CÓRDOBA: EXIGEN FECHA AL INICIO DE LOS JUICIOS.

Juicio a los genocidas Ya

Militantes y abogados de derechos humanos, junto a familiares de víctimas del Terrorismo de Estado; dirigentes sociales, sindicales y políticos, se reunieron para exigir el inicio de los juicios por crímenes de lesa humanidad que aún no fue fijada por la justicia. Asimismo, se solidarizaron con Luis Miguel Baronetto quien recusó al Juez Otero Alvarez por complicidad con la dictadura.

La reunión de prensa comenzó a las 10 y contó con la presencia de abogados de derechos humanos, familiares e hijos de víctimas del terrorismo de Estado, dirigentes sociales,sindicales y políticos. No estuvo presente Luis Miguel Baronetto, quien se trasladó a La Rioja para realizar diligencias relacionadas con la causa del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, cuyo cadáver se exhumaba hoy, y de la que es querellante.

La convocatoria fue realizada para aclarar dos cuestiones. Por un lado, exigir que los juicios por violaciones a los derechos humanos tengan fecha concreta de inicio. Y por otro, apoyar al dirigente y militante sindical y de derechos humanos, Luis Baronetto, quien fuera atacado mediáticamente de retrasar el inicio de los juicios por haber recusado al Juez Otero Álvarez. Los presentes consideran que la trayectoria de Baronetto está fuera de toda discución. Un documento sucinto expresa lo enunciado.

"Ante declaraciones que abonan a la confusión generalizada respecto a la situación jurídico- procesal de los juicios por violaciones a los derechos humanos en nuestra provincia y los agravios hacia el compañero Luis Miguel Baronetto, nos vemos en la obligación de aclarar y fijar posicionamiento sobre estas cuestiones:

Sobre el retraso de los juicios:

-Debe tenerse en cuenta que no puede suspenderse un juicio que no tiene fecha de inicio. El mismo tribunal no ha fijado fecha alguna. Así lo ha informado el actual Presidente del Tribunal Oral Nº1, José Muscará al Consejo de la Magistratura el pasado 31 de marzo.

-El eventual retraso del juicio en ciernes no es consecuencia de la denuncia de Baronetto presentada hace un año en el Consejo de la Magistratura contra el juez Otero Álvarez por complicidad con la dictadura, sino producto de las estrategias dilatorias de funcionarios judiciales que actúan corporativamente.

-Además, existen mecanismos procesales (Ley Nº 26.376) para el reemplazo de jueces en pocos días, con jueces subrogantes y conjueces. (Fue entregada a la prensa una copia del acta-acuerdo firmada por Jaime Diaz Gavier, Carlos Otero Álvarez y José V. Muscará donde se designan los conjueces para el año 2009).

El texto afirma además que "los militares y policías fueron el brazo ejecutor del Terrorismo de Estado" y subraya que "para poner en funcionamiento la maquinaria criminal fue indispensable la complicidad y la colaboración de personas e instituciones de la sociedad, entre la que se destacaron por su importancia las instancias judiciales. Ninguna dictadura militar se ha podido sostener en el tiempo, sin la complicidad de las instituciones que componen la sociedad: el poder económico, la iglesia, medios de comunicación y el poder judicial".

El documento finaliza con el reclamo de justicia y exige además "la urgente conformación de Tribunales idóneos, ética y moralmente, para la impostergable realización de los Juicios a los genocidas".

Adhieren al comunicado: militantes, funcionarios y dirigentes sindicales, sociales, políticos y de derechos humanos: CTA, Centro Tiempo Latinoamericano, miembros de la Conadep Córdoba, bancarios transferidos, ex-presos políticos, familiares de desaparecidos, hijos y familiares de fusilados de la UP1, abogados querellantes en causas de derechos humanos , Sonia Torres, Juan Carlos Giuliani (CTA- Nacional), Víctor De Genaro (CTA- Nacional), Guido Dreizik (CISPREN-CTA), Oscar Mengarelli (CTA-Córdoba), Roberto Bardach (CTA- Córdoba), Carlos Vicente (Vice intendente de la ciudad de Córdoba.), Raúl Sánchez (Secretario de Derechos Humanos de la Pcia. de Córdoba), Norma Morandini (Diputada Nacional), Mónica Gutierrez (ANSES), Sergio Cornatosky (UEPC) , Carlos Orzaocoa, Sergio Ortiz (Partido de Liberación), Marysel Segovia (Casa del Liberado), Jesús Chirino (CTA Villa María), Federico Laje, Hugo Perez Navarro (Río Cuarto), José María Budassi (Sec DDHH- Suteba y CTA, San Nicolas), Grupo Juan XXIII, P. Rafael Velasco (Universidad Católica de Córdoba), Grupo Junin de Pergamino, Ernesto Ponsati, María Elena Mercado, Luis Reinaudi, Waquin, Carlos Eduardo, Gerardo Batistori, María Elba Martínez (SERPAJ), Hugo Vaca Narvaja (SERPAJ), Dpto de Discapacidad de la CTA, Concejal Marta Juárez (Libres del Sur- Comisión DDHH Concejo Deliberante), Miguel Apontes (Frente Político Territorial Evita), Ezequiel Gamarro (Movimientos Barrio de Pie), Fernando Cortéz (Mov. Libres del Sur- Reg. Córdoba), Armando Fernández (Partido Nuevo), Daniel A. López (Revista La Esquina), Gustavo Gómez (Centro Tiempo Latinoamericano), Hugo Mamani (Centro Tiempo Latinoamericano), Partido Comunista, entre otros.

