Bignone, el último presidente de la dictadura
El ex dictador Reynaldo Bignone será juzgado por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo. Riveros y Verplaetsen van por su segunda condena. Debuta el coronel Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601.
Reynaldo Bignone fue uno de los jefes de los centros de tortura y exterminio que funcionaron en Campo de Mayo durante la dictadura.
Por Diego Martínez
Un cuarto de siglo después de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín, el último dictador rendirá cuentas ante la Justicia. Reynaldo Benito Bignone, el general que ordenó incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas sobre la guerra sucia y que confesó ante una periodista francesa que los desaparecidos “sólo fueron ocho mil”, comenzará a ser juzgado mañana por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, el mayor centro de torturas y exterminio del país durante la última dictadura. El ex presidente de facto tras la aventura de Malvinas, de 81 años, estará acompañado por cinco generales, incluidos tres condenados en agosto por el asesinato de Floreal Avellaneda, más el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, coronel Carlos Alberto Tepedino, y el ex comisario Germán Montenegro. Están imputados por 56 casos de secuestros, tormentos y homicidios.
Ultima escala de miles de desaparecidos, Campo de Mayo es tal vez la mayor deuda del Poder Judicial con la sociedad argentina. A diferencia de la causa ESMA, con setenta procesados y ninguna condena, la mayor guarnición del Ejército va por su segundo juicio con el noventa por ciento de sus represores libres e impunes. La escasez de sobrevivientes es uno de los motivos, tan real como las deficiencias en la instrucción y los obstáculos de la Cámara Federal de San Martín. El condenado más famoso es el general Santiago Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares, de la ex Zona IV, y responsable de los centros clandestinos El Campito, Las Casitas, el Hospital Militar donde funcionó la maternidad clandestina, y la ex Cárcel de Encausados, que hoy aloja a represores con preventiva pero donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular.
Riveros, de 86 años, quien purga su sentencia en el penal de Marcos Paz, volverá a ser juzgado junto con otros dos condenados: los generales Fernando Ezequiel Verplaetsen, 84 años, ex jefe de inteligencia, y Jorge Osvaldo García, 82 años, que esta vez no será juzgado como ex director de la Escuela de Infantería sino del Colegio Militar de la Nación, escala previa al “Campito” de varios secuestrados. García lamentó hace dos meses la pasividad de sus cómplices civiles, “entusiastas de las Fuerzas Armadas de entonces” a quienes “no se les pide adhesión pero sí memoria”. El nuevo juicio le permitirá seguir pensando el tema, ya que incluirá el caso de Héctor Ratto, obrero de Mercedes Benz. Su gerente de producción Juan Rolando Tasselkraut entregó en presencia de Ratto la dirección de uno de los catorce delegados de la firma que permanecen desaparecidos.
Los otros dos generales tienen 83 años. Eugenio Guañabens Perelló será juzgado como autor mediato de secuestros y homicidios cuando dirigía en 1977 la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos y comandaba el área militar 470, en el partido de General Sarmiento. Eduardo Alfredo Espósito fue ese mismo año director de la Escuela de Ingenieros y jefe del área 410, que abarcaba Escobar y Tigre, pagos del preso más famoso de la causa: el ex intendente y torturador confeso Luis Patti.
El séptimo militar es Tepedino, a quien Página/12 fotografió y denunció en 2003 por violar su arresto domiciliario. El coronel retirado de 82 años fue director de Inteligencia Interior de la SIDE entre 1975 y 1977 y comandó el Batallón de Callao y Viamonte en 1978 y 1979. El 601 procesaba y redistribuía la información que los destacamentos de inteligencia del Ejército de todo el país arrancaban en las mesas de torturas. Tanto Bignone como Riveros destacaron en sus indagatorias el rol de los subordinados de Tepedino. “El traslado de detenidos era decidido por personal de inteligencia del Batallón 601 destinado en Campo de Mayo, ya que eran los especialistas en interrogatorios. Gracias a ellos se ganó la guerra”, celebró Riveros.
