El comisario Víctor Oscar Fogelman fue reconocido por varios sobrevivientes y ahora es investigado en la causa que por los delitos de la Marina en el sur de Bahía Blanca. La investigación, en el último mes, arrojó doce de los veinte imputados tras las rejas.
Fogelman brillaba en el firmamento policial. Ahora tendrá que responder por sus servicios durante la dictadura. por Laureano BarreraEl 28 de marzo de 1976, un Falcon se detuvo frente a la casa de Rubén Jara, en Punta Alta, y se bajaron dos o tres tipos. Eran policías de la comisaría del pueblo, los conocía por su actividad profesional, y con el oficial de servicio Víctor Oscar Fogelman, hasta había jugado al fútbol. “Le pedí que me dejara cambiarme de ropa porque sabía que venía para largo”, cuenta el ex detenido a Miradas al Sur. Desde la ventana de su oficina, en la planta alta, su secretaria vio como lo subían al auto. “Pasamos por el puesto uno y cuando entramos en la base naval Puerto Belgrano me pusieron la capucha.” Jara tenía razón: fueron largos los cuarenta días –hasta el 9 de mayo– en los que fue torturado y permaneció secuestrado en el buque “9 de julio”, un armazón de hierro oxidado con antecedentes nefastos –había bombardeado el puerto de Mar del Plata durante la Revolución Libertadora de 1955– que había sido reacondicionado por la Armada como uno de los chupaderos que funcionarían en la base naval de Puerto Belgrano. El testimonio de Jara sobre su secuestro decidió, por pedido de los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño, al titular ad hoc del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, Eduardo Tentoni, a ordenar la detención de Fogelman en la causa que investiga los delitos de la Marina en el sur de la provincia, y en el último mes, arrojó doce de los veinte imputados tras las rejas.Acaso el amargo final del ex comisario responda al mismo motivo que alguna vez, de la mano de su jefe político Eduardo Duhalde, lo catapultó hasta la cima: su legajo. Su nombre saltó a la esfera pública el 25 de enero de 1997, cuando el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires lo proclamó el mesías policial capaz de desovillar la ejecución con dos plomazos en la nuca del fotógrafo José Luis Cabezas, intríngulis que incluyó la posterior incineración del cadáver. Para la designación del sabueso, el gobernador ponderó sus 34 años de antigüedad en la fuerza y una condición vital en tiempos en que arreciaban las críticas sobre su maldita policía: un prontuario sin manchas.En medio de feroces disputas internas entre duros y blandos, y advertencias de recelo hacia la conducción política, Fogelman timoneó el caso Cabezas con absoluta fidelidad a su mentor y maniobras no siempre santas: se lo acusó de desviar la investigación hacia pistas falsas como la de los pepitos, la banda de Margarita Di Tullio –más conocida como Pepita la Pistolera– o soplones infiltrados, como Carlos Redruello, también oriundo de Punta Alta. Cuando el juez José Luis Macchi anunció la clausura de la instrucción, Duhalde lo recompensó con la estratégica División de Asuntos Internos, desde donde continuó, en su condición de intocable del gobernador, haciendo inteligencia y operando políticamente para el líder del conurbano. Pero su declive fue tan brusco como su ascenso: el nuevo gobernador Carlos Ruckauf y su ministro de Seguridad, el carapintada Aldo Rico, no estaban dispuestos a pagar los costos políticos del crimen y se desembarazaron de su cruz un día antes del inicio del juicio oral, anunciándole su pase a retiro. Tuvo un paso fugaz por el Congreso como asesor del cavallista Franco Caviglia, y se ilusionó con volver a la pesquisa cuando fue convocado por la comisión investigadora de lavado de dinero que presidía Elisa Carrió para operar el sistema informático Excalibur que él mismo había estrenado con el caso Cabezas.Después, emprendió un camino usual en los policías exonerados: la seguridad privada. Integra como socio la agencia Sicurezza Argentina SRL, habilitada por el Ministerio de Seguridad de la provincia –a pesar de una advertencia de la Secretaría de Derechos Humanos del 24 de septiembre de 2003–, de la que el órgano fiscalizador deberá relevarlo para impedir que viole la ley 12.297 que regula a la vigilancia privada.La semana pasada, cuando todos lo habían olvidado, su nombre volvió a salir a flote vinculado a un pasado previo a aquel verano de Pinamar, y con aquellas máculas que el cacique del conurbano no vio o no quiso ver. No se trata sólo del secuestro de Jara: fue reconocido –datos que no han sido anexados a la causa de Bahía Blanca– por sobrevivientes como miembro de la patota del Protobanco, un centro clandestino que funcionó desde 1974 hasta fines de 1976 en la autopista Ricchieri y el Camino de Cintura. Según la Apdh, su legajo policial consigna que en esos años se desempeñó en la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense y, después de un período en que fue puesto en disponibilidad, pasó en 1977 por la Brigada de Lanús (con asiento en Avellaneda) y en 1978 por la Brigada de La Plata.Fuentes judiciales confiaron que en su declaración indagatoria del martes pasado ante el juez Eduardo Tentoni, negó conocer a Jara y haber participado en operativos ilegales. El juez –según agregó la fuente consultada– deberá decidir si lo sobresee, le dicta la falta de mérito o lo procesa, en cuyo caso Fogelman deberá probar sus dichos. Otra mancha en el legajo del sabueso, que esta vez, ve a la Justicia ceñirse tras sus propios pasos.
