LA JUSTICIA URUGUAYA INVESTIGARA EL ASESINATO DE DOS SENADORES
Familiares de desaparecidos uruguayos reclaman justicia.Tabaré Vázquez dio luz verde para investigar y condenar a los asesinos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, los dos senadores uruguayos asesinados en Buenos Aires en 1976. La Justicia uruguaya ya había procesado y encarcelado al dictador Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco como coautores del secuestro y homicidio de los dos senadores opositores y del matrimonio tupamaro Rosario Barredo y William Whitelaw. Pero los autores materiales, los que los habían secuestrado, torturado y rematado con un tiro entre los ojos, seguían amparados por la Ley de Caducidad, que ayer cumplió veinte años.
Con la firma de Vázquez y sus ministros de Defensa e Interior, José Bayardi y Daisy Tourné, respectivamente, el gobierno uruguayo excluyó el asesinato de los cuatro exiliados de la amnistía que protege a los militares y policías responsables de crímenes de lesa humanidad durante los trece años de dictadura. “Los crímenes ocurrieron fuera del territorio nacional, donde tiene plena vigencia la ley penal extranjera”, aseguraron en el decreto firmado el lunes y difundido ayer. Hacía casi veinte años, el gobierno de Julio María Sanguinetti había cajoneado el caso dentro de la Ley de Caducidad.
Pero la familia de Michelini y los tres dirigentes asesinados siguieron juntando pruebas, testimonios y datos para tiempos mejores. El momento llegó hace cuatro años, cuando Vázquez y el Frente Amplio ganaron la presidencia por primera vez en la historia del país, impusieron una relectura de la amnistía y abrieron la puerta a los primeros juicios por crímenes de la dictadura. El caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz se convirtió de inmediato en una de las puntas de lanza de los abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los dos senadores se habían exiliado en Buenos Aires tras el autogolpe de Bordaberry en 1973. Documentos desclasificados de los gobiernos estadounidense y uruguayo demostraron que los dos dirigentes estuvieron siempre bajo vigilancia de los servicios uruguayos. Un año antes de sus muertes intentaron tramitar visas en la embajada norteamericana en Buenos Aires para viajar invitados por el senador Edward Kennedy. Antes de que lo consiguieran, la Cancillería uruguaya, a cargo de Juan Carlos Blanco, les suspendió los pasaportes.
Sin ningún lugar a donde ir, los senadores finalmente cayeron en un operativo del Plan Cóndor el 18 de mayo de 1976. Según relató una testigo a una comisión investigadora del Congreso uruguayo diez años después, el coronel retirado Pedro Matto le confió, en medio de una crisis de nervios, que él y el coronel retirado Juan Manuel Cordero viajaron a Buenos Aires el 20 de mayo para asesinar a Michelini y a Gutiérrez Ruiz.
Cuando llegaron a Automotores Orletti, el centro clandestino adonde los habían llevado, Gutiérrez Ruiz había muerto en la sala de tortura y Michelini estaba vivo, pero con señales de tortura en todo el cuerpo. “Matto le dio un tiro en el asiento de atrás del auto, en el que también llevaban el cuerpo de Gutiérrez Ruiz y, en el baúl, los del matrimonio Whitelaw”, contó la enfermera uruguaya Haydée Trías.
Matto declaró hace unas semanas como testigo a pedido de la defensa de Bordaberry. Como buen soldado, dijo que no sabía nada de la muerte de los cuatro dirigentes y que en ese momento se encontraba en un curso de capacitación del ejército en territorio uruguayo. No dio más detalles; no tenía por qué hacerlo, no estaba imputado.
Pero ahora el escenario cambió y la defensa de las víctimas está convencida de que tiene pruebas suficientes para acusar a Matto y Cordero y también a los militares uruguayos que operaron en Orletti. Según está siendo demostrado en el juicio contra el general retirado Jorge Olivera, comandante del Primer Cuerpo del Ejército que dirigía los centros de detención clandestinos de Capital Federal, hubo al menos tres oficiales uruguayos que torturaron y participaron de interrogatorios en ese centro: el teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, el coronel retirado Cordero y su par, Jorge “Pájaro” Silveira.
