Elevacion a juicio oral
Imputados: Nicolas Caffarello y Fernando Delgado(profugo)
El juez federal sobrogante Rodolfo Pradas elevó a juicio la causa por la cual se juzga a un militar por la desaparición y torturas que sufriera el periodista marplatense Amilcar Gonzalez el 25 de marzo de 1976. Quien será juzgado es el ex represor Nicolás Caffarello, alias el "tano Nicola", fue detenido en mayo 2007 por disposición de la Justicia federal acusado de haber participado en el secuestro y posterior cautiverio del periodista Amilcar González en esta ciudad. Según se refleja en un cable de la Agencia DyN, la resolución fue firmada este miércoles por el juez Pradas y remitida al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata que deberá fijar fecha de comienzo del juicio oral y público. Caffarello está imputado por privación ilegítima de la libertad coactiva, mediante la sustracción, retención y ocultamiento de una persona con el fin de tolerar algo contra su voluntad, agravada", según consta en la causa. La tarde del 25 de marzo de 1976, un grupo paramilitar armado entró al ministerio de Trabajo de Mar del Plata y secuestró a Amilcar González quien, junto con otros miembros del Sindicato de Prensa local, participaban de la firma un acuerdo en la cartera laboral. La puesta en marcha del Juicio por la Verdad, en febrero 2001, llevó al periodista a denunciar su propio secuestro ante la Justicia. La causa involucra también al jefe del operativo paramilitar, Fernando Delgado, actualmente prófugo y uno de los represores más conocidos en el ámbito local por su accionar a cargo del aparato represivo en los años del proceso militar. También involucra al coronel Pedro Barda, titular de la Subzona militar 15, a quien respondía Delgado, que fue juzgado en 1985 por crímenes de lesa humanidad. El secuestro del periodista, quien en ese entonces tenía 36 años, se produjo veinticuatro horas después del golpe militar que derivó en la desaparición de 30.000 personas. Amilcar González murió en Mar del Plata el 2 de Junio de 2004 como consecuencia de un cáncer que lo aquejaba. Fue Secretario General del Sindicato de prensa durante los años 70, periodista del diario La Capital en 1971, corresponsal del diario La Opinión de Buenos Aires, miembro de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y en 1975 fue jefe de la corresponsalía de la Agencia TELAM de noticias. Luego de su secuestro lo dieron por muerto y fue arrojado en la Seccional Cuarta de Policía local. Cuando se realizó el Juicio por la Verdad, hace más de 7 años, Amilcar González declaró durante dos extensas jornadas ante los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra. En su declaración testimonial denunció las "responsabilidades de Fernando Delgado, el abogado Eduardo Cincotta (hoy detenido en la cárcel de Batán acusado por crímenes de lesa humanidad), Eduardo Ullúa, (los tres de militancia en la CNU), Mario Dourquet y Nicolás Caffarello, entre otros". Según declaró por aquél entonces "lo primero que había que establecer a partir de la irrupción de la dictadura más criminal de toda la historia argentina, es que el genocidio fue ideologico. En todo caso fue el primero". El periodista, que logró salir del país en 1978 y vivió exiliado en Venezuela hasta 1984, contrajo un cáncer a los 55 años de edad. Víctima de reiteradas torturas y tormentos, González fue uno de los primeros secuestrados en Mar del Plata, ciudad en la que en total hubo más de 400 desaparecidos durante la dictadura militar. La derogación por parte del gobierno nacional de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final terminó con el amparo de los represores denunciados ante la Cámara Federal marplatense.
ASAMBLEA PERMANENTE por los DERECHOS HUMANOS (APDH) filial San Luis
Domicilio 9 de julio 333, Dto 14 y teléfonos: 425002 – 424156 - 423379
A 33 años del golpe militar
30.000 detenidos desaparecidos ¡Presentes!
