OTRA OSCURA DECISION DE LA JUSTICIA INTENTA ENVIAR 22 CASOS A BAHIA BLANCA.

En un acto de total irresponsabilidad y falta de respeto, la Jueza Margarita Gudiño de Argüelles ha decidido “declararse incompetente” para investigar las denuncias de 22 compañeros detenidos - desaparecidos que fueron secuestrados en esta zona y ha resuelto enviar las 22 causas a la ciudad de Bahía Blanca, lugar en el que reina la impunidad, como lo demuestra el hecho de que los procesos que allí se tramitan estén prácticamente paralizados.

La resolución de esta Jueza produce profunda indignación por el maltrato hacia los demandantes y sus familias y la ignorancia que demuestra. A muy pocos meses de asumir como responsable del juzgado toma apresuradamente una resolución que presupone la lectura y el análisis de miles y miles de fojas y expedientes que evidentemente no se ha tomado el trabajo de evaluar correctamente. De este modo; pone en evidencia que para la Justicia nuestros compañeros no son más que un número de expediente, un trámite, resolviendo, en forma humillante, “trasladarlos” a Bahía, al mejor estilo de la década del 70’. HACE 3 AÑOS Y MEDIO QUE NUESTROS COMPAÑEROS ESPERAN AQUÍ QUE SU CASO SE RESUELVA Y HOY NOS DICEN QUE TIENEN QUE EMPEZAR DE CERO EN BAHÍA.

Los casos que pretenden llevarse han sido, justamente, los “casos pioneros”, los primeros denunciantes, incluso durante la dictadura, y lamentablemente, también nuestros primeros desaparecidos en Neuquén. Además, sin hacer un juicio de valor sobre la importancia de cada caso, entre las víctimas se encuentra la hija de Beba Mújica, una de las 14 MADRES DE PLAZA DE MAYO que marcharon por primera vez en el año '77.

Evidentemente esta decisión se relaciona de manera directa con la protección a algunos Genocidas que en Bahía Blanca no rendirían cuentas a nadie. Es una muestra más de la impunidad, consolidada por el propio Estado, para tratar de imputar a la menor cantidad posible de Genocidas.

Por otra parte, lo resuelto por Argüelles contradice la determinación hecha pública por el Juez Labate a fines del año pasado, quien, luego de la presión de organizaciones como la nuestra e H.I.J.O.S. Alto Valle y de la oposición de la mayoría de las víctimas, se vio obligado a aceptar la competencia de dichos casos en el Juzgado Federal Neuquino.

Ahora el Juzgado debe notificar a las partes esta resolución. Es en este momento que quienes representan a las víctimas, tanto la Fiscalía Federal como cada una de las QUERELLAS, tendrán que presentar su oposición formalmente si es que realmente respetan la voluntad de los compañeros que se encuentran en esta situación y de sus familiares. Asimismo, exigimos a la Fiscalía de Cámara que ratifique la posición que ya ha hecho pública la Fiscalía Federal de Neuquén, que es la de defender la realización de la investigación y el Juicio por todos estos casos en Neuquén.

Por último, quien tiene la responsabilidad determinar cuál será la competencia que corresponda a estos casos es la Cámara Federal de General Roca. Dicha cámara se encuentra fuertemente cuestionada puesto que existe una causa penal sobre uno de sus funcionarios, el Secretario de Cámara Juan Luis Vincenty (hoy separado de su cargo), acusado DE ASUMIR UN PRESUNTO “COMPROMISO” CON LOS GENOCIDAS PARA FAVORECERLOS EN LAS CAUSAS POR LAS QUE ESTÁN PROCESADOS Y ALGUNOS DE ELLOS ENCARCELADOS.

Esta Cámara ya sentó un precedente de impunidad cuando resolvió dejar en libertad a los primeros policías rionegrinos encarcelados por la Jueza de General Roca, y asumió que la competencia de dichos casos correspondía al Juzgado Federal de Neuquén. Es una tamaña contradicción, a los ojos de quien pueda considerarla una decisión inocente, que esta misma Cámara hoy diga que las causas ya no deben ir a Neuquén, sino a Bahía Blanca.

Bahía Blanca es, indudablemente, el peor escenario para desarrollar este juicio puesto que el propio Juez de Instrucción en función al día de hoy fue cómplice de los genocidas, y junto a la policía federal le abrió la puerta al "laucha Corres" para que escapara. Si la causa va a Bahía muere con total impunidad.

Por todo esto, rechazamos que estas causas sean enviadas a Bahía Blanca. Estos compañeros fueron secuestrados en esta zona, sus familias viven en esta zona, las organizaciones que luchamos constantemente contra las decisiones judiciales que amparan y encubren a los genocidas estamos en esta zona. En este sentido el ex fiscal Cañon ha rechazado enérgicamente que sean llevadas allí, conociendo los antecedentes de la justicia federal bahiense.

A lo largo de todo este proceso hemos denunciado gran cantidad de irregularidades que han consolidado la impunidad. El resultado del primer Juicio a los Genocidas de la región es una muestra clara de ello. Hoy no vamos a tolerar de ninguna manera que jueguen con la seguridad y la integridad de nuestros compañeros, familiares y hermanos que no han dejado de sufrir durante más de 33 años y que están siendo humillados y expuestos salvajemente por la propia Justicia en nuestra región.

Ante esta situación de la causa que ha tomado estado público decimos:
Después de 33 años no aceptaremos más mentiras, encubrimiento e impunidad
Exigimos a las querellas y a la fiscalía, que tienen la representación de las víctimas directas e indirectas del genocidio en el proceso judicial, la defensa de la verdad histórica y de la competencia de estas 22 causas en nuestra región, es decir de NUESTROS 22 COMPAÑEROS QUE HAN SIDO SECUESTRADOS DESAPARECIDOS EN NUESTRA REGIÓN.
(Fuente:Rdendh).