Pidieron cuatro procesamientos por crímenes de "Escuadron de la Muerte"
Pero la familia de Michelini y los tres dirigentes asesinados siguieron juntando pruebas, testimonios y datos para tiempos mejores. El momento llegó hace cuatro años, cuando Vázquez y el Frente Amplio ganaron la presidencia por primera vez en la historia del país, impusieron una relectura de la amnistía y abrieron la puerta a los primeros juicios por crímenes de la dictadura. El caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz se convirtió de inmediato en una de las puntas de lanza de los abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los dos senadores se habían exiliado en Buenos Aires tras el autogolpe de Bordaberry en 1973. Documentos desclasificados de los gobiernos estadounidense y uruguayo demostraron que los dos dirigentes estuvieron siempre bajo vigilancia de los servicios uruguayos. Un año antes de sus muertes intentaron tramitar visas en la embajada norteamericana en Buenos Aires para viajar invitados por el senador Edward Kennedy. Antes de que lo consiguieran, la Cancillería uruguaya, a cargo de Juan Carlos Blanco, les suspendió los pasaportes.
Sin ningún lugar a donde ir, los senadores finalmente cayeron en un operativo del Plan Cóndor el 18 de mayo de 1976. Según relató una testigo a una comisión investigadora del Congreso uruguayo diez años después, el coronel retirado Pedro Matto le confió, en medio de una crisis de nervios, que él y el coronel retirado Juan Manuel Cordero viajaron a Buenos Aires el 20 de mayo para asesinar a Michelini y a Gutiérrez Ruiz.
Cuando llegaron a Automotores Orletti, el centro clandestino adonde los habían llevado, Gutiérrez Ruiz había muerto en la sala de tortura y Michelini estaba vivo, pero con señales de tortura en todo el cuerpo. “Matto le dio un tiro en el asiento de atrás del auto, en el que también llevaban el cuerpo de Gutiérrez Ruiz y, en el baúl, los del matrimonio Whitelaw”, contó la enfermera uruguaya Haydée Trías.
Matto declaró hace unas semanas como testigo a pedido de la defensa de Bordaberry. Como buen soldado, dijo que no sabía nada de la muerte de los cuatro dirigentes y que en ese momento se encontraba en un curso de capacitación del ejército en territorio uruguayo. No dio más detalles; no tenía por qué hacerlo, no estaba imputado.
Pero ahora el escenario cambió y la defensa de las víctimas está convencida de que tiene pruebas suficientes para acusar a Matto y Cordero y también a los militares uruguayos que operaron en Orletti. Según está siendo demostrado en el juicio contra el general retirado Jorge Olivera, comandante del Primer Cuerpo del Ejército que dirigía los centros de detención clandestinos de Capital Federal, hubo al menos tres oficiales uruguayos que torturaron y participaron de interrogatorios en ese centro: el teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, el coronel retirado Cordero y su par, Jorge “Pájaro” Silveira.
Pidieron cuatro procesamientos por crímenes de "Escuadron de la Muerte"
Pedido. El fiscal Ricardo Perciballe tipificó graves delitos.
El fiscal Ricardo Perciballe solicitó, días atrás, el procesamiento con prisión del empresario Miguel Sofía, el inspector Pedro Freitas y otros dos policías vinculados con la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), por su participación en tres de los crímenes atribuidos al "Escuadrón de la Muerte", a principios de la década del 70.
El dictamen de casi 70 páginas solicita el procesamiento de los cuatro ex integrantes del "Escuadrón" por un delito de "asociación para delinquir en concurrencia real fuera de la reiteración", un "delito de desaparición forzada", por el caso de Héctor Castagnetto, y "dos delitos de homicidio muy especialmente agravados", en los casos de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez.
El fiscal Ricardo Perciballe solicitó, días atrás, el procesamiento con prisión del empresario Miguel Sofía, el inspector Pedro Freitas y otros dos policías vinculados con la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), por su participación en tres de los crímenes atribuidos al "Escuadrón de la Muerte", a principios de la década del 70.
