SANTA FE: COMIENZAN LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS.

comienza el juicio por apremios ilegales durante la dictadura
Brusa, el empleado judicial del apriete
Fue el primer juez destituido por el Consejo de la Magistratura, porque no había prestado asistencia a un bañista al que había atropellado con su lancha. Mañana, un tribunal de Santa Fe analizará su participación en delitos de lesa humanidad.

Por Martina Noailles
En caída. En 2000 empezó a perder el poder que había acumulado en su carrera en los tribunales santafesinos. Está preso desde 2005.

Después de la tortura, aparecía Víctor Hermes Brusa. Entre amenazas y exageradas tomas de karate, el joven empleado judicial era el encargado de “oficializar” las declaraciones de los secuestrados obtenidas mediante picana. A pesar de ser uno de los símbolos más grandes de la complicidad del sistema judicial con el terrorismo de Estado, ya en democracia, Brusa escaló hasta el preciado sillón de juez federal de Santa Fe, donde se mantuvo hasta el año 2000. Mañana, se convertirá en el primer miembro de la Justicia en sentarse del otro lado del mostrador, acusado por delitos de lesa humanidad.

La causa contra Brusa y otros seis integrantes del circuito represivo santafesino es un emblema de la desidia judicial. Tras años de obstáculos procesales, fiscales inhibidos y magistrados apartados, el inicio del juicio oral es una hazaña y pondrá fin a una red de presiones que entorpecieron el camino del expediente abierto en 2002.

“Brusa se presentaba como secretario del juzgado de Fernando Mántaras y nos decía que debíamos firmar las actas de los torturadores, que eso era materia jurídica. Y que si no firmábamos volveríamos a ser torturados”, denunció José Shulman, sobreviviente del centro de torturas que funcionó en la Comisaría IV de Santa Fe. Desde allí, codo a codo, Brusa operaba con la patota que integraban el ex comisario Héctor Romeo Colombini, su segundo, Mario Facino; los policías Eduardo Ramos, Juan Calixto Perizzotti y María Eva Aebi, y el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 coronel Domingo Marcellini. Todos ellos serán juzgados desde mañana por el Tribunal Oral de Santa Fe.

El detalle de las trabas que debió sortear esta causa para alcanzar la instancia de juicio oral no cabe en una crónica periodística. Por eso, aquí unas líneas de resumen: El primer juez de instrucción fue Reinaldo Rodríguez, quien tras declarar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad inició la investigación. El impulso duró poco. En un fallo para muchos desmedido, la Cámara Federal de Rosario apartó al magistrado del expediente por un error de procedimiento. Luego, una docena de abogados se excusaron de intervenir como conjueces bajo el argumento de conocer a Brusa. La misma explicación dieron varios fiscales. Finalmente, en marzo de 2007, el joven abogado santafesino Leandro Corti se hizo cargo de la causa y la elevó a juicio oral. Tampoco fue sencillo. Los miembros del Tribunal Oral de Santa Fe se fueron excusando uno a uno. Ahora, estará compuesto por un juez subrogante, Roberto López Arango (del Tribunal Oral de Paraná) y dos conjueces abogados, Carlos Renna y Andrea Alberto de Creu.

El poder de Brusa sobre la corporación judicial se acumuló: desde 1992 hasta 2000, fue el único juez federal con competencia electoral. Ese año comenzó su caída. En 1997, atropelló a un nadador con su lancha y le negó asistencia, decisión que lo convirtió en el primer juez federal destituido por el Consejo de la Magistratura. Hoy está preso. Atrás quedaron su alta exposición pública, sus salidas al tradicional Club del Orden de Santa Fe y su platea en la cancha de Colón.

Homenajes por el Día del Detenido-Desaparecido

“En este monumento faltan nombres, porque los desaparecidos fueron 30.000”, dijo ayer María Adela Antokoletz, hija de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Fue durante el acto por el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, en el Parque de la Memoria, en la Costanera Norte, donde están inscriptos los nombres de unas 9.000 víctimas de la dictadura. En el final, se arrojaron flores al río de la Plata. Los homenajes continuarán hoy con un encendido de antorchas donde funcionó el centro clandestino El Atlético.
(Fuente:C.D.)