1976 - 24 de Marzo - 2009
La ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS, Filial San Luis, repudia la actitud de la Fiscal Federal que ha impedido a ésta Asamblea, que somos querellantes y que hemos denunciamos todos estos hechos desde el inicio, tomar conocimiento de las actuales decisiones sobre las indagatorias a los genocidas, ya que una vez mas no se nos considera parte del proceso. Esta actitud manifiesta una clara protección a estos máximos responsables de asesinatos y desapariciones, como es el caso del Genocida Luciano Benjamín Menéndez, que acaba de ser indagado en la Delegación de la Policía Federal con sede en San Luis, quien también protegió su huída pretendiendo evitar el repudio popular, de quienes pedíamos información sobre los hechos que allí estaban ocurriendo.- Es la misma actitud que tuvo hace meses cuando fueron llamados a indagatorias los otros genocidas, como Plá, Fernández Gez etc.-
A partir de esta declaración indagatoria exigimos que Luciano Benjamin Menéndez quede detenido en CÁRCEL COMÚN, y que no vuelva a Córdoba a gozar de su detención domiciliaria como ocurre actualmente. Asi mismo, Cárcel Común, para todos aquellos que ya están con condena, o en procesos judiciales acusados de delitos de lesa humanidad, como así también para todos los civiles, eclesiásticos que fueron cómplices del terrorismo de Estado.-
Hicieron falta más de treinta años para que comenzaran nuevamente los juicios por estos delitos, mientras los responsables del terrorismo, gozaron de toda la impunidad que le dieron las leyes de obediencia debida, punto final y el indulto y que hoy siguen pretendiendo gozar de privilegios.
Continúan declarando testigos en la causa Área Paraná
Ex soldados rompieron el silencio sobre delitos de lesa humanidad
Ex conscriptos del Ejército contaron a la Justicia cómo se ejecutaba el terrorismo de Estado.
En el marco de la causa Área Paraná, en la cual se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la región de la capital entrerriana, ayer y el lunes declararon ante la Justicia Federal ex soldados que tenían a su cargo la custodia de los detenidos ilegales en las dependencias del batallón de Comunicaciones del Ejército. Sus testimonios fueron valiosos y aportaron precisiones sobre los delitos como torturas y privaciones ilegales de la libertad.
Las primeras cinco detenciones en esta causa se produjeron la semana pasada: Hugo Mario Moyano, José Anselmo Appelhans, Jorge Humberto Appiani y Rosa Susana Bidinost están presos en las unidades penales 1 y 6 de Paraná; mientras que Ramón Genaro Díaz Bessone tiene prisión domiciliaria en Buenos Aires. El único que accedió a declarar ante la jueza Myiram Galizzi fue Appiani, el lunes.
En tanto, esta semana se presentaron a declarar como testigos un grupo de ex conscriptos, que brindaron detalles sobre el cautiverio de las víctimas del terrorismo de estado, coincidentes con el relato de los mismos detenidos, indicó a UNO la abogada del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, Marina Barbagelata.
La abogada querellante señaló “en las últimas 48 horas declararon custodios” que, entre otras cosas, contaron que quienes sufrían cautiverio estaban alojados en celdas de Comunicaciones de “un un metro por 1,80”, de las cuales “los sacaban dos veces al día encapuchados”. Estas salidas, en muchos casos tenían como destino alguno de los centros de torturas que funcionaban en Paraná, de acuerdo con las denuncias y las pruebas reunidas en la causa.
“Cuando traían o sacaban a alguien, los hacían retirar para que no observaran. Ellos escuchaban los ruidos de los autos”, amplió Barbagelata al resumir los testimonios de los soldados.
Se trata de ex conscriptos que luego de tres décadas accedieron a colaborar con la causa, pero cuyas identidades se mantienen en reserva por razones de seguridad.
Más indagatorias.
Por otra parte, el coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano, adelantó que “se está trabajando en nuevos pedidos de indagatoria y nuevas medidas” y no descartó que incluso se soliciten nuevas imputaciones.
Además de los cinco detenidos, en esta causa están imputados por delitos de lesa humanidad Alberto Rivas, Oscar Ramón Balcaza, Luis Francisco Armocida, Daniel Manuel Rodríguez, Carlos Horacio Zapata, Julio Raúl Paredes y Oscar Ramón Obaid.
