5 de marzo de 2009

SAN LUIS: JUICIO A REPRESORES.

El defensor de Juan Carlos Pérez, el policía acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, pidió ayer que "se declare la absolución" y la "declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.779" que declara insanablemente nulas las denominadas leyes de obediencia debida y punto final. Reclamó también que se considerara vigente a esas normas y remarcó que su defendido actuó "en el marco de la obediencia debida, según ley 23.492".
Además solicitó, en subsidio, "que se declare la extinción de la acción penal, por resultar inaplicables los acuerdos internacionales que establecen la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad".
Asimismo dijo que no corresponde la tipificación penal que se le atribuye, al "no constituir un crimen de lesa humanidad, por no haberse acreditado" debidamente ese punto.
Argumentó, entre otros temas, que "al momento de la comisión del delito (el asesinato de Graciela Fiochetti, por el que está imputado) Pérez hacía 15 días que estaba trabajando en el departamento de informaciones.
Había llegado ahí como consecuencia de la gran barrida que había hecho el capitán Pla", en ese momento subjefe de la policía puntana.
En relación a la acusación que pesa sobre Pérez de haber hecho firmar a Graciela Fiochetti un acta de libertad que servía para resguardar a futuro la impunidad, ya que ella misma estampaba su firma por su libertad, cuando en realidad peramanecía secuestrada.
Dijo el abogado: "De que manera podemos afirmar que hacer firmar el acta de Graciela Fiochetti implicaba privación ilegítima de la libertad...
Es una trampa. Soy un tipo coherente y debo admitir que con la firma del acta de libertad se podía contribuir a mantener un estado de privación ilegal de la libertad, una tesis que no comparto, pero que es posible.
En ese caso, debía resolver la imputación al tipo objetivo, porque yo he probado que no necesariamene Juan Carlos Pérez debía saber que justamente con la firma del acta de libertad, que sirve para dar libertad, Graciela Fiochetti deba seguir privada de la libertad". "No es mi deber probarlo, que me lo prueben", remarcó.
TAmbién sostuvo que era "imposible que conociera la existencia de un plan sistemático" para eliminar opositores al régimen. Ironizó diciendo que Pérez llegó allí porque "tenía cuarto grado" y que el jefe de la D2, Víctor Becerra por eso "confió en él", ya que "lo llamaba (el jefe de los dictadores Jorge Rafaél) Videla y le decía: 'mirá, esto es lo que estamos haciendo' ".
Por otro lado señaló que "Juan Carlos Pérez no fue el que dijo que se la pasaba organizando partiditos de fútbol, fue una sanción expresa que le impuso Becerra porque se la pasaba mirando y organizando partidos de fútbol. Veinte días de suspensión le dio (por ese caso) y otros tantos porque lo mandó a custodiar a un detenido, a vigilar a una persona a su casa y estuvo un día parado ahi y el tipo se había ido por la parte de atrás...".
Otro punto que atacó fueron las declaraciones del también ex represor, el fallecido Jorge Hugo Velazquez, a quien desacreditó por su personalidad "esquizo paranoide", con delirios persecutorios y una fuerte carga "vengativa" en sus declaraciones.
Velazquez puso a Pérez en la escena del crimen cuando ultimaron a Fiochetti, también contando en una reunión que a "la flaca" le "había pasado lo que le había pasado porque era dura" y que había visto el momento en que Pla le descerrajaba un tiro en la nuca.
Para Papalardo, Velazquez era "un loquito mentiroso y vengativo" que tenía la manía de "acusar a todos los que él sentía que lo habían perjudicado" y apeló para ello a una serie de hechos que fueron relatados durante los testimonios que se recogieron a lo largo del juicio.
(Fuente:Rdendh-Informe:Gustavo Senn).

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