En Rosario empieza el primer juicio por crímenes de lesa humanidad
Proceso a la patota de Galtieri
Tres oficiales retirados del Ejército y dos agentes civiles que actuaron en Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu serán juzgados desde hoy por 29 privaciones de la libertad, torturas y 17 homicidios agravados.
Por Diego Martínez

El coronel Guerrieri será juzgado junto con los tenientes coroneles Fariña y Amelong.

Rosario comenzará a vivir hoy su primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad. En el banquillo se sentarán tres oficiales retirados del Ejército y dos agentes civiles de inteligencia, imputados por secuestros, torturas y homicidios ordenados por los ex jefes del Segundo Cuerpo, generales Ramón Díaz Bessone y Leopoldo Galtieri. Los delitos que llegan a juicio se investigaron en las causas conocidas como “Quinta de Funes” y “Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu”, dos centros clandestinos de la ciudad. El imputado más conocido es el coronel Pascual Guerrieri, que ya tiene una condena, pero goza de arresto domiciliario por ser mayor de 70 años. El más atípico es Eduardo Constanzo, que el año pasado, amenazado de muerte por sus ex camaradas, entregó información sobre víctimas y victimarios.

Raquel Negro, embarazada de siete meses, fue secuestrada en enero de 1978 en Mar del Plata junto con su hijo Sebastián. A pocas cuadras cayó su compañero Tulio Valenzuela. El grupo de tareas del Segundo Cuerpo los trasladó desde Mar del Plata hasta Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. La pareja simuló colaborar hasta lograr la liberación de la criatura de un año y medio. Galtieri decidió luego enviar a sus hombres a México junto con Valenzuela, con la misión de matar o ayudar a secuestrar a miembros de la conducción de la organización, pero infravaloró al oficial montonero: en cuanto tuvo libertad de movimientos, Tucho Valenzuela denunció la operación y obligó al futuro dictador a levantar la quinta.

Tulio y Raquel habían analizado la propuesta a solas y habían acordado cómo desbaratarla, sacrificio mediante de la mujer embarazada tomada como rehén por el Ejército Argentino. Raquel fue trasladada a parir al Hospital Militar de Paraná y aún permanece desaparecida. Tenía 28 años y una larga carrera: JP, Movimiento Villero Peronista, FAR y Montoneros. En enero pasado, su hija nacida en cautiverio recuperó la identidad y conoció a Sebastián. Valenzuela murió un par de años después en el marco de la contraofensiva contra la dictadura. El caso es el más famoso del juicio: Miguel Bonasso lo relató hace 25 años en Recuerdo de la muerte.

Guerrieri será juzgado junto con los tenientes coroneles Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong, que participaron del “Operativo México”, y los civiles Constanzo y Walter Salvador Pagano, ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121. El Tucu Constanzo es el primer imputado que llega a juicio tras brindar información sobre delitos cometidos por sus compañeros. Adujo que mientras estaba detenido en un cuartel militar “me quiso matar dos veces el teniente coronel Amelong” y que, por entonces, febrero de 2008, otros represores operaban para que se le revocara la domiciliaria, se lo trasladara a una cárcel, “y que me pase lo mismo que a (Héctor) Febres”, el prefecto de la ESMA que murió envenenado. Excepto Guerrieri y Constanzo, con arresto hogareño, los otros tres imputados estuvieron hasta la semana pasada en el penal de Marcos Paz.

“Quinta de Funes” y “Fábrica Militar” tramitaron por separado durante la instrucción. Como las elevaciones tenían imputados comunes, el Tribunal Oral Federal 1 decidió unificarlas para lograr un proceso más abarcativo en términos de víctimas. Igual, será un botón de muestra frente a las dimensiones del terrorismo de Estado en Santa Fe. Se los juzgará por 29 privaciones ilegales de la libertad y torturas, y 17 homicidios agravados, de personas que continúan desaparecidas. La Cámara Federal porteña que en 1985 juzgó a los ex comandantes dio por probados 668 secuestros en Santa Fe y sólo durante la gestión de Díaz Bessone, hasta octubre de 1976, se registraron 170 desaparecidos.

