como era de esperar, la masacre fue una noticia que en los medios del ’76 tuvo menos espacio que un operativo de tránsito. En los diarios simplemente se reprodujo el comunicado emitido por el gobierno militar, que hablaba, escuetamente, de un “enfrentamiento con fuerzas subversivas”. Uno más de aquellos en los que las “fuerzas regulares” no sufrían un sólo rasguño y todas las bajas eran del enemigo. La actuación judicial de entonces, comandada por el juez Luis Angel Córdoba, se limitó a convalidar la versión oficial. Por eso, la verdad sobre el fusilamiento comenzó siendo propiedad casi exclusiva de los presos políticos que seguían en las cárceles. Allí, artesanalmente, se fue reconstruyendo —al menos en parte— la historia de la masacre. A quiénes llevaron en aquel convoy militar, cómo los habían torturado y vejado la noche anterior, cómo los saludaban los presos que intuían que iban hacia la muerte. Esos relatos llegaron en 1979 a los auditores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegaron al país para visitar las cárceles oficiales (no los centros clandestinos de detención negados por la dictadura). Los presos hablaron de los campos de concentración, de las torturas y los asesinatos, y entre todo eso hablaron también de Margarita Belén. Era la primera vez que la masacre chaqueña aparecía en un papel oficial, en este caso el informe elaborado por la CIDH. Mientras, en las calles, el régimen de Videla avivaba el festejo por el triunfo de la selección juvenil argentina en la Copa Mundial de Japón, consagratorio para Diego Maradona, e instaba al pueblo a mostrar “que los argentinos vivimos en paz”. La hora de creer En diciembre de 1983, forzada por la crisis económica, el desgaste político y la derrota en Malvinas, la dictadura se retira. Raúl Alfonsín saluda desde el balcón de la Rosada a una multitud impresionante, que elige creer. Ya será, luego, el turno de la decepción. En el Chaco, el retorno del Estado de Derecho permite que la Legislatura forme una Comisión de Derechos Humanos que se dedica a elaborar un informe sobre la represión ilegal en la provincia durante los años de la dictadura. Los presos políticos liberados hablan, principalmente, del demencial régimen de muerte y tormentos que había imperado en la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco, que conducía Carlos Thomas, un sujeto totalmente a tono con las aberraciones que se perpetraban frente a la Plaza 25 de Mayo. El hombre era todo un orgullo para el jefe policial de entonces, Wenceslao Ceniquel. En los relatos de los sobrevivientes de las noches y días de picanas y empalamientos, la historia del 13 de diciembre de 1976 se va consolidando como emblemática. La masacre de Margarita Belén toma dimensión propia. Así queda plasmada en el informe emitido por la Comisión, conocido como “el Nunca Más chaqueño”, en referencia a las conclusiones que a nivel nacional había difundido la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas) presidida por Ernesto Sábato. El órgano legislativo elevó una copia de su informe a la justicia provincial, donde una fiscal pidió que se abriera una investigación formal sobre el caso. Era el primer paso rumbo a lo que sería la intrincada historia de la masacre en los tribunales. La justicia flipper Es 1985, y la justicia del Chaco se declara incompetente para investigar los fusilamientos del ’76. El breve expediente, así, pasa a la justicia federal local, que también se considera sin competencia para entender en el asunto. Empieza un capítulo en el que la causa rebotará de un lado a otro como la pelotita de un flipper. La decisión federal tenía origen en la compleja trama procesal armada por el gobierno de Raúl Alfonsín para encarar el juzgamiento a los militares sin que ello generara una tensión incontrolable con las Fuerzas Armadas, que seguían convencidas de que su misión histórica era tutelar a la sociedad civil y marcarle hasta dónde podía llegar. El temor a un nuevo golpe de Estado sobrevolaba cada decisión dirigida a revisar lo actuado por la dictadura. En ese contexto, lo que Alfonsín logró