La nueva legislación que pesará sobre las Fuerzas Armadas fue votada en el Senado por unanimidad el 6 de agosto pasado y promulgada por el gobierno de Cristina Kirchner 21 días después. La norma establecía que pasados los seis meses de promulgada entraba en vigor.
Con esta modificación en la legislación, la Argentina ahora cumple de manera plena con la Convención Internacional contra la Pena de Muerte, que tiene rango constitucional.
Anoche, fuentes del Ministerio de Defensa informaron que se imprimieron y distribuyeron entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea unos 20.000 ejemplares del reglamento disciplinario que se aplicará a partir de ahora.
El Código de Justicia Militar que fue derogado hace seis meses regía desde 1951 y fue el amparo legal para el fusilamiento del general Juan José Valle, que se había rebelado contra la Revolución Libertadora, en 1956.
La última vez que se intentó hacer uso de la pena de muerte fue en el juicio a los carapintadas liderados por el ex oficial Mohamed Alí Seineldin. El fiscal militar que intervino en el caso reclamó al tribunal castrense que aplicara la condena máxima, pero el pedido no prosperó.
Desde el regreso de la democracia, en 1983, hubo sólo dos gobiernos que impulsaron la reforma del Código de Justicia Militar. En 1998, el presidente Carlos Menem envió al Congreso su iniciativa, que contemplaba la derogación de la pena de muerte y de las condenas por homosexualidad, pero que no transfería al fuero federal el ejercicio de la justicia. Ese fue el cambio impulsado hace casi 3 años por el presidente Néstor Kirchner.
Con esta modificación en la legislación, la Argentina ahora cumple de manera plena con la Convención Internacional contra la Pena de Muerte, que tiene rango constitucional.
Anoche, fuentes del Ministerio de Defensa informaron que se imprimieron y distribuyeron entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea unos 20.000 ejemplares del reglamento disciplinario que se aplicará a partir de ahora.
El Código de Justicia Militar que fue derogado hace seis meses regía desde 1951 y fue el amparo legal para el fusilamiento del general Juan José Valle, que se había rebelado contra la Revolución Libertadora, en 1956.
La última vez que se intentó hacer uso de la pena de muerte fue en el juicio a los carapintadas liderados por el ex oficial Mohamed Alí Seineldin. El fiscal militar que intervino en el caso reclamó al tribunal castrense que aplicara la condena máxima, pero el pedido no prosperó.
Desde el regreso de la democracia, en 1983, hubo sólo dos gobiernos que impulsaron la reforma del Código de Justicia Militar. En 1998, el presidente Carlos Menem envió al Congreso su iniciativa, que contemplaba la derogación de la pena de muerte y de las condenas por homosexualidad, pero que no transfería al fuero federal el ejercicio de la justicia. Ese fue el cambio impulsado hace casi 3 años por el presidente Néstor Kirchner.
(Fuente:Gazetajudicial).
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