Corte Electoral procede desde hoy a numerar las 340.043 firmas
Con una custodia especial, llegaron en una camioneta, pasadas las 10 de la mañana, las papeletas con las firmas que procuran habilitar un plebiscito simultáneo a las elecciones nacionales de octubre para anular la Ley de Caducidad. En una emotiva entrega, la Corte Electoral recibió 35 cajas grandes con 338.499 papeletas y una caja pequeña incluyendo otras 1.544 firmas.
La entrega la realizó el secretario del Senado, arquitecto Hugo Rodríguez Filipini, y la escribana Claudia Palacio. Hubo una lectura del acta de entrega y, por parte de la Corte Electoral, la directora del Departamento de Secretaría, Ligia Bianchi, fue la encargada de recibir las firmas.
El organismo electoral resolvió encomendar como jefa en la tarea de verificación de las papeletas a la secretaria de la Oficina Nacional Electoral, Ana María Rodríguez, quien estará acompañada por otros tres jefes, que representarán a los distintos partidos políticos.
Las cajas con las firmas se encuentran en el primer piso del organismo electoral, bajo llave, con lacrado y la vigilancia del lugar a través de una cámara de video.
A partir de hoy y durante 3 días consecutivos se procederá a la tarea de numeración de las papeletas para lo cual se destinaron 45 funcionarios.
La semana próxima comenzará la tarea propiamente dicha de verificación de la firmas, número y serie de la credencial, cotejando los datos con los existentes en las hojas electorales.
Mañana, cuando se reúnan los ministros de la Corte Electoral, se acordarán los mecanismos de trabajo a implementar desde mayo a julio, cuando concluirá la tarea de control de las firmas.
Para habilitar el plebiscito de consulta popular para anular la Ley de Caducidad, se necesitan 258.400 firmas validadas. En tal sentido, el ministro interino de la Corte, Walter Pesqueira, considera que las rúbricas alcanzarán solamente con las papeletas entregadas el pasado día viernes que son 338.400. El día sábado fueron entregadas 1.544 papeletas a la Asamblea General, sobre las que pesa una polémica en cuanto a en qué momento se cumplía el plazo constitucional.
También, en varias oficinas electorales del Interior había dudas respecto al cierre de los traslados interdepartamentales. Finalmente se resolvió que el plazo será el día 29, a las 19 horas, pero si hubiera gente haciendo cola se los debe atender igual.
Teniendo en cuenta el esfuerzo en personal que demandará la tarea de verificación de firmas, la Oficina Nacional Electoral solicitó formalmente a las autoridades de la Corte Electoral poder trabajar durante 8 horas los días sábados.
El gobierno adjudicó $ 300 millones al organismo para la organización de las instancias electorales. No obstante, el ministro colorado Edgardo Martínez Zimarioff, quien junto a Pesqueira recibió ayer las cajas con las firmas, señaló que por este trabajo no previsto en el presupuesto, será solicitado un refuerzo económico al Poder Ejecutivo.
Reclamó que el Ministerio de Economía les reintegre el 25% de los fondos quitados, que primariamente fueron adjudicados. Señaló que cabe la posibilidad de trabajar los días sábados y feriados para concluir antes del 25 de julio con el trabajo de verificación de firmas.
Por su parte, la secretaria general del sindicato de la Corte Electoral, Lía Binci, cuestionó el sistema de control aplicado por el organismo para la verificación de las firmas.
Entiende que el mecanismo de control, utilizando a dos funcionarios de distintos partidos políticos, no es garantía, porque tanto pueden ser ambos defensores de la anulación de la Ley como opositores a la misma.
Dijo que el sindicato está en conflicto por las autoridades, aduciendo persecución sindical. Afirmó que la distribución de partidas y de horas extras excluye a los integrantes de la comisión directiva del gremio. El 6 de mayo denunciarán este hecho ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado.
