“Hubo un aparato para destruir a una generación”
El actor y sobreviviente "Toto" López dijo que sus torturadores “disfrutaban” al lesionarlos y que los detenidos sentían que no valían “nada”. Estremecedor relato.
Por Federico Noguera
El actor y sobreviviente "Toto" López dijo que sus torturadores “disfrutaban” al lesionarlos y que los detenidos sentían que no valían “nada”. Estremecedor relato.
Por Federico Noguera
El sobreviviente y actor Juan José “Toto” López aseguró hoy que durante la dictadura hubo “un aparato para destruir a una generación” y que sus torturadores “disfrutaban” de aplicar los tormentos a los detenidos hasta hacerlos sentir que no valían “nada”.
En la última audiencia del segundo juicio por la represión en Córdoba, el testigo narró al Tribunal Federal Nº1 que en abril de 1978, dos días antes de casarse, ocho o diez personas “con armas largas y cortas”, que llegaron en tres Ford Taunus, irrumpieron en su verdulería de barrio Iponá.
“Me preguntan por un tal Jorge que no sabía quién era”, recordó, tras lo cual fue trasladado al centro clandestino de detención La Perla. Tras “dos o tres días bajo tortura”, lo llevaron al Hospital Militar, donde lo atendieron por una infección a raíz de los tormentos aplicados.
Luego, retornó a La Perla, donde permaneció atado algunos días junto a “otros y otras detenidos en condiciones de rehenes por el Mundial ‘78, hasta julio” cuando lo trasladaron a La Perla “chica”, o “Escuelita”. “A mediados de setiembre fuimos trasladados por un camión del Ejército con Eduardo Porta (ya fallecido), José Massera y el, tucumano Haizvar” a la sede del D2 de calle Mariano Moreno.
Tras un viaje “bastante tortuoso” bajo el mando del “capitán Juan”, donde les aplicaron una golpiza, ingresaron al D2. “Nos pegaban por deporte, por las dudas”, confiesa. Posteriormente, los policías introdujeron a López en un baúl y junto a Haizvar los llevaron al siniestro Chalé de Hidráulica (cerca del paredón del dique San Roque).
“No sabíamos porque estábamos allí. En el viaje creí que me iban a matar”, dijo López y agregó que permaneció alojado allí una semana “esposado de un pie y mano al elástico de una cama". Cierto día, López dijo que un policía, “Il Comendatore”, cumplía años y para festejar mandaron a otros guardias a comprar vino. Allí pudo escuchar que estaban cerca de Bialet Massé. Durante la fiesta, según afirma, los policías “se emborracharon y ‘Comendatore’ entró con un arma y nos amenazó con matarnos”.
En Hidráulica también reconoció a Daniel López, quien “estaba relacionado al D2 y era compañero mío de Filosofía”, dijo López, quien también es profesor de filosofía y tuvo acercamiento al "pensamiento anarquista" y fue "militante marxista-leninista".
A los días, López fue enviado a la Perla “chica”, donde los detenidos Puerta y Massera le dijeron que estando en el D2 habían escuchado decir que la Cruz Roja Internacional visitaría el país.
“Los detenidos en la UP1 (Penitenciaría de San Martín) denunciaron que había detenidos en el D2”, por lo que la Cruz Roja inspeccionó algunos sitios de detención después de que la Policía “vació estos lugares y puso tropas”.
La organización médica se fue y los detenidos fueron reinsertados a los centros, indicó López, quien durante ‘73, ‘74 y ’75 estuvo detenido y fue torturado algunos días en el D2 de Santa Catalina.
López manifestó que no sabe por qué delito lo acusaron, pero cree que fue por presuntamente tener un “bolso con armas”, que dijo no poseer. Precisamente, recordó que Santiago Lucero fue quien lo delató y con quien le hicieron una suerte de “careo” en un baño de La Perla: “Estábamos frente a frente y ellos (militares) detrás de un vidrio”.
Quebrado en llanto, López, quien estuvo detenido casi siete meses en total (fue liberado en setiembre de 1978), dijo que la tortura le dejó una “secuela tremenda” de “la magnitud del aparato para destruir a una generación con métodos execrables. Los torturadores disfrutaban”. “Lo que nosotros queríamos era estar presos, no en la condición de desaparecidos, no éramos nada”, contó. “Pido justicia”, solicitó ante la mirada inmutable del imputado y presunto torturador Miguel Ángel Gómez.
Hijos pedirá perpetua para cuatro imputados
Los querellantes de Hijos, Martín Fresneda y Claudio Orosz, anticiparon que el martes pedirán al Tribunal Federal Nº1 la prisión perpetua para los cuatro de los cinco imputados por el asesinato del sucomisario Ricardo Fermín Albareda, ocurrido en 1979.
Hijos pedirá perpetua para cuatro imputados
Los querellantes de Hijos, Martín Fresneda y Claudio Orosz, anticiparon que el martes pedirán al Tribunal Federal Nº1 la prisión perpetua para los cuatro de los cinco imputados por el asesinato del sucomisario Ricardo Fermín Albareda, ocurrido en 1979.
Adelantó que pedirá la prisión perpetua para los ex policías Hugo Cayetano Britos, César Armando Cejas, Rodolfo Aníbal Campos y al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Ménendez.
"Conformes a las pruebas ventiladas en las audiencias se demostró genéricamente que hay elementos que demuestran que hubo un plan criminal sistematizado contra los opositores políticos", dijo a LAVOZ.com.ar Fresneda, abogado de Fernando Albareda, hijo de la víctima "Están acabadamente probados todos los delitos", indicó y añadió que el testimonio del ex policía Raúl Roque Calderón, quien señaló haber visto torturar y asesinar a Albareda, es clave al respecto para dilucidar el salvaje crimen.
En ese sentido, manifestó que "Albareda era considerado un blanco subversivo" por la Policía, para la que, "más allá de ser policía o no, debía ser eliminado".
El martes comenzarán los alegatos y se estima que para el 10 de diciembre se conocerá el veredicto
Confirman que las firmas eran de Cejas
El perito oficial caligráfico Ernesto Sergio Fernández, experto en criminalística, confirmó que las firmas atribuidas al imputado Cesar Armando Cejas, durante su actuación como segundo jefe del Dirección General de Inteligencia policial, son de él.
En la 14ª audiencia del segundo juicio por la represión en Córdoba, el presidente del Tribunal Federal Nº1, Jaