MEMORIA Y APORTES AL DEBATE DE SEGURIDAD.

Por Martha Arriola *
Al presentar el Plan de Seguridad Ciudadana, la Presidenta nos convocó a “buscar soluciones” y “no crear sensaciones” que sólo sirven para generar más miedo. Desde esa búsqueda, que debe bucear también en nuestra propia historia, nos parece sustantivo recuperar memoria y estrategias de gestión de gobierno que dieron resultado, que fueron efectivas, para apoyarnos en ellas, para ir por más. Pongámonos de pie frente a la avalancha que parece llevarse todo puesto, como si “aquí no hubiera pasado nada”. Y digamos las cosas por su nombre en un ejercicio de memoria histórica que es imprescindible.

A fines del año ‘97, todos los partidos políticos nos pusimos de acuerdo para declarar la emergencia en seguridad, declamar la necesaria intervención al sistema y generar una nueva institucionalidad. Luis Lugones se hizo cargo de conducir esa etapa. El crimen del periodista José Luis Cabezas había sido el detonante trayendo un doloroso aprendizaje colectivo: no habría posibilidad de tener seguridad con complicidad policial en el delito. Esa definición desplegaba consecuencias irrenunciables. Centralmente, que la conducción política se hiciera cargo de delinear un plan integral, que no quedara en manos de la policía (porque la seguridad es mucho más que la acción policial específica).

En 1999, el ex gobernador Carlos Ruckauf, con su lema “hay que meterles bala a los delincuentes”, logró desbaratar de un plumazo las bases recién colocadas del nuevo sistema. Era un slogan demagógico a tono con el clima mediático y con el reclamo popular creciente. No una propuesta de gobierno, menos un posicionamiento responsable frente al proceso apenas comenzado año y medio antes. Luego huyó a la Nación, dejando un caos en la provincia.
Felipe Solá, entonces su vicegobernador, quedó a cargo del gobierno provincial. Se sucedieron ministros de Seguridad a un ritmo vertiginoso. Catorce ministros entre el 2000 y el 2004. Una mención particular merece Juan Pablo Cafiero, que intentó recuperar el concepto del plan estratégico señalado.

El gobernador había perdido ya demasiado tiempo. Y la ola de secuestros extorsivos detonaba en las marchas multitudinarias encabezadas por el falso ingeniero Blumberg. Año 2004. Se recurre entonces al plan inicial que había quedado trunco. Y a la figura de Arslanian para volver a conducirlo. No fue Felipe Solá quien tomó el problema para abordarlo. Fue la realidad que le explotaba en las manos. En ese momento, el entonces presidente Néstor Kirchner debió intervenir para sostener la gobernabilidad de la provincia y señalar la necesidad de recuperar aquel plan integral.

El costo de la contrarreforma es altísimo, porque no debe haber peor reforma que la que no se sostiene en el tiempo con responsabilidad política.

Entre los años 2004 y 2007 se retoman los ejes de la reforma del sistema de seguridad en la provincia. Nos arremangamos de nuevo. La descentralización se materializó en la creación de 32 Jefaturas Departamentales y la llegada de la policía Distrital a los municipios y la Comunal a los partidos de menos de 70.000 habitantes. Se profesionalizó la fuerza con planes para completar los estudios secundarios, la creación del Centro de Altos Estudios Policiales para Tecnicaturas en Seguridad y convenios con universidades para los estudios de grado y postgrado. Del mismo modo, se avanzó en fortalecer la técnica operativa con 22 Centros de Entrenamiento. Se unificó el escalafón porque todos deben tener posibilidades de crecimiento dentro de la fuerza en función de mérito, formación y desempeño. Se la dotó de más recursos y de mejores salarios. Se logró incrementar el ingreso de policías por año, para lo cual se descentralizaron y multiplicaron escuelas de formación (de 1000 policías se llegó a ingresar 5000 por año). Se renovó la Auditoría de Asuntos Internos y su conducción quedó a cargo de civiles ajenos a la estructura policial para garantizar un efectivo control. Se creó la Central de Emergencias Policiales 911, herramienta que puso a prueba la respuesta policial rápida y que se organizó en tiempo record.