Sorpresa. Miembro de Escuadrón de la Muerte en Uruguay pasó por víctima de la dictadura paraguaya
El requerido Closa Cuevas fue indemnizado por ley paraguaya
Por Roger Rodríguez
Exiliado en 1965. En Uruguay se presentó como un "exiliado" paraguayo.
Un familiar del paraguayo Angel Pedro Closa Cuevas, miembro del Escuadrón de la Muerte en Uruguay, habría cobrado en Paraguay una indemnización de 2.500 jornales nacionales como víctima de violaciones a los derechos humanos durante esa dictadura (1954-1989), según los registros de beneficiarios.
Closa Cuevas (o una persona con el mismo nombre) aparece amparado en la Ley Nº 389/96, aprobada por el Congreso paraguayo el 29 de marzo de 1996, con la que se indemniza a las víctimas de la dictadura con montos de 3.000 jornales por desaparecidos, 2.500 por tortura y 500 por prisión ilegítima.
En los registros oficiales paraguayos se informa que el 23 de julio de 2007 "Lilián Stella Closa de Salinas por Angel Pedro Closa Cuevas" fue indemnizada por el Estado paraguayo con 2.500 jornales mínimos nacionales, es decir como víctima de "tortura con secuela física y psíquica grave y manifiesta", según la ley.
El nombre de Angel Pedro Closa Cuevas también figura en un listado que fue presentado ante el Archivo del Terror para solicitar documentación que confirmara los reclamos de las víctimas de la dictadura del régimen impuesto por el general Alfredo Stroessner el 15 de agosto de 1954.
La cédula 1.122.053-0
Cuando Closa Cuevas llegó a Uruguay en 1965 se presentó como un exiliado paraguayo para infiltrarse en las organizaciones de izquierda de la localidad de Dolores. Su respaldo en Uruguay era el embajador Luis Atilio Fernández, que hasta hace poco fue un cuadro del Partido Colorado de Paraguay. Angel Pedro Closa Cuevas fue requerido internacionalmente por el fiscal uruguayo Ricardo Perciballe como uno de los responsables del Escuadrón de la Muerte, que en los años 70 ejecutó atentados, asesinó a Ibero Gutiérrez y Manuel Ramos Filippini y desapareció a Abel Ayala y Héctor Castagnetto. La acusación fiscal ante la jueza penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, también pide el procesamiento del empresario Miguel Sofía, los inspectores Pedro Fleitas y Jorge Grau Saint Laurent y el policía Washington Grignoli, todos ellos miembros del Escuadrón de la Muerte. Angel Pedro Closa Cuevas, con la cédula de identidad Nº 1.122.053-0, todavía aparece en el padrón del orden de egresados para las elecciones universitarias de 2001 y como médico reconocido oficialmente en un listado de profesionales de las páginas del Ministerio de Salud Pública uruguayo.
Abuso de impunidad
La posibilidad de que el Estado paraguayo haya indemnizado a Closa Cuevas o sus familiares por su condición de víctima de la dictadura podría implicar un caso más de los que se han criticado al defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, quien ya habría beneficiado a informantes stronistas.
El diario ABC de Asunción publicó este viernes un artículo en el que se informa sobre el malestar generado en organizaciones sociales y víctimas de la dictadura por la discrecionalidad con que Páez Monges maneja la aplicación de la ley que otorga reparaciones económicas a las víctimas.
Entre los casos denunciados se incluye el de Eustaquio Burgos, de la jurisdicción de Itacurubí de la Cordillera, quien era informante de la dictadura militar y terminó siendo amparado en la reparación con una indemnización de 1.000 jornales por lesiones en una tortura que nunca habría sufrido.
El de Closa Cuevas podría ser un caso más de abuso de impunidad que se estaría registrando en Paraguay, donde otras 11.700 personas se presentaron ante la Defensoría del Pueblo luego de una ampliación de los plazos otorgados a las víctimas de la dictadura paraguaya.
(Fuente:Rdendh-Larepublica).
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