Uno de los torturadores más recordados entre los sobrevivientes fue Néstor León López, miembro de Prefectura Naval a quien el 601 destinó en comisión a El Campito, donde se especializó en militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. “El Alemán”, que usaba una fusta para realzar su autoridad, fue identificado cuando ya había muerto por Juan Carlos Scarpati, que no dudó al ver las fotos de su legajo. También murió a tiempo el teniente coronel Jorge Voso, alias “Ginebrón” o “Víctor”, ex responsable del centro clandestino.
Otro interrogador impune pero vivo es Carlos Eduardo Somoza, alias “Gordo” o “Fito”, ex miembro de Gendarmería y de la Central de Reunión del 601. Hace treinta años usaba el nombre de cobertura César Ernesto Segal y se especializaba en militantes de Montoneros. Tal como informó Página/12, Somoza se fugó hace tres meses con la colaboración de un agente de la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, que tocó timbre en su casa y fue a un locutorio a avisar que no estaba. La captura frustrada la había requerido el juez Ariel Lijo por su rol en el Operativo Murciélago. Su detención en la causa Campo de Mayo fue solicitada hace dos años, pero ni el ex juez Martín Suares Araujo ni su subrogante Juan Manuel Yalj la ordenaron aún.
(Fuente:Pagina12).
Cacho Scarpati, uno de los pocos sobrevivientes de los campos
“La muerte era una liberación”
Scarpati se fugó de Campo de Mayo y dio sus primeros testimonios en España. Duro militante de los ’70, murió el año pasado, a los 68 años. Sus relatos forman parte de la acusación contra Riveros y los demás represores.
El ex general Omar Riveros y Juan Carlos Scarpati. El represor y el militante.
Por Diego Martínez
Militante de la Resistencia, miembro de las Fuerzas Armadas Peronistas, oficial mayor de Montoneros, Juan Carlos Scarpati fue secuestrado el 28 de abril de 1977, luego de recibir ocho balazos, incluidos dos en la cabeza que le hicieron perder el conocimiento mientras lo trasladaban a Campo de Mayo. Durante veinte días en estado de coma, cuadro que no impidió interrogarlo, fue asistido por una cautiva que se negó a quitarle la vida. “La muerte era un estado de liberación que no todos tuvieron la suerte de alcanzar”, escribió años después.
Cuando pudo caminar, lo obligaron a realizar tareas de mantenimiento con la capucha verde oliva a media asta, un salto cualitativo en un chupadero donde la regla era pasar día y noche sentado en el suelo, con capucha y grilletes, sin apoyarse, sin hablar y sin moverse, y que además le permitió conocer en detalle los recovecos del mayor centro clandestino del Ejército.
Pronto comprendió que el destino unánime de quienes caían en manos del general Riveros era “el traslado” y comenzó a soñar con la fuga. El 17 de septiembre, en La Plata, donde un compañero había sugerido que el “Loco César” podía marcar una emisora de Radio Liberación, aprovechó un descuido, redujo a un guardia y escapó. Recuperó a su hija y a los tres meses logró salir a Brasil.
En 1979 hizo su primera denuncia pública desde España ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, la Cadhu. Dibujó planos, detalló nombres de guerra y apodos de interrogadores, miembros de patotas y guardias. Contó que las sesiones de tortura incluían el uso de picanas automáticas, que durante horas efectuaban descargas eléctricas cada cuatro segundos, además de submarinos, ataques con perros de guerra, palizas hasta el desmayo y prácticas de karate, siempre con el enemigo atado y encapuchado.
“El traslado era sencillo”, dijo: subían a 40 o 50 cautivos adormecidos a un camión, que los llevaba hasta la cabecera de la pista del Batallón de Aviación 601, donde los embarcaban en aviones con destino a alta mar. Antes les sacaban la ropa y la quemaban. Por las letras y números que les asignaban, calculó que hasta su fuga habían pasado 3500 secuestrados por Campo de Mayo. Dio los nombres y apodos que conoció, tarea que continuó durante tres décadas.