El dictamen de casi 70 páginas solicita el procesamiento de los cuatro ex integrantes del "Escuadrón" por un delito de "asociación para delinquir en concurrencia real fuera de la reiteración", un "delito de desaparición forzada", por el caso de Héctor Castagnetto, y "dos delitos de homicidio muy especialmente agravados", en los casos de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez.
Asimismo, el dictamen de la Fiscalía solicita una orden de captura internacional contra el médico paraguayo Nelson Crosas Cuevas, partícipe ideológico en la creación del "Escuadrón" y nexo directo con el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Armando Acosta y Lara.
Crosas Cuevas es considerado uno de los "jefes operativos" de varios grupos del "Escuadrón de la Muerte" y si bien se tiene la presunción que estaría muerto, la ausencia de confirmación oficial sobre este hecho ameritó la solicitud de la orden de captura, señalaron las fuentes.
Además, el escrito interpuesto por el fiscal solicita proseguir la recopilación de prueba con respecto a la desaparición de Abel Ayala. La jueza Penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, adoptará ahora los pasos a seguir en el expediente, previo a dictar sentencia, expresaron.
Abundante prueba documental
El extenso dictamen del fiscal Perciballe realiza un meticuloso estudio sobre el contexto socio-histórico en el cual se produjo el nacimiento, consolidación y accionar de esta organización parapolicial, en base a libros y documentación histórica de ese período.
El análisis realizado por Perciballe concluye que el "Escuadrón de la Muerte" tiene su origen en el contexto socio-económico de la época, por el cual se procesa la consolidación de la guerrilla. La creación de la organización parapolicial tiene como objetivo brindar una respuesta activa y de carácter violento a ese proceso de consolidación, se estima en el dictamen.
Asimismo, los documentos incorporados al expediente vincularían la creación del "Escuadrón" con el ajusticiamiento del ex agente de la CIA, Dan Anthony Mitrione por parte del MLN-T. "La vinculación entre estos hechos no puede afirmarse, pero las fechas y la proximidad entre los integrantes del Escuadrón y Mitrione acentúan esta percepción", explicaron las fuentes.
El dictamen del fiscal identifica entre 10 y 12 ex integrantes de la organización con participación en los atentados, cómo se consolidó la organización, centros de reunión y capacitación y su metodología de acción, expresaron.
Las víctimas
La investigación judicial liderada por la jueza Eustachio se sustanció por la desaparición del estudiante Héctor Castagnetto en agosto de 1971. Sin embargo, la abundante prueba recabada implicó que la Fiscalía incluyera en la indagatoria casos conexos a ese crimen, como la desaparición de Abel Ayala y los asesinatos de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez.
Los pormenores del accionar de la organización parapolicial comenzaron a quedar al descubierto en 1972 con el testimonio del ex fotógrafo policial y ex agente de la CIA, hoy en Argentina en proceso de extradición, Nelson Bardesio, durante su detención en la Cárcel del Pueblo.
Bardesio narró al MLN con lujo de detalles cómo se realizó el operativo de secuestro y desaparición de Castagnetto. En ese testimonio, Bardesio sostuvo que Sofía, Freitas y dos oficiales entrenados en Brasil fueron los partícipes del secuestro, tortura y desaparición del joven.
El secuestro de Bardesio tuvo una respuesta directa del "Escuadrón".
El cuerpo de Ibero Gutiérrez fue abandonado en un baldío cerca de la intersección de Camino de las Tropas y camino Melilla, con fracturas múltiples y 13 impactos de bala. A su lado, un cartel decía: "Vos también pediste perdón. Bala por bala. Muerte por muerte. Comando Caza Tupamaros".
Treinta y siete años después de este hecho, los responsables de aquellos crímenes podrían ser procesados por la Justicia. El hecho pudo concretarse mucho antes, cuando el diputado de la Izquierda Democrática Independiente (IDI), Nelson Lorenzo Rovira, presentó en mayo de 1987 estos casos ante la Justicia
Sin embargo, el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, ordenó el archivo de las actuaciones alegando que estos crímenes estaban amparados en la Ley de Caducidad, pese a ser anteriores al golpe de Estado de 1973.
