Los camaristas Luis García y Guillermo Yacobucci, que ordenaron la liberación de una veintena de represores, serán investigados penalmente. Están acusados de prevaricato, es decir, dictar fallos contrarios a derecho.
El fiscal Guillermo Marijuán avaló una denuncia de los abogados Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón.
Dos camaristas de la Cámara de Casación que dieron su aval para excarcelar a cerca de veinte represores procesados por su actuación en la ESMA serán investigados penalmente. Así lo definió el fiscal Guillermo Marijuán, al dar impulso a una denuncia presentada por abogados de organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención. Los jueces denunciados, Luis García y Guillermo Yacobucci, deberán responder por prevaricato, la figura prevista para el dictado de fallos contrarios a derecho.
García y Yacobucci, como jueces subrogantes de la Sala II de Casación, concedieron en diciembre la excarcelación de Jorge “el Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Francisco Cardo y Raúl Jorge González, entre otros imputados. En el fallo, los dos camaristas concedieron este beneficio a los procesados, por considerar que estuvieron presos sin condena más tiempo del razonable. Los represores, de todas formas, no llegaron a ser liberados porque el fiscal Raúl Plee apeló y frenó la medida.
La ley prevé que un imputado puede estar preso dos años sin condena, más un tercer año en carácter de prórroga, aunque en caso de que jueces y fiscales lo consideren necesario, por el peligro de fuga o de obstaculizar la investigación, es posible que se dispongan plazos de prisión extraordinarios.
El eje de la denuncia penal contra García y Yacobucci es que dos de los represores, Cardo y González, fueron beneficiados con el fallo de excarcelación, aunque llevaban con prisión preventiva sólo dos años y medio, es decir que no habían superado los tres años establecidos como máximo en la ley. La demanda fue presentada por un grupos de abogados encabezados por María Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, y las sobrevivientes Delia Barrera y Graciela Daleo.
La causa quedó radicada en el juzgado de Claudio Bonadío quien, tras recibir el dictamen de Marijuán, ordenó las primeras medidas, solicitando las resoluciones cuestionadas y los votos de los jueces.
El juicio oral por la causa ESMA comenzará el 6 de octubre, con dieciocho procesados entre los cuales están Alfredo Astiz y el Tigre Acosta. En cambio, Francisco Cardo y Raúl Jorge González, los dos acusados por cuyas excarcelaciones se abrió la investigación de prevaricato contra los camaristas, no serán juzgados en este primer tramo. El abogado Rodolfo Yanzón señaló que es probable que se agreguen en unos meses; “el juicio oral comenzaría con la prueba sobre ciento veinte casos, y a medida que vaya avanzando esperamos que se incorporen al juicio otros tramos de la investigación, por lo que creemos que de acá a un año Cardo y González pueden ser llevados al juicio oral”.
Contra los dos camaristas también se tramita una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, el organismo que puede decidir el cese de su subrogancia. El caso fue llevando ante el Consejo también por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, quien incluyó en su denuncia a otros jueces de Casación por hechos similares.
La Cámara de Casación Penal ha sido objeto de numerosas denuncias por las demoras en los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. De hecho, el expediente ESMA estuvo cuatro años paralizado en Casación cuando la presidía Alfredo Bisordi, quien renunció al tribunal y se convirtió en abogado defensor de represores.
PEDIDO DE CASACION POR LOS JUICIOS A REPRESORES
Para espabilar a Sus Señorías
Dos semanas después de reasignar los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que hacían cola en el Tribunal Oral Federal 5, un plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió solicitar a los cuatro tribunales orales porteños que recibieron las causas que informen en no más de veinte días la fecha probable de inicio de las audiencias. El pedido apunta a “asumir la responsabilidad funcional de tratar de acelerar los juicios seguidos por violaciones a los derechos humanos”. Casación también resolvió dejar sin efecto su decisión de incorporar en el TOF-4 –que juzga la tragedia del avión de LAPA– al juez federal de Tierra del Fuego, Roberto Spratt, en reemplazo del subrogante Jorge Gorini, que continuará en el cargo.
A más de un lustro de la reapertura de las causas, el único represor condenado por su actuación en la órbita del Primer Cuerpo es el policía Julio Simón, alias Turco Julián, que además tiene sentencia firme de la Corte Suprema. En marzo, el TOF-5 comenzó a juzgar al general Jorge Olivera Róvere y semanas después se sumaron cuatro ex jefes de áreas militares porteños. De no surgir imprevistos, como la remoción de algún miembro del tribunal (ver aparte), el juicio concluirá en septiembre. El 6 de octubre está previsto el comienzo del proceso más importante desde el Juicio a las Juntas, con más de trescientos testigos y 18 represores de la ESMA en el banquillo, incluidos Alfredo Astiz y Jorge Acosta.
