HAY QUE TERMINAR CON LA HIPOCRESÍA.

Por Irina Santesteban (LA ARENA)
El Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Tucumán el fin de semana largo de octubre, volvió a ser escenario de fuertes enfrentamientos entre los llamados grupos "pro-vida" y las mujeres que luchan por la despenalización del aborto.
En el diario "Página 12" del pasado lunes, la periodista Mariana Carbajal escribe sobre la actitud de grupos conservadores, ligados a la jerarquía de la Iglesia Católica, que están atacando desde varias esferas a aquellas personalidades que expresan opiniones favorables a la despenalización del aborto. Y enumera algunos casos de médicos o catedráticos universitarios excluidos de sus trabajos por manifestarse de tal manera. Entre ellos el caso del médico pampeano Fernando Giayetto, quien fuera separado del Hospital Lucio Molas, por su conocida posición favorable a la anticoncepción quirúrgica y la despenalización del aborto. Su delito fue nada menos que aplicar la ley, en cuanto a la práctica de abortos no punibles, expresamente contemplados en el art. 86 del Código Penal, sin necesidad de autorización judicial previa.
La Pampa ha sido un escenario especial en este enfrentamiento, por un lado de quienes dicen defender la "vida" y, por el otro, quienes sostienen el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su deseo de ser (o no ser) madres.
El veto del gobernador Jorge a la ley que reglamentaba los abortos no punibles, fue un triunfo de la jerarquía eclesiástica y los sectores conservadores, que presionaron al mandatario pampeano, a pocos días de haber asumido la gobernación, para que "abortara" (nunca tan preciso el término) un intento progresista de reglamentar lo que ya está permitido por la ley penal, esto es, permitir la interrupción del embarazo en caso de peligro para la vida o la salud de la madre, o cuando el embarazo es fruto de una violación sobre una mujer con discapacidad mental.
Con una práctica antidemocrática y cuasi fascista, los grupos "pro-vida" van desde las amenazas a legisladoras que presentan proyectos para legislar sobre el aborto, hasta el desprecio absoluto por la salud de las mujeres que se someten todos los días a prácticas clandestinas para interrumpir embarazos no deseados, poniendo en peligro sus vidas, y muchas veces, lamentablemente, perdiéndola. ¿Adónde está entonces, la "defensa de la vida" que hacen estos grupos, si anualmente mueren casi 500 mujeres en Argentina, producto de abortos realizados en malas condiciones sanitarias? Y en muchos casos, además de la vida del "por nacer", quedan huérfanos los hijos de esas mujeres muertas porque no hay desde el Estado una política sanitaria que las proteja.
En el Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizó en Tucumán el pasado fin de semana largo, los grupos católicos volvieron a invadir un espacio que nació en 1986 para reivindicar los derechos de las mujeres, con un sentido progresista. Gracias a este movimiento y a la lucha de muchos años de los movimientos de mujeres, en los últimos 25 años el avance tanto en la legislación como en la práctica política y social de las mujeres, es innegable. Pero cuando la discusión pasa al plano de la maternidad y el papel de la mujer en la familia, parece ser intolerable para estos sectores. Es paradójico que los grupos que reivindican un papel puramente reproductor y materno de la mujer, pretendan participar de los Encuentros, que justamente nacieron para cambiar esa visión conservadora y patriarcal.
Hace algunas semanas se conoció un informe elaborado por el Instituto Guttmacher, de Estados Unidos, el cual demuestra que, cuando se intensifican las campañas para un correcto uso de métodos anticonceptivos, se disminuyen notablemente los abortos y los embarazos no deseados.
Una verdad que los movimientos feministas y los especialistas en salud reproductiva vienen pregonando hace muchos años, a contrapelo de las opiniones de los falsos "defensores de la vida".
Según este informe, mientras que en 1995 en todo el mundo se registraron 45,5 millones de abortos, esta cifra bajó a 41,6 millones en 2003, y la tasa de embarazos no deseados pasó de 69 por 1000 en 1995, al 55 por 1000 en 2008.
La directora del Instituto Guttmacher, Sharon Camp, defendió la posibilidad que tiene cada mujer, cuando hay políticas públicas destinadas a ello, de decidir por sí misma cuándo quiere quedar embarazada y cuántos hijos tener. Esta posibilidad que se otorga a las mujeres, sobre todo a las de los sectores más vulnerables, trae como directa consecuencia, comprobable mediante estadísticas, una disminución importante de los embarazos no deseados y a la vez reduce notablemente la necesidad de recurrir al aborto.
El incremento del uso de anticonceptivos en las mujeres, incluso en las casadas y las que tienen pareja estable, demuestra la necesidad de que los Estados destinen más fondos a los programas de Salud Sexual y Reproductiva, obviamente contrariando la posición predominante en la jerarquía de la Iglesia Católica.
Mientras el 40 por ciento de las mujeres del mundo vive en países que prohíben el aborto, esta cifra trepa al 97 por ciento en el caso de las mujeres latinoamericanas, pues sólo Cuba prevé en su legislación la posibilidad de interrupción del embarazo.
Del informe surge claramente que las legislaciones restrictivas en materia de abortos, no lo impiden ni lo evitan, sino que provocan que éstos se practiquen en condiciones más peligrosas para la salud de las mujeres, sobre todo las de los sectores más humildes, que no pueden acceder a dicha práctica, por el alto costo de las mismas y el riesgo que asume el profesional que lo practique. Claro que en la mayoría de los casos de muertes por abortos clandestinos, éstos son practicados por personas no idóneas y en condiciones deplorables.
La muerte de María Díaz hace dos semanas en Rosario, luego de practicarse un aborto en forma clandestina, volvió a poner en el debate la necesidad imperiosa de legislar sobre el aborto, permitiendo su despenalización cuando se lo practica antes de la 12ª semana de gestación.
Como ocurrió el año pasado con Ana María Acevedo, la joven que murió luego de dar a luz una bebé prematura -que también murió al nacer-, en medio de enormes sufrimientos porque padecía cáncer y no quisieron aplicarle quimioterapia por estar embarazada (pero no le practicaron el aborto, como lo prevé el art. 86 del Código Penal), detrás de estos casos, además de una muerte evitable, de una mujer joven, hay niños que quedan huérfanos por la hipocresía de sectores conservadores, que prefieren pregonar la "vida" sobre los cadáveres de centenares de mujeres, que no pudieron evitar un embarazo y que no se les permite interrumpirlo por el solo hecho de ser pobres.
¡A ver si terminamos con la hipocresía de una sociedad que permite el aborto a las mujeres que pueden pagarlo, pero reserva el sufrimiento y la muerte para las mujeres pobres!
(Fuente:Argenpress).