DENUNCIARON AL FISCAL JUAN ROMERO VICTORICA POR SU PARCIALIDAD HACIA LOS REPRESORES.

En el juicio a un represor, Romero Victorica elogió al imputado.
Por Martina Noailles

Amigo. Romero Victorica se refirió a Smart con el apodo familiar de “Jimmy” durante el juicio en el que está acusado por 50 casos de violación de los derechos humanos.

El fiscal general Juan Martín Romero Victorica tiene muchos amigos represores de la dictadura y no lo disimula. Tampoco se aparta de las causas por delitos de lesa humanidad que tienen a sus amistades entre los acusados. Incluso, en una audiencia lo llamó “Jimmy” al procesado Jaime Smart y se manifestó a favor de los indultos a los jerarcas del terrorismo de Estado. Ante esta situación, la Secretaría de Derechos Humanos decidió denunciar al fiscal ante su jefe máximo, el procurador general de la Nación, Esteban Righi.

En la presentación ante la Procuración, la Secretaría de Derechos Humanos señaló que Romero Victorica incurrió en “un grave incumplimiento que contraría a los mandatos internacionales” y tuvo una actuación “teñida de parcialidad, que no representa al Ministerio Público ni a los intereses de la sociedad”.

Romero Victorica es uno de los representantes del Ministerio Público ante la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. A esa instancia judicial llegó la causa en la que Smart, ex ministro de Gobierno bonaerense de la dictadura, y su jefe, el ex gobernador de Buenos Aires Ibérico Saint Jean, están procesados por más de 50 secuestros y torturas, entre ellos el del periodista Jacobo Timerman.

Los abogados de los represores pidieron a los camaristas que excarcelen a sus defendidos. Y las respuestas de Romero Victorica en la audiencia que se realizó el lunes pasado rozaron el absurdo. Según la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos, el fiscal “desde un primer momento se manifestó en coincidencia con los planteos de las defensas”. Puntualmente expresó que “no entendía qué hacía la causa en esa instancia puesto que él, como representante del Ministerio Público y de la sociedad no tenía agravios, ya que estaba a favor de la excarcelación de los procesados”. Incluso reconoció ante los jueces que conocía a Smart desde hacía mucho tiempo, a tal punto que durante todo su alegato se refirió al procesado como “Jimmy”. No sólo eso. “Destacó la trayectoria de Smart y señaló que no podía creer que estuviera involucrado en los hechos que se le imputaban”, continúa la presentación que también firmó Alejo Ramos Padilla, abogado de algunas víctimas de la causa, como el embajador en Estados Unidos, Héctor Timerman, y la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Isabel “Chicha” Mariani. Con esa información, la Secretaría de Derechos Humanos, a través del subsecretario Luis Alén, le solicitó a Righi que analice lo ocurrido y “adopte las medidas disciplinarias que correspondan”.

Para aquellos que conocen a Romero Victorica, sus expresiones no son una sorpresa. Cuando se creó la Cámara de Casación, intentó integrarla como juez y, pese a que contó con el respaldo de Carlos Menem, no logró que el Senado resista su designación. Finalmente, le dieron el cargo de fiscal general, que no requiere la aprobación de esa Cámara. Entre los amigos que asistieron a su jura estaban José Alfredo Martínez de Hoz, el ex presidente de facto Roberto Levingston y el ex policía, ahora detenido en Marcos Paz, Luis Patti.

Esta vez, sus palabras no fueron una expresión privada o ante los medios. Formaron parte de su alegato en una audiencia en la que se debía definir si dos procesados por delitos de lesa humanidad eran excarcelados. En su discurso, incluso, expresó opiniones que nada tenían que ver con la audiencia, como cuando dijo que estaba de acuerdo con los indultos que Menem otorgó a Jorge Videla y Emilio Massera.
(Fuente:CD).

Denunciaron al fiscal Juan Romero Victorica por su parcialidad hacia los represores
Hacete amigo del fiscal de Casación

Romero Victorica, denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el abogado Alejo Ramos Padilla denunciaron ante la Procuración General de la Nación por “parcialidad” y por “no representar los intereses de la sociedad” al fiscal Juan Romero Victorica. Ambos querellantes relataron que el lunes, durante una audiencia, el fiscal ante la Cámara de Casación elogió la trayectoria del ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura Jaime Smart, procesado por delitos de lesa humanidad en centros clandestinos del circuito Camps.