del Congreso fue aprobar un procedimiento que en el caso de las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas establecía que éstos debían ser juzgados, en primera instancia, por tribunales militares. En aquel momento, el mecanismo (insólito, visto con ojos actuales) fue justificado por el gobierno diciendo que significaba darle a los militares una oportunidad de autodepuración y de reconciliación con la sociedad. A modo de resguardo, se dispuso que las sentencias castrenses podían ser apeladas ante las Cámaras Federales civiles, si bien éstas debían resolver esos expedientes ateniéndose —también— al Código de Justicia Militar. Ese maloliente menjunje hizo que el expediente de Margarita Belén pasara desde el Juzgado Federal de Resistencia al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el cual lo envió al Juzgado de Instrucción Militar Nº 20, que tenía sede en Corrientes. Los miembros del Ejército acusados eran recibidos allí como héroes, mientras que los ex detenidos que asistían a relatar los tormentos sufridos eran tratados como si iniciaran por segunda vez el servicio militar obligatorio. Como era de suponer, el tribunal militar no hizo mucho, y ni siquiera llega a realizar imputación alguna. Por eso —y por aplicación de una cláusula del procedimiento ideado por la gestión alfonsinista—, la causa le fue quitada y pasó a la Cámara Federal de Resistencia, que se declaró incompetente. La decisión se basó en el hecho de que la masacre había sido uno de los crímenes por los cuales habían sido juzgadas las Juntas Militares, en la Cámara Federal de Buenos Aires. Luego de las condenas a Videla y compañía, el tribunal porteño envió el expediente a Resistencia, de donde fue devuelto. Se planteó así un conflicto de competencia que debió ser dirimido por la Corte Suprema. Con cierta sorpresa, la Corte no adjudicó la investigación a ninguna de las dos cámaras en conflicto, sino a la de Rosario, por considerar que era la que tenía competencia territorial por haber estado asentado allí el II Cuerpo de Ejército, comando que tenía jurisdicción sobre la base militar del Chaco al momento de ejecutarse la masacre y que en teoría había dado la orden de ejecutarla. Era 1986, y en Rosario, con la lamentable carátula mencionada al principio de esta nota, se iniciaba para la investigación un larguísimo sueño. Regreso y giro En mayo de 2001 el curso de la historia comienza a dar un giro formidable. El Centro de Estudios Legales Sociales —con su titular, el periodista Horacio Verbitsky— se presenta en el Juzgado Federal de Resistencia y plantea una querella formal contra los autores de la masacre del ’76. El juez Skidelsky inicia un juicio por la verdad (figura que permitía investigar bajo el objetivo de reconstruir la verdad de los hechos, esquivando las limitantes planteadas por las leyes de impunidad), y en diciembre de ese año se declara competente, en base al nuevo Código Procesal Penal, que derogaba el maridaje entre justicia civil y militar. En marzo de 2003, el juez declara en la causa la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y tras un tironeo con Rosario por la competencia sobre el expediente, ordena el 17 de junio de aquel año la detención de los militares que ahora irán a juicio. Pero apenas un mes después, el 22 de julio, fueron liberados por la Cámara Federal de entonces, una polémica decisión que dio lugar a que se pidiera el jury de sus tres magistrados. Comenzó entonces una nueva pausa forzada por un sinnúmero de incidentes procesales, hasta que el 30 de abril de 2005 el juez vuelve a ordenar las detenciones. Luego llegaron los procesamientos, y el 24 de febrero último fue el histórico día en que la causa fue elevada a juicio oral y público. Ahora, ya no hay vuelta atrás. Lo que resta, sin embargo, es encontrar a otros responsables y cómplices, determinar con exactitud cuántas fueron las víctimas y las identidades de todas ellas, y encontrar dónde están los desaparecidos. Suena a utopía. Pero del mismo modo sonaba pedir justicia cuando la impunidad parecía ser el destino preestablecido para la causa.
