MAR DEL PLATA: PRIMER JUICIO -CORRIENTES: CAUSA EX REGIMIENTO 9 II -MENDOZA: EXCAVACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE POSIBLES DESAPARECIDOS.

Primer juicio en Mar del Plata por delitos de lesa humanidad
A partir del 26 de mayo serán juzgados oralmente en Mar del Plata dos militares acusados por la desaparición de un joven durante el último gobierno de facto. Será el primer juicio que se desarrolle en esta ciudad por delitos de lesa humanidad. La víctima

Carlos Labolita, militante de la Juventud Universitaria Peronista que fue secuestrado en la ciudad de Las Flores.

La desaparición de Carlos Labolita (24), un militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) que fue secuestrado en la ciudad de Las Flores el 25 de abril de 1976, será el eje central del primer juicio oral que se desarrolle en Mar del Plata por delitos de lesa humanidad.

Las audiencias comenzarán el martes 26 de mayo a partir de las 8,30hs. Los acusados son dos militares que se desempeñaban en Azul: el general Pedro Pablo Mansilla (77) y el coronel Alejandro Guillermo Duret (56). Este último se hallaba en actividad cuando fue detenido en 2006.

Fue conformado un Tribunal ad hoc integrado por los jueces platenses Alejandro Esmoris, Carlos Rozanski (presidió los juicios del comisario Etchecolatz y Von Wernich) y Nelson Jarazo.
El Ministerio Público estará representado por el fiscal general de Cámara de Mar del Plata, doctor Daniel Adler junto a los fiscales federales Oscar Blanco (Azul) y Horacio Solín (Necochea), con intervención de la Unidad de Asistencia y Coordinación de la Procuración General.
Los integrantes de la querella: doctor Sivo -quien representa a la esposa de la víctima-.

Imputaciones
Los dos militares están acusados como coautores de *"privación ilegal de la libertad agravada, por haber sido cometida bajo violencia física" y participación primaria.
*"imposición de torturas agravadas por tratarse de un perseguido político y homicidio calificado, por ser cometido con alevosía y ensañamiento"

