Movimiento Nacional Campesino Indígena
Via Campesina
A propósito de la criminalización y persecución a la Organización Tupac Amaru.
¿Quiénes son los clientes?
Via Campesina
A propósito de la criminalización y persecución a la Organización Tupac Amaru.
¿Quiénes son los clientes?
27 de Octubre de 2009
Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, no dudamos en afirmar que la puesta en escena de las empresas de comunicación masiva, junto a sus socios de la Mala Política, es un ataque concreto y visible contra todo el arco de movimientos sociales de Argentina, y en esto entendemos que no hay que detenerse a evaluar cuan cerca del actual gobierno nacional se encuentre cada movimiento.
Los amigos del ajuste al pueblo, de la discriminación y estigmatización del “pobre”, del trabajador, del campesino, están en contra de cualquier medida que implique mejorar la distribución secundaria del ingreso, imaginemos que postura tomarían frente a una distribución de los medios que producen esos ingresos…
Los campesinos y campesinas organizados de Argentina, cada vez que hemos recibido un aporte del estado, ha sido para arañar nuestra sobrevivencia, y fortalecer nuestras producciones, y no nos hemos convertido en clientes o esclavos de nadie.
¿Por qué no se escandalizan de los subsidios millonarios que el estado nacional y los estados provinciales hacen, para reproducir la “patria sojera”?
¿Cuál es la diferencia entre mantener parásitos de nuestros suelos, nuestro ambiente, nuestro trabajo, y la de promover trabajadores y pequeños productores, que sistemáticamente fueron perdiendo todo, gracias a sus benditas políticas neoliberales?
La transparencia en ejecución de fondos estatales y el trabajo genuino realizado desde siempre por los movimientos sociales, contrastan fuertemente con los desvíos de fondos de los gobiernos provinciales, municipales y comunales, los costos de ejecución e inversión con que ejecutamos nuestros proyectos parecen no creíbles, frente al robo, la sobrefacturación, la no ejecución, las inauguraciones de obras por triplicado…
Estamos a favor de un estado, que protagonice mucho más el desarrollo del pueblo trabajador, son ínfimos aún los fondos con que contamos para desarrollar nuestra producción, nuestra organización, nuestra coordinación, solamente habrá democracia cuándo las mayorías organizadas tengan su representación en los ámbitos de decisión política, mientras tanto mandan los que más capital han podido acumular, y aclaramos una vez más que el estado Argentino y sus gobiernos sucesivos han sido ayuda imprescindibles a esa acumulación.
Por todo eso, por las memorias, por la riqueza de diferencias, nos solidarizamos con la organización Tupac Amaru, contra la criminalización de las luchas sociales.
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!
¡Es tiempo de la Soberanía Alimentaria!
Movimiento Nacional Campesino Indígena
Vía Campesina Argentina
Camino a nuestro primer congreso nacional en 2010
Contactos: www.mnci.org / movnaccampesinoindigena@gmail.com
tel.: 0261-155615062 / 0388-154329833/ 0351-156853946/0111562607039/
¡Es tiempo de la Soberanía Alimentaria!
Movimiento Nacional Campesino Indígena
Vía Campesina Argentina
Camino a nuestro primer congreso nacional en 2010
Contactos: www.mnci.org / movnaccampesinoindigena@gmail.com
tel.: 0261-155615062 / 0388-154329833/ 0351-156853946/0111562607039/
Los fantasmas de la violencia
Las declaraciones de sectores de la oposición y los pedidos de represión a las protestas. El traslado de la política social al ámbito judicial. El lugar de las organizaciones populares en el discurso dominante de los medios masivos.
La nueva criminalización
Por C. Korol, M. Svampa, N. Giarracca, R. Gargarella, A. Pérez Esquivel *
Declaraciones como las que vienen realizando los dirigentes de la UCR, Gerardo Morales, y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, identificando a los movimientos piqueteros con la violencia son absolutamente funcionales a las políticas que desde los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad claman por mayor represión a la protesta social, en nombre de la “seguridad” de los propietarios y del castigo a los desposeídos. Diarios como Clarín, La Nación y los medios de comunicación a ellos asociados se han unido rápidamente a una campaña de difusión y magnificación de estas posiciones.