Finalmente, el ex represor Juan Carlos Ricardo Trimarco será sometido a indagatoria cuando se resuelva si es imputable o no a raíz de su estado de salud. La indagatoria a Díaz Bessone estaba prevista para el lunes 15, pero deberá reprogramarse a raíz de que ese día es feriado.
Declararon militares pero no recordaron hechos puntuales
Varios ex militares declararon este miércoles en el juicio oral que se le sigue a dos represores por el secuestro, torturas y homicidio del militante peronista Carlos Alberto Labolita, ocurrida en abril de 1976, pero la falta de memoria de los testigos sobre hechos puntuales impidió que el debate se enriqueciera con nuevos elementos de prueba. Uno de los últimos en declarar fue el general de Brigada Edgardo Néstor Calvi, de 84 años, quien no pudo recordar casi nada sobre distintas cuestiones planteadas por el fiscal y la querella que llevan adelante la acusación contra el coronel Alejandro Duret y el general (r) Pedro Mansilla. Calvi, que en 1976 tenía el grado de Coronel y era comandante de la Brigada Blindada 1 con asiento en Tandil, fue quien más apeló al "no lo recuerdo" para responder las preguntas del fiscal Daniel Adler .
"No me acuerdo" fue la respuesta cuando le preguntaron cuáles eran las directivas específicas que tenía el Ejército para la lucha contra la subversión, ni tampoco recordó terminología del tipo "...aniquilar al enemigo..." en relación a esa lucha. También dijo que no conocía hasta que lo vio en los diarios a raíz del juicio, el nombre de Juan Carlos Labolita, y cuando se le exhibió una notificación de la Justicia de Azul realizada ya en democracia sobre el paradero de Labolita, si bien reconoció su firma dijo que era habitual que firmara expedientes "de rutina" sin leerlos. "No tengo la menor idea de lo que quiere decir", fue su respuesta cuando uno de los querellantes le preguntó si sabía que hubo una disposición que daba a las fuerzas armadas el "control operativo" de las distintas zonas en que se dividió el país, por sobre las fuerzas de seguridad. Dijo que en los regimientos los militares vivían "aterrorizados ante la posibilidad de cualquier ataque, como había sucedido en Azul". También convocado por la defensa declaró hoy el coronel (r) Gustavo Onel, quien prestó servicios en el regimiento de Azul, desde donde supuestamente fue desaparecido Labolita. Onel dijo que había "dos o tres calabozos" en ese regimiento, pero que era utilizado exclusivamente para soldados que habían cometido faltas graves. Dijo además que, entre el 24 y el 25 de marzo de 1976, junto a la Policía Bonaerense, participó de controles de tránsito en rutas de la zona de Azul y Las Flores, y aseguró que no se detuvo a nadie. También respondió "no sé" cuando se le preguntó sobre la existencia de los denominados "grupos de tareas". Por la mañana en tanto, comenzó a declarar el mayor (r) Ricardo Humberto Russi, quien era segundo jefe del regimiento de Azul cuando Mansilla era el jefe. Sin embargo, y a pesar de la insistencia de la defensa, el tribunal dispuso no tomarle declaración cuando advirtió que sus dichos podrían autoincriminarlo en relación a hechos de represión. Carlos Labolita fue detenido ilegalmente el 25 de abril de 1976 en su casa paterna, en Las Flores, y dos días después fue alojado, también ilegalmente, en el regimiento de Azul, donde fue sometido a tormentos. A partir de allí se pierde su rastro y la justicia presume que fue asesinado. El juzgamiento está a cargo de los magistrados platenses designados por la Cámara de Casación Penal: Alejandro Esmoris (quien preside el Tribunal), Carlos Rozanski y Nelson Jarazo., que reemplazan a los integrantes originales del Tribunal Oral Federal de esta ciudad, Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Portela, recusados por la defensa de Mansilla.
(Fuente:Rdendh).
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