Los jueces pusieron en la portada de la carpeta: “Investigación sobre presuntos excesos en el enfrentamiento entre fuerzas regulares y elementos subversivos en Margarita Belén, Chaco”. Ni Mariano Grondona lo hubiera hecho mejor. Por eso, y porque para entonces la esperanza generada por la restauración democrática del ’83 y por el juicio a las Juntas Militares (1985) había quedado aplastada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la causa parecía destinada a desembocar en el océano argentino de la impunidad. Los indultos de Menem eran la cereza de ese postre abominable. Y sin embargo, contra viento y marea, o, para decirlo mejor, contra ocultamientos y agachadas institucionales, los autores y cómplices de la matanza ejecutada cuando llegaba el amanecer del 13 de diciembre de 1976, están a punto de ser juzgados. Detrás habrá quedado un camino repleto de incertidumbres, chicanas, heroísmos casi anónimos y miserias transversales. Semilla entre rejas En el momento más fuerte de la dictadura, y como era de esperar, la masacre fue una noticia que en los medios del ’76 tuvo menos espacio que un operativo de tránsito. En los diarios simplemente se reprodujo el comunicado emitido por el gobierno militar, que hablaba, escuetamente, de un “enfrentamiento con fuerzas subversivas”. Uno más de aquellos en los que las “fuerzas regulares” no sufrían un sólo rasguño y todas las bajas eran del enemigo. La actuación judicial de entonces, comandada por el juez Luis Angel Córdoba, se limitó a convalidar la versión oficial. Por eso, la verdad sobre el fusilamiento comenzó siendo propiedad casi exclusiva de los presos políticos que seguían en las cárceles. Allí, artesanalmente, se fue reconstruyendo —al menos en parte— la historia de la masacre. A quiénes llevaron en aquel convoy militar, cómo los habían torturado y vejado la noche anterior, cómo los saludaban los presos que intuían que iban hacia la muerte. Esos relatos llegaron en 1979 a los auditores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegaron al país para visitar las cárceles oficiales (no los centros clandestinos de detención negados por la dictadura). Los presos hablaron de los campos de concentración, de las torturas y los asesinatos, y entre todo eso hablaron también de Margarita Belén. Era la primera vez que la masacre chaqueña aparecía en un papel oficial, en este caso el informe elaborado por la CIDH. Mientras, en las calles, el régimen de Videla avivaba el festejo por el triunfo de la selección juvenil argentina en la Copa Mundial de Japón, consagratorio para Diego Maradona, e instaba al pueblo a mostrar “que los argentinos vivimos en paz”. La hora de creer En diciembre de 1983, forzada por la crisis económica, el desgaste político y la derrota en Malvinas, la dictadura se retira. Raúl Alfonsín saluda desde el balcón de la Rosada a una multitud impresionante, que elige creer. Ya será, luego, el turno de la decepción. En el Chaco, el retorno del Estado de Derecho permite que la Legislatura forme una Comisión de Derechos Humanos que se dedica a elaborar un informe sobre la represión ilegal en la provincia durante los años de la dictadura. Los presos políticos liberados hablan, principalmente, del demencial régimen de muerte y tormentos que había imperado en la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco, que conducía Carlos Thomas, un sujeto totalmente a tono con las aberraciones que se perpetraban frente a la Plaza 25 de Mayo. El hombre era todo un orgullo para el jefe policial de entonces, Wenceslao Ceniquel. En los relatos de los sobrevivientes de las noches y días de picanas y empalamientos, la historia del 13 de diciembre de 1976 se va consolidando como emblemática. La masacre de Margarita Belén toma dimensión propia. Así queda plasmada en el informe emitido por la Comisión, conocido como “el Nunca Más chaqueño”, en referencia a las conclusiones que a nivel nacional había difundido la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas) presidida por Ernesto Sábato. El órgano legislativo elevó una copia de su informe a la justicia provincial, donde una fiscal pidió que se abriera una investigación formal sobre el caso. Era el primer paso rumbo a lo que sería la intrincada historia de la masacre en los tribunales. La justicia flipper Es 1985, y la justicia del Chaco se declara incompetente para investigar los fusilamientos del ’76. El breve expediente, así, pasa a la justicia federal local, que también se considera sin competencia para entender en el asunto. Empieza un capítulo en el que la causa rebotará de un lado a otro como la pelotita de un flipper. La decisión federal