URUGUAY: NOTICIAS DE DD.HH.

Difundirlo es sembrar Memoria.

En el día de hoy se realizó un homenaje a los compañeros detenidos-desaparecidos oriundos de Florida.

Esto fué posible por la decisión de la Junta Departamental de Florida. En colaboracíon con familiares, organizaciones sociales, amigos, y vecinos.

María Antonia Castro Huerga, junto a su esposo José Mario Martínez, fueron secuestrados en la ciudad de Buenos Aires el día 23 de diciembre de 1977.

El maestro Julio Castro fué secuestrado por efectivos del Servicio de Información de Defensa, el día 1 de agosto del año 1977 en Montevideo.

Carlos Alberto Modernell, murió en un enfrentamiento armado en Colombia, entre el 3 y 5 de enero del año 1979.Estuvieron presentes los nietos del maestro Julio Castro que contaron algunos pasajes de su niñez con su abuelo, así como también un sobrino de Mario Martínez. Ediles, distintas personalidades y el Intendente de Florida descubrieron una placa recordatoria a la entrada de la ciudad.Comparto con todos ustedes un discurso profundamente emotivo de Lizzi Langon

Estoy en representación del Grupo de Apoyo de Florida a Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Quiero compartir con Uds. los recuerdos que me surgen en este momento.

Transcurría nuestra amarga y gélida dictadura. Con las historias de presos, destituidos y exiliados. Observábamos con horror y murmurando el dolor e impotencia que sentíamos.

Una Navidad y durante la visita de su familia a Buenos Aires, desaparecen allí María Antonia y Mario. Empezamos con el tío, Don Ramón Fernández, a escuchar onda corta en una radio muy vieja, bajito y a oscuras por miedo, y algunas noticias de lo que estaba pasando íbamos sabiendo. Después nos enteramos que Cacho López Balestra había visto secuestrar en Montevideo a la niña Paula Logares y su familia, argentinos ellos. Cacho nos orientó cómo y dónde hacer las denuncias internacionales, que no tuvieron ningún éxito.

Y esperamos y escuchamos…… Pensamos que los iban a liberar cuando termine la dictadura argentina, pero no. Que los iban a liberar cuando termine la dictadura en Uruguay. Pero no.

Se escuchaba decir que hay que dar vuelta la hoja, que por fin salimos de la dictadura.

Contactamos a políticos con poder y relaciones, nos contestaron, “algo habrán hecho”. Contactamos a jerarquías católicas, por pertenecer María Antonia a la Pastoral Social, y nos dijeron que no los comprometiéramos. A todos ellos los tenemos guardados en nuestra dolorosa memoria.

Pero no nos resignamos, eran nuestros amigos, tenían una gran familia. Pretendían que los olvidáramos, así como los desaparecieron.

Fuimos sabiendo por una testigo que fue rescatada por Amnistía Internacional, que estuvo desaparecida en los Pozos de Banfield y Quilmes con Mario y María Antonia y otros uruguayos, que María Antonia había ayudado a nacer a Victoria Moyano Artigas, y que un día se llevaron a todos y todas los compatriotas y no los vio más.

Por sobrevivientes de esos centros de reclusión, se sabe que estaban a cargo de militares uruguayos operando en la Argentina y que posiblemente hayan sido trasladados clandestinamente al Uruguay en 1978 donde aun hoy permanecen desaparecidos. Su desaparición forzada, junto con la del resto de uruguayos en argentina victimas de traslados clandestinos, fue denunciada en el 2007 y es la causa por la cual está preso el ex dictador Gregorio Álvarez. Y los juicios siguen.

No nos resignamos al olvido y luchamos por la memoria. No aceptamos que otro ser humano inflija tanto dolor y abuse de su poder. Que nuestro Estado, que debe ser nuestro protector y garante, nos someta a este escarnio.

A los detenidos-desaparecidos no podemos devolverles la vida ni quitarles el sufrimiento. Pero como seres humanos tenemos el deber de no ser indiferentes ante el sufrimiento de sus familiares y amigos.

Queremos que tengan un lugar en la comunidad en que crecieron. Queremos que se sepa que no los olvidamos.

