El derecho a la identidad
La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, junto a la presidenta de la Corte IDH, Cecilia Medina.
Tres de los proyectos de ley anunciados ayer por la presidenta Cristina Fernández en la ex ESMA se refieren al derecho a la identidad de los hijos de desaparecidos. “Son importantes y los esperábamos desde hace tiempo”, resumió ante Página/12 Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. Una de las iniciativas apunta a garantizar la obtención de muestras genéticas para establecer si una persona fue apropiada durante la última dictadura militar. Como en un reciente fallo de la Corte Suprema, señala que si la presunta víctima no estuviera dispuesta a someterse a una extracción de sangre, se dispondrá el secuestro de objetos que contengan restos de ADN. Los otros textos se refieren al funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y al reconocimiento de los organismos de derechos humanos para actuar como parte querellante en los juicios vinculados con crímenes de lesa humanidad.
La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, junto a la presidenta de la Corte IDH, Cecilia Medina.
Tres de los proyectos de ley anunciados ayer por la presidenta Cristina Fernández en la ex ESMA se refieren al derecho a la identidad de los hijos de desaparecidos. “Son importantes y los esperábamos desde hace tiempo”, resumió ante Página/12 Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. Una de las iniciativas apunta a garantizar la obtención de muestras genéticas para establecer si una persona fue apropiada durante la última dictadura militar. Como en un reciente fallo de la Corte Suprema, señala que si la presunta víctima no estuviera dispuesta a someterse a una extracción de sangre, se dispondrá el secuestro de objetos que contengan restos de ADN. Los otros textos se refieren al funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y al reconocimiento de los organismos de derechos humanos para actuar como parte querellante en los juicios vinculados con crímenes de lesa humanidad.
“No se trata sólo de las reformas legales. En la solución amistosa firmada con la CIDH, el Estado argentino se compromete a instar al procurador general de la Nación a implementar un plan especial de investigación sobre apropiación de niños, dispone crear fiscales especiales y capacitarlos para el trato con la víctima y ordenarles que participen de los allanamientos. El Gobierno también se compromete a capacitar en el trato con la víctima, a través del Consejo de la Magistratura, a jueces y funcionarios judiciales”, explicó Iud. Según el acuerdo, el Poder Ejecutivo dispondrá además “mecanismos específicos para facilitar la corrección de la documentación y los registros públicos y privados, tanto nacionales como provinciales y municipales, de toda persona cuya identidad haya sido sustituida durante la dictadura militar”.
Los textos de los proyectos girados al Congreso
Análisis de ADN:
Análisis de ADN:
- El juez podrá ordenar la obtención de ADN del imputado o de otra persona cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación.
- Serán admisibles extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas.
- La misma será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo especialmente consideración de su género y cualquier otra circunstancia particular.
- Si el juez lo estimare conveniente, y siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el resultado de la medida, podrá ordenar la obtención de ADN por medios distintos de la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas de su cuerpo, para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa personal.
- Cuando se deba obtener ADN de la presunta víctima del delito, la medida ordenada se practicará teniendo en cuenta tal condición, a fin de evitar su revictimización y resguardar los derechos específicos que detenta. Si la víctima se opusiera a la realización de las medidas indicadas en el segundo párrafo (muestras biológicas directas), el juez procederá preferentemente del modo indicado en el cuarto párrafo (secuestro de objetos que tengan ADN).
Asociaciones o fundaciones como querellantes:
- Las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a la ley, podrán constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objetivo estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados.
Banco Nacional de Datos Genéticos:
- Actualmente el Banco de Datos Genéticos tiene una doble dependencia funcional, de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires. Funciona en el Hospital Durand, en la ciudad, pero con un presupuesto que la Nación gira a la ciudad, y no tiene personería jurídica propia. Se creó cuando Buenos Aires no era ciudad autónoma. Según el nuevo proyecto, funcionará como organismo descentralizado dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
- Su director y el resto de los profesionales que lo integren serán los peritos oficiales exclusivos ante los jueces competentes en las causas penales que tengan por objeto la identificación de hijos o hijas de personas desaparecidas, que hubiesen sido secuestradas junto a sus padres o hubiesen nacido durante el cautiverio de sus madres.
- Las partes en los procesos penales tendrán derecho a controlar los peritajes realizados en el BNDG a través de la designación de peritos de parte.
- El BNDG no proporcionará información a particulares sobre los datos registrados, ni tampoco a entidades públicas o privadas cualquiera sea la índole de las razones alegadas. La información genética almacenada sólo podrá ser suministrada por requerimiento judicial, en causa determinada, a los fines exclusivos de respaldar las conclusiones de los dictámenes periciales elaborados por el mismo y posibilitar su control por los peritos de parte. Las personas que presuman ser hijos o hijas de personas desaparecidas tendrán acceso exclusivo a los informes, dictámenes y resultados de pruebas genéticas que los involucrasen directamente, lo que deberán acreditar ante el organismo.
