PARAGUAY: DIFUSION.

ENCUENTRO LATINOAMERICANO
ESTRATEGIAS ACTUALES DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
BUENOS AIRES, 3 DE MARZO DE 2009
PARAGUAY A 20 AÑOS DE TRANSICION:
DESAFIOS Y RIESGOS EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
EL ESTADO DE INJUSTICIA E IMPUNIDAD
NO HA SIDO DESMONTADO EN EL PARAGUAY

Apenas estamos a seis meses de instauración de un gobierno de signo diferente luego de más de 60 años de hegemonía absoluta del partido colorado, que accedió al poder luego de una cruenta guerra civil en 1947 y no lo abandonará completamente hasta agosto de 2008. Estamos apenas a seis meses del cambio del Poder Ejecutivo Central, a través de una muy heterogénea alianza, conviviendo con un parlamento con mayoría conservadora, y un poder judicial en franco retroceso en su calidad institucional, y creciente dependencia de factores políticos, empresariales y partidarios del anterior régimen.
Este extenso período, precedido de 7 años de cuartelazos continuos, incluye a los 35 años de dictadura militar, policial y de partido que va desde 1954 hasta 1989, período en el cual se perpetran las más graves violaciones a los derechos humanos registradas y se completa la instauración del terrorismo de estado como modelo de control y represión extendido a toda la sociedad. Por tanto, durante ese período, anticomunismo, antiguerrilla, contrainsurgencia, antiterrorismo se suceden casi sin interrupción de acuerdo a las necesidades. Luego del golpe militar de 1989 se abre un período de 20 años de transición limitada y conservadora, bajo el paraguas del consenso de Washington.
Por tanto, hablamos de 35 años de una pesada herencia en la administración autoritaria y arbitraria del poder, con una hegemonía absoluta del dictador y el partido en el ámbito de lo público, la dependencia de todos los poderes hacia un solo y centralizado poder ejecutivo, y especialmente el poder judicial como un brazo más del aparato represivo de poder, la transformación de las fuerzas armadas en policía interna, el control de la población a través de la policía y el partido, cerrando toda opción de contestación o intento de insurrección por parte de la ciudadanía.
Y esta herencia autoritaria continúa presente en parte durante 20 años más, durante el llamado período de transición conservadora, e incluso se proyecta hasta la actualidad, y no casualmente en el sistema judicial. El modelo conservador, autoritario y dictatorial está relacionado intrínsecamente a un estado permanente de impunidad y arbitrariedad, y que en el Paraguay, al contrario de la evolución histórica de varios países latinoamericanos, parece tener vigor y todavía un importante consenso. Demos un repaso a los períodos.
LA DICTADURA 1954-1989
Toda nuestra población ha soportado 35 años de dictadura bajo Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, con más de 120.000 víctimas directas e indirectas, más de 500 desaparecidos, de los cuales unos 150 han sido secuestrados en la Argentina y cientos de miles de exiliados. Todas las víctimas y sus familiares han quedado con daños permanentes que se extienden hasta nuestros días. Y sin embargo, sólo existen tres condenas firmes en la actualidad por estos hechos, graves crímenes de lesa humanidad. El principal responsable, Alfredo Stroessner a muerto impune en dorado asilo brasileño, y la gran mayoría de los ex jerarcas en el exterior o en el Paraguay, se han enriquecido y hasta la fecha gozan de sus bienes malhabidos y de la impunidad que este sistema judicial les ha brindado.
Hace 4 días solamente un Tribunal de Apelación le redujo la pena a la mitad al ex jefe de la policía política de Stroessner, período 1956-1966, Ramón Duarte Vera, quien guardaba reclusión atenuada. La razón: la administración de justicia durante la dictadura ha sido un brazo ejecutor más del sistema represivo stronista, y esta misma forma de administrar un poder del estado, ha sobrevivido al 3 de febrero de 1989. Hoy opera con similar metodología, y hasta demuestra más poder, con el agravante que muchos de los ejecutores y torturadores del viejo régimen que creíamos del pasado, integran altos cargos en el poder judicial, la justicia electoral, el consejo de la magistratura.
La dictadura utilizó al poder judicial, y muchos de sus antiguos ejecutores integran y se refugian en los recovecos de este aparato infernal de injusticia hasta la fecha. Esta situación es intolerable y nos obliga a un cambio trascendental de personas y del sistema de justicia en el Paraguay, a la vez que entablar las debidas redes regionales e internacionales de lucha contra la impunidad.
LA TRANSICION 1989-2008
El 3 de febrero de 1989 cayó un dictador, pero no su sistema. Desde 1989 hasta la fecha, 20 años han transcurrido entre avances y retrocesos en diversos ámbitos. Pero en el sistema de justicia, luego de la nueva Constitución de 1992, sólo conocemos de retrocesos y de reimplantación del sistema heredado de la dictadura al que debemos agregar el tráfico de influencias.
La dependencia absoluta de mafias y entornos que comienzan a manejar a los partidos políticos, los que a su vez, terminan manejando desde un secretario fiscal hasta a toda la Corte Suprema de Justicia. Nuevamente el poder judicial termina sirviendo de soporte a un estado de corrupción permanente que ha estancado, e incluso hecho retroceder, el proceso de transición.