Queremos saber cuándo, quién, dónde y por qué.

Por gestión de nuestra Junta Departamental, tenemos sus nombres a la vista de quiénes los amamos y de los responsables de su desaparición. Dimos un paso más, no nos ganó el olvido. Estarán siempre en nuestra memoria.
Y seguiremos luchando por la verdad.
MARTHA PASSEGGI

Magistrado. Sentencia dispone una serie de excepciones a los efectos del eventual juicio en el vecino país
Juez Tapie dispuso la extradición a la Argentina de 5 militares y un policía
La Justicia dispuso la extradición hacia Argentina de cinco militares y un policía por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El fallo se inserta dentro de la causa "Automotores Orletti", la cual se indaga en ese país. La defensa apelará la resolución.

Ernesto Ramas.

José Nino Gavazzo.

Gilberto Vázquez.

Ricardo Medina.

Jorge Silveira.

José Arab.
El juez Penal de 5º Turno, Daniel Tapie, concedió el pasado miércoles la extradición de los militares José Nino Gavazzo, Jorge "Pajarito" Silveira, José Arab, Gilberto Vázquez y Ernesto Ramas, y del jerarca policial Ricardo "Conejo" Medina hacia la República Argentina para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el advenimiento del "Plan Cóndor".
La resolución del magistrado no ingresa en valoración sobre "el fondo" del litigio, por cuanto el mismo no corresponde en los procesos extraditorios, aunque deja constancia sobre su rechazo a la consideración de la Ley de Caducidad como "una ley de aministía", tal cual pregonaron las defensas de los militares.

La requisitoria del juez en lo Criminal y Correccional Nº 3, Daniel Rafecas, se enmarca en la investigación "de las privaciones ilegales de la libertad, la aplicación de tormentos de sesenta y cinco personas" que luego de ser ilegalmente detenidas fueron alojadas en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti". Asimismo, la solicitud de extradición comprende "como objeto procesal" los homicidios de Ricardo Alberto Gaya, Gustavo Gaya, Ana María del Carmen Pérez, Marcelo Ariel Gelman Schubaroff y Dardo Albeano Zelarrayán, todos considerados de "lesa humanidad" por el magistrado requiriente. En este sentido, el juez Rafecas consideró que "Automotores Orletti" funcionó como un centro clandestino de detención subordinado al Ejército argentino, en el cual se actuó "en forma conjunta" con oficiales uruguayos pertenecientes al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y al Servicio de Inteligencia de Defensa (SID). El magistrado estimó que "no corresponde" en el marco de un proceso de Extradición ­proceso jurisdiccional y no judicial­ ingresar "al tratamiento o valoración de la prueba que motivare la iniciación de un proceso penal en el estado requirente", lo cual "excedería y violentaría" la naturaleza jurídica de los procesos extraditorios. Para Tapie, la ley de Caducidad, "desde que establece excepciones y aún la posibilidad de investigar en las condiciones y por los conductos en ella establecidos, no es ni absoluta ni irrestricta, ni incondicional o ilimitada; y por tanto no olvida, no borra ni vuelve hacia el pasado destruyendo hasta la primera huella del mal", expresa la sentencia. En cuanto a la prescripción, entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985 "nuestro país vivió un régimen de excepción (...) consolidando una dictadura cívico-militar", período en el cual "no rigió" el Estado de Derecho, "suspendieron las garantías individuales, no imperaban ni el derecho ni la ley", entre otras cosas. "La realidad no era diferente en Argentina", dice el fallo. Además, la requisitoria del juez Rafecas fue concebida bajo el imperativo de la normativa internacional, por lo cual, más allá de "planteos doctrinarios o jurisprudenciales (...) existe un dato extraído de la realidad que no puede soslayarse y es el interés claramente decidido y contundente que demuestra la comunidad internacional en no tolerar el no castigo o la impunidad de los agentes de crímenes contra la humanidad". En su requisitoria internacional, el juez Daniel Rafecas realiza una descripción pormenorizada de los crímenes atribuidos a los militares y policías uruguayos, así como del contexto general de la época.