Quienes firmamos esta declaración no tenemos ninguna relación con el gobierno nacional. Somos críticos de sus políticas, fundamentalmente en lo que éstas tienen de compromiso con las trasnacionales de la minería, del agronegocio, de la energía e incluso en terrenos como el de las libertades democráticas y los derechos humanos. En el marco de los debates de los movimientos populares hemos polemizado muchas veces con posiciones o metodologías utilizadas por uno u otro movimiento piquetero, ligado o no al gobierno kirchnerista. Sin embargo, hemos aprendido de la experiencia argentina que cada vez que comienza a agitarse el “fantasma” de la “violencia” por parte de cierta dirigencia del sistema lo que se abre es el camino para castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad y a sus organizaciones. Así sucedió antes de los asesinatos en General Mosconi, o previo al crimen de Kosteki y Santillán, o al asesinato de Carlos Fuentealba. Si vamos atrás en la historia, recordaremos las declaraciones de Ricardo Balbín sobre la “guerrilla fabril”, que crearon el clima para la escalada golpista.
En la actualidad, la criminalización de los movimientos sociales es una acción que parte de la identificación de la lucha por los derechos sociales con el delito, estigmatizando a los movimientos populares que ejercen el derecho a luchar por sus derechos y transformando toda protesta en causa penal. De esta manera, se traslada la política social al ámbito judicial. Por este camino, desde mediados de los ’90 hasta el día de hoy, miles de luchadores y luchadoras populares en nuestro país han sido judicializados, hecho que constituye un gigantesco chantaje sobre las posibilidades de resistencia a las políticas de hambre, exclusión y precarización de las condiciones de trabajo y de vida hoy vigentes.
Quienes impulsan estas políticas de criminalización de los movimientos populares están atacando los derechos humanos y amenazan en consecuencia al conjunto de las organizaciones sociales, pretendiendo retrotraer los espacios ganados en dicho proceso de resistencia. Rechazamos enérgicamente este nuevo avance en la criminalización de los movimientos sociales y los intentos de promover una mayor fragmentación y vulnerabilidad de los sectores populares, frente a la iniciativa unificada de la derecha ruralista y conservadora y de sus representantes políticos y mediáticos.
* También firman Alejandro Grimson, Horacio Tarcus, Julián Rebón, Atilio Boron, Hernán Ouviña, Mario Pecheny, José Luis Coraggio, Ezequiel Adamovsky, Inés Izaguirre, María Teresa Sirvent, Alberto Binder, Patricia Agosto, Eduardo Rosenzvaig, entre muchos otros docentes e investigadores universitarios.
Con gas pimienta y armados con Itakas, desalojaron Centro Cultural en La Pampa
En horas de la mañana efectivos policiales armados con Itakas irrumpieron en el Colectivo Cultural y Social 1ro. de Marzo.
Ante la presencia de un joven integrante del Colectivo que se hallaba en el lugar, los policías de la seccional 6ta cuyo jefe es el Comisarío Sergio Seisdedos, comenzaron a sacar muebles y otros elementos a la calle.
Alrededor de las 11 hs llegaron más de 50 jóvenes que desarrollan sus actidades allí, quienes fueron violentamente reprimidos por la Policía Pampeana, con golpes de puño , forcejeos y gas de pimienta. que también alcanzó a los periodistas
La orden de desalojo provino del juez Dr. Farías del juzgado de Instrucción Nro. 4 de Santa Rosa.
El colectivo cultural es una pequeña casa que fue abandonada hace más de una década por la iglesia espiritista Basilio.
Los integrantes del colectivo, aseguran que no fueron los representantes de dicha iglesia, quienes reclamaron la propiedad.
En estos momentos más de cien personas están frente a frente de una dotaciónla numerosa de policías que custodian el lugar.
Mientras los muebles permanecen en la vereda, .los jóvenes son acompañados por vecinos, por distintas ONG y se acercaron autoridades municipales.
La Municipalidad de Santa Rosa, por medio de su viceintendente José Di Liscia, planteó que buscarán otro espacio para que el Colectivo continúe funcionando, pero aún no hay propuestas concretas.
Cabe mencionar, que la fecha elegida que dio nombre al Colectivo, corresponde al día en que fue intervenida la Municipalidad de Santa Rosa, luego de 3 meses de marchas multitudinarias en repudio al intendente Tierno.
Marta Candia, integrante de la Red por el Derecho a la identidad, de apoyo a Abuelas de Plaza de Mayo y miembro de Carta Abierta de La Pampa.
Las declaraciones de sectores de la oposición y los pedidos de represión a las protestas. El traslado de la política social al ámbito judicial. El lugar de las organizaciones populares en el discurso dominante de los medios masivos.
La nueva criminalización
Por C. Korol, M. Svampa, N. Giarracca, R. Gargarella, A. Pérez Esquivel *
Declaraciones como las que vienen realizando los dirigentes de la UCR, Gerardo Morales, y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, identificando a los movimientos piqueteros con la violencia son absolutamente funcionales a las políticas que desde los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad claman por mayor represión a la protesta social, en nombre de la “seguridad” de los propietarios y del castigo a los desposeídos. Diarios como Clarín, La Nación y los medios de comunicación a ellos asociados se han unido rápidamente a una campaña de difusión y magnificación de estas posiciones.