Crosas Cuevas es considerado uno de los "jefes operativos" de varios grupos del "Escuadrón de la Muerte" y si bien se tiene la presunción que estaría muerto, la ausencia de confirmación oficial sobre este hecho ameritó la solicitud de la orden de captura, señalaron las fuentes.
Además, el escrito interpuesto por el fiscal solicita proseguir la recopilación de prueba con respecto a la desaparición de Abel Ayala. La jueza Penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, adoptará ahora los pasos a seguir en el expediente, previo a dictar sentencia, expresaron.
Abundante prueba documental
El extenso dictamen del fiscal Perciballe realiza un meticuloso estudio sobre el contexto socio-histórico en el cual se produjo el nacimiento, consolidación y accionar de esta organización parapolicial, en base a libros y documentación histórica de ese período.
El análisis realizado por Perciballe concluye que el "Escuadrón de la Muerte" tiene su origen en el contexto socio-económico de la época, por el cual se procesa la consolidación de la guerrilla. La creación de la organización parapolicial tiene como objetivo brindar una respuesta activa y de carácter violento a ese proceso de consolidación, se estima en el dictamen.
Asimismo, los documentos incorporados al expediente vincularían la creación del "Escuadrón" con el ajusticiamiento del ex agente de la CIA, Dan Anthony Mitrione por parte del MLN-T. "La vinculación entre estos hechos no puede afirmarse, pero las fechas y la proximidad entre los integrantes del Escuadrón y Mitrione acentúan esta percepción", explicaron las fuentes.
El dictamen del fiscal identifica entre 10 y 12 ex integrantes de la organización con participación en los atentados, cómo se consolidó la organización, centros de reunión y capacitación y su metodología de acción, expresaron.
Las víctimas
La investigación judicial liderada por la jueza Eustachio se sustanció por la desaparición del estudiante Héctor Castagnetto en agosto de 1971. Sin embargo, la abundante prueba recabada implicó que la Fiscalía incluyera en la indagatoria casos conexos a ese crimen, como la desaparición de Abel Ayala y los asesinatos de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez.
Los pormenores del accionar de la organización parapolicial comenzaron a quedar al descubierto en 1972 con el testimonio del ex fotógrafo policial y ex agente de la CIA, hoy en Argentina en proceso de extradición, Nelson Bardesio, durante su detención en la Cárcel del Pueblo.
Bardesio narró al MLN con lujo de detalles cómo se realizó el operativo de secuestro y desaparición de Castagnetto. En ese testimonio, Bardesio sostuvo que Sofía, Freitas y dos oficiales entrenados en Brasil fueron los partícipes del secuestro, tortura y desaparición del joven.
El secuestro de Bardesio tuvo una respuesta directa del "Escuadrón".
El cuerpo de Ibero Gutiérrez fue abandonado en un baldío cerca de la intersección de Camino de las Tropas y camino Melilla, con fracturas múltiples y 13 impactos de bala. A su lado, un cartel decía: "Vos también pediste perdón. Bala por bala. Muerte por muerte. Comando Caza Tupamaros".
Treinta y siete años después de este hecho, los responsables de aquellos crímenes podrían ser procesados por la Justicia. El hecho pudo concretarse mucho antes, cuando el diputado de la Izquierda Democrática Independiente (IDI), Nelson Lorenzo Rovira, presentó en mayo de 1987 estos casos ante la Justicia
Sin embargo, el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, ordenó el archivo de las actuaciones alegando que estos crímenes estaban amparados en la Ley de Caducidad, pese a ser anteriores al golpe de Estado de 1973.
Superaron el 10% del padrón electoral
280 mil 103 rúbricas contra la impunidad
Habrá plebiscito en octubre.
280 mil 103 rúbricas contra la impunidad
Habrá plebiscito en octubre.
Aquí están. Ayer la Comisión exhibió las más de 280 mil papeletas.
Ya superado el mínimo requerido por la Constitución Nacional para habilitar un plebiscito que anule la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, los activistas contra la impunidad inician hoy el tramo final de la campaña para alcanzar 300 mil firmas y compensar posibles invalidaciones.
"Este fin de semana vamos a juntar las últimas 20 mil, ya totalmente seguros de que llegamos a las 300 mil", anunció Luis Puig, uno de los integrantes de la Coordinadora Nacional contra la Ley de Impunidad, y actual secretario de la comisión de Derechos Humanos de la central de trabajadores.