En este sentido, dice el magistrado: "al instaurarse el gobierno de facto entre los años 1976 y 1983, se impuso un plan sistemático de represión ilegal, que, motivado por una ideología afín a la sostenida por el gobierno nacionalsocialista de Alemania de las décadas del 30 y 40 del siglo XX, implementó una mecánica de funcionamiento en el cual ­con el objeto de lograr la supuesta reorganización de la nación­ se utilizaron medios como la detención de personas que generalmente eran trasladadas a centros de detención clandestinos creados específicamente para ello; los interrogatorios mediante tortura de los apresados a los efectos de obtener información que pudiera servir a la convalidación y 'agilización' del régimen, la aplicación de torturas, y la práctica usual de la eliminación de personas".

Historia. El Ministerio de Defensa entregó ayer once mil fichas de Inteligencia militar al Archivo de la Nación
Más de 2 millones de microfilmes del Esmaco serán de dominio público
Fueron entregados al Archivo General de la Nación 1.144 rollos de microfilmes encontrados en la Escuela de Inteligencia del Ejéricto ayer por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa. La directora del archivo, Alicia Casas, dijo a LA REPUBLICA que después de que sean ordenados serán publicados en la página web de la institución.

Material público. Las cajas contienen fichas de categorizacion de ciudadanos e informes de la OCOA, entre otras cosas.
El Archivo General de la Nación recibió los documentos del Estado Mayor Conjunto (Esmaco) de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, encontrados en donde funcionó la Compañía de Contrainteligencia del Ejército, en la calle Dante y República.

Es el archivo militar de la dictadura más importante hallado hasta el momento, está microfilmado, técnica muy utilizada en la época para la información de inteligencia.
Aún las autoridades desconocen la totalidad del contenido de los archivos ya que no pudieron ser analizados en su totalidad. "El material contiene datos de personas y también puede haber material administrativo corriente de la época", dijo la ministra de Educación y Cultura, María Simon al informar a la prensa que la mayor parte de todo el material fue respaldado en DVD.

Según el ministro de Defensa, José Bayardi, "las cajas contienen información como por ejemplo informes del Servicio de Información y Defensa, informes del Órganismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas (OCOA), fichas de categorización de los ciudadanos en A, B y C; otras que tenían que ver con la participación en las mesas electorales durante la elección de 1971. También hay informes de las personas que estuvieron detenidas en el "Establecimiento de reclusión Nº 1" que funcionó en el Penal de Libertad, informó Bayardi.

El material que a partir de ahora será de dominio público podrá ser consultado y solicitado a través de los procedimientos previstos en las leyes aprobadas en la actual legislatura, la de Datos Públicos y la Ley de Datos Personales.

El acto de entrega se desararolló en el salón principal del ministerio de Defensa y fue la escribana Ana Teresa Catalogne quién dio lectura al acta de entrega: "Se hace entrega al Archivo General de la Nación de 1.144 rollos de microfilmes. Cada uno de los rollos tiene aproximadamente 2.500 microfilmes", informó Bayardi.

El ministro de Defensa aclaró que el único trabajo que se realizó en la institución fue digitalizar toda la documentación de la cual se realizaron copias digitalizadas contenidas en los 51 DVD también entregados ayer.

Por su parte, la directora del Archivo, la licenciada Alicia Casas de Barrán dijo a LA REPUBLICA que lo primero que harán es "organizar e indicar correctamente todo" y "en la medida de lo posible, y lo más pronto, voy a colgar en la página web todo, porque la información tiene que llegar a los ciudadanos", anunció y aclaró que "todo tiene que ser de acceso público".

Aclaró que si hay gente que tiene que recurrir por razones jurídicas o administrativas a documentos que allí hay puede hacerlo directamente y solicitar atención en el propio Archivo.
Bayardi señaló que "lo único que se hizo en este período paralelo al proceso de digitalización fue entregar a los ciudadanos que pedían la información un acta notarial con la información que pudiera encontrarse sobre ellos. La misma era entregada a los familiares directos. Eso ocurrió al amparo de la Ley 18033 para quienes requerían cierta constancia del período que habían estado detenidos y nos pareció de orden entregarles dicha información".

(Fuente:Rdendh-Larepublica).-