Fogelman brillaba en el firmamento policial. Ahora tendrá que responder por sus servicios durante la dictadura. por Laureano BarreraEl 28 de marzo de 1976, un Falcon se detuvo frente a la casa de Rubén Jara, en Punta Alta, y se bajaron dos o tres tipos. Eran policías de la comisaría del pueblo, los conocía por su actividad profesional, y con el oficial de servicio Víctor Oscar Fogelman, hasta había jugado al fútbol. “Le pedí que me dejara cambiarme de ropa porque sabía que venía para largo”, cuenta el ex detenido a Miradas al Sur. Desde la ventana de su oficina, en la planta alta, su secretaria vio como lo subían al auto. “Pasamos por el puesto uno y cuando entramos en la base naval Puerto Belgrano me pusieron la capucha.” Jara tenía razón: fueron largos los cuarenta días –hasta el 9 de mayo– en los que fue torturado y permaneció secuestrado en el buque “9 de julio”, un armazón de hierro oxidado con antecedentes nefastos –había bombardeado el puerto de Mar del Plata durante la Revolución Libertadora de 1955– que había sido reacondicionado por la Armada como uno de los chupaderos que funcionarían en la base naval de Puerto Belgrano. El testimonio de Jara sobre su secuestro decidió, por pedido de los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño, al titular ad hoc del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, Eduardo Tentoni, a ordenar la detención de Fogelman en la causa que investiga los delitos de la Marina en el sur de la provincia, y en el último mes, arrojó doce de los veinte imputados tras las rejas.Acaso el amargo final del ex comisario responda al mismo motivo que alguna vez, de la mano de su jefe político Eduardo Duhalde, lo catapultó hasta la cima: su legajo. Su nombre saltó a la esfera pública el 25 de enero de 1997, cuando el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires lo proclamó el mesías policial capaz de desovillar la ejecución con dos plomazos en la nuca del fotógrafo José Luis Cabezas, intríngulis que incluyó la posterior incineración del cadáver. Para la designación del sabueso, el gobernador ponderó sus 34 años de antigüedad en la fuerza y una condición vital en tiempos en que arreciaban las críticas sobre su maldita policía: un prontuario sin manchas.En medio de feroces disputas internas entre duros y blandos, y advertencias de recelo hacia la conducción política, Fogelman timoneó el caso Cabezas con absoluta fidelidad a su mentor y maniobras no siempre santas: se lo acusó de desviar la investigación hacia pistas falsas como la de los pepitos, la banda de Margarita Di Tullio –más conocida como Pepita la Pistolera– o soplones infiltrados, como Carlos Redruello, también oriundo de Punta Alta. Cuando el juez José Luis Macchi anunció la clausura de la instrucción, Duhalde lo recompensó con la estratégica División de Asuntos Internos, desde donde continuó, en su condición de intocable del gobernador, haciendo inteligencia y operando políticamente para el líder del conurbano. Pero su declive fue tan brusco como su ascenso: el nuevo gobernador Carlos Ruckauf y su ministro de Seguridad, el carapintada Aldo Rico, no estaban dispuestos a pagar los costos políticos del crimen y se desembarazaron de su cruz un día antes del inicio del juicio oral, anunciándole su pase a retiro. Tuvo un paso fugaz por el Congreso como asesor del cavallista Franco Caviglia, y se ilusionó con volver a la pesquisa cuando fue convocado por la comisión investigadora de lavado de dinero que presidía Elisa Carrió para operar el sistema informático Excalibur que él mismo había estrenado con el caso Cabezas.Después, emprendió un camino usual en los policías exonerados: la seguridad privada. Integra como socio la agencia Sicurezza Argentina SRL, habilitada por el Ministerio de Seguridad de la provincia –a pesar de una advertencia de la Secretaría de Derechos Humanos del 24 de septiembre de 2003–, de la que el órgano fiscalizador deberá relevarlo para impedir que viole la ley 12.297 que regula a la vigilancia privada.La semana pasada, cuando todos lo habían olvidado, su nombre volvió a salir a flote vinculado a un pasado previo a aquel verano de Pinamar, y con aquellas máculas que el cacique del conurbano no vio o no quiso ver. No se trata sólo del secuestro de Jara: fue reconocido –datos que no han sido anexados a la causa de Bahía Blanca– por sobrevivientes como miembro de la patota del Protobanco, un centro clandestino que funcionó desde 1974 hasta fines de 1976 en la autopista Ricchieri y el Camino de Cintura. Según la Apdh, su legajo policial consigna que en esos años se desempeñó en la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense y, después de un período en que fue puesto en disponibilidad, pasó en 1977 por la Brigada de Lanús (con asiento en Avellaneda) y en 1978 por la Brigada de La Plata.Fuentes judiciales confiaron que en su declaración indagatoria del martes pasado ante el juez Eduardo Tentoni, negó conocer a Jara y haber participado en operativos ilegales. El juez –según agregó la fuente consultada– deberá decidir si lo sobresee, le dicta la falta de mérito o lo procesa, en cuyo caso Fogelman deberá probar sus dichos. Otra mancha en el legajo del sabueso, que esta vez, ve a la Justicia ceñirse tras sus propios pasos.
(Fuente:Rdendh).
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