“Mi casa era una sucursal de una comisaría”
Contó que fue “criado a los golpes”. Explicó el vínculo de Falco con el represor Samuel Miara y dijo que el ex policía, que sigue libre, se ufanaba de haber participado en secuestros y haberse infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo.
Juan Cabandié dijo que, durante su infancia, “el miedo, el clima hostil y la violencia” estaban siempre presentes.Por Diego Martínez
Cruces esvásticas. Armas a la vista. Golpes y maltrato psíquico. Apología del genocidio. Discursos antisemitas. El miedo como compañía omnipresente. El escenario lo padeció durante veintiséis años Juan Cabandié Alfonsín, y el responsable principal, según su propio relato, fue su apropiador Luis Antonio Falco, oficial de Inteligencia de la Policía Federal. El actual legislador del Frente para la Victoria, nacido durante el cautiverio de su mamá en la ESMA, describió ayer su infancia y adolescencia en la primera audiencia del juicio, a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría. Falco está acusado de retención y ocultamiento de un menor de diez años y falsedad ideológica de instrumento público. El fiscal Carlos Rívolo y Abuelas de Plaza de Mayo pidieron condenas de 17 y 25 años de prisión, respectivamente. Hasta ahora, el policía no estuvo un solo día preso: fue excarcelado por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Tampoco debió concurrir ayer a escuchar el relato de quien alguna vez fue su trofeo de guerra.
Si bien el juicio se tramita por el viejo Código Procesal Penal, que no prevé audiencias orales y públicas, a pedido de Abuelas son abiertos a la sociedad los relatos de los testigos ofrecidos por la querella. La jornada inicial, en la principal sala del Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema de Justicia, comenzó con el testimonio de Cabandié, quien debió extremar su paciencia para compensar la desidia del Poder Judicial: un micrófono para todas las partes, el testigo sentado junto a la jueza, que por momentos parecía una entrevistadora de TV, y un asistente interrumpiendo el relato cada dos oraciones para tomar nota, ya que ni siquiera contaban con un grabador para registrar el audio.
El actual legislador porteño ratificó sus declaraciones anteriores y respondió preguntas de los abogados de Abuelas. El de Falco, Diego Martín Sánchez, no concurrió. Cabandié afirmó que su apropiador “andaba armado todo el día”, recibía de regalo cruces esvásticas y símbolos nazis “que ponía en su boina azul de comando y lucía con orgullo”, mientras sus camaradas “justificaban el genocidio”. “Cuando crezcas vas a saber lo que son los judíos”, le advertían los policías.
Cabandié ratificó que Falco era oficial de Inteligencia de la Policía Federal, que tuvo una “activa participación en secuestros” durante la dictadura y que actuaba con el seudónimo Leonardo Fajardo, conservando las iniciales del nombre real como todo servicio. Explicó que el policía se jactaba de haberse infiltrado en la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. “Sostenía que por la Marina había ido (Alfredo) Astiz, y por la Federal, él”, contó. También admitía “haber hecho allanamientos y haber adquirido artículos de las casas, como muebles, discos o guitarras”, contó y recordó que en una oportunidad le ordenó tomar distancia de un compañero de la escuela primaria que tenía a sus padres desaparecidos.
Cabandié afirmó que el policía “siempre supo que era hijo de desaparecidos” y que era amigo del ex comisario Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa. Cuando ese caso trascendió en la prensa, Falco y su esposa le explicaron que los Miara desconocían el origen de los chicos y enfatizaron que “los criaron con amor, los alimentaron, ya que cuando los recibieron estaban tan flaquitos que parecían dos ratitas”. También recordó que “en una ocasión Falco me refirió que fue él quien consiguió falsificar los documentos de los mellizos”.
“Tenía que reprimirme para no contar qué hacía Falco, porque en el seno de la familia había una orden, entre comillas, para que no dijéramos su verdadera actividad. Teníamos que decir que era visitador médico”, reveló Cabandié, quien aludió al acusado como “este hombre”, “el apropiador”, “ese sujeto” o directamente lo mencionó por su apellido. “Siempre me sometían a malos tratos.
Fui criado a golpes, físicos y psíquicos”, reveló el joven, visiblemente emocionado. La casa “era una sucursal de una comisaría”, graficó, donde “el miedo estaba presente a cada instante”.
El testigo contó que por los golpes y el maltrato dejó de ver a Falco a los 19 años. “Pero el miedo, el clima hostil y la violencia seguían siempre presentes”, recordó. Luego contó una anécdota que por algunos segundos descomprimió el clima y generó sonrisas. En enero de 2004, cuando supo que era hijo de los desaparecidos Damián Cabandié y Alicia Alfonsín, llamó por teléfono a Falco, le dijo que tenía los análisis de ADN en su mano y lo increpó por su origen.
–¿Quién más lo sabe? –preguntó el apropiador.
–Lo sabe Estela de Carlotto y (el entonces presidente Néstor) Kirchner –se permitió mentir Juan.
“Para cubrirme le dije Estela y Kirchner, estuve rápido de reflejos”, bromeó. El recuerdo dio pie a la narración sobre los conflictos psicológicos que los apropiadores generan en los hijos de desaparecidos. “Nos hacen sentir culpas poniéndonos por delante lo bueno que fueron al darnos comida y estudios”, explicó.