Quienes firmamos esta declaración no tenemos ninguna relación con el gobierno nacional. Somos críticos de sus políticas, fundamentalmente en lo que éstas tienen de compromiso con las trasnacionales de la minería, del agronegocio, de la energía e incluso en terrenos como el de las libertades democráticas y los derechos humanos. En el marco de los debates de los movimientos populares hemos polemizado muchas veces con posiciones o metodologías utilizadas por uno u otro movimiento piquetero, ligado o no al gobierno kirchnerista. Sin embargo, hemos aprendido de la experiencia argentina que cada vez que comienza a agitarse el “fantasma” de la “violencia” por parte de cierta dirigencia del sistema lo que se abre es el camino para castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad y a sus organizaciones. Así sucedió antes de los asesinatos en General Mosconi, o previo al crimen de Kosteki y Santillán, o al asesinato de Carlos Fuentealba. Si vamos atrás en la historia, recordaremos las declaraciones de Ricardo Balbín sobre la “guerrilla fabril”, que crearon el clima para la escalada golpista.
En la actualidad, la criminalización de los movimientos sociales es una acción que parte de la identificación de la lucha por los derechos sociales con el delito, estigmatizando a los movimientos populares que ejercen el derecho a luchar por sus derechos y transformando toda protesta en causa penal. De esta manera, se traslada la política social al ámbito judicial. Por este camino, desde mediados de los ’90 hasta el día de hoy, miles de luchadores y luchadoras populares en nuestro país han sido judicializados, hecho que constituye un gigantesco chantaje sobre las posibilidades de resistencia a las políticas de hambre, exclusión y precarización de las condiciones de trabajo y de vida hoy vigentes.
Quienes impulsan estas políticas de criminalización de los movimientos populares están atacando los derechos humanos y amenazan en consecuencia al conjunto de las organizaciones sociales, pretendiendo retrotraer los espacios ganados en dicho proceso de resistencia. Rechazamos enérgicamente este nuevo avance en la criminalización de los movimientos sociales y los intentos de promover una mayor fragmentación y vulnerabilidad de los sectores populares, frente a la iniciativa unificada de la derecha ruralista y conservadora y de sus representantes políticos y mediáticos.
* También firman Alejandro Grimson, Horacio Tarcus, Julián Rebón, Atilio Boron, Hernán Ouviña, Mario Pecheny, José Luis Coraggio, Ezequiel Adamovsky, Inés Izaguirre, María Teresa Sirvent, Alberto Binder, Patricia Agosto, Eduardo Rosenzvaig, entre muchos otros docentes e investigadores universitarios.
Con gas pimienta y armados con Itakas, desalojaron Centro Cultural en La Pampa
En horas de la mañana efectivos policiales armados con Itakas irrumpieron en el Colectivo Cultural y Social 1ro. de Marzo.
Ante la presencia de un joven integrante del Colectivo que se hallaba en el lugar, los policías de la seccional 6ta cuyo jefe es el Comisarío Sergio Seisdedos, comenzaron a sacar muebles y otros elementos a la calle.
Alrededor de las 11 hs llegaron más de 50 jóvenes que desarrollan sus actidades allí, quienes fueron violentamente reprimidos por la Policía Pampeana, con golpes de puño , forcejeos y gas de pimienta. que también alcanzó a los periodistas
La orden de desalojo provino del juez Dr. Farías del juzgado de Instrucción Nro. 4 de Santa Rosa.
El colectivo cultural es una pequeña casa que fue abandonada hace más de una década por la iglesia espiritista Basilio.
Los integrantes del colectivo, aseguran que no fueron los representantes de dicha iglesia, quienes reclamaron la propiedad.
En estos momentos más de cien personas están frente a frente de una dotaciónla numerosa de policías que custodian el lugar.
Mientras los muebles permanecen en la vereda, .los jóvenes son acompañados por vecinos, por distintas ONG y se acercaron autoridades municipales.
La Municipalidad de Santa Rosa, por medio de su viceintendente José Di Liscia, planteó que buscarán otro espacio para que el Colectivo continúe funcionando, pero aún no hay propuestas concretas.
Cabe mencionar, que la fecha elegida que dio nombre al Colectivo, corresponde al día en que fue intervenida la Municipalidad de Santa Rosa, luego de 3 meses de marchas multitudinarias en repudio al intendente Tierno.
Marta Candia, integrante de la Red por el Derecho a la identidad, de apoyo a Abuelas de Plaza de Mayo y miembro de Carta Abierta de La Pampa.
(Fuente:Rdendh).
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