tenía origen en la compleja trama procesal armada por el gobierno de Raúl Alfonsín para encarar el juzgamiento a los militares sin que ello generara una tensión incontrolable con las Fuerzas Armadas, que seguían convencidas de que su misión histórica era tutelar a la sociedad civil y marcarle hasta dónde podía llegar. El temor a un nuevo golpe de Estado sobrevolaba cada decisión dirigida a revisar lo actuado por la dictadura. En ese contexto, lo que Alfonsín logró del Congreso fue aprobar un procedimiento que en el caso de las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas establecía que éstos debían ser juzgados, en primera instancia, por tribunales militares. En aquel momento, el mecanismo (insólito, visto con ojos actuales) fue justificado por el gobierno diciendo que significaba darle a los militares una oportunidad de autodepuración y de reconciliación con la sociedad. A modo de resguardo, se dispuso que las sentencias castrenses podían ser apeladas ante las Cámaras Federales civiles, si bien éstas debían resolver esos expedientes ateniéndose —también— al Código de Justicia Militar. Ese maloliente menjunje hizo que el expediente de Margarita Belén pasara desde el Juzgado Federal de Resistencia al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el cual lo envió al Juzgado de Instrucción Militar Nº 20, que tenía sede en Corrientes. Los miembros del Ejército acusados eran recibidos allí como héroes, mientras que los ex detenidos que asistían a relatar los tormentos sufridos eran tratados como si iniciaran por segunda vez el servicio militar obligatorio. Como era de suponer, el tribunal militar no hizo mucho, y ni siquiera llega a realizar imputación alguna. Por eso —y por aplicación de una cláusula del procedimiento ideado por la gestión alfonsinista—, la causa le fue quitada y pasó a la Cámara Federal de Resistencia, que se declaró incompetente. La decisión se basó en el hecho de que la masacre había sido uno de los crímenes por los cuales habían sido juzgadas las Juntas Militares, en la Cámara Federal de Buenos Aires. Luego de las condenas a Videla y compañía, el tribunal porteño envió el expediente a Resistencia, de donde fue devuelto. Se planteó así un conflicto de competencia que debió ser dirimido por la Corte Suprema. Con cierta sorpresa, la Corte no adjudicó la investigación a ninguna de las dos cámaras en conflicto, sino a la de Rosario, por considerar que era la que tenía competencia territorial por haber estado asentado allí el II Cuerpo de Ejército, comando que tenía jurisdicción sobre la base militar del Chaco al momento de ejecutarse la masacre y que en teoría había dado la orden de ejecutarla. Era 1986, y en Rosario, con la lamentable carátula mencionada al principio de esta nota, se iniciaba para la investigación un larguísimo sueño. Regreso y giro En mayo de 2001 el curso de la historia comienza a dar un giro formidable. El Centro de Estudios Legales Sociales —con su titular, el periodista Horacio Verbitsky— se presenta en el Juzgado Federal de Resistencia y plantea una querella formal contra los autores de la masacre del ’76. El juez Skidelsky inicia un juicio por la verdad (figura que permitía investigar bajo el objetivo de reconstruir la verdad de los hechos, esquivando las limitantes planteadas por las leyes de impunidad), y en diciembre de ese año se declara competente, en base al nuevo Código Procesal Penal, que derogaba el maridaje entre justicia civil y militar. En marzo de 2003, el juez declara en la causa la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y tras un tironeo con Rosario por la competencia sobre el expediente, ordena el 17 de junio de aquel año la detención de los militares que ahora irán a juicio. Pero apenas un mes después, el 22 de julio, fueron liberados por la Cámara Federal de entonces, una polémica decisión que dio lugar a que se pidiera el jury de sus tres magistrados. Comenzó entonces una nueva pausa forzada por un sinnúmero de incidentes procesales, hasta que el 30 de abril de 2005 el juez vuelve a ordenar las detenciones. Luego llegaron los procesamientos, y el 24 de febrero último fue el histórico día en que la causa fue elevada a juicio oral y público. Ahora, ya no hay vuelta atrás. Lo que resta, sin embargo, es encontrar a otros responsables y cómplices, determinar con exactitud cuántas fueron las víctimas y las identidades de todas ellas, y encontrar dónde están los desaparecidos. Suena a utopía. Pero del mismo modo sonaba pedir justicia cuando la impunidad parecía ser el destino preestablecido para la causa.
(Fuente:Rdendh).
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