Romero admitió una relación de “más de cuarenta años” con Smart, a quien llama cariñosamente “Jimmy”, y anticipó su posición sobre los hechos de fondo, relató el subsecretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén. “No puedo creer que Jimmy sea responsable”, opinó el fiscal. Luego sugirió “presiones del poder político sobre los jueces”, celebró supuestos “nuevos vientos que oxigenan a la Justicia”, se pronunció a favor de los indultos y también de la excarcelación de Smart y del ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean, el único tema sobre el que debía hablar.Los dos ex funcionarios eran superiores del dueño de vidas y muertes de la provincia, el ex jefe de la bonaerense Ramón Camps. El juez Arnaldo Corazza los procesó por más de sesenta privaciones ilegales de la libertad y tormentos en los centros clandestinos Puesto Vasco y COT1 Martínez, que padeció entre otros el periodista Jacobo Timerman. En febrero, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos, les negó la excarcelación, revocó el arresto domiciliario y ordenó que fueran trasladados a una cárcel. La apelación de los defensores, que en teoría no suspende la concreción de la resolución, implicó por excepción que Smart y Saint Jean gocen hasta hoy de arresto domiciliario, confirmó a Página/12 el abogado Ramos Padilla, que patrocina al embajador Héctor Timerman y a la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” Mariani.El 18 de mayo, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que integran los jueces Gustavo Hornos, Augusto Díaz Ojeda y Mariano González Palazzo, rechazó una impugnación de los defensores de los imputados para que los querellantes pudieran debatir las eventuales excarcelaciones. Ante un pedido de prórroga de los abogados (un hijo de Sain Jean y Héctor Munilla Lacasa, ex subsecretario de Gobierno de la dictadura, denunciado por participar en los mismos delitos que su cliente), el tribunal fijó para el 29 de junio la discusión de la cuestión de fondo. El lunes a primera hora, medio centenar de septuagenarios trajeados, en su mayoría ex funcionarios de la última dictadura, obligaron al tribunal a habilitar la sala mayor de Comodoro Py. En ese contexto, y al mejor estilo Bisordi, se explayó Romero Victorica. Dijo que hacía más de cuarenta años que conocía a “Jimmy”, destacó su trayectoria en la Cámara Federal en lo Penal creada en la dictadura de Juan Carlos Onganía para perseguir a organizaciones políticas y como ministro de gobierno tras el golpe de 1976.Alén y Ramos Padilla consideran en su denuncia ante el procurador Esteban Righi que la posición de Romero “constituye un incumplimiento de sus deberes como fiscal, va contra los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos y desconoce la jurisprudencia nacional e internacional que establece la necesidad de remover los obstáculos que impiden el juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad”. Agregaron que su actuación está “teñida de parcialidad, no representa al Ministerio Público ni a los intereses de la sociedad”, requirieron que se lo aparte de la causa y que el Consejo Evaluador de la PGN evalúe su actuación y establezca las sanciones que correspondan. Mientras tanto, la causa sigue su curso. El juez Corazza ya cerró la instrucción y dio traslado a las partes para que requieran la elevación a juicio

El juicio por el caso Avellaneda
La defensa fue un ataque
Por Adriana Meyer
“Detrás de cada testigo se esconde un enemigo de la Justicia.” La contundente y temeraria afirmación fue pronunciada ayer por la abogada defensora del policía Alberto Aneto, durante el juicio por el asesinato de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra, que al finalizar su alegato pidió la absolución del represor ante el Tribunal Oral Federal de San Martín.

La defensa consideró probados los hechos de los que fueron víctimas Iris y su hijo, el “Negrito”, pero insistió en que las testigos se “confundieron” porque las víctimas no habrían estado detenidas en la comisaría de Villa Martelli, sino en la de Munro.La abogada Graciela Mastrángelo –que reemplazó a Elsa Berasain, que estuvo durante el juicio– intentó invalidar las declaraciones de la familia Avellaneda aludiendo a supuestas contradicciones de la víctima Iris Pereyra de Avellaneda.

También apuntó que la jurisdicción del domicilio y la del lugar de trabajo de Floreal padre, la fábrica Tensa, corresponde a Munro. La defensa involucró en el secuestro de los Avellaneda al comisario de Munro, Walter Polidori, y al ex coronel del Ejército Jorge Calatayud, que era su superior e interventor en la comisaría.

Según la abogada, el alias “Rolo” que escucharon los Avellaneda sería de Calatayud y no Aneto, su defendido.Mastrángelo intentó plantear que en una situación de conmoción es difícil retener los detalles reales y con el tiempo la memoria se deteriora, por lo cual concluyó que los testigos no son confiables, que un testimonio “puede ser una obra quimérica de la imaginación”, para escalofrío de parte del público.

El otro abogado de Aneto, Rafael Fernández Grenno, sostuvo que el Negrito Floreal no fue llevado a Campo de Mayo, sino a la ESMA, e insistió en que Aneto es ajeno a los hechos. El letrado pidió la investigación del personal de la comisaría de Munro. “No convirtamos esto en un nuevo caso Dreyfus” porque “esta vez el ‘yo acuso’ es de la defensa”, fue su cierre.

(Fuente:Rdendh).