Por Gabriela Vulcano
Correcto. Cañón asegura que sus amigos cuestionaron su paso a la política pero dice que está conforme con el desafío de acompañar a Sabbatella.Los diversos embates a los que se enfrentó durante los 23 años al frente de la Fiscalía Federal de Bahía Blanca y las presiones que recibió cuando decidió convertirse en el primer fiscal en plantear la inconstitucionalidad de los indultos en 1989, lo han fortalecido para asumir ciertos riesgos. Hugo Cañón se animó a renunciar a su cargo para incorporarse a la agrupación Encuentro por la Democracia y la Equidad, que conduce el intendente de Morón, Martín Sabbatella, y no titubea en cuestionar al Poder Judicial. “Los jueces hacen lo que tienen que hacer, pero en la mínima expresión”, señala. Y asegura que muchos magistrados tienen un “compromiso ideológico con la dictadura” y que en la Justicia abundan los “nombramientos por razones de acomodo de la familia judicial”.
–¿Por qué decidió dejar la Fiscalía Federal de Bahía Blanca e incursionar en el terreno político?
–Hay ciclos en la vida. Los momentos más duros y difíciles fueron los de soledad, sobre todo cuando el menemismo me trató de expulsar cuando impugné los indultos en el 89. Ahora, los juicios están habilitados, se está transitando un camino de verdad y justicia, que es irreversible. Además, dejé una unidad fiscal bien montada en Bahía Blanca. Por eso ahora quiero concentrar mis conocimientos y trayectoria en la Comisión por la Memoria, para tratar de aportar para la democracia y la equidad desde el espacio de Martín Sabbatella.
–¿Qué fue lo más difícil que le tocó afrontar como fiscal en una ciudad como Bahía Blanca?
–Cuando me ofrecieron el cargo de fiscal de Cámara en Bahía Blanca, todos mis amigos me aconsejaron no aceptar. En ese momento, me manejé por un factor intuitivo que responde más a lo emocional que a lo racional. Todo eso lo asocio con este desafío, donde mis amigos de nuevo me dijeron que hago mal y yo siento que estoy dando un paso correcto.
–¿Está de acuerdo con la política de derechos humanos del actual gobierno?
–La política de derechos humanos no se puede circunscribir a los delitos de lesa humanidad. Si nos referimos a ese aspecto, veo mal que se contamine una política de derechos humanos –que debe ser política de Estado– con una búsqueda de rédito político coyuntural. En algunas oportunidades se hace algo en ese sentido. Luego, está la otra asignatura enorme: los derechos humanos de todas las demás categorías, como el derecho a la vivienda, la educación, la salud, etc.
–Hace poco hubo entredichos entre la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo por la lentitud de los juicios vinculados con los delitos de lesa humanidad.
–Ese chisporroteo fue útil en la medida en que sirvió para que se debata el tema. Pero, en realidad, no es una discusión muy profunda. Hubo aportes del Ejecutivo y se han hecho nuevos aportes. Se crearon cargos. Desgraciadamente, en algunos casos la Corte Suprema dejó a la discreción de los jueces los nombramientos sin supervisación y, muchas veces, se han hecho nombramientos por razones de acomodo de la familia judicial, al hijo del presidente de la Cámara, a la novia del hijo de la hermana del juez.
– ¿En qué derivan esas decisiones?
–Eso lleva a que se termina la hora y se quieran ir a la casa. A que no tengan interés, o a que no haya preocupación. Es la burocratización del Poder Judicial. Los jueces hacen lo que tienen que hacer pero en la mínima expresión. Con algunos fiscales pasa lo mismo. Hay otro factor importante, que es el compromiso ideológico que tienen muchos jueces con la dictadura. Hay jueces que han vivido para esclarecer lo ocurrido y otros que comulgan con los principios del Proceso de Reorganización Nacional. Hay camaristas que fueron defensores de los militares y dijeron que cobraron cinco mil dólares por mes del Estado Mayor del Ejército por cada militar que defendían.
–Con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final comenzaron a ser juzgados muchos militares, ¿a qué otros sectores falta llevar al banquillo?
–Habría que hacer una segunda etapa de abordaje de lo que fue el golpe cívico-militar. La Sociedad Rural que abucheó a Raúl Alfonsín fue la misma que sacó una solicitada de adhesión al golpe el 24 de marzo del 76. Hay muchos otros exponentes civiles, y su máximo exponente es Martínez de Hoz y los que elaboraron el plan económico junto a él. También los periodistas que tuvieron que ver con la dictadura, muchos de los cuales hoy se reciclaron como grandes demócratas; algunos miembros de la docencia, del ámbito universitario, gremial y de la Iglesia, ya que muchos jerarcas, como (Adolfo) Tortolo, Pío Laghi, Victorio Bonamín, han tenido una complicidad directa con la dictadura.
Presiones y amenazas
Después de más de veinte años de trayectoria en la Justicia, el fiscal Hugo Cañón recuerda como uno de los momentos de mayor tensión el debate sobre la constitucionalidad de los indultos a los jerarcas de la dictadura que había firmado Carlos Menem.
–¿Qué tipo de presiones tuvo cuando planteó la inconstitucionalidad del indulto?
–Fueron terribles. A través de un telegrama de la Procuración vino la orden explícita de no cuestionar la decisión de Menem. Hubo sondeos para ver qué diría cada fiscal. Dije que aún no tenía posición tomada. Cuando hice público el dictamen, me citaron y el procurador hizo una tarea de seducción con insinuación de cargos en el exterior, si yo reveía mi posición. Como los torturadores, había uno que jugaba un rol de bueno y otro de malo. El que hacía de bueno era el procurador Oscar Roger y el que hacía de malo era el secretario de Justicia (César) Arias, que pidió el sumario para expulsarme.
–¿Y los militares?
–Fueron más prudentes que algunos sectores civiles. Recién cuando comenzamos a investigar a sectores civiles, particularmente periodistas, comencé a sufrir amenazas muy fuertes.
(Fuente:Rdendh).
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