Por Juan Lenscak
El juez Belfote, fue muy claro: “al Tribunal le ha llamado mucho la atención la versión que se comentó esta mañana en el sentido que se le había retirado la medicación para la hipertensión que coincidió con la iniciación del juicio y con el pico (de presión) arterial que ha tenido. Como firmemente vamos a tratar de evitar todo tipo de dilación que no sea necesaria y para determinar los verdaderos alcances sobre la situación de salud, hemos dispuesto que en el día de la fecha se constituyan médicos del Cuerpo Médico Forense en el domicilio donde está internado, a fin de elaborar una evaluación clínica sobre su salud, para estimar el tiempo necesario para continuar con el debate. Así mismo (el Cuerpo Médico Forense) se expedirá sobre qué medicación se le está proporcionando para la hipertensión; por qué le fue retirada –porque así lo refirió el propio imputado, y si dicha prescripción –de haberle retirado la medicación- es compatible con la situación de ser sometido a una situación de stres como es la de un juicio oral.” Con estas palabras abrió la sesión vespertina del miércoles 25 quien preside el Tribunal Oral Federal que juzga al dictador Colombo.
El concepto de “dilación no necesaria”, y la consecuente investigación sobre la falta de medicación en un momento de stres, que provocó la dilación del juicio hasta el 10 de marzo, llamaron poderosamente la atención a los presentes en la sala de audiencias.
A nadie escapa que todos los movimientos de las defensas de las principales espadas del Proceso de Reorganización Nacional, (en este caso se trata de un ex general de brigada del ejército argentino, y ex gobernador de un provincia fronteriza con Paraguay), están suficientemente planificados. Pensar lo contrario sería pecar de ingenuos frente a profesionales en la estrategia bélica. El ejemplo de Massera y de Trimarco tienen su analogía con el presente caso. Pero el de Formosa tiene características propias.
Se da en un momento en que los sectores de capital concentrado que avalaron y se beneficiaron con el terrorismo de estado, comienzan a recuperar la iniciativa boicoteando duramente la gestión de un gobierno popular, con la política del tero, alardeando por izquierda para resguardar sus nidos de ganancias por derecha. Aprovechan la coyuntura de crisis internacional, y de debilidad estructural de los sectores populares provocada precisamente durante la dictadura y posterior economía neoliberal, para su crecimiento político. Esta recuperación de la iniciativa de los grupos de capital concentrado, y la articulación de los nichos de resistencia al avance popular a través de la utilización de los medios de comunicación masiva, otorga a quienes fueron utilizados para sus fines durante la dictadura y ahora son juzgados, un hálito de esperanza.
Todo hace suponer que los diseñadores de estos nuevos desplantes patronales desestabilizadores a un gobierno que votaron mayoritariamente los trabajadores ocupados y desocupados, también necesiten tiempo. No es descabellado pensar que especulen con la muerte natural de los imputados, para no repetir el caso de Héctor Antonio Febres, ni tomar represalias y amedrentar como con Julio López.
La dilación constituiría la estrategia más sensata. Sobre todo para los que puedan sentir temores por las derivaciones judiciales si se conoce la verdad de los hechos con las complicidades que persisten, dado que la edad avanzada es un aliado inexorable de la tumba; sin los riesgos de operativos especiales preparados para los casos de Febres y Lopez.
Al principio, la actitud del octogenario general de brigada, con la cabeza gacha hundida en los hombros para oir el requerimiento fiscal daba la sensación de un hombre quebrado profundamente. Pero en los cuartos intermedios, comenzó a mostrar la hilacha, centrando el proceso en su estado de salud y no en el fondo de la cuestión.
Y fue evidente que así como hubo complicidades políticas e institucionales para que un juicio iniciado en 1984 llegue a la instancia oral en el 2009, se tejen sobradas sospechas sobre los fundamentos por los cuales no se lo trasladó a Formosa desde un inicio. También se sospecha sobre sus reales afecciones en la actualidad. Habida cuenta que el examen médico efectuado el día 25 por la tarde si bien reconocía su presión arterial, dejó claramente sentado que “no presentaba evidencias clínicas de complicaciones”(sic) Con lo cual la falta de medicación ante una situación de stress constituye la punta de un ovillo que, no pasó desapercibida ni para el juez. Mucho menos para el propio defensor quien afirmó ante el tribunal que el imputado no puede mantenerse sin dicha medicación permanente, por lo que negaba que el hecho hubiera ocurrido, contradiciendo las afirmaciones de su propio defendido.
Cuando la defensa del dictador propuso que se le practicara además de los exámenes neurológico y cardíaco, un nuevo examen psicológico, fue el propio juez que lo desestimó de plano. Volvieron a resonar en la memoria de los presentes las palabras iniciales del juez “vamos a tratar de evitar todo tipo de dilación que no sea necesaria”.
Las chicanas usadas para la dilación son burdas, pero el marco político en el que se dan no lo es. Por ello es de suponer que la querella, con aguda percepción, al intervenir en el debate, tuvo en cuenta además de las contradicciones de la defensa, la de los partes médicos, y la propia actitud del imputado; que Juan Carlos Colombo lideró y se siente representado por un proyecto de país conducido por la misma Sociedad Rural que avaló las atrocidades que hoy se juzgan; proyecto que aparece reciclado y con una agresiva iniciativa política contra el actual gobierno popular, por lo cual no tuvo dudas en caracterizar los picos de hipertensión del imputado, no solo como “maniobra de dilación” como lo hizo el juez, sino que le agregó la calificación “de alta simulación” destacando no la excelencia de una sobreactuación a todas luces deficiente, sino la finalidad de la misma por su connotación profundamente política.
Juan E. Lenscak.
