Había sido recusado. Recurren a dos jueces riojanos para completar el tribunal
El presidente del Tribunal Oral federal N° 1 de la ciudad de Córdoba, José Vicente Muscará, fue apartado de ese cuerpo en la causa ya elevada a juicio y que tiene como procesados a Luciano Benjamín Menéndez y a otros cinco represores. La salida de Muscará, quien pidió su apartamiento tras ser recusado por uno de los imputados en ese expediente, se suma a la renuncia del vocal Carlos Otero Álvarez.
De esta forma, para el proceso oral y público que debe ser puesto en marcha quedó como único integrante del tribunal Jaime Díaz Gavier.
Las vacantes –sólo para este caso– serán cubiertas por dos jueces riojanos, según lo resolvió la Cámara Nacional de Casación Penal. Se trata de Sergio Arturo Grimaux y Jorge Quiroga Uriburu, ambos del Tribunal Oral Federal de aquella provincia.
La decisión de Casación tiene fecha del 19 de mayo pasado, aunque recién trascendió ayer.
“Si desde mayo ya está integrado el tribunal con Díaz Gavier y los dos jueces riojanos, tendrían que fijar fecha de una buena vez para el juicio en el caso Albareda”, comentó a este diario Miguel Baronetto, dirigente de entidades de derechos humanos y secretario de ésa área de la Municipalidad de Córdoba.
En tanto, Díaz Gavier dijo a La Voz del Interior que faltan algunos pasos para que quede confirmada la incorporación de Quiroga Uriburu.
“Objetivamente, Muscará no va a intervenir en el juicio. Aparte de que lo recusaron, él se inhibió porque hay una causa objetiva de apartamiento y así se lo aceptó el tribunal”, dijo Díaz Gavier.
Agregó que Grimaux reemplazará al renunciante Otero Álvarez y que Quiroga Uriburu hará lo propio con Muscará. Este magistrado había sido objetado por el procesado Miguel Ángel Gómez, quien argumentó que Muscará lo defendió como abogado particular, a fines de la década de 1970, en una causa que se tramitó en la Justicia de Río Cuarto.
En marcha. “Todavía no está constituido el tribunal, pero hemos pedido que Quiroga se integre en esta causa”, dijo Díaz Gavier en relación con el caso Albareda, que investiga el asesinato del comisario Ricardo Fermín Albareda, ocurrido a fines de la década de 1970. Este sumario tiene como principal procesado a Menéndez, quien el año pasado fue condenado en Córdoba y luego en Tucumán por delitos de lesa humanidad.
Por los dichos de Díaz Gavier, se desprende que el juez Grimaux ya está designado para el futuro juicio a Menéndez y para otras causas vinculadas con la represión de la dictadura. Quiroga Uriburu sólo había sido convocado para analizar las recusaciones, pero Díaz Gavier sostiene que es inminente su oficialización como integrante del Tribunal Oral N° 1.
“Son cosas más o menos rápidas. Como Quiroga Uriburu ya fue designado para intervenir, es una formalidad muy breve, algo para resolver en los próximos días”, estimó.
El magistrado cree que el nuevo juicio a Menéndez podría sustanciarse en la segunda mitad del año. Para que eso ocurra, primero, debe resolverse qué otras causas se agregarán a la que ya está enviada a juicio, la referida causa Albareda.
Entre la maraña de expedientes por violaciones a los derechos humanos que esperan ser elevados a juicio, se anotan la causa Gontero, en la que se analizan los secuestros y torturas sufridos por ex policías, y la denominada UP1, en la que se investigan 32 crímenes ocurridos en su mayoría en la cárcel de barrio San Martín. La jueza Cristina Garzón de Lascano ya corrió vista a las partes de la última causa para elevarla a juicio, lo que ocurriría antes de la feria de julio.
“Lo positivo es que, ya que no pudimos tener el juicio por Albareda antes, ahora se van a acumular varias causas”, evaluó el abogado de entidades de derechos humanos Martín Fresneda.
Causas en espera
Albareda. Investiga el crimen del comisario de la Policía Ricardo Fermín Albareda, ocurrido a fines de la década de 1970 y tiene como procesados a Luciano Benjamín Menéndez y a otros cinco represores.
Gontero. Se investigan los secuestros y torturas a ex policías.
UP1. Se juzgarán los 32 crímenes perpetrados en su mayoría en la cárcel de barrio San Martín.
Análisis
Entre vacantes y recusaciones
Por Carlos Paillet.
A la módica dotación de jueces que se desempeña en los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba, por las vacantes de vieja data aún sin cubrir, se suma una ola de recusaciones e inhibiciones de magistrados. Este escenario se da en causas de alto impacto público y político, como las que se ventilan por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
La endeblez del sistema es de tal magnitud que el Tribunal Oral Federal N° 1 quedó con un solo miembro en pie para poner en marcha el próximo juicio a Luciano Benjamín Menéndez y otros represores enredados en varios expedientes que se terminarían por acumular.
La renuncia de Carlos Otero Álvarez y la recusación que cayó sobre el titular del cuerpo, José Vicente Muscará, derivó en que Jaime Díaz Gavier tenga que compartir el estrado con dos camaristas federales con asiento en La Rioja.
El tribunal desmantelado, que el año pasado cobró notoriedad nacional por condenar a Menéndez y a otros torturadores de La Perla, ya se había quedado sin su fiscal natural, Maximiliano Hairabedian, quien planteó su propia inhibición. Su reemplazante, José Fabián Asís, debutó con una sonora embestida contra Otero, quien optó por dimitir bajo sospecha de haber sido “funcional” a la dictadura.
Nada parece claro. La campaña rumbo a las urnas del 28 de junio ha frenado en el Consejo de la Magistratura el tratamiento de la acusación que pesa sobre otros cuatro jueces federales de Córdoba. El panorama tiende a enredarse, mientras los juicios continúan en pausa y sin agenda definida.
(Fuente:Rdendh-Lavozdelinterior).
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