Justamente para evitar que el comienzo de los procesos a imputados que operaron en el Primer Cuerpo se postergara hasta 2010, y por recomendación de la Unidad Fiscal de Coordinación de causas relacionadas con el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, los jueces de Casación se reunieron el 31 de marzo en acuerdo extraordinario “de urgencia” y ordenaron la reasignación de las causas en el resto de los tribunales federales porteños:
- La investigación por secuestros y torturas en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo quedó a cargo del TOF-2.
- Al TOF-3, actualmente al frente del juicio por los sobornos en IBM-Banco Nación, se envió la causa “Hospital Posadas”.
- La causa por los crímenes cometidos en el centro clandestino Vesubio, elevada parcialmente en julio pasado, fue encomendada al TOF-4.
- Y al TOF-6, que ya condenó al agente chileno Enrique Arancibia Clavel y la semana próxima dictará sentencia en el juicio al gendarme apropiador Víctor Enrique Rei, le asignó la causa por violaciones a los derechos humanos en La Pampa, que también formaba parte del comando de cuerpo a cargo del fallecido general Carlos Guillermo Suárez Mason.
Pedido de juicio político
La Asociación Madres de Plaza de Mayo pidió ante el Consejo de la Magistratura la remoción y juicio político de los miembros del Tribunal Oral Federal 5, por considerar que les negaron el derecho de presentarse como querellantes en el juicio de la ESMA. La presentación de Hebe de Bonafini y su abogado Eduardo Barcesat imputa a los jueces “mal desempeño en sus funciones”. “La Asociación acusa a los represores en función de la figura de genocidio. Otros querellantes que representan a víctimas optan por estrategias distintas, como acogerse a la doctrina de la Corte Suprema de calificar como crímenes de lesa humanidad, y otros acusan por el Código Penal”, explicó Barcesat. Bonafini dijo que existe una negativa a hablar de genocidio porque “tienen mucho compromiso con la dictadura” y “por eso pedimos que los destituyan, más allá de que no queremos abogados de otros organismos”.
(Fuente:Rdendh-Pagina12).
El fiscal Guillermo Marijuán avaló una denuncia de los abogados Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón.Dos camaristas de la Cámara de Casación que dieron su aval para excarcelar a cerca de veinte represores procesados por su actuación en la ESMA serán investigados penalmente. Así lo definió el fiscal Guillermo Marijuán, al dar impulso a una denuncia presentada por abogados de organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención. Los jueces denunciados, Luis García y Guillermo Yacobucci, deberán responder por prevaricato, la figura prevista para el dictado de fallos contrarios a derecho.
García y Yacobucci, como jueces subrogantes de la Sala II de Casación, concedieron en diciembre la excarcelación de Jorge “el Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Francisco Cardo y Raúl Jorge González, entre otros imputados. En el fallo, los dos camaristas concedieron este beneficio a los procesados, por considerar que estuvieron presos sin condena más tiempo del razonable. Los represores, de todas formas, no llegaron a ser liberados porque el fiscal Raúl Plee apeló y frenó la medida.
La ley prevé que un imputado puede estar preso dos años sin condena, más un tercer año en carácter de prórroga, aunque en caso de que jueces y fiscales lo consideren necesario, por el peligro de fuga o de obstaculizar la investigación, es posible que se dispongan plazos de prisión extraordinarios.
El eje de la denuncia penal contra García y Yacobucci es que dos de los represores, Cardo y González, fueron beneficiados con el fallo de excarcelación, aunque llevaban con prisión preventiva sólo dos años y medio, es decir que no habían superado los tres años establecidos como máximo en la ley. La demanda fue presentada por un grupos de abogados encabezados por María Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, y las sobrevivientes Delia Barrera y Graciela Daleo.
La causa quedó radicada en el juzgado de Claudio Bonadío quien, tras recibir el dictamen de Marijuán, ordenó las primeras medidas, solicitando las resoluciones cuestionadas y los votos de los jueces.