Se convocó a la comunidad para lograr una efectiva participación ciudadana a través de los Foros de Seguridad cuya tarea puede sintetizarse en tres ejes: control comunitario del accionar policial, prevención situacional y prevención social de la violencia.

Hubo resultados. Mal que les pese a quienes desisten de datos. También mística.

Uno de los ejes fue recuperar la confianza de la comunidad. Pasar de marchas espasmódicas a organización comunitaria en cada barrio, con acciones concretas y trabajo conjunto policía-comunidad. Los ciudadanos participaban en el Plan Local de Seguridad elaborando Mapas de Prevención Comunitaria del delito y la violencia. Lo hacían cara a cara con la policía de su jurisdicción, generando acuerdos a cumplir y monitoreando los resultados.

Entretanto, Francisco de Narváez hacía –como hoy– politiquería barata con el problema de la inseguridad, vapuleando al entonces gobernador (ahora su aliado) y a su ministro. Criticaba a mansalva lo que se estaba construyendo. No proponía aún el franco mamarracho que llama “mapa virtual del delito”, en el que se ingresan datos sin ninguna corroboración. Son mapas de la inseguridad porque lo único que generan es confusión, desánimo, impotencia y más miedo.
Actualmente el proceso político en la provincia tiene muchas contradicciones. En seguridad, dolorosamente, una nueva marcha atrás. Pactar con la policía para intentar controlar el territorio no sirve. Más tarde o más temprano deberemos retomar los ejes de reforma mencionados. No porque lo digamos nosotros, sino porque así lo señalan todas las experiencias internacionales que han tenido éxito en la materia.

La Presidenta destacó que “un modelo de protección ciudadana implica necesariamente un modelo de desarrollo económico y redistribución del ingreso” y sostuvo que “sin trabajo, con gente mal paga, con trabajo informal, no hay plan de seguridad, ni GPS, ni patrullero que alcance”.

Estableció un marco conceptual en el que la problemática de inseguridad excede la eficacia del accionar policial y se encuentra ligada a los niveles de inclusión social y participación comunitaria.
No coincidimos en echar mano a la reincorporación de policías exonerados de la fuerza. Bastante dolor ya llevamos a causa de prácticas de delito y de violencia institucional internos como para pensar que pueden aportar algún tipo de solución. Por el contrario, serán parte de la agudización del problema a corto plazo. Las mujeres de sectores populares que más aportes han hecho a lo largo de estos años en prevención de violencia son madres de víctimas de gatillo fácil.
* Ex subsecretaria de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Referente de la Corriente Nacional Justicia Social.

La (in)seguridad y los derechos
Por Javier Moro *
Una vez más los adolescentes y jóvenes emergen en la agenda pública ligados al tema de la (in)seguridad en los ámbitos urbanos. Estos discursos se instalan sobre la idea de peligrosidad en torno de los mismos y sustentan la necesidad de “mano dura” como mejor o única fórmula en pos de la defensa del resto de la sociedad (poner el eje del debate en la baja de la edad de imputabilidad es un ejemplo al respecto). En contrapunto pugnan los discursos que apelan a un enfoque de derechos e intentan dar cuenta de la complejidad de la problemática y, por ende, de su abordaje. Paradójicamente, mientras estos últimos discursos encuentran algunas fortalezas en reformas legislativas recientes que establecen un nuevo marco de acción hacia las políticas públicas (ley nacional 26.061 y ley provincial 13.298 que derogaron el patronato y la ley provincial 13.634 del nuevo régimen penal juvenil), ante la “opinión pública” aparecen en desventaja.