El tribunal a cargo del juicio lo preside Otmar Paulucci y lo integrarán Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe. La acusación oficial estará a cargo de la fiscal Mabel Colalongo y como querellantes actuarán los abogados de HIJOS Rosario y de la Secretaría de Derechos Humanos. Los imputados tendrán defensores oficiales.

Las audiencias se harán en el segundo piso de Boulevar Oroño 940. La sala fue cuestionada por el espacio “Juicio y Castigo Rosario”, que reúne a testigos, organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, porque sus dimensiones son “irrisorias” y obligarán a las víctimas a rozarse con sus torturadores. El presidente del tribunal responsabilizó a los gobiernos local y provincial, a los que requirió sin suerte una sala adecuada. Como sólo podrán ingresar treinta personas, las audiencias se transmitirán en vivo en un salón de la Cámara Federal, donde trabajará la prensa.

Una pantalla gigante difundirá en la vereda las imágenes de las audiencias que el tribunal autorizó a transmitir por radio y televisión.

Juicio y Castigo Rosario iniciará la jornada a las 7.30 con una radio abierta frente a tribunales. A las 18 se realizará un acto masivo. Para hoy y mañana se prevé la lectura de la elevación de la causa y los respectivos pedidos de querella y fiscalía. Luego los imputados tendrán su primera oportunidad de declarar, con todas las garantías del Estado de derecho. A partir de la semana próxima comenzarán a declarar los noventa testigos. Antes de fin de año se dictará la sentencia.

Mañana comienza otro juicio en Santa Fe
Con un ex juez en el banquillo
Por Diego Martínez
El ex juez federal Víctor Hermes Brusa se convertirá mañana en el primer integrante de la corporación judicial sometido a proceso oral y público por delitos de lesa humanidad. Acusado de obligar a personas detenidas a firmar declaraciones bajo tortura, Brusa compartirá el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe con el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, y con cinco ex policías santafesinos.

El principal imputado de la causa era el coronel Juan Rolón, ex jefe de inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército y más tarde del área militar 212. Gracias al “agravamiento ostensible de su salud”, que lo obligaría a estar postrado y con respirador, la Cámara de Casación Penal lo excarceló y más tarde el TOF lo excluyó del juicio.

“Enfermo de impunidad y cobardía”, rectificaron HIJOS Santa Fe y Paraná.Los policías que acompañarán a Brusa y Marcellini son los ex comisarios Mario Facino, Juan Calizto Perizzotti y Héctor Romeo “Pollo” Colombini, el ex oficial de inteligencia Eduardo Alberto “Curro” Ramos y la ex carcelera María Eva Aebi, primera mujer juzgada por su actuación durante la dictadura.

La causa se inició en 2002 cuando el juez federal Reinaldo Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. En 2005 el magistrado procesó a Brusa, Aebi, Colombini, Facino, Perizzotti, Ramos y al suboficial del Ejército Nicolás Correa, que murió a tiempo, en 2007. Dos meses después procesó a Marcellini.

Les imputó privaciones ilegales de la libertad, vejaciones, apremios, coacción, tormentos y asociación ilícita. Luego la Cámara Federal de Santa Fe apartó al juez Rodríguez porque no había indagado a los imputados por el último delito.Tras excusaciones y renuncias, presidirá el TOF de Santa Fe el juez Roberto Manuel López Arango, del Tribunal Oral de Paraná. Lo acompañarán como conjueces Carlos Damián Renna y Andrea Alberto De Creus. Como fiscal oficiará Gonzalo Armas. Mañana, a las 8.30, habrá una marcha desde Plaza del Soldado hasta la puerta del TOF. El gobierno provincial transmitirá las audiencias en vivo desde la web http://www.santafe.gov.ar/

(Fuente:Rdendh-Pagina12).