El juicio oral por la causa ESMA comenzará el 6 de octubre, con dieciocho procesados entre los cuales están Alfredo Astiz y el Tigre Acosta. En cambio, Francisco Cardo y Raúl Jorge González, los dos acusados por cuyas excarcelaciones se abrió la investigación de prevaricato contra los camaristas, no serán juzgados en este primer tramo. El abogado Rodolfo Yanzón señaló que es probable que se agreguen en unos meses; “el juicio oral comenzaría con la prueba sobre ciento veinte casos, y a medida que vaya avanzando esperamos que se incorporen al juicio otros tramos de la investigación, por lo que creemos que de acá a un año Cardo y González pueden ser llevados al juicio oral”.
Contra los dos camaristas también se tramita una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, el organismo que puede decidir el cese de su subrogancia. El caso fue llevando ante el Consejo también por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, quien incluyó en su denuncia a otros jueces de Casación por hechos similares.
La Cámara de Casación Penal ha sido objeto de numerosas denuncias por las demoras en los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. De hecho, el expediente ESMA estuvo cuatro años paralizado en Casación cuando la presidía Alfredo Bisordi, quien renunció al tribunal y se convirtió en abogado defensor de represores.
PEDIDO DE CASACION POR LOS JUICIOS A REPRESORES
Para espabilar a Sus Señorías
Dos semanas después de reasignar los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que hacían cola en el Tribunal Oral Federal 5, un plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió solicitar a los cuatro tribunales orales porteños que recibieron las causas que informen en no más de veinte días la fecha probable de inicio de las audiencias. El pedido apunta a “asumir la responsabilidad funcional de tratar de acelerar los juicios seguidos por violaciones a los derechos humanos”. Casación también resolvió dejar sin efecto su decisión de incorporar en el TOF-4 –que juzga la tragedia del avión de LAPA– al juez federal de Tierra del Fuego, Roberto Spratt, en reemplazo del subrogante Jorge Gorini, que continuará en el cargo.
A más de un lustro de la reapertura de las causas, el único represor condenado por su actuación en la órbita del Primer Cuerpo es el policía Julio Simón, alias Turco Julián, que además tiene sentencia firme de la Corte Suprema. En marzo, el TOF-5 comenzó a juzgar al general Jorge Olivera Róvere y semanas después se sumaron cuatro ex jefes de áreas militares porteños. De no surgir imprevistos, como la remoción de algún miembro del tribunal (ver aparte), el juicio concluirá en septiembre. El 6 de octubre está previsto el comienzo del proceso más importante desde el Juicio a las Juntas, con más de trescientos testigos y 18 represores de la ESMA en el banquillo, incluidos Alfredo Astiz y Jorge Acosta.
Justamente para evitar que el comienzo de los procesos a imputados que operaron en el Primer Cuerpo se postergara hasta 2010, y por recomendación de la Unidad Fiscal de Coordinación de causas relacionadas con el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, los jueces de Casación se reunieron el 31 de marzo en acuerdo extraordinario “de urgencia” y ordenaron la reasignación de las causas en el resto de los tribunales federales porteños:
- La investigación por secuestros y torturas en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo quedó a cargo del TOF-2.
- Al TOF-3, actualmente al frente del juicio por los sobornos en IBM-Banco Nación, se envió la causa “Hospital Posadas”.
- La causa por los crímenes cometidos en el centro clandestino Vesubio, elevada parcialmente en julio pasado, fue encomendada al TOF-4.
- Y al TOF-6, que ya condenó al agente chileno Enrique Arancibia Clavel y la semana próxima dictará sentencia en el juicio al gendarme apropiador Víctor Enrique Rei, le asignó la causa por violaciones a los derechos humanos en La Pampa, que también formaba parte del comando de cuerpo a cargo del fallecido general Carlos Guillermo Suárez Mason.
Pedido de juicio político
La Asociación Madres de Plaza de Mayo pidió ante el Consejo de la Magistratura la remoción y juicio político de los miembros del Tribunal Oral Federal 5, por considerar que les negaron el derecho de presentarse como querellantes en el juicio de la ESMA. La presentación de Hebe de Bonafini y su abogado Eduardo Barcesat imputa a los jueces “mal desempeño en sus funciones”. “La Asociación acusa a los represores en función de la figura de genocidio. Otros querellantes que representan a víctimas optan por estrategias distintas, como acogerse a la doctrina de la Corte Suprema de calificar como crímenes de lesa humanidad, y otros acusan por el Código Penal”, explicó Barcesat. Bonafini dijo que existe una negativa a hablar de genocidio porque “tienen mucho compromiso con la dictadura” y “por eso pedimos que los destituyan, más allá de que no queremos abogados de otros organismos”.
(Fuente:Rdendh-Pagina12).
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