El PIT CNT tiene previsto realizar entre sábado y domingo la doble jornada nacional de recolección de firmas que fue aprobada por la Mesa Representativa a propuesta de su Secretariado Ejecutivo.
Durante la movilización sindical se desplegarán brigadistas por los 19 departamentos del Uruguay. "Ya pasamos el mínimo establecido por la Constitución, una cantidad que ronda las 250 mil firmas, el equivalente al 10% de los ciudadanos que están inscriptos en el padrón electoral, y que están habilitados para votar", explicó Puig, convencido que las 20 mil firmas se juntarán el fin de semana.
Ayer, los activistas de la coordinadora nacional exhibieron 280 mil 103 firmas conservadas en más de 30 cajas que contienen más de siete mil paquetes con unas 40 papeletas cada uno. El histórico evento ocurrió a las 11:30 horas en el local de la Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap).
Puig convocó a "los uruguayos demócratas" a sumarse a la jornada del fin de semana, y mantener "el ritmo muy alto de recolección" que se constató en las últimas semanas para que la anulación de la ley sea "un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado" y "un nunca más a las dictaduras".
La impactante exhibición de las papeletas fue realizada en la Sala del Consejo Federal de Fancap, en avenida Agraciada 2522 esquina Francisco Caraballo, ante numerosos periodistas, fotógrafos y camarógrafos de todos los medios de comunicación que asistieron a registrar el histórico momento.
Todas las papeletas, (recolectadas con sus respectivas firmas y con los correspondientes números de serie), serán entregadas el viernes 24 de abril, ante la Asamblea General, en una ceremonia que movilizará a miles de activistas sociales en "un gran abrazo simbólico" al Palacio de las Leyes. Con posterioridad, las rúbricas estampadas en las papeletas serán sometidas a un ya cuestionado proceso de revisión en la Corte Electoral.
"Este fin de semana vamos a juntar las últimas 20 mil, ya totalmente seguros de que llegamos a las 300 mil", anunció Luis Puig, uno de los integrantes de la Coordinadora Nacional contra la Ley de Impunidad, y actual secretario de la comisión de Derechos Humanos de la central de trabajadores.
El PIT CNT tiene previsto realizar entre sábado y domingo la doble jornada nacional de recolección de firmas que fue aprobada por la Mesa Representativa a propuesta de su Secretariado Ejecutivo.
Durante la movilización sindical se desplegarán brigadistas por los 19 departamentos del Uruguay. "Ya pasamos el mínimo establecido por la Constitución, una cantidad que ronda las 250 mil firmas, el equivalente al 10% de los ciudadanos que están inscriptos en el padrón electoral, y que están habilitados para votar", explicó Puig, convencido que las 20 mil firmas se juntarán el fin de semana.
Ayer, los activistas de la coordinadora nacional exhibieron 280 mil 103 firmas conservadas en más de 30 cajas que contienen más de siete mil paquetes con unas 40 papeletas cada uno. El histórico evento ocurrió a las 11:30 horas en el local de la Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap).
Puig convocó a "los uruguayos demócratas" a sumarse a la jornada del fin de semana, y mantener "el ritmo muy alto de recolección" que se constató en las últimas semanas para que la anulación de la ley sea "un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado" y "un nunca más a las dictaduras".
La impactante exhibición de las papeletas fue realizada en la Sala del Consejo Federal de Fancap, en avenida Agraciada 2522 esquina Francisco Caraballo, ante numerosos periodistas, fotógrafos y camarógrafos de todos los medios de comunicación que asistieron a registrar el histórico momento.
Todas las papeletas, (recolectadas con sus respectivas firmas y con los correspondientes números de serie), serán entregadas el viernes 24 de abril, ante la Asamblea General, en una ceremonia que movilizará a miles de activistas sociales en "un gran abrazo simbólico" al Palacio de las Leyes. Con posterioridad, las rúbricas estampadas en las papeletas serán sometidas a un ya cuestionado proceso de revisión en la Corte Electoral.
(Fuente:Rdendh-Pagina12;Larepublica).
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