Los hechos:
Según surge de la causa, el 25 de abril de 1976, efectivos policiales privaron de su libertad a Labolita por disposición del área militar Azul- Las Flores. La orden habría sido impartida por el entonces teniente coronel Mansilla.
Luego de permanecer dos días detenido en la comisaría de Las Flores, Labolita fue trasladado a Azul junto a otros detenidos. Allí Labolita fue entregado en la Oficina de Inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1, donde habría sido recibido por el entonces teniente Duret, quien se desempeñaba en el área de Batería de Comando, como oficial de Inteligencia.
El 30 de abril y el 1 de mayo, un grupo de personas de civil, entre los que estaba Duret allanó ilegalmente el domicilio de la familia Labolita, donde se hallaban la madre, la hermana y la esposa del joven secuestrado.
Este grupo ilegal llevaba consigo a Labolita "quien se encontraba encapuchado, con las manos atadas y notoriamente desmejorado, producto de haber sufrido severos castigos físicos".
Las tres mujeres fueron ascendidas a un auto y "paseadas", hasta que finalmente fueron liberadas cerca de la Estación de Trenes. Carlos Labolita no volvió a ser visto.
Las instancias de un largo proceso
Tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el juez Federal de Azul, Juan José Comparato, comenzó a investigar la desaparición de Carlos Labolita y procesó al general retirado Pedro Mansilla y al coronel en actividad Alejandro Duret, quienes al momento del hecho se desempeñaban en el regimiento de Azul.
La causa fue elevada a juicio y, por razones de jurisdicción, recayó en el Tribunal Oral de Mar del Plata, que tenía previsto juzgar a ambos militares en marzo.
No obstante, los tres integrantes del Tribunal -doctores Roberto Falcone, Néstor Parra y Mario Portela- fueron apartados de la causa por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal en respuesta favorable a una presentación de la defensa.
Si bien los jueces marplatenses no tomaron ninguna decisión en el marco de la causa, los camaristas de Casación entendieron que "ejercieron actividades y funciones judiciales de dirección y control de la investigación e instrucción", motivo por el cual los apartaron del caso.
Los jueces marplatenses sostuvieron en su momento que "no hemos tomado conocimiento alguno de la fase instructoria ni adoptado medidas cautelares", motivo por el cual el Tribunal "no está contaminado por ningún tipo de actividad previa que condiciones su imparcialidad".
El motivo puntual del apartamiento es que el 25 de septiembre de 2006 los jueces le tomaron declaración testimonial a Carlos Orlando Labolita sobre las circunstancias que rodearon su secuestro y la desaparición de su hijo.
El apartamiento de los magistrados marplatenses derivó en la conformación de un tribunal "ad hoc" que realizará el juicio a partir del 26 de mayo en la sala del Tribunal Oral Federal, situada en Luro casi Santiago del Estero.
Su amistad con Néstor y Alicia Kirchner
Carlos Alberto Labolita (24) era casado, militaba en la Juventud Peronista, trabajaba en una petroquímica de Berazategui y estudiaba sociología en La Plata, donde fue compañero de militancia y amigo de Néstor Kirchner y de la actual presidenta Cristina Fernández.
Su padre -Carlos Orlando Labolita, un reconocido docente con militancia gremial- había sido detenido en Las Flores el 24 de marzo de 1976, a pocas horas del golpe de Estado. Luego quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y salió de la cárcel en 1980.
A poco de enterarse de la detención de su padre, Carlos viajó desde La Plata a Las Flores, donde se produjo su desaparición.
En el año 2004, el entonces presidente Kirchner recordó públicamente a Labolita en su ciudad natal: "Carlos fue uno de los grandes amigos de mi vida, un gran compañero. Junto a su esposa Gladys estuvieron viviendo en la casa que yo alquilaba durante largo tiempo (en La Plata). La noche del golpe estuvimos juntos en una pensión tratando de salvar nuestras vidas, el 24 de marzo de 1976. Yo discutí con él cuando decidió venir a Las Flores. Le pedí por favor que no viniera cuando decía que lo iban a cambiar por el padre que estaba preso, porque sabía qué clase de gente que era, la calidad de esta gente..."
En otras oportunidades, Kirchner recordó públicamente a Labolita al tiempo que pidió a la justicia celeridad en las causas a ex militares acusados por delitos de lesa humanidad.

Atencion los colegas: se deben acreditar esta semana
Los medios se tienen que acreditar esta semana, por si a alguien le interesa, tienen que enviar desde el medio en que se desempeñan una nota con las personas que designan para cubrir, y en el juzgado preparan las credenciales que se retiran el día de la audiencia. traer el DNI, mas credencial.

CORRIENTES: CAUSA EX REGIMIENTO 9 II.