La escena mediática acota tiempos, simplifica y tiende a generalizar; en esas coordenadas la demanda legítima de seguridad ciudadana con frecuencia es puesta en contradicción con las modalidades llamadas “garantistas” y con los abordajes integrales en términos de derechos para adolescentes y jóvenes. A su vez, el conurbano bonaerense signado por la desigualdad y con amplias zonas de segregación se presenta como un territorio casi inexpugnable en términos de mostrar efectividad desde las políticas públicas que se enmarcan desde un enfoque de derechos.

En la provincia de Buenos Aires está en marcha un proceso de cambio en el marco de la nueva normativa con implicancias directas en los modelos de intervención hacia la infancia y la adolescencia (el pasaje de un modelo de tipo tutelar a uno de protección integral o garantista). Estas políticas impulsan una rearticulación desde el nivel provincial, un desplazamiento del Poder Judicial, un nuevo posicionamiento de los municipios y una implicación distinta de las organizaciones de la sociedad civil para el trabajo en territorio. Como todo proceso de política pública, la instancia de implementación presenta una gran complejidad por la multiplicidad de actores, el marco institucional y la dinámica organizativa que condicionan la puesta en marcha. Esto se ve potenciado en el caso de los municipios del conurbano por la heterogeneidad respecto de las capacidades de gestión de las áreas sociales, las que deben asumir un papel inédito hasta entonces en materia de políticas de infancia y adolescencia.

Este proceso implica un doble desafío en términos de gestión: por un lado, la transformación de las áreas organizacionales del nivel central con largas trayectorias bajo el anterior modelo tutelar y anclados en dispositivos judiciales y, por otro, la puesta en funcionamiento de un dispositivo novedoso en el nivel local tanto en la promoción como en la protección y restitución de derechos. Allí, la “bajada” del nuevo modelo traslada hacia el nivel local una tensión: mientras la línea de acción de las intervenciones de restitución de derechos aparece más orientada por la lógica del “caso a caso” (intervenciones personalizadas con los niños/as y adolescentes y el grupo familiar), la puesta en funcionamiento de políticas activas de promoción de derechos en el territorio implica la puesta en funcionamiento de líneas de acción en una escala mayor que incida en la situación social efectiva de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, las áreas sociales de los municipios suelen verse demandadas (y con frecuencia desbordadas) por la emergencia constante que plantea la atención de las situaciones de vulneración de derechos y esa dinámica conspira para la implementación de políticas territoriales de promoción de derechos (sean éstas directas o muy articuladas con las OSC que trabajan en el territorio).

Si el espacio mediático, por las características de simplificación y sensacionalismo, resulta de por sí un escenario a contrapelo para la legitimidad de las nuevas políticas, la instalación de modelos donde prima la lógica del “caso a caso” en los nuevos servicios locales de los municipios plantea el dilema de que la mentada transformación se reduzca (exclusivamente) a un cambio de procedimientos (bienvenido, por cierto), pero cuyo precio sea posponer (una vez más) la implementación de una política efectiva (y a escala) de inclusión social para los adolescentes en el ámbito local.
* Antropólogo, investigador, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Apuntes sobre el dolor y el delito
Por Sandra Russo
Lo que pasó en Lanús es lo que no pasó antes frente al Cabildo, cuando tronó el rabino Bergman. En uno y otro suceso se puede ver claramente la diferencia entre lo montado y lo que emana como pus social. El bramido que surge del dolor, aunque ese dolor sea real, también es pasto de manipulación, está recargado con significados que llevan agua a un río revuelto.

A propósito del dolor, uno se pregunta a qué habilita, a qué condena, a qué desvíos llega cuando es compartido y pasa de semilla a yuyo. Ese dolor, en sí mismo, dadas las circunstancias, puede cambiar la historia para bien o para mal. Del dolor dicen que se aprende, pero no siempre. A veces se desaprende. En materia de seguridad, el dolor de las víctimas es un hito de la derecha para soluciones finales de distinto tipo. Pero eso tampoco implica que uno pueda lavarse las manos ante algunos temas, o rechazar la verosimilitud de algunas historias, como la de este jueves. Se esperaba un detonante, y lo hubo.