“Detrás de cada nombre hay una historia de horror que cuesta imaginar y sin embargo ocurrió”, escribió en 1979. “No fue obra de ‘monstruos’ que cualquier ser normal reconocería apenas los viera. Su aspecto es normal y su actitud también. Tienen hijos, esposas y se creen buenos padres, defensores de ‘la libertad’ y ‘las buenas costumbres’. Las torturas, los desaparecidos, los ‘traslados’, forman parte de la ‘guerra sucia’: es una política previamente calculada y fríamente ejecutada, y no producto de ‘excesos de algunos grupos’ como se pretende hacer creer.” Ese mismo año participó de la elaboración de un documento crítico de las organizaciones armadas y de la fundación en el exilio de la Agrupación Eva Perón. Ya en democracia recorrió los restos de “El Campito” con la Conadep y se convirtió en el principal testigo de la causa.
El 24 de marzo de 2006 habló en Campo de Mayo. “No se entiende la saña y las desapariciones sin la historia previa”, dijo, y enumeró: bombardeos de Plaza de Mayo, secuestro del cadáver de Evita, secuestro y desaparición de Felipe Vallese, fusilamientos en José León Suárez, en la cárcel de Las Heras, en Campo de Mayo y en Lanús; presos del Conintes, traición de Frondizi, cárcel “por querer traer a Perón”. “Hoy todo el mundo reivindica la lucha de los ’70, pero algunos no estuvieron”, advirtió, y reclamó “que cada agrupación levante a los caídos con su identidad política”.
“Hay que empezar a hablar no sólo de si se luchó o no, sino por qué se luchó. La oligarquía y el imperialismo, con el Ejército como mano de obra, luchó por un país con industrias caídas, entrega del patrimonio nacional, desocupados, hambre y exclusión. Nosotros luchamos por una patria más justa, un país con justicia social. La memoria debe ser integral”, reclamó. “Los desaparecidos no eran seres anónimos, tenían un proyecto político, eran luchadores de organizaciones concretas”, machacó. “Los sueños no se sueñan, los sueños se construyen”, enseñó.
Cacho Scarpati murió a los 68 años, el 16 de agosto de 2008, detalle que no le impide estar presente. El Peronismo 26 de Julio, organización que fundó en 1985 y donde aún se lo considera secretario general, se concentrará a primera hora frente al galpón que oficiará de tribunal para exigir “castigo y cárcel común a los responsables de la ignominia” y para homenajear a su líder “como ejemplo de la victoria”.
(Fuente:Pagina12).
¿Quién fue Bignone?
El rostro final
Tras la guerra de las Malvinas, el general Cristino Nicolaides designó en nombre del Ejército al entonces general retirado Reynaldo Benito Antonio Bignone en el Poder Ejecutivo. Las crónicas de la época hablaban de la designación por “un solo voto”, el voto del Ejército, en una estructura en la que la Junta de Comandantes se disolvía. Bignone asumió el 1º de julio de 1982 como cuarto jefe del gobierno de la última dictadura. Tenía 54 años. A fuerza del trabajo de los organismos de derechos humanos, en el país se abría el camino de la recuperación democrática. En ese contexto, Bignone inició la negociación con los partidos políticos nucleados en la multisectorial que lideraba Raúl Alfonsín y preparaba la firma de un paquete de leyes de amnistía a los militares.
“¿Cualquier gobierno surgido de las elecciones es mejor que un gobierno militar?”, preguntó por aquellos días la revista Gente. “¡No!”, respondió el general Bignone. “El fundamento esencial del sistema democrático es que surja el mejor gobierno y entonces le digo que sí, que el mejor gobierno surgido de elecciones, es mejor que un gobierno militar.”
Los sobrevivientes de los campos clandestinos recordaron años después otras frases. “En una guerra sucia, el inocente paga por los culpables.” Y Bignone es la misma persona que años más tarde, en 2003, admitió ante una cámara oculta que los instructores franceses enseñaron a los militares argentinos el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina de personas. O que el Episcopado argentino aprobó aquella práctica. “Fue una copia”, le dijo a la periodista Marie-Monique Robin, intentando comparar la batalla de Argel con la Argentina. “Inteligencia, cuadriculación del territorio dividido en zonas. La diferencia era que Argelia era una colonia y lo nuestro fue dentro del país, era una diferencia de fondo pero no de forma en la aplicación de la doctrina.”