Los pecados de Vitín
La demonizada pelea de Luis Miguel “Vitín” Baronetto contra la corporación judicial desnuda las limitaciones que el poder impone a una genuina reivindicación de los derechos humanos.
Por Alexis Oliva

El pecado que no se le perdona a Luis Miguel Baronetto es haber arremetido contra dos estamentos de poder que fueron indispensables cómplices de la dictadura y que permanecen casi intocables: la Justicia y la Iglesia.

En el primer caso, osando acusar de colaborar activamente con los asesinos de uniforme a un miembro del Poder Judicial, tan luego a uno de los jueces que “levantaron el aplazo” y le “lavaron la cara” a la señora (no siempre) ciega, al mandar a la cárcel a Luciano Benjamín Menéndez. Así entendida, a pesar de ser producto genuino de la larga y consecuente lucha de los organismos y muchos militantes de derechos humanos, sindicales, políticos y sociales, la condena al genocida sirvió también para que la cofradía judicial intentara blanquearse ante la opinión pública por su lamentable actuación en tiempos del terrorismo de Estado.

En ese contexto, la recusación de Baronetto a Carlos Otero Alvarez es un acto de coraje y dignidad, que se fundamenta en diversos hechos y pruebas, sobre todo por su actuación junto al juez Adolfo Zamboni Ledesma en torno a los fusilamientos clandestinos de 28 presos políticos de la cárcel de barrio San Martín en 1976, entre ellos Marta Juana González, la esposa del denunciante. Y es sobre todo una cuestión de principios que -aunque hoy no coticen en bolsa- pesan mucho más que cualquier otra consideración estratégica o pragmática.

En el segundo caso, al rescatar en una documentada y reveladora biografía -y en cuanta ocasión tuvo y tendrá- a Enrique Angelelli, el obispo asesinado durante la dictadura, una figura que interpela al silencio encubridor y el aval ideológico que la Iglesia Católica prodigó a las Fuerzas Armadas, otro tema tabú para el estabilshment político y mediático actual.

A tal punto que Baronetto, como investigador y protagonista de esa historia (fue seminarista tercermundista entre los años 60 y 70), ha sido en Córdoba una de las principales fuentes de la vasta investigación que lleva adelante Horacio Verbitsky sobre el rol cómplice de la Iglesia con los gobiernos militares del siglo XX, alianza que tuvo en esta ciudad un escenario clave.

En tiempos en que el poder intenta conformarnos con algunos militares represores encarcelados, mientras se disocian los derechos humanos del ayer con los de hoy, no son muchos los que, como Baronetto, se atreven a recordarnos que “la tarea de exterminio llevada a cabo por las fuerzas de la represión no hubiera sido posible sin la activa colaboración empresarial, clerical, política y judicial, que vieron beneficiados sus intereses a costa de las políticas neoliberales de hambre, miseria y exclusión social para los trabajadores y las mayorías populares que las padecieron en carne propia”.

Por eso, seguramente también se le condena que jamás haya renegado de su militancia revolucionaria, que no adhiera a la teoría de “los dos demonios”, que a pesar de la tortura y los años de cárcel haya continuado la lucha como militante sindical bancario, en el Centro Tiempo Latinoamericano y en la Central de Trabajadores de la Argentina.

El ser “funcionario” (como ahora insólitamente se le reprocha) es una responsabilidad más, consecuente con toda esa historia de lucha, una para nada liviana mochila adicional en su bregar por los derechos humanos desde una visión integral, que actualiza el proyecto de país sin pobres ni ricos por el que lucharon aquellos que ofrecieron sus vidas o años de sus vidas por esa causa.

No es por placebos simbólicos ni por laureles individuales que pelea un tipo como Vitín. Pelea por una sociedad más justa, para que por las calles no caminen los genocidas impunes pero tampoco trajinen los chicos hambrientos. ¿Ese es su imperdonable pecado?

texto con las definiciones de Luis Baronetto
EN HONOR A LA VERDAD, LA MEMORIA Y LA JUSTICIA

1- Se ha dado un paso importante para desterrar la impunidad en el seno del poder judicial cordobés, en este caso al calificar al magistrado Carlos Otero Álvarez, como “colaboracionista con los delitos de lesa humanidad”, en el único dictamen sujeto a votación en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Sin embargo el juez ha presentado la renuncia al 31 de julio, lo que significa que – si no se buscan otros subterfugios – existe tiempo suficiente para el próximo juicio, que sospechosamente todavía no tiene fecha de inicio.

