RESOLUCION DE LA CORTE PARA AGILIZAR CAUSAS.

Impiden que Justicia Ya acuse a represores
Por Emilia Delfino
La Corte Suprema quedó envuelta en una polémica al ratificar esta semana la resolución del Tribunal Oral Federal número 5 (TOF 5) para excluir al colectivo de abogados Justicia Ya, representantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y del testigo desaparecido Jorge Julio López, en el juicio oral por el asesinato del periodista Rodolfo Walsh durante la última dictadura militar.
La presión del Gobierno sobre el máximo tribunal para acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, y un enfrentamiento político entre el organismo y el tribunal oral, derivaron en que el mayor organismo que representa a los damnificados por la represión ilegal de la década del 70, que logró por primera vez en el país dos condenas por genocidio, corra el riesgo de quedar afuera de los juicios.
La abogada de Justicia Ya Myriam Bergman dijo : “En 2007 solicitamos que el represor Héctor Febres fuera trasladado a una cárcel común durante el juicio que el tribunal oral llevaba a cabo. Cuando apareció muerto en su celda en dependencias de la Prefectura Naval de Tigre, Justicia Ya denunció ante el Consejo de la Magistratura a los miembros del TOF número 5. A partir de entonces, el Tribunal comenzó a buscar la forma de dejarnos afuera de los juicios. Ahora la Corte le da la razón con el argumento de agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad”.
Fuentes de la Corte Suprema afirmaron a este diario que “en el caso Walsh, la decisión fue por practicidad, más allá de la legitimidad que pueda tener Justicia Ya”, y reconocieron que su decisión “puede perjudicar al organismo para integrar querellas en futuros juicios”, como alegan en Justicia Ya. Sin embargo, aclararon que “la resolución de la Corte no es estrictamente vinculante, por lo que los jueces no están obligados a acatarla siempre”.
Bergman, en tanto, explicó que el Tribunal sólo permitirá dos cabezas de querella por juicio y acusó a sus miembros de “buscar deliberadamente” distintos criterios con el objetivo de encontrar la forma de excluir al colectivo de abogados. La querellante dijo que en las últimas dos oportunidades el TOF decidió que sólo podría ser cabeza de querella quien se hubiera presentado primero ante la Justicia, decisión que los dejó afuera. “Luego, en la causa donde habíamos sido los primeros en presentarnos, pusieron como condición representar a víctimas directas de los represores que serían juzgados”, aseguró.
En la Corte sostuvieron que la decisión del máximo tribunal apunta a “agilizar las causas de derechos humanos y generar condenas”, es decir, “que los procesos concluyan”. “Los juicios se están dilatando de forma desmesurada. Una de las razones es la falta de unificación de las querellas. Por eso se toma esta decisión.” Sobre el presunto enfrentamiento político entre el TOF y Justicia Ya, en la Corte afirman: “Es un tribunal muy ortodoxo y riguroso. Nosotros también tuvimos roces cuando obstaculizaron la publicidad del juicio a Olivera Róvere, pero no pudimos incidir”. El Tribunal está en la mira de varios organismos. El viernes, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo habría presentado un recurso contra sus miembros. El martes a las 11.30, los organismos protestarán frente a la sede de la Corte.

solo hay 43 condenados en causas de ddhh
Varios íconos de la dictadura serían beneficiados por falta de sentencia
Por Mariano Confalonieri
Cometieron horrores en la dictadura apelando al terrorismo de Estado. Secuestraron, torturaron y mataron como parte de un plan sistemático de represión. Muchos de ellos, ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, podrían beneficiarse con la excarcelación muy pronto, porque se están por cumplir tres años desde que fueron detenidos y quedarían fuera de las previsiones de la prisión preventiva, figura que establece un período de detención máximo de dos años, más uno de prórroga.
Esto implica que está ocurriendo en los hechos lo que denuncian los organismos de derechos humanos desde hace tiempo: los juicios no se aceleran y los represores mueren antes de la sentencia o evaden de forma legal la acción de la Justicia.
El “Tigre” Acosta, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Alfredo Astiz, Miguel Etchecolatz y Jorge Rafael Videla, entre otros nombres emblemáticos de los años de plomo, sólo seguirán entre rejas o en sus casas cumpliendo prisión domiciliaria por una razón: tienen condena o elevación a juicio oral en otras causas.
Y porque son muy conocidos en la opinión pública.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con centenares de procesados menos famosos, pero tan criminales como los otros, cuyos casos no fueron elevados para debate oral. Ellos podrían salir de la cárcel.
Los ex marinos Acosta y Astiz, de hecho, estuvieron a punto de quedar libres a fines del año pasado por una resolución de la Cámara Federal de Casación que dispuso sus excarcelaciones. Pero los fiscales apelaron la resolución y la decisión está ahora en manos de la Corte. Ante las circunstancias, el Tribunal Oral Federal Nº 5 puso fecha para que en octubre se realice el debate oral y por lo tanto, más allá de lo que resuelva el máximo tribunal, los represores de la ESMA seguirán detenidos.
“Creo que hay que ser muy cauteloso a la hora de disponer libertades, sobre todo en estos casos en los que los detenidos han cometido delitos de lesa humanidad”, advierte Félix Crous, fiscal federal que actúa en los juicios contra represores.
Mucho ruido, pocas nueces. Aunque hay 512 procesados, a seis años y medio de la anulación de las leyes del perdón sólo se registraron 43 condenas. La cifra es ínfima si se tiene en cuenta que hay más de 5 mil acusados.
Ante la evidencia numérica, el Gobierno se enfrentó con los jueces, a quienes acusó de “negligentes”, “burocráticos” y “cómplices”. Sin ir más lejos, el jueves, durante un acto en San Miguel, el ex presidente Néstor Kirchner advirtió que se le habían otorgado a la Justicia todos los recursos necesarios para acelerar los juicios. Lo que omitió Kirchner fue que el mismo día, por la disposición 122 de 2009 publicada en el Boletín Oficial, Cristina Fernández le quitó 12 millones de pesos al programa de fortalecimiento de juicios contra delitos de lesa humanidad para otorgárselos al Programa de Seguridad Ciudadana.
Para Crous, sin embargo, la lentitud en los juicios no tiene que ver con una decisión orgánica del Gobierno o de la Justicia para garantizar la impunidad, sino con la improvisación y la falta de recursos.
Miriam Bregman, de Justicia Ya, explicó a este diario que la lentitud en las causas obedece a que el plan de este Gobierno incluye “juzgar un grupo de represores y con ciertas condiciones”.
“Hay un riesgo real de que varios represores queden en libertad. Porque la Justicia toma al pie de la letra la prisión preventiva. Deberían indagarlos por otras causas que tienen, así los vuelven a procesar, pero no lo hacen”, precisó Adriana Calvo, sobreviviente de tres centros clandestinos de detención.
Para evitar el inminente vencimiento de las prisiones preventivas de los procesados, el juez federal Arnaldo Corazza elevará esta semana a juicio oral la causa en la que se investigan los delitos cometidos en la Comisaría 5ª de La Plata. Ocurrió lo mismo con la Unidad 9 la semana pasada, cuando los procesados estaban por pedir la excarcelación.