La Presidenta anunció el envío al Congreso del proyecto para despenalizar las calumnias e injurias
Por Diego Martínez
La Presidenta anunció el envío al Congreso del proyecto para despenalizar las calumnias e injurias
Por Diego Martínez
Cristina Fernández de Kirchner hizo el anuncio en un acto de homenaje a los miembros de la CIDH que estuvieron en el país en 1979.
La cita era para homenajear a los ex miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en 1979 corroboró y transmitió al mundo las atrocidades de la dictadura. El lugar, el salón Dorado del ex casino de oficiales de la ESMA, donde la inteligencia naval analizaba la información arrancada bajo tortura y ordenaba más secuestros. En ese contexto y frente a las principales autoridades del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para despenalizar los delitos de calumnias e injurias. Se trata de un compromiso que el Estado asumió hace diez años, que ratificaron los sucesivos gobiernos, pero que, hasta ayer, ninguno había honrado. El anuncio se produce en el marco del debate por la presentación del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Prefiero mil millones de mentiras antes que ser responsable de cerrar la boca de alguien. Es la verdadera forma en que entiendo la libertad, los derechos humanos y la participación democrática”, explicó la Presidenta.
La respuesta llega a quince meses del fallo de la Corte Interamericana contra el Estado argentino por el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia durante su investigación de la Masacre de San Patricio en 1976. El tribunal ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista y reconocer su responsabilidad en un acto público, y lo intimó a modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión. La indemnización se concretó de inmediato. Ayer, frente a la jurista Cecilia Medina, presidenta de la Corte Interamericana, se comenzó a cumplir el último punto.El Centro de Estudios Legales y Sociales, que patrocinó a Kimel, elogió “la voluntad inequívoca de honrar los compromisos internacionales” aunque cuestionó que el proyecto “no incorpora la limitación de las sanciones civiles en casos de expresiones sobre asuntos de interés público”. Advirtió que “debería ser complementado con una reforma del Código Civil que evite la utilización arbitraria y desproporcionada de las indemnizaciones pecuniarias para cercenar la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos en general”. Si bien el Código impide fijar topes a las sanciones, el proyecto que el CELS presentó en marzo insta a los jueces a “evitar que la sanción desaliente la participación ciudadana en el debate de asuntos de interés público o la labor periodística”. También se hace eco del fallo de la Corte el proyecto de la diputada Marcela Rodríguez, que sólo permite la sanción civil en caso de real malicia, es decir cuando a sabiendas se publica información falsa.La Presidenta aprovechó además la presencia de Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para firmar un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y Abuelas de Plaza de Mayo. El organismo recurrió a la CIDH tras el fallo de la Corte Suprema que en 2003 dejó sin efecto la orden judicial de realizar una extracción compulsiva de sangre de Evelin Bauer Pegoraro, quien sabía que no era hija biológica de quienes la habían criado, pero ignoraba su verdadera identidad. La medida, fundada en el derecho a la intimidad, impedía investigar a los responsables de la apropiación. El intríngulis se subsanó en 2008, cuando a partir de muestras de ADN la joven supo que era hija de Rubén Bauer y Susana Pegoraro, vistos por última vez en la ESMA. El acuerdo anunciado incluye un proyecto de ley para obtener muestras de ADN sin vulnerar los derechos de las partes y sin obstaculizar las investigaciones, otro que regula el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, y un tercero para garantizar la participación de las asociaciones intermedias en las causas judiciales
Tres mujeres
El ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde, dieron la bienvenida a la ex ESMA a la delegación de la CIDH y de la Corte Interamericana, incluidos tres de los comisionados que en 1979 realizaron la observación in loco para documentar los crímenes de la dictadura: Tom Farer, Marco Monroy Cabra y Edmundo Vargas Carreño. Luego, en compañía de guías y sobrevivientes, los juristas recorrieron las instalaciones donde funcionó el mayor centro clandestino de la Armada.El acto de homenaje comenzó con la palabra de Verónica Castelli en representación de los organismos que integran el ente Espacio para la Memoria y Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Recordó que “la visita de la CIDH fue un rayo de luz y esperanza”, repudió el rol “del poder económico, la cúpula eclesiástica y los medios de comunicación” durante el terrorismo de Estado y se abrazó con CFK. Luz Patricia Mejía enumeró como “desafíos actuales” de la CIDH a la lucha contra “la exclusión, la pobreza y la miseria”, destacó la necesidad de alcanzar “no sólo el Estado de Derecho sino también el Estado de Justicia”, y agregó en referencia al golpe de Estado en Honduras que “algunos regímenes sólo se pueden sostener mediante violaciones masivas a los derechos humanos”.