Por Adriana Meyer
El represor Héctor Febres apareció muerto en su celda VIP, en diciembre de 2007, envenenado con cianuro.El represor Héctor Febres no tenía una personalidad proclive al suicidio. Así lo determinó el Cuerpo Médico Forense en las conclusiones de la “autopsia psicológica” que había solicitado la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para determinar si el prefecto, que estaba siendo juzgado y apareció muerto en su celda en diciembre de 2007 envenenado con cianuro, pudo haber atentado contra su vida. Hace un año la Cámara de San Martín consideró que no había elementos suficientes para establecer que Febres fue asesinado, aunque tampoco para afirmar que se suicidó, y ordenó liberar a los prefectos que la jueza había acusado de estar involucrados en el homicidio. Sin embargo, desde ese momento Arroyo Salgado decidió continuar con su hipótesis de que el represor fue silenciado para evitar que involucrara a otros y que aportara datos cuando le tocara hablar en el juicio. Por eso buscó profundizar la investigación con elementos que apuntan al asesinato, y encontró varios. Además del resultado de la autopsia psicológica, volvió a declarar el médico de Febres, Víctor Hugo Giuliani, que refirió que su paciente le dijo que “iba a decir todo lo que sabía en el juicio, que su declaración iba a comprometer a más de uno”.
Giuliani declaró por segunda vez en el expediente, y dijo que quince días antes de su muerte lo empezó a ver “más ansioso”, que le mostró “un cuaderno grande y le dijo ‘en esta carpeta está lo que voy a decir en el juicio, me va a servir para despegarme a mí, va a ser una bomba’”. Al parecer, el prefecto guardaba con celo la carpeta, al punto que cuando Giuliani se la pidió para verla se negó a mostrársela. “Cuando Febres me mencionó esa carpeta le pregunté: ‘Gordo, ¿por qué no deslindás tu responsabilidad, cómo puede ser que estás en la misma situación que Massera y el Tigre Acosta si vos eras un oficial subalterno’, a lo que me contestó: ‘Yo voy a declarar, voy a deslindar mi responsabilidad’”, dijo el médico. En otro tramo de su testimonio, Giuliani explicó que su paciente le dijo que no había declarado antes porque “nunca pensó que las causas llegarían a este punto, y por eso los últimos días estaba muy nervioso, pero claramente manifestó su intención de declarar y me dijo que su declaración iba a comprometer a más de uno”.
Este testigo vivió una situación que también abona la hipótesis del homicidio. Durante una de las visitas que solía hacerle, al llegar al camarote escuchó una conversación en la que un hombre “le hablaba a Febres en tono increpante”. El prefecto “no se dejaba hablar así por cualquiera, tenía que ser un superior, esta persona lo estaba amenazando, lo vi salir de forma abrupta y cerró la puerta fuertemente como para dar un portazo”, explicó. Giuliani dijo que le preguntó quién era esa persona. “Es un corredor de seguros de vida, porque si hablo... y realizó un gesto como de degüello pasándose la mano de canto por el cuello, haciéndome notar que si hablaba lo matarían”, fue la respuesta.
Otro elemento que se suma a la posibilidad del asesinato es la carta redactada por el propio Febres, fechada el 10 de julio de 2000 y dirigida a su esposa. “Muchas son las horas que he pasado meditando todo lo que ha pasado y lo que vendrá, es una pesadilla que me persigue y a la que no pongo fin por propia mano porque no tengo las agallas para hacerlo (...) de ninguna manera estas líneas reflejan un suicidio por no tengo la decisión ni la valentía de hacerlo, pero si esta carta es leída es porque ya no estoy en este mundo”, escribió de su puño y letra.
La carta, los testimonios, los estudios toxicológicos, sumados a la sustracción de la computadora de Febres y a la alteración de la escena del crimen conforman las piezas del rompecabezas que aún no completa Arroyo Salgado. A éstas, se suma la autopsia psicológica, y un estudio interdisciplinario ordenado para definir si a Febres le dieron el cianuro para que se suicidara o lo tomó por propia determinación.