HIJOS ALTO VALLE
PRONUNCIAMIENTO.

LO DENUNCIÁBAMOS HACE 5 MESES, LO DENUNCIAMOS AHORA… ¡¡¡ BASTA DE IMPUNIDAD!!!
¡NO QUEREMOS QUE LOS CASOS DE 23 COMPAÑEROS SEAN LLEVADOS AL JUZGADO DE BAHIA BLANCA!

Hace 5 meses el Juzgado Nº2, en ese momento a cargo del juez Labate, intentó mandar 23 de los casi 100 casos de delitos de lesa humanidad cometidos en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén, a Bahía Blanca.
Con la denuncia y la manifestación pública en el tribunal, junto al repudio de víctimas y familiares en los medios de comunicación, se logró frenar esta decisión ya que el entonces candidato, y hoy integrante del superior tribunal de justicia de Neuquén, no quiso pagar ese costo.

Hoy, la nueva jueza a cargo del juzgado, intenta omitir y desestimar las razones que obligaron al juez a dictarse competente para seguir investigando esas causas acá. Al declararse incompetente, la jueza Margarita de Argüelles, lo que hace es mandar al olvido y a la impunidad más absoluta las causas de est@s compañer@s.

Más grave aún, ya que de esta justicia garantista de impunidad no esperamos nada, es que la APDH Neuquén, avale esta decisión, diciendo que como fueron vistos por última vez en el centro clandestino de detención de Bahía Blanca, deben ser investigados allá. marcar la incongruencia jurídica de la posición tomada por la jueza y la APDH.
Es mentira que los delitos deben ser investigados en el último lugar de detención, lo que determina el código penal y así lo señala la apelación de fiscalía, es que deben ser investigados en el lugar donde se produjo el delito más grave, y éste se produjo en Neuquén y Río Negro, ya que fueron secuestrados en esta zona, llevados a distintos campos de concentración, torturados (al no imputar por genocidio, éste pasa a ser el delito más grave); y, posteriormente, llevados al centro clandestino de detención “la escuelita” de Bahía Blanca. Muchos de estos compañeros y compañeras, así también el bebe´de Graciela Mets permanecen desaparecidos.
Los argumentos de aquellos que acuerdan con llevar estas causas a Bahía, se sustentan en la desgraciada hipótesis de que allá la tortura fue más grave, como si alguien pudiera preguntarle a las víctimas donde sufrió más
También creemos que funcionan con la lógica de las anuladas leyes de obediencia debida y punto final intentando investigar y juzgar sólo a los máximos responsables del genocidio. Un claro ejemplo de esto fue el juicio que se desarrolló el año pasado en Neuquén.
Posiciones y acuerdos como estos dieron por resultado la selección arbitraria de víctimas, la negación del genocidio, el ocultamiento de la militancia de las víctimas, la no investigación de otras fuerzas y una condena de 7 años a uno de los máximos responsables del genocidio en el Alto Valle.

En el año 2006, en un viaje que realizaron referentes de la APDH junto a algunas víctimas, el mismo fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, desestimó la posibilidad de que estas causas fueran remitidas a esa ciudad y dio cuenta de la clase de personajes, amigos de los genocidas, que están al frente de dicho juzgado incluyendo al Juez Alcindo Álvarez Canale. Al conocer esta situación, también las víctimas que realizaron este viaje se manifestaron en contra de que sus causas se juzguen allá.

No necesitamos argumentos legales para decir lo que pensamos, estos compañeros son y fueron de la zona, fueron secuestrados y torturados en la zona, y luego llevados a Bahía Blanca. Sus familiares y las organizaciones que los acompañamos,, somos de la zona.
Los genocidas que los secuestraron y torturaron, fueron grupos que operaron en esta zona, y varios de ellos viven impunemente libres en nuestras ciudades.
La investigación y el juicio debe desarrollarse en esta zona.
Si hay que trasladar a alguien que sea a los genocidas responsables de Bahia Blanca y no a nuestros compañer@s.
No queremos pequeños juicios a las juntas, como sucedió en Neuquen el año pasado, queremos juicios ya! contra TODOS los responsables y por TODOS los compañer@s.
Por las y los compañeras/os desaparecidos
NO al traslado de parte de la causa a Bahía Blanca!
(Fuente:Rdendh).