Bignone nació en Morón, el 21 de enero de 1928. A los 19 años entró a la Infantería de Marina del Ejército, estudió en la Escuela Superior de Guerra y en la España de Franco. En 1964 ascendió a jefe del VI Regimiento de Infantería, en 1975 a secretario del Estado Mayor del Ejército y quedó como director del Colegio Militar del Palomar. Tras participar del derrocamiento de Isabel Perón, el 28 de marzo de 1976 envió a una patota que ocupó el policlínico Posadas de Haedo, convertido en centro clandestino en un operativo que terminó con 40 secuestrados. Fue subjefe del Comando de Institutos Militares debajo de Santiago Omar Riveros. Dicen que su retiro en 1981, tras la caída de Videla y el distanciamiento con las cúpulas militares que siguieron, le dio una imagen ideal a la que apeló el Ejército para la transición.
Ante la sociedad, dijo que venía a restaurar la democracia. Pero su mandato iba a incluir una tarea clave: la negociación con las fuerzas políticas para el retiro ordenado, sin investigaciones ni sanciones de los dictadores, como recuerdan Eduardo Kimel y María del Carmen Ruiz en 20 años de historia política argentina. El 28 de abril de 1983 firmó el decreto 2726 para destruir la documentación sobre detenciones, tortura y asesinato de desaparecidos. Y dictó el documento final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo, que dictaminaba la muerte de los desaparecidos. El 23 de septiembre firmó la ley de Amnistía o Pacificación Nacional para los miembros de las FF.AA. sobre todos los actos cometidos en la guerra contra la subversión que el Congreso después anulará.
El Juicio a las Juntas de diciembre de 1985 juzgó a nueve integrantes de las tres primeras juntas. La última, presidida por Bignone, fue excluida. En 1984 quedó detenido por la desaparición de dos conscriptos, pero quedó en libertad por las leyes de la impunidad. Fue detenido nuevamente en 1999, en el marco de la investigación por el robo de bebés y el secuestro y desaparición de médicos del Hospital Posadas.
(Fuente:Pagina12).
Las sesiones serán en un galpón
Juicio en la cancha
El segundo juicio por crímenes en Campo de Mayo comenzará a las nueve en un galpón que hasta hace una semana era la cancha de papi fútbol de la sociedad de fomento José Hernández, en Hipólito Yrigoyen 4595, de Florida. El proceso debió arrancar el martes en el Centro Cultural Munro, cedido por el municipio de Vicente López, pero se postergó cuando el intendente Osvaldo García dio marcha atrás por las quejas de comerciantes de la zona que temían por sus ventas. Querellantes y organismos de derechos humanos repudiaron una vez más la improvisación de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura para garantizar el inicio de un proceso por delitos de lesa humanidad.
El tribunal que conducirá el juicio a Bignone, Riveros & Cía. estará integrado por Marta Isabel Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros. Las organizaciones civiles que representan a las víctimas fueron organizadas en cinco grupos de querellantes e incluyen a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo y el colectivo Justicia Ya! En representación del Ministerio Público Fiscal actuarán los fiscales Marcelo García Berro, Javier De Luca y Juan Patricio Murray. La defensa oficial de los imputados estará a cargo de Carlos Palermo y Juan Carlos Tripaldi. Sólo el general Espósito será representado por su abogado particular, Hernán Vidal. A partir de la próxima semana las audiencias se realizarán de martes a jueves. Declararán alrededor de 130 testigos. La jornada de hoy incluirá actividades en la calle coordinadas por la comisión Justicia Zona Norte, conformada por organizaciones sociales y partidos políticos que seguirán el desarrollo de las audiencias.
(Fuente:Pagina12)
A 32 años de la desaparición de Juan Carlos Panizza y las hermanas Abadía Crespo, que trabajaban en fábricas de Villa Adelina
Memorias de la trágica primavera de los ceramistas
Entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 1977, once trabajadores ceramistas fueron secuestrados en el norte del conurbano. A través del testimonio de familiares y amigos, aquí se recuperan las historias de vida de tres de ellos.
Felicidad y Dominga Abadía Crespo, junto a sus compañeros en la fábrica Lozadur.