Instigar al suicidio o ayudar a cometerlo
En la autopsia psicológica entregada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, elaborada tras el análisis de las cartas manuscritas de Febres y otros elementos, el psiquiatra Marcelo Rossi y la psicóloga forense Norma Miotto describieron que la personalidad de este represor tenía componentes narcisistas y psicopáticos. “No surgen elementos que permitan inferir en esa época (13 días antes del fallecimiento) riesgo suicida”, indicaron. “Se encontraba expuesto al stress del juicio oral bajo imputaciones graves, al derivado de una prolongada detención, con el agravante de la situación económica familiar, entrando además en juego un conflicto de lealtades y la posibilidad de ser condenado”, precisaron. Al momento de hacer una evaluación del papel de la víctima en su propio fin, los especialistas dijeron que “de los elementos considerados no surge una clara intención suicida”.
El imputado prefecto Rubén Iglesias, ex jefe de la delegación Delta de la Prefectura, impugnó la autopsia psicológica, pero el fiscal Adrián Gentili rechazó el planteo de nulidad. De todos modos, en noviembre, la jueza ordenó la realización de un estudio interdisciplinario, para terminar de despejar dudas. Participan del mismo un especialista en tanatología, un perito toxicológico, una licenciada en psicología, un médico forense y un ex perito de la Corte Suprema. “El contexto en el que se produjo el deceso de Febres, signado por particularidades referentes a la notable carencia de un mínimo contralor en el acceso de personas y objetos a las dependencias de aquella sede administrativa, junto a las características que presentó la escena del crimen y a aspectos atinentes a la idiosincrasia de la propia víctima, se tornan definitorias a la hora de ponderar la necesidad de disponer de un estudio interdisciplinario (ciencia forense, psicología, criminología)”, argumentó la magistrada. En tal sentido, recordó que “el alojamiento de Febres en Prefectura Zona Delta distaba de aquel proporcionado a una persona comúnmente privada de su libertad en forma cautelar. En efecto, su ‘celda’ constaba de un living comedor, una habitación y un baño emplazados en el segundo piso de aquella dependencia pública.” Además destacó que “el occiso se manejaba con absoluta libertad en el interior del edificio que ocupa la Prefectura Zona Delta e incluso contaba con diversos medios de comunicación (celular, teléfono de línea y computadora) que le permitían, a su sola discreción, mantener contactos permanentes con el exterior. Febres poseía las llaves de su camarote, con las que “cerraba la puerta desde adentro con una vuelta y media para que no se pudiera abrir desde afuera”. Varios testigos, entre ellos sus familiares, declararon ante la jueza que las visitas ingresaban sin control y sin ser revisados sus bolsos o carteras.
La Cámara le había marcado a la jueza que amigos, familiares y hasta su sacerdote confesor –que lo acompañaron desde que se produjo su detención, en 1998 en el marco de la causa por la apropiación sistemática de menores– habían puesto en evidencia el estado de angustia que habría padecido Febres por los procesos penales que afrontaba y por su eventual traslado a una cárcel común y los inconvenientes que esto generaría para su familia “lo cual de algún modo podría abonar la hipótesis de autodestrucción”. Sin embargo, también hay elementos demostrativos de “una personalidad inquebrantable y, por lo tanto, incompatible con decisiones de tal tenor”. En concreto, dijo Arroyo Salgado, “Febres exhibía diferentes estados de ánimo según se encontrare con familiares o amigos”, ante unos mostrándose entero y ante otros agobiado y extenuado. El humor de Febres había empeorado desde el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, ex jefe de Policía Bonaerense, porque se veía reflejado en esa situación, según el relato de su amigo Roberto Goñi. El cuerpo de Febres apareció con cantidades masivas de cianuro pero la Justicia todavía no determinó si lo instigaron a tomarlo o lo consiguió él mismo.