El juez Belfote, fue muy claro: “al Tribunal le ha llamado mucho la atención la versión que se comentó esta mañana en el sentido que se le había retirado la medicación para la hipertensión que coincidió con la iniciación del juicio y con el pico (de presión) arterial que ha tenido. Como firmemente vamos a tratar de evitar todo tipo de dilación que no sea necesaria y para determinar los verdaderos alcances sobre la situación de salud, hemos dispuesto que en el día de la fecha se constituyan médicos del Cuerpo Médico Forense en el domicilio donde está internado, a fin de elaborar una evaluación clínica sobre su salud, para estimar el tiempo necesario para continuar con el debate. Así mismo (el Cuerpo Médico Forense) se expedirá sobre qué medicación se le está proporcionando para la hipertensión; por qué le fue retirada –porque así lo refirió el propio imputado, y si dicha prescripción –de haberle retirado la medicación- es compatible con la situación de ser sometido a una situación de stres como es la de un juicio oral.” Con estas palabras abrió la sesión vespertina del miércoles 25 quien preside el Tribunal Oral Federal que juzga al dictador Colombo.
El concepto de “dilación no necesaria”, y la consecuente investigación sobre la falta de medicación en un momento de stres, que provocó la dilación del juicio hasta el 10 de marzo, llamaron poderosamente la atención a los presentes en la sala de audiencias.
A nadie escapa que todos los movimientos de las defensas de las principales espadas del Proceso de Reorganización Nacional, (en este caso se trata de un ex general de brigada del ejército argentino, y ex gobernador de un provincia fronteriza con Paraguay), están suficientemente planificados. Pensar lo contrario sería pecar de ingenuos frente a profesionales en la estrategia bélica. El ejemplo de Massera y de Trimarco tienen su analogía con el presente caso. Pero el de Formosa tiene características propias.
Se da en un momento en que los sectores de capital concentrado que avalaron y se beneficiaron con el terrorismo de estado, comienzan a recuperar la iniciativa boicoteando duramente la gestión de un gobierno popular, con la política del tero, alardeando por izquierda para resguardar sus nidos de ganancias por derecha. Aprovechan la coyuntura de crisis internacional, y de debilidad estructural de los sectores populares provocada precisamente durante la dictadura y posterior economía neoliberal, para su crecimiento político. Esta recuperación de la iniciativa de los grupos de capital concentrado, y la articulación de los nichos de resistencia al avance popular a través de la utilización de los medios de comunicación masiva, otorga a quienes fueron utilizados para sus fines durante la dictadura y ahora son juzgados, un hálito de esperanza.
Todo hace suponer que los diseñadores de estos nuevos desplantes patronales desestabilizadores a un gobierno que votaron mayoritariamente los trabajadores ocupados y desocupados, también necesiten tiempo. No es descabellado pensar que especulen con la muerte natural de los imputados, para no repetir el caso de Héctor Antonio Febres, ni tomar represalias y amedrentar como con Julio López.
La dilación constituiría la estrategia más sensata. Sobre todo para los que puedan sentir temores por las derivaciones judiciales si se conoce la verdad de los hechos con las complicidades que persisten, dado que la edad avanzada es un aliado inexorable de la tumba; sin los riesgos de operativos especiales preparados para los casos de Febres y Lopez.
Al principio, la actitud del octogenario general de brigada, con la cabeza gacha hundida en los hombros para oir el requerimiento fiscal daba la sensación de un hombre quebrado profundamente. Pero en los cuartos intermedios, comenzó a mostrar la hilacha, centrando el proceso en su estado de salud y no en el fondo de la cuestión.
Y fue evidente que así como hubo complicidades políticas e institucionales para que un juicio iniciado en 1984 llegue a la instancia oral en el 2009, se tejen sobradas sospechas sobre los fundamentos por los cuales no se lo trasladó a Formosa desde un inicio. También se sospecha sobre sus reales afecciones en la actualidad. Habida cuenta que el examen médico efectuado el día 25 por la tarde si bien reconocía su presión arterial, dejó claramente sentado que “no presentaba evidencias clínicas de complicaciones”(sic) Con lo cual la falta de medicación ante una situación de stress constituye la punta de un ovillo que, no pasó desapercibida ni para el juez. Mucho menos para el propio defensor quien afirmó ante el tribunal que el imputado no puede mantenerse sin dicha medicación permanente, por lo que negaba que el hecho hubiera ocurrido, contradiciendo las afirmaciones de su propio defendido.
Cuando la defensa del dictador propuso que se le practicara además de los exámenes neurológico y cardíaco, un nuevo examen psicológico, fue el propio juez que lo desestimó de plano. Volvieron a resonar en la memoria de los presentes las palabras iniciales del juez “vamos a tratar de evitar todo tipo de dilación que no sea necesaria”.
Las chicanas usadas para la dilación son burdas, pero el marco político en el que se dan no lo es. Por ello es de suponer que la querella, con aguda percepción, al intervenir en el debate, tuvo en cuenta además de las contradicciones de la defensa, la de los partes médicos, y la propia actitud del imputado; que Juan Carlos Colombo lideró y se siente representado por un proyecto de país conducido por la misma Sociedad Rural que avaló las atrocidades que hoy se juzgan; proyecto que aparece reciclado y con una agresiva iniciativa política contra el actual gobierno popular, por lo cual no tuvo dudas en caracterizar los picos de hipertensión del imputado, no solo como “maniobra de dilación” como lo hizo el juez, sino que le agregó la calificación “de alta simulación” destacando no la excelencia de una sobreactuación a todas luces deficiente, sino la finalidad de la misma por su connotación profundamente política.
Juan E. Lenscak.
(Fuente:Rdendh).
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