En segundo turno declaró Alicia Milia, quien compartió el cautiverio en la ESMA con la madre de Cabandié. Relató que a Alicia Alfonsín la llamaban “Bebé” porque parecía una nena, “muy delgada y con una panza inmensa”. Recordó que cuando iba al baño tenían oportunidad de dialogar con las embarazadas y que, cuando nació, Juan era “un bebé grande, hermoso”. Contó que los verdugos le habían hecho redactar una carta para enviar a su familia, que nunca llegó a destino. Milia recordó que en los grupos de tareas de la ESMA había varios agentes de la Policía Federal. Más tarde declararon otras tres sobrevivientes: Elisa Tokar, Graciela Daleo y Ana María Martí.
El juicio continuará el martes con los testimonios de Miriam Lewin y Andrés Castillo, que estuvieron secuestrados en la ESMA. Luego declarará como simple testigo el policía Jorge Mario Veyra, viejo amigo del apropiador, quien se benefició con una falta de mérito en la causa por la Masacre de Fátima. El ex inspector Rodolfo Fernández, ayudante del ministro Albano Harguindeguy durante la dictadura, incluyó en 1983 a Veyra entre “los mayores torturadores y asesinos salidos de la Triple A, a quienes (el comisario Juan Carlos) Lapuyole llevó a la Dirección General de Inteligencia” de la Federal tras el golpe de Estado. Veyra continúa libre e impune, ya que ningún juez investiga aún a la Superintendencia de Seguridad Federal.
Otro juicio para Etchecolatz
El ex comisario Miguel Etchecolatz, ya condenado a perpetua, y otros ex policías quedaron a las puertas de un nuevo juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, ya que la Cámara Federal de La Plata rechazó un recurso de Casación de los acusados para revertir su procesamiento por secuestros y torturas en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Los planteos fueron rechazados por la sala I de la Cámara platense, que antes había confirmado los procesamientos contra el ex director general de Investigaciones de la Policía Bonaerense y sus subordinados Fernando Svedas (comisario), Julio César Argüello (cabo), Mario Víctor Sita (sargento primero), Raúl Orlando Machuca (oficial subinspector) y Rodolfo Aníbal Campos (subjefe de la policía provincial). La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata presentó ante el juez federal Arnaldo Corazza un requerimiento para que sean enjuiciados en un mismo proceso los hechos ocurridos en la Brigada de Investigaciones de La Plata y en el centro clandestino de detención Arana, por los que están acusados Etchecolatz y otros 11 policías.
Procesamientos por Hagelin
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de una treintena de ex marinos por el secuestro y la desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin, ocurrido en enero de 1977 en la localidad bonaerense de El Palomar. La Sala II de ese tribunal ratificó la medida dictada por el juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa por los delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y el embargo de un millón de pesos sobre los bienes de cada imputado. La confirmación de los procesamientos con prisión preventiva recayeron en Jorge “El Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, Eugenio Vilardo, Hugo Damario, Carlos Daviou, Antonio Pernías, Antonio Vañek, Juan Carlos Fotea, Miguel García Velazco, Roberto Pérez Froio, Orlando González, Ricardo Lynch Jones y Hugo Siffredi. En la causa quedaron también confirmados los procesamientos de los represores Alfredo Astiz y Carlos Suárez Mason (h), pero en sus casos porque no apelaron las resoluciones de primera instancia. Sin prisión preventiva fueron procesados Juan Carlos Rolón, Jorge Radice, Raúl Jorge González, Ernesto Frimón Weber, Juan Torti, Raúl Scheller, Néstor Omar Savio, Pablo García Velasco, Eduardo González, Rogelio Martínez Pizarro, Carlos Orlando Generoso, Víctor Francisco Cardo y Randolfo Scacchi. El tribunal, además, dictó la falta de mérito de Luciano Becerra y Edgardo Otero.
La seguridad privada
Por Diego Martínez
A partir de marzo de 2010 los registros sobre dueños y empleados de agencias de seguridad privada en poder del gobierno porteño estarán en la web a disposición de la sociedad civil. La medida fue aprobada por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires a partir de un proyecto de ley presentado por la diputada Gabriela Cerruti, de Nueva Democracia. La reforma de la ley 1913 se originó a partir de una acción de amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales, luego de que la Dirección General de Seguridad Privada y el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, le negaran a Página/12, en dos oportunidades, el acceso a los registros de la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL y de Scanner SA, ambas vinculadas con represores de la última dictadura prófugos de la justicia. La norma fue declarada inconstitucional por el juez Roberto Gallardo, que en abril le ordenó al gobierno porteño suministrar los datos. La Legislatura estableció que, entre otros datos, se deberán publicar en Internet los nombres, DNI y “antecedentes profesionales” de socios y empleados de las agencias. El proyecto original de Cerruti planteaba la necesidad de conocer “antecedentes en fuerzas de seguridad”. Los legisladores PRO condicionaron su apoyo a otra modificación: que los antecedentes se conozcan dentro de seis meses, tiempo suficiente para pulir los registros.
(Fuente:Pagina12).
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