LA INVESTIGACION SOBRE LA CADENA DE MANDOS
Por Adriana Meyer
El fallo de la Cámara de San Martín convalidó la investigación sobre las concesiones y privilegios que gozó Héctor Febres durante la década que pasó con prisión preventiva en la sede Delta de la Prefectura: visitas ilimitadas, celulares, computadora, departamento privado, salidas a veranear en la base naval de Azul, utilización de las instalaciones para festejos familiares, entre otros beneficios impensados para cualquier preso. Por eso mantuvo el procesamiento del prefecto Mario Volpi, a cargo directo del represor, y del jefe de la sede Delta, Roberto Iglesias, por abuso de autoridad, aunque ordenó que fueran liberados porque ya no estaban acusados de haber sido partícipes necesarios de homicidio. La responsabilidad de la cadena de mandos en la muerte del represor es un capítulo abierto en la investigación de la jueza.
En su resolución, los camaristas Alberto Criscuolo y Horacio Prack ratificaron que el ex enlace entre la Prefectura y la Armada en la ESMA tuvo un “régimen elástico no reglamentario de detención”, lo cual habilitaría a la jueza a abordar las responsabilidades que van “más allá” de Volpi e Iglesias, en línea ascendente en la cadena de mandos. La alusión también le podría caber a Sergio Torres, el último juez que tuvo a su disposición al represor envenenado, a sus antecesores y al Tribunal Oral Federal 5, que llevaba adelante el proceso oral en el que Febres estaba siendo juzgado. “Estas responsabilidades todavía no se terminaron de despejar”, dijo a Página/12 una alta fuente del caso respecto del rol institucional de la Prefectura e incluso de la Armada en la muerte de Febres.
“Febres iba a ser el primer condenado de una fuerza que respondía a la Marina, pero su asesinato, cuatro días antes de la sentencia, reveló la forma impúdica en que estaban detenidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, demostró la falta total de voluntad de la mayoría de los jueces de tratarlos como lo que son, genocidas, y que en el interior de las Fuerzas Armadas siguen mandando ellos, porque el Ejecutivo tampoco tiene voluntad de desarticular ese poder interno”, dijo Enrique Fukman, sobreviviente de la ESMA y querellante del juicio contra Febres. Recordó, además, que Febres “ponía la pelopincho en la terraza del destacamento de Prefectura, festejaba ahí el cumpleaños de su nieta, llamaba al delivery desde su camarote y entraba sin esposas al juicio, entonces Bagnasco, Montenegro, Torres, el TOF 5, la Prefectura y el ministro Fernández, todos eran responsables de que estuviera detenido según las leyes, de que llegara vivo a la sentencia”.
Perlitas del expediente
Febres recibía muchas visitas, entre ellas la del defensor oficial Rodolfo Catinelli. “Entro yo y me presenta a una persona como jefe de Inteligencia de Prefectura, aparentemente en actividad”, dijo Catinelli en su declaración ante la Justicia. En esa reunión, Febres estaba inquieto porque la defensa no se había opuesto a la elevación a juicio de su caso. Catinelli dijo que intentó explicar las razones de lo que se le cuestionaba y agregó que luego “esta persona me trató de ingenuo y me dijo que (el juicio) lo había organizado la Armada para lanzarlo como un globo de ensayo, a lo que Febres consentía y hasta el último día pensó que se trató de una conspiración”. El prefecto se basaba, además, en que había sido elevado a juicio sólo su caso y quedó afuera el del co-imputado Adolfo Donda. En el juzgado le mostraron a Catinelli fotos para que identificara a esta persona y el defensor señaló a José María De Bardeci, quien efectivamente era de Inteligencia de Prefectura. Convocado al juzgado para que le preguntaran sobre ese “globo de ensayo de la Armada” dijo que no recordaba haber dicho eso.
Febres tenía apuntes y documentación sobre los casos Pegoraro, Cecilia Viñas, “mandos de la ESMA”, “Scilingo”, “indefensión-chivo expiatorio”, “procesamiento bebés” y “caso viuda Escobar Gaviglia (sic)”.
La computadora sustraída del camarote y encontrada luego de varios allanamientos tenía borrados los registros de los sistemas Messenger, Skype; la papelera de reciclaje estaba vacía; había grandes espacios en blanco compatibles con el borrado de tipo “seguro”; el último acceso al sistema operativo se verificó entre los días 13 y 14 de diciembre de 2007, es decir con posterioridad al fallecimiento de Febres; también estaban borrados los programas Outlook Express y Symantec.
(Fuente:Rdendh-Pagina12).
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