Mendoza, Posadas.
La justicia mendocina elevó a juicio oral y público la causa que se le sigue al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros seis represores por el homicidio del periodista y militante montonero Francisco “Paco” Urondo y de su mujer, durante la última dictadura militar.
La resolución, difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ), señala que también está imputado en la misma causa el teniente coronel Orlando Oscar Dopazo, quien al momento de los hechos se desempeñaba como jefe de la División Inteligencia G-2 de la Octava Brigada de Infantería de Montaña 8, con asiento en Mendoza.
La elevación a juicio a Menéndez y Dopazo incluye también a los ex policías mendocinos Juan Agustín Oyarzábal, Celustiano Lucero, Tamer Yapur, Eduardo Smaha Borzuk y Armando Osvaldo Fernández Miranda, que revistaban en el “Departamento Dos”.
El entonces comisario general Oyarzábal se desempeñaba como subjefe del Departamento de Investigaciones de la policía local, Fernández Miranda tenía la jerarquía de comisario inspector, en tanto que Smaha Borzuk era comisario.
A todos ellos el titular del juzgado federal uno, de Mendoza, Walter Bento los responsabilizó por el homicidio de “Paco” Urondo y la desaparición de su mujer Alicia Raboy, perpetrados el 17 de junio de 1976, en Guaymallén. Ese día el automóvil en que viajaban Urondo junto a su mujer fue “emboscado” en la esquina de Tucumán y Remedios de Escalada en Dorrego, Guaymallén, cuando fueron interceptados por móviles policiales que los tirotearon y capturaron.
Condenas.
La resolución, difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ), señala que también está imputado en la misma causa el teniente coronel Orlando Oscar Dopazo, quien al momento de los hechos se desempeñaba como jefe de la División Inteligencia G-2 de la Octava Brigada de Infantería de Montaña 8, con asiento en Mendoza.
La elevación a juicio a Menéndez y Dopazo incluye también a los ex policías mendocinos Juan Agustín Oyarzábal, Celustiano Lucero, Tamer Yapur, Eduardo Smaha Borzuk y Armando Osvaldo Fernández Miranda, que revistaban en el “Departamento Dos”.
El entonces comisario general Oyarzábal se desempeñaba como subjefe del Departamento de Investigaciones de la policía local, Fernández Miranda tenía la jerarquía de comisario inspector, en tanto que Smaha Borzuk era comisario.
A todos ellos el titular del juzgado federal uno, de Mendoza, Walter Bento los responsabilizó por el homicidio de “Paco” Urondo y la desaparición de su mujer Alicia Raboy, perpetrados el 17 de junio de 1976, en Guaymallén. Ese día el automóvil en que viajaban Urondo junto a su mujer fue “emboscado” en la esquina de Tucumán y Remedios de Escalada en Dorrego, Guaymallén, cuando fueron interceptados por móviles policiales que los tirotearon y capturaron.
Condenas.
En otro orden, dos ex integrantes del Servicio Penitenciario Federal en Misiones fueron condenados ayer a 20 y 23 años de prisión tras se hallados culpables de aplicación de tormentos y torturas a detenidos durante la última dictadura.
La pena fue impuesta por el Tribunal Penal Federal de Misiones contra Rubén Alberto Gómez y José María Cuenca, quienes cumplían tareas en la Unidad Penal 17, ubicada en la localidad de Candelaria, a 25 kilómetros de Posadas, en los primeros años tras el golpe militar de 1976.
Durante el proceso, que se encuadró en los denominados “Juicios por la Verdad”, la querella estuvo representada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Más de 40 personas que fueron detenidas y alojadas en esa unidad carcelaria luego del golpe militar de 1976 hicieron desgarradores relatos acerca de la situación que vivieron durante su cautiverio. Los testigos apuntaron directamente a los acusados como responsables y autores de las torturas y tormentos a los que fueron sometidos.
(Fuente:Cecilio M. Salguero-Lavoz).
La pena fue impuesta por el Tribunal Penal Federal de Misiones contra Rubén Alberto Gómez y José María Cuenca, quienes cumplían tareas en la Unidad Penal 17, ubicada en la localidad de Candelaria, a 25 kilómetros de Posadas, en los primeros años tras el golpe militar de 1976.
Durante el proceso, que se encuadró en los denominados “Juicios por la Verdad”, la querella estuvo representada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Más de 40 personas que fueron detenidas y alojadas en esa unidad carcelaria luego del golpe militar de 1976 hicieron desgarradores relatos acerca de la situación que vivieron durante su cautiverio. Los testigos apuntaron directamente a los acusados como responsables y autores de las torturas y tormentos a los que fueron sometidos.
(Fuente:Cecilio M. Salguero-Lavoz).
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