Baronetto rechaza que su denuncia fuese para obstruir las causas. Foto: LaVoz“Se ha dado un paso importante para desterrar la impunidad en el seno del Poder Judicial cordobés, en este caso al calificar al magistrado Carlos Otero Álvarez, como ‘colaboracionista con los delitos de lesa humanidad’”.
La frase pertenece a Luis Miguel Baronetto, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba. Es un capítulo más en la avanzada que fogonea desde hace tiempo contra Otero Álvarez, quien, jaqueado por la denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, optó por presentar la renuncia al cargo.
Sin embargo, la grave acusación de Baronetto contra el renunciante vocal del Tribunal Oral Federal N° 1 (“por connivencia con el terrorismo de Estado”) abrió una controversia con otros exponentes de entidades de derechos humanos de Córdoba, que le atribuyen responsabilidad por “dilatar” el próximo juicio a Luciano Benjamín Menéndez y a otros imputados.
De hecho, la caída en desgracia de Otero Álvarez, sumada a la recusación que pesa sobre el propio titular del Tribunal, José Vicente Muscará, ha dejado en veremos el arranque del juicio.
Baronetto recuerda en su defensa que el magistrado en cuestión ya había sido recusado en 2008 –ante del comienzo del juicio que terminó con la condena de Menéndez y otros represores– por los abogados de Hijos, Martín Fresneda y Claudio Orosz.
“Mal puede argumentarse ahora que mi denuncia haya sido hecha para obstruir el próximo juicio”, plantea Baronetto, y apunta que aquel proceso se cumplió y los acusados en el banquillo terminaron condenados.
Baronetto fue detenido por la dictadura en 1976 junto a su esposa, Marta Juana González, quien fue asesinada en los fusilamientos de la Unidad Penitenciaria de barrio San Martín (UP1). Con todo, el dirigente precisó que “hay enfoques distintos, pero no una confrontación” con las entidades de derechos humanos.
Además, destacó la participación que tuvo como testigo en la causa que ventila contra Otero Álvarez, el ministro de Justicia de la Provincia, Luis Angulo. En medio de esta polémica, Baronetto recibió espaldarazos de sectores de relevancia, como el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Sonia Torres (Abuelas), y de la Conadep, en la persona de Rubén Arroyo, entre otros.
La polémica, servida.
“Se genera un discusión viciosa, pero en realidad nosotros no desconocemos a nadie. Hay distintas visiones sobre qué es lo que hay que hacer, pero nada más”, trató de poner paños fríos Orosz, en diálogo con la La Voz del Interior .
Admitió que “hay diferencias” con otros sectores querellantes (aunque no la mencionan, también con María Elba Martínez, del Serpaj), pero aclara: “Nunca dejamos de decir que el terrorismo de Estado no podría haber existido sin complicidad eclesiástica, empresarial, periodística y judicial”. Aunque recordó que cuando hicieron la recusación a Otero sabían que se hacía “con pruebas escasas” y que si el planteo era rechazado (como ocurrió) “era inapelable”.
“Vamos a recusar con pruebas. No vamos a recusar si no tenemos elementos que nos permitan garantizarnos determinada situación”, apuntó Orosz.
Su colega Martín Fresneda interpretó que, si bien Otero Álvarez es un “magistrado por muchos años cuestionado”, ellos habían decidido dar “legitimidad” al Tribunal Oral N° 1 aun antes que el vocal dimitiera.
“Nosotros con Baronetto tenemos diferencias, pero, ¿por qué no podemos convivir con esas diferencias? Lo hemos dicho siempre, si hay responsabilidad del Poder Judicial lo debe determinar un fiscal. No se puede ir a una cacería de brujas. Ese Tribunal a nosotros nos sirvió. Juzgó y condenó”, afirmó
Desde la agrupación Hijos, Agustín Di Toffino indicó que “es sano tener diferencias”, por las desavenencias con Baronetto, pero manifestó que “las estrategias en torno de la construcción de justicia deben ser sostenida en un marco de construcción colectiva y no de saltos individuales”.
D´Ambra: No se puede impugnar sin pruebas
Emi D Ambra considera que estas impugnaciones hacen perder tiempo en los juicios a represores. Foto: José Gabriel Hernández
Emi D’Ambra es una de las más respetadas exponentes de los organismos de derechos humanos desde su militancia en Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba.
Sobre la controversia con Luis Baronetto en relación a la avanzada sobre el renunciante vocal Carlos Otero Álvarez, y a la posibilidad de que ello frene los juicios a represores, la dirigente admite que “hubo cómplices” de la Justicia con la dictadura militar.
No obstante, considera que “impugnar a un magistrado y no tener las pruebas contundentes para que vaya preso por lo menos, nos parece un tiempo perdido”.
“Queremos los juicios, aunque sea con jueces que se podrán recusar, pero con pruebas que tienen que ser contundentes, si no, no vale la pena. Se han perdido 33 años y queremos justicia ya”, reclama la dirigente.
El pasado.
“Sabemos que la mayoría de los jueces que hoy están trabajando fueron nombrados antes o durante la dictadura y sabemos cuál ha sido su actuación”, comentó y recordó que los organismos acompañaron en 2008 la recusación a Otero.
“Baronetto no es un enemigo; es un compañero de trecho y hace 30 años que venimos caminado esta ruta y él ha estado con nosotros. Puede haber diferencias de estrategias pero nunca una enemistad.
Él es una víctima igual que yo, que tengo dos hijos desaparecidos. Podemos tener diferencias de obrar, pero nunca estamos en la vereda de enfrente”, sostuvo D’Ambra.
Más allá de los elogios al director de Derechos Humanos de la Municipalidad, entendió que “tal vez el momento no haya sido el oportuno”, en alusión a la denuncia al vocal del Tribunal Oral, lo que apuró su renuncia.
(Fuente:Rdendh-Lavoz).
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