UNA CAUSA JUDICIAL INVESTIGARA LA CAUSA DE MONTE CHINGOLO.

Lesa Humanidad
El PRT-ERP intentó copar el batallón de Monte Chingolo el 23 de diciembre de 1975.
Buscan determinar los delitos del Ejército durante el copamiento.

Por Rodolfo Yanzón
Abogado de DD.HH.
El 23 de diciembre de 1975 el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) intentó copar el Batallón de Arsenales Domingo Viejobueno, de Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires.
La comisión de familiares de muertos y desaparecidos tomó la decisión de reclamar a la justicia federal una investigación por los crímenes cometidos por el Ejército Argentino.
Acompañados por la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, presentaron una querella criminal contra María Estela Martínez de Perón, Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera, Albano Harguindeguy y Cristino Nicolaides –entre otros–, a quienes se les imputa homicidios, tormentos y privaciones ilegales de la libertad en la modalidad de desaparición forzada de personas.
La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nº 10 de Buenos Aires, a cargo del juez Julián Ercolini. De documentación hallada en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dipba) se desprende que varios integrantes del PRT-ERP habían sido capturados con vida, contradiciendo la versión oficial.
Los crímenes cometidos fueron producto de la infiltración que el Ejército había realizado dentro del ERP para conocer sus movimientos, secuestrar a varios de sus integrantes –Eliseo Ledesma, Juana Insaurralde, María del Valle Santucho, Aída Eleonora Bruschtein, entre otros– y acondicionar las armas para no correr ningún riesgo.
Los atacantes detenidos y desarmados, que debieron haber sido tratados como prisioneros en los términos de las Convenciones de Ginebra, fueron torturados, muertos o desaparecidos.
La infiltración fue llevada a cabo por los servicios de inteligencia del Ejército a través de Carlos Españadero bajo las órdenes del coronel Alberto Valín.
Además de secuestrar a militantes del PRT-ERP, se reacondicionaron las armas que serían utilizadas en el ataque.
El capitán del Ejército Héctor Vergéz narró en un libro de su autoría esta tarea como una “infiltración de inteligencia” que había consistido en retardar la explosión de las granadas para que estallasen en las manos de los guerrilleros y en la inutilización de las armas mediante el limado de sus percutores.
Con el dato del ataque, Harguindeguy impartió órdenes al jefe de operaciones del Batallón 601, mayor Roberto Barzuk, y dispuso la participación de unos seis mil hombres de distintas fuerzas para montar lo que dieron en llamar una ratonera.
La consigna fue debilitar el ataque pero no impedirlo, porque se buscaba el aniquilamiento. Luego del ataque, el Ejército impartió órdenes para ubicar y eliminar a quienes pudieron haber tenido relación con el hecho.
Harguindeguy ordenó concentrar los cadáveres dentro del cuartel y el Comando General del Ejército informó sobre un dispositivo de rastrillaje en los barrios humildes aledaños, para dar así con posibles fugados.
El Comando calificó como “resultados óptimos” el haber arrasado con varias casas y muerto y secuestrado a varios de sus ocupantes.
Informes médicos dieron cuenta que varios de los que figuraban como “muertos en combate” habían sido ejecutados.
La Justicia Militar se había atribuído toda la investigación, orientada a los integrantes del ERP y dar visos de legalidad al accionar de su propia tropa.
Esa versión jamás fue cuestionada por la justicia civil, que sólo actuó para devolver vehículos a sus dueños y entregar cadáveres a los familiares.
Atilio Sosa Liprandi fue el primer juez federal que acató la instrucción militar.
No se hizo ninguna autopsia y la policía bonaerense, a las órdenes de la justicia militar, obtuvo huellas dactilares de las manos previamente seccionadas.
En abril de 1976 el juez federal Héctor Adamo preguntó al I Cuerpo de Ejército si existían elementos de juicio para “determinar responsabilidad penal por parte de civiles cuyo juzgamiento corresponda a este fuero federal” y el 19 del mismo mes el juez militar, coronel Jorge Covacivich, informó que no existían ni detenidos ni elementos para determinar responsabilidades penales. Como consecuencia, el fiscal federal Argentino Huwler pidió el sobreseimiento y el 20 de julio de 1976 el juez federal acordó con él cerrando la causa federal.
Muertos y desaparecidos.
En el expediente militar se había asentado la existencia de personas detenidas con vida, pero las actuaciones desaparecieron misteriosamente.
En 2008 los familiares solicitaron a la ministra de Defensa, Nilda Garré, ubicar las actuaciones y, luego del reclamo formal realizado por Garré a sus subalternos, el general Bendini informó el 28 de mayo de 2008 que no existían constancias dentro del Ejército.
El encubrimiento llegaba así a su etapa cúlmine, desconociéndose la autoridad constitucional.Los cuerpos de los muertos fueron enterrados en el cementerio de Avellaneda y trece personas aún continúan en calidad de desaparecidas.
Pocos años atrás el Equipo Argentino de Antropología Forense cotejó las huellas dactilares extraídas por la bonaerense con las obrantes en el Registro Nacional de las Personas y en agosto de 2006 se exhumaron los cuerpos para continuar las tareas de identificación.
La metodología del caso de Monte Chingolo fue luego una constante durante la dictadura: perseguir y eliminar a los opositores y refrendar lo realizado por el poder militar.
Para cumplir esos objetivos el Poder Judicial no cuestionó las vías escogidas y sus miembros se doblegaron ante los requerimientos militares.
Las violaciones a los derechos humanos allí cometidas jamás fueron investigadas. Una justicia federal complaciente ante la tortura, la muerte y la desaparición.
La planificación de los crímenes y su posterior encubrimiento deben investigarse en el I Cuerpo de Ejército y en los órganos de la Justicia militar y de los puestos superiores del Ejército, que montaron el ocultamiento sobre el destino de las víctimas y el encubrimiento de los crímenes. Es lo que la Cámara Federal de Buenos Aires debe decidir en estos días y demostrar si aún sigue habiendo sojuzgamiento a las instituciones armadas.
(Fuente:Rdendh).