El teniente coronel (re) Darío Otero Arán. declaró por la desaparición forzosa de los hermanos Ponce, de Julio Burgos y de Nelly Yolanda Borda.
Imputado. Darío Otero Arán, acusado pero libre.
Una presunta responsabilidad en el secuestro de Nelly Yolanda Borda, ocurrido el 27 de enero de 1977, en Belén. Es que por entonces Otero Arán se desempeñaba como jefe de Inteligencia del ya desaparecido Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, eje de las investigaciones que se llevan a cabo por los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983, mientras el país era gobernado por la Junta Militar.
Según trascendió de fuentes ligadas al caso, Otero Arán llegó poco después de las 9, hora a la que había sido citado, y negó los cargos que se le imputan, aunque no trascendió en qué términos lo hizo.
Francisco Ponce, un dirigente de SMATA y militante de la Juventud Obrera Católica, fue detenido el 6 de abril de 1976 en inmediaciones de la plaza 25 de Agosto, supuestamente por efectivos del Ejército y de la Policía provincial.
El 15 de diciembre de ese mismo año un grupo militar de tareas ingresó en la casa del dirigente secuestrado y se llevó detenidos a su hermana, Griselda Ponce -también militante de la JOC-, y a su sobrino, Julio Genaro Burgos. Algunos testimonios aseguran haber visto a los detenidos en centros clandestinos de detención de Tucumán.
Por esa razón la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán entendió que a los militares que cumplían servicios en la guarnición local no podía reprochárseles la muerte, presuntamente ocurrida en la vecina provincia. Borda fue secuestrada el 27 de enero de 1977 en horas de la madrugada en la cabecera departamental de Belén.
El teniente coronel (re) Darío Otero Arán fue imputado e indagado ayer por la desaparición forzosa, durante la última dictadura militar, de cuatro ciudadanos catamarqueños, los hermanos Francisco y Griselda Ponce, de Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda.
La indagatoria la llevó a cabo el juez federal Ricardo Antonio Moreno, a cargo de las causas, con la presencia del abogado defensor Lucio Montero y del fiscal Santos Reynoso.
Otero Arán ya había sido detenido e indagado con relación al caso Ponce, acusado de "privación ilegítima de la libertad agravada seguida de muerte", pero fue requerido nuevamente porque la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán modificó la imputación original por una más benigna, la de "privación ilegítima de la libertad agravada", que tiene una pena máxima de cinco años de prisión. Ahora al ex militar se le endilga
(Fuente:Rdendh-Elancasti).
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