“No enviamos los proyectos al Congreso como homenaje a la CIDH sino como sujetos del derecho internacional que respetamos los tratados y las normas internacionales y, por sobre todas las cosas, los derechos humanos. No es benevolencia, es cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana y los procedimientos de la CIDH”, aclaró Fernández de Kirchner.Luego anunció el acuerdo amistoso con Abuelas y el proyecto para despenalizar las calumnias e injurias. “Dudo que haya habido alguna otra etapa en la vida institucional de nuestro país donde se haya podido hablar con mayor libertad que en la que me ha tocado gobernar”, afirmó, y desafió a probar lo contrario “a cualquier archivo, a cualquier memoria”. En referencia a las presidentas de la CIDH y la Corte, celebró que “somos tres mujeres” las protagonistas de los acuerdos, “en defensa de dos derechos personalísimos y a la vez de los más colectivos que pueden tener los seres humanos: la libertad y la identidad”. “Libertad para que cada uno pueda decir lo que piensa, aun a costa de tener que soportar mentiras”, destacó.“Ojalá podamos sortear los fuertes obstáculos que están teniendo las democracias, como en Honduras”, dijo, y recordó la “fecha emblemática para la región, por el golpe contra Salvador Allende, y para el mundo, ya que un 11 de septiembre el terrorismo internacional se abatió sobre las Torres Gemelas”. “Creo que ante tanta barbarie y tanta irracionalidad, oponer la razón, la sujeción a las normas de derecho internacional, es el mejor antídoto para cualquier terrorismo y para cualquier intento de entorpecer las democracias”, reflexionó. Cerró con palabras para los ex comisionados de la CIDH, “que vinieron porque no había justicia ni libertad de expresión”, recordó. “Esta orgullosa presidenta los recibe para darles las gracias por lo que hace treinta años hicieron para todos los argentinos”.
El ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde, dieron la bienvenida a la ex ESMA a la delegación de la CIDH y de la Corte Interamericana, incluidos tres de los comisionados que en 1979 realizaron la observación in loco para documentar los crímenes de la dictadura: Tom Farer, Marco Monroy Cabra y Edmundo Vargas Carreño. Luego, en compañía de guías y sobrevivientes, los juristas recorrieron las instalaciones donde funcionó el mayor centro clandestino de la Armada.El acto de homenaje comenzó con la palabra de Verónica Castelli en representación de los organismos que integran el ente Espacio para la Memoria y Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Recordó que “la visita de la CIDH fue un rayo de luz y esperanza”, repudió el rol “del poder económico, la cúpula eclesiástica y los medios de comunicación” durante el terrorismo de Estado y se abrazó con CFK. Luz Patricia Mejía enumeró como “desafíos actuales” de la CIDH a la lucha contra “la exclusión, la pobreza y la miseria”, destacó la necesidad de alcanzar “no sólo el Estado de Derecho sino también el Estado de Justicia”, y agregó en referencia al golpe de Estado en Honduras que “algunos regímenes sólo se pueden sostener mediante violaciones masivas a los derechos humanos”.“No enviamos los proyectos al Congreso como homenaje a la CIDH sino como sujetos del derecho internacional que respetamos los tratados y las normas internacionales y, por sobre todas las cosas, los derechos humanos. No es benevolencia, es cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana y los procedimientos de la CIDH”, aclaró Fernández de Kirchner.Luego anunció el acuerdo amistoso con Abuelas y el proyecto para despenalizar las calumnias e injurias. “Dudo que haya habido alguna otra etapa en la vida institucional de nuestro país donde se haya podido hablar con mayor libertad que en la que me ha tocado gobernar”, afirmó, y desafió a probar lo contrario “a cualquier archivo, a cualquier memoria”. En referencia a las presidentas de la CIDH y la Corte, celebró que “somos tres mujeres” las protagonistas de los acuerdos, “en defensa de dos derechos personalísimos y a la vez de los más colectivos que pueden tener los seres humanos: la libertad y la identidad”. “Libertad para que cada uno pueda decir lo que piensa, aun a costa de tener que soportar mentiras”, destacó.“Ojalá podamos sortear los fuertes obstáculos que están teniendo las democracias, como en Honduras”, dijo, y recordó la “fecha emblemática para la región, por el golpe contra Salvador Allende, y para el mundo, ya que un 11 de septiembre el terrorismo internacional se abatió sobre las Torres Gemelas”. “Creo que ante tanta barbarie y tanta irracionalidad, oponer la razón, la sujeción a las normas de derecho internacional, es el mejor antídoto para cualquier terrorismo y para cualquier intento de entorpecer las democracias”, reflexionó. Cerró con palabras para los ex comisionados de la CIDH, “que vinieron porque no había justicia ni libertad de expresión”, recordó. “Esta orgullosa presidenta los recibe para darles las gracias por lo que hace treinta años hicieron para todos los argentinos”.
(Fuente:Rdendh-Pagina12).
No hay comentarios:
Publicar un comentario