Se estima que más de 40 testigos declararán durante la causa Ex Regimiento Nº 9 II que investigará el secuestro y desaparición de Vicente Víctor Ayala y Julio César Barozzi, días antes de iniciar la última dictadura militar, por lo que querella, de iniciar el proceso a mediados de año, prevé sentencias recién a fines de 2009.El abogado querellante Herminio González dijo a Momarandu.com que estima que más de cuarenta testigos sean citados durante el nuevo proceso. “Algunos han declarado en la causa Ex RI 9 I, que terminó a mediados de 2008 con la encarcelación cuatro ex oficiales miembros de grupos de tareas, pero otros aportarán datos nuevos”, dijo.González dijo que espera que, a más tardar, el proceso inicie “a mediados de este año”. A inicios de febrero, la querella presentó al Tribunal pruebas instrumentales, documentales y testimoniales.La querella solicitó al Tribunal además que acumule la totalidad de las denuncias labradas hasta el momento con relación a los hechos investigados en la causa y que adjunte todos los documentos resultantes de la Causa Ex Regimiento Nº 9 I. La querella aguarda ahora que el Tribunal continúe con la siguiente etapa procesal: la “citación”, instancia en la que las partes presentan al Juzgado los expedientes de los que luego se valdrán para sostener sus hipótesis de culpabilidad o inocencia ante los jueces durante las discusiones del debate oral.La “citación a debate” es un procedimiento que corresponde a la citación a juicio en el que se ofrecen y admiten pruebas que luego el Tribunal instruye, exceptúa, o sobresee, en el caso que corresponda para luego fijar la fecha de la audiencia de debate en plazo perentorio.De iniciar el proceso a mediado de año, al querella estima que las sentencias se lean antes de que culmine 2009. No obstante, según aclaró González, una vez iniciado, la causa no frenará aunque se encuentre con un periodo de feria.Julio César "Cacho" Barozzi y Vicente Víctor “Cacho” Ayala fueron secuestrados junto a Jorge Saravia Acuña y Diego Orlando Romero en las inmediaciones del Club San Martín de Corrientes el 16 de febrero de 1976, un mes antes de que iniciara la última dictadura militar argentina.Desde el día de su desaparición, no se supo nada más del paradero de los secuestrados. Se supone del único imputado en la causa, el policía Diego Ulibarrie, que fue quien dirigió el operativo de detención en el que se desapareció a los cuatro jóvenes. Sin embargo, la querella planea pedir la imputación de otros sospechosos, entre ellos algunos civiles.No obstante, los testigos Carlos Achar Carlomagno y Silvia Martínez, develaron algunos detalles de la detención de estos desaparecidos durante sus declaraciones en la causa Ex Regimiento Nº 9 I. “Ahora te vamos a reventar como le hicimos a los Cachos”, declaró Achar que el ex capitán Juan Carlos De Marchi le dijo durante su detención en ese regimiento.Achar declaró además que el entonces subteniente Rafael Barreiro, hoy ex coronel, condenado a cadena perpetua en cárcel común por el asesinato del militante Rómulo Artieda le precisó durante su cautiverio en 1976 que Ayala había sido asesinado durante sesiones de tortura y Barozzi con un disparo en la cabeza y arrojado al río.
Momarandu.

En Mendoza
Excavan en busca de posibles desaparecidos
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia interviene en las tareas de investigación encaradas en el campo de tiro de la Fuerza Aérea en la zona de Las Lajas, donde funcionó un centro clandestino de detención en 1976 y 1977.
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia interviene en las tareas de búsqueda encaradas en el campo de tiro de la Fuerza Aérea en la zona de Las Lajas, donde funcionó un centro clandestino de detención en 1976 y 1977. En el lugar donde se realiza la excavación estuvieron entre otros, el fiscal especial de la Justicia federal Omar Palermo, y la directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Las Heras, Raquel Odasso. El municipio lasherino aportó las máquinas empleadas y personal para el trabajo de campo, mientras que los gastos de traslado y estadía de los peritos y ayudantes, y otros costos derivados de la actividad cumplida por el equipo de trabajo son solventados con un subsidio otorgado por el Gobierno de Mendoza y gestionado por María José Ubaldini, directora de Derechos Humanos de la Provincia. Esta etapa de la pericia fue cumplida por peritos geofísicos, geólogos y antropólogos, quienes dispusieron excavaciones con una máquina retroexcavadora sobre sectores del campo previamente explorados y referenciados que presentan modificaciones del suelo. Si bien el resultado obtenido hasta ahora es negativo, se prevé continuar con las actividades mientras se analizan las características de la próxima etapa. Eloy Mendoza, a cargo de las excavaciones indicó por Canal 9 que "en este momento estamos haciendo unas excavaciones en dos o tres sitios que hemos evaluado". "Vemos que hay diferencias con respecto a lo que podían ser, antes y después del 76. Lugares donde se supone que ha sido removido el terreno, por alguna causa", señaló. Esta es la primera etapa de búsqueda de un probable enterramiento humano en ese campo de tiro, mediante una orden judicial dada por el juez federal en el fuero penal Walter Bento. Una denuncia formulada por organismos de derechos humanos en 2004, basada en la declaración de un testigo que aseguró haber visto al desaparecido rector de la Universidad Nacional de San Luis, Mauricio López, en el año 1977 y también algunos cambios observados a partir de pericias fotográficas, profundizaron las medidas judiciales.
(Fuente:Rdendh).