Si uno le echa una mirada al escenario, ve, de abajo para arriba:
- Una generación de chicos excluidos, los que hoy tienen entre 14 y 16 años, que nacieron y crecieron en la cloaca social que muchos hombres y mujeres trabajadores suponen que no les incumbe. La fallida instalación de un muro entre ricos y pobres no garantiza que otros muros invisibles no funcionen. Por ejemplo, el que se erige entre los indigentes y los pobres. Allí se juega una carta enorme: la de seguir perteneciendo a la estirpe humana.

- Hay una clase trabajadora, esto es, incluida, que diariamente hace malabarismos para no caerse en la cloaca. Pero eso no la dispensa de la impiedad con los otros, sobre todo con aquellos que nunca decidieron nada sobre sus vidas. Los camiones de Andreani que ayer se vieron en el centro de Buenos Aires dan cuenta de la inclusión de la víctima: otros incluidos, sin ir más lejos en la posibilidad del afecto, la lloran y se movilizan por ella y por las demás víctimas del delito. Tienen derecho, por supuesto, y tienen razones. Hay otros por los que nadie llora.

- Hay crisis y desatención: por un lado, no hay trabajo ni educación; por otro, el paco, que es el Rivotril de la cloaca, enferma y mata, pero la sociedad actúa como si no estuviera involucrada: se decomisan éxtasis, cocaína, efedrina, se conoce hasta la jerga del cartel de Sinaloa, pero nadie va preso por traficar paco. Y a los adictos al paco nadie los rehabilita, el Estado no los rehabilita, ontológicamente se los da por perdidos.

- Hay delito. Y hay mucha irritación cuando se citan estadísticas que dicen que sí, que hay delito, pero que no tanto, que estamos todavía muy lejos de los índices de las verdaderas ciudades violentas. No queremos llegar a serlo, pero asociar automáticamente delito con pobreza es un hecho en sí mismo violento.

- Cuando se ametralla desde los micrófonos con pedidos de pena de muerte habría que calibrar también el efecto que esas operaciones mediáticas tienen en los que se propone parar frente al paredón. Esas operaciones mediáticas son disparadores de violencia.

- Lo que atemoriza es el gatillo fácil del paco. Hace unos años había que no oponer resistencia a los asaltos. Hoy el terror proviene de que se mata más fácil y por menos motivos. Los motivos de una mente podrida por el paco son inescrutables. El paco ha terminado de hacer de esa generación de chicos de la cloaca seres que habitan una dimensión distinta. Mental, espiritual, orgánica. Están muy lejos.

- El gatillo fácil del paco puede asociarse con el gatillo fácil del ingeniero Santos, que fue el pionero en esto de dejar aflorar el instinto asesino del incluido, y también con el gatillo fácil de la maldita policía. En los tres casos, en situaciones y con protagonistas bien distintos, se trata de un gatillo que se aprieta contra cualquiera. Lo que caracteriza al gatillo fácil no es quién dispara, sino contra quién dispara: es cualquiera. Eso está uniendo a la gente en este malestar. Cualquiera pueden ser todos.

- Los chicos de la cloaca que asesinan no son muchos. No es un ejército de asesinos el que se agazapa en la periferia del sistema. Es más bien un montón de asustados que se vuelven feroces porque viven como bestias de corral más que como personas. Pero un chico de catorce años mató a un hombre en Valentín Alsina, y de eso hay que hacerse cargo.

- La situación de actual inimputabilidad no es algo que los beneficie. Por el contrario, los sumerge aún más en la nada que son, sin causa, sin proceso, sin defensa. Los hace trabajar para otros. Muchas veces para la policía.

- Una nueva ley que les dé a ellos garantías constitucionales, y a los familiares de las víctimas la posibilidad de que se haga justicia, es lo que se cae de maduro. Pero habría que aclarar que esa ley serviría para reparar este malestar y para evitar que en ese malestar nazcan larvas imprevisibles. Con nueva ley, la cloaca permanecerá allí. Llena de chicos que no saben dónde están.
(Fuente:Rdendh).