Por Gustavo Veiga
Las hermanas Dominga y Felicidad Abadía Crespo tenían en común con Juan Carlos Panizza la misma vocación de lucha y el mismo gremio. Trabajaban en dos fábricas ceramistas de Villa Adelina, ellas en Lozadur, y él en Cattaneo. Hoy se cumplen 32 años de la desaparición de las jóvenes; el 27 de octubre se cumplió el mismo aniversario del secuestro de Cumpa o Cumpita, como lo llamaban sus compañeros. Sus casos son apenas tres entre un número indeterminado de obreros y obreras que la dictadura militar arrancó de sus casas y trabajos aquellas noches de 1977. Sus familiares acaban de presentar una querella junto a la hermana de Salvador Miguel Scarpato y el viudo y la hija de Sofía Tomasa Cardozo, otros desaparecidos que pertenecían al sindicato. Todos sospechan que se los llevaron grupos de tareas de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo, según se desprende de documentos desclasificados de la Embajada de Estados Unidos. Los ceramistas, en un puñado de días de aquella trágica primavera, robustecieron el 30,2 por ciento de las desapariciones que tuvo el proletariado industrial en aquella etapa.
De los registros que lleva la Comisión por la Memoria de Zona Norte, surge que entre las noches del 27 de octubre y el 2 de noviembre del ’77 fueron secuestrados once ceramistas. Cuatro eran mujeres y se desempeñaban en Lozadur: las hermanas Abadía Crespo, Cardozo y Elba María Puente Campo. La fábrica estaba en la calle Perito Moreno 2610 y dejó de operar cuando quebró. El municipio de San Isidro adquirió el terreno y ahora funciona allí un complejo polideportivo. En el mismo predio se inauguró una chacra educativa que desarrolla actividades para todos los colegios de la zona bajo el patrocinio de la Asociación San Isidro XXI. Un destino parecido tuvieron las instalaciones de Cattaneo. En Thames 1098 se encuentra el colegio religioso bilingüe De Todos los Santos.
De Zamora a Del Viso
Dominga nació en Folgoso de la Carballeda, provincia española de Zamora, el 9 de marzo de 1950. Sus padres, Rosendo Abadía y Baltasara Crespo, decidieron emigrar a la Argentina a principios de los ’50, empujados por la miseria y la dictadura franquista. El matrimonio tuvo a Felicidad, la menor, cuando ya se había instalado en Del Viso, el 1º de septiembre de 1952.
Brígida Crespo vive con su esposo, Alfonso, en el mismo pueblo español donde nació su prima mayor y crecen los carballos –una especie de roble–como el ombú en La Pampa. Tiene dos hijos y trabaja de ordenanza en un colegio. En 2005 y después de un viaje en plena crisis de 2001, decidió llevar a su tía de regreso a su pueblo natal. Baltasara o Sara, como le dicen, había quedado sola en Del Viso tras la desaparición de sus hijas y del fallecimiento de su marido, poco después.
“Con mis primas, por desgracia, no compartí nada. Yo nací en el ’58, pero nunca hasta el 2001 tuve la suerte de viajar a la Argentina. A mi tía la conocí el día del regreso a España y al verla nomás me di cuenta de su parecido enorme con mi papá. Enseguida conectamos. Será porque llevamos la misma sangre. La acogí en mi pueblo, su pueblo, a los 86 años y el 6 de enero cumplirá 90. Mis primas, donde quiera que estén, han hecho un milagro”, dice Brigi, como la llaman.
En Folgoso de la Carballeda se enteró de la desaparición de Dominga y Felicidad ocho meses más tarde. “Yo era muy jovencita y los mayores nada pudieron hacer desde aquí. Corría junio del ’78, se intentó averiguar y denunciar lo que les había ocurrido, pero eran tiempos malos para España, pasábamos la transición”. Gracias a las esporádicas conversaciones con su tía y a las charlas telefónicas con el ex novio de Dominga, un farmacéutico de Del Viso que se llama Fernando Herrera, Brígida reconstruyó lo que pasó. En la querella presentada ante la Justicia federal se describe aquella noche del ’77.