2- EN HONOR A LA VERDAD, mi denuncia administrativa al Juez Carlos Otero Álvarez por connivencia con el terrorismo de estado fue realizada hace un año atrás (el 14 de abril de 2008) ante el Consejo de la Magistratura, después de la recusación judicial contra este mismo Juez que presentaron los abogados Martín Fresneda y Claudio Orosz, de H.I.J.O.S. Mal puede argumentarse ahora que haya sido hecha para obstruir el próximo juicio a los genocidas. Pero hace un año también se criticó mi denuncia porque obstruiría el juicio Brandalisis, caratulado “Menéndez, Luciano Benjamín y otros, homicidio agravado, etc..”. La realidad sin embargo demostró la equivocación: el juicio se hizo y los genocidas están condenados. ¿Por qué tanto interés ahora en la crítica pública?

3- En honor a la verdad, no es verdad que se haya suspendido ningún juicio. Porque no puede suspenderse un juicio que no tiene fecha de inicio, tal como lo ha informado el actual Presidente del Tribunal Oral 1 Dr. José Muscará al Consejo de la Magistratura el pasado 31 de marzo/09. (Se adjunta copia del informe oficial). Si no hay juicio es porque el mismo tribunal no ha fijado fecha alguna. ¿A la espera de nuevas recusaciones?

4- En honor a la verdad, cualquier ciudadano sabe que existen mecanismos procesales para reemplazar un juez en pocos días: por fallecimiento, por enfermedad, por inhibición, por recusación. Para eso existen los jueces subrogantes y los conjueces. (Se adjunta copia del acta-acuerdo firmada por Jaime Diaz Gavier, Carlos Otero Álvarez y José V. Muscará donde se designan los conjueces para el año 2009).

5- EN HONOR A LA JUSTICIA, ninguna de estas dificultades existirían si el poder judicial hubiese depurado sus filas y se hubiesen cubierto las vacantes, posibilitando mayor credibilidad de la ciudadanía y apostando al fortalecimiento y mejor calidad institucional. Una resolución judicial aunque siempre sea legal nunca tendrá calidad ética si está suscripta por un magistrado que por aquella connivencia con los genocidas debiera haberse apartado, como lo han hecho prudentemente otros.

6- En honor a la justicia, sólo con tribunales renovados y funcionarios judiciales transparentes se podrán acelerar los juicios, sin los riesgos de las demoras que ocasionan las tramas de complicidades de la corporación judicial. Por eso debe reclamarse la urgente constitución de tribunales habilitados legal y moralmente para no retrasar los juicios que exigimos desde que apenas sufrimos la desaparición y el asesinato de nuestros compañeros y familiares, hace más de treinta años, a la misma justicia que ya entonces integraba Carlos Otero Álvarez, manteniéndose siempre en el silencio cómplice.

7- EN HONOR A LA MEMORIA de nuestros muertos y desaparecidos, no queremos una justicia sospechada ni funcionarios que con su firma son responsables del encubrimiento de crímenes de lesa humanidad. Que la legalidad jurídica esté sustentada en la legitimidad ética.

8- En honor a la memoria, nuestros muertos y desaparecidos que lucharon por una sociedad más justa y equitativa, se merecen instituciones creíbles, con funcionarios y militantes que no apañen a los cómplices probados del terrorismo de estado.

9- EN HONOR A LA JUSTICIA Y A LA MEMORIA, la verdad es que miembros destacados de la justicia federal cordobesa que por muchos años han apañado la impunidad, - haciendo gala de su tradicional actitud corporativa, - apelan a nuevas excusas para dilatar los juicios a los genocidas que han postergado indefinidamente. En el caso del Juez Otero Álvarez defendiéndolo para que pueda lavarse la cara actuando hoy como juez de la misma Constitución que ayer subordinó al estatuto y “leyes” del terrorismo de estado. Y en otros, con sobreseimientos por prescripción de la acción penal en causas judiciales que se tramitan en el Juzgado Federal Nª 2, donde están imputados ex - funcionarios judiciales y el mismo Otero Álvarez, hoy en apelación concedida.

10- EN HONOR A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LA MEMORIA, agradezco la solidaridad expresada hasta este momento por militantes, funcionarios y dirigentes sindicales, sociales, políticos y de derechos humanos, como la CTA, Centro Tiempo Latinoamericano, Sonia Torres, Dr. Raúl Sánchez, Juan Carlos Giuliani, miembros de la Conadep Córdoba, ex-presos políticos, familiares de desaparecidos, hijos y familiares de fusilados de la UP1, abogados querellantes en causas de derechos humanos y tantos y tantas otros y otras con quienes compartimos luchas y proyectos.

SIN DILACIONES ARTERAS, JUICIO Y CONDENA YA, EN CÁRCEL COMÚN, A LOS GENOCIDAS !

Luis Miguel Baronetto
Director de Derechos Humanos
Municipalidad de Córdoba

(Fuente:Rdendh-Prensared).