En este período apenas salieron tres condenas por los graves delitos de la dictadura, y la gran mayoría de las investigaciones quedaron sin avances, como la causa que investiga la Operación Cóndor, a pesar de contar a resguardo del poder judicial, un importante archivo de inteligencia policial y militar. En este período de transición conservadora se han perpetrado más de 100 casos registrados de asesinatos políticos y desapariciones forzadas en la lucha por la tierra y la lucha social, junto otros posibles otros cientos casos más sin registrar, a manos de sicarios y guardias privados de hacendados o contrabandistas que operan con la adquiescencia de por lo menos una parte del estado.
Menos del tres por ciento de estos casos ha prosperado en el sistema de justicia. En este período se han cometido crímenes sobre jóvenes conscriptos en cuarteles militares con absoluta impunidad. En este período se han cometido varios golpes e intentos de golpes a la institucionalidad del estado y hasta un magnicidio, el del Vicepresidente Luis María Argaña. El sentido de las investigaciones, las condenas y las absoluciones han seguido el ritmo y cadencia de las mafias enquistadas en el poder y del mandamás de turno.
En este período, se han elevado al sistema interamericano diversas denuncias, y luego de la admisibilidad, ya se han logrado las condenas en el caso de los jóvenes asesinados en el Correccional Panchito López y en el caso de la desaparición de cuatro ciudadanos durante la dictadura. El estado se mantiene en falta y con años de atraso.
En ese período se ha denegado justicia por las 400 víctimas de la tragedia del Ycuá Bolaños, cuya causa hoy es archivada. En todos estos casos, el denominador común ha sido y es: la impunidad.
PROPUESTAS PARA EL PRESENTE
A partir del 15 de agosto de 2008, apenas ha cambiado la titularidad del poder ejecutivo, y aún con este enorme cambio no podemos decir que la transición haya terminado, si no cambiamos también el poder judicial en forma sustancial, recuperándola para un efectivo estado de derecho en el Paraguay.
El poder judicial de hoy sigue inmune e inmutable a estos cambios reclamados soberana y mayoritariamente por el pueblo. Hoy este poder judicial pertenece al pasado que todos los paraguayos y paraguayas decidimos cambiar para siempre. El deseo y la oportunidad de cambio instalados a nivel social no están siendo acompañadas con políticas reparatorias y transformadoras desde el estado con la misma fuerza y sentido. Hoy, más que nunca, debemos terminar con la impunidad que perpetúa el estado de injusticia en el Paraguay y cuyo principal responsable está en el poder judicial actual, desde su cúpula hasta la base.
A pesar del trabajo y de las más de 176 recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia, presentadas ante los tres poderes, hoy en el estado paraguayo no hay un instrumento que pueda continuar las actividades, y la prioridad no parece ser la de instalar una política de estado en materia de derechos humanos con carácter transformador y reparador integral. Y la muestra es que las políticas de criminalización preventiva de la lucha social, la estigmatización de las organizaciones sociales y las dirigencias contestatarias, así como el asesinato selectivo a manos de sicarios y guardias privados, se siguen cometiendo hoy en la actualidad, especialmente en áreas rurales y de frontera con especial crudeza, ante la indolencia de las instituciones competentes para contenerlas, hecho que revela que las estructuras judiciales y del ministerio público, las fuerzas represivas policiales y militares, siguen respondiendo a paradigmas y esquemas del pasado, con recetas del gendarme continental.
No obstante, a nivel regional vemos importantes aunque dispares avances en materia de la lucha contra la impunidad y por la instauración democrática de un estado que vele y respete los derechos humanos de todas las generaciones, en forma integral, simultánea y transversal. Por tanto vemos necesario y hasta urgente en principio a nivel nacional y regional, para consolidar los avances y evitar el estancamiento y los retrocesos que es lo mismo:
a) la creación o fortalecimiento de más redes de asistencia y comunicación rápida frente a las fuerzas de reinstalación de la impunidad y el olvido de todos los períodos, del pasado, del pasado reciente y la actualidad, tanto a nivel de estados como de las organizaciones sociales,
b) la profundización del trabajo en los mecanismos integradores que actualmente existen y dotarlos con presencia institucional de los componentes de respeto irrestricto a los derechos humanos, con verdad, justicia, memoria y reparación, con participación vinculante de las organizaciones sociales, en instancias como UNASUR, MERCOSUR, PARLASUR, RAADDHH, etc.,
c) la instalación en las instancias nacionales y de integración la necesidad de contar con instrumentos y procedimientos más cercanos para luchar contra la impunidad del pasado reciente y de la actualidad, como por ejemplo un Tribunal Continental o Regional Penal con competencias amplias en derechos humanos y con carácter extraterritorial, ante la lejanía y recargo de las instancias interamericanas,
d) la instalación de instrumentos de vigilancia y observación regionales competentes en derechos humanos, y especialmente que remueva todos los obstáculos institucionales que derivan en un estado de impunidad, entre otros mecanismos y acciones.
Contra viento y marea, hoy siguen vigentes nuestras históricas banderas: con estado de impunidad sistémica no hay justicia, no hay verdad, no hay reparación, no hay democracia, no hay ni habrá paz. La lucha continuará hasta el juicio y castigo a todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos en dictadura, en transición y en la actualidad, hasta la instalación de un estado social de pleno derecho en una región del mundo libre de impunidad
Asunción del Paraguay, 3 de marzo de 2009.
Federico Tatter.
(Fuente:Rdendh).