“A las 23.45 llegaron a su casa, en 9 de Julio 830, Del Viso, dos individuos que saltaron la verja de entrada; uno de ellos, quien comandaba el operativo, vestía de civil y con fuertes golpes en la puerta obligó al padre de Dominga y Felicidad a levantarse. Le dijeron que eran policías y exhibieron credenciales, obviamente falsas. Uno de ellos sacó un arma corta y encañonó al padre. Ingresaron a la casa con un soldado con ametralladora. Ese soldado, por órdenes de quien dirigía el allanamiento ilegal, mantuvo al padre y la madre de Dominga y Felicidad con el cuerpo mirando hacia el piso mientras revisaban las habitaciones de sus hijas, a quienes ordenaron que se vistieran.”
Herrera conoció a Dominga en 1975, en el club del barrio que tenía una pista de tierra para bailar. Coincide con otros testimonios en que su pareja había sido delegada antes del golpe y de la intervención militar a Lozadur: “Ella era una mina totalmente decente, sana, buena gente. Un modelo de mujer, sin idealizarla. La quería mucho. Nos peleábamos en discusiones políticas. Yo era de Franja Morada. Teníamos proyectos a futuro. Como pude investigué lo que había pasado a través de un militar que era un pariente lejano, el subinterventor del sindicato Luz y Fuerza. Pero comenzaron a apretarme, igual que al novio de Felicidad. Entonces me fui a Coronel Pringles y a Cipolletti unos seis meses. Dominga tenía 27 años y yo era dos años menor”.
La fábrica estaba en ebullición por conflictos salariales desde 1973. Había sido tomada en mayo de ese año y vuelta a ocupar en septiembre de 1975. El sindicato de ceramistas vivía un enfrentamiento interno entre la derecha del peronismo y Montoneros. El 13 de febrero del ‘76 apareció asesinado Juan Pablo Lobos, delegado de Lozadur. Todas las plantas del ramo se paralizaron 24 horas en repudio por el crimen. Después del golpe, la Federación Obrera Ceramista fue intervenida y quedó a cargo del comandante de Gendarmería Máximo Milarck. Ya en 1977, un reclamo salarial motivó que a dos operarios se los citara en el Ministerio de Trabajo para intimidarlos si no levantaban la medida. Así ocurrió ante el jefe de personal de la fábrica, apellidado Penna, un tal capitán Martínez y el gendarme. Uno de los obreros presentes, Ramón Pablo Villanueva, desapareció el 2 de noviembre, la misma noche que las cuatro compañeras y dos trabajadores más: Ismael Notaliberto y Francisco Fernando Palavecino. Fueron siete en total de Lozadur.
Los documentos desclasificados por EE.UU. sostienen que hubo “entre 15 y 20 desapariciones de trabajadores de Lozadur en noviembre de 1977 y de 5 a 10 de otras plantas de cerámica en el área, durante el mismo período. La fuente cree que las desapariciones son el resultado de una operación de seguridad en el área, posiblemente por elementos de la inteligencia operando desde la Escuela de Comunicaciones en el cercano Campo de Mayo”.
De Entre Ríos a Villa Adelina
Juan Carlos Panizza abandonó Rosario del Tala, su pueblo entrerriano, cuando era adolescente. Su sueño era viajar, conocer el mar y para eso había emprendido una aventura de la que se arrepentiría. Creyó que inscribiéndose en la ESMA, para hacer carrera en la Marina, tendría esas oportunidades. Pero la disciplina pretoriana lo disuadió y desertó. Por eso ocultó durante bastante tiempo sus documentos, hasta que instalado con unos primos en Villa Adelina, conoció a Liliana, siete años menor que él. Las fotografías que atesora su compañera muestran a los dos radiantes. El era alto, “de unos ojos verdes...”, suspira ella. “Era un tipo de engancharse en las polémicas, no se callaba lo que pensaba, reclamaba lo que le parecía justo. Estuvimos como dos años de novios y nos casamos, yo con 20 y Juan Carlos con 27. Cuando desapareció apenas habían pasado ocho meses de la boda”, recuerda Liliana, una psicóloga de modos muy suaves que tiene su consultorio en Villa Crespo.
Cumpa, como le decían, viajaba todos los días hasta la planta de Cattaneo en el colectivo 314. Su novia y esposa no le conoció otro trabajo que, cuando él hacía turnos de noche, en el sector del horno, apenas les permitían cruzarse unos minutos. Panizza llegaba como a las seis o siete de la mañana a la casita que alquilaban en Martínez justo cuando Liliana salía para el laboratorio Roche de Olivos, donde era empleada. Al regresar ella, estaban un rato juntos y él volvía a partir hacia la fábrica.
“La verdad es que no puedo contar cosas feas porque vivíamos nuestra luna de miel. Hacía ocho meses que nos habíamos casado. Eramos felices, teníamos proyectos, queríamos estudiar porque yo no había terminado el secundario y él quería seguir abogacía”, cuenta la mujer, acompañada por su colega Adriana Taboada, quien aporta datos adicionales sobre Panizza: “Un ex compañero de él, Alonso, dice que no tenía militancia partidaria. Pero sí que mantenía un compromiso con la organización sindical. En ese sentido era un obrero organizado, consciente, aunque no partidario”.
Las dos mujeres buscan junto a los demás integrantes de la Comisión por la Memoria de Zona Norte, a familiares, amigos y compañeros de los trabajadores desaparecidos del gremio ceramista que puedan ofrecer su testimonio (quienes deseen colaborar con información pueden escribir al correo ceramistaszn@gmail.com).
“Yo empecé a crecer al lado de él. Y me topé con un mundo que desconocía. Cuando desapareció pensé que iba a volver. Me pasé quince días sentada en la puerta esperándolo. Un amigo médico me dijo: ‘Olvidate’. Yo me enojé muchísimo. No creía que le había pasado algo. Al tiempo me empecé a dar cuenta de que no vendría y me acerqué a Familiares, como me conecté con otros en el Ministerio del Interior. Mi papá fue a ver al jefe de personal de la empresa, un tal De Robertis, y le preguntó cómo podían permitir que se llevaran a alguien de ahí adentro. Le dijo que ellos habían presentado la denuncia policial correspondiente”, evoca Liliana. Todos los trámites y denuncias posibles fueron realizados desde aquel 27 de octubre del ’77, cuando comenzó la razzia de los grupos de tareas en las combativas fábricas ceramistas. En el caso de Panizza, se presentó un hábeas corpus, se hicieron gestiones ante Coordinación Federal, el Comando en Jefe del Ejército y se gestionaron sucesivas entrevistas ante Interior. Liliana tuvo que tolerar comentarios procaces del personal militar (“¿está segura que no se fue con otra?”). Hasta les envió cartas a las más altas autoridades eclesiásticas de Argentina y El Vaticano.
La pareja había recibido indicios de lo que podría pasarle a Juan Carlos. “Un día él levantó el teléfono y se quedó pálido. Le pregunté qué pasaba y no me decía hasta que agarré el aparato y del otro lado de la línea se escuchaban gritos. Unos gritos desgarradores. Pienso que él sabía que lo vendrían a buscar. El día que se lo llevaron se despidió antes de ir a trabajar y me dijo: ‘Deciles a tus viejos que se queden’. Y yo le respondí: ‘¿Para qué?’. Até cabos y bueno, nada, así fue”, cuenta.
Al joven de Rosario del Tala lo secuestraron de la planta de cerámicos el mismo día que a Faustino Gregorio Romero, José Agustín Ponce y Jorge Carlos Ozeldín, obreros de Cattaneo. Al último lo sacaron de su casa y se lo vio por última vez junto a Panizza en la empresa. “Todos juntos la misma noche. Una cosa tiene que estar vinculada con la otra”, dice Liliana, que reconstruyó las últimas horas de su esposo gracias al testimonio de una hermana de Ozeldín.
Muy a su pesar, tramitó el juicio de ausencia con presunción de fallecimiento cuya sentencia salió en 1996. El grupo de tareas que secuestró al trabajador de Cattaneo que nunca pudo conocer el mar habría sido del Ejército, aunque cuando llegó a la fábrica presentó credenciales falsas de Coordinación Federal.
(Fuente:Pagina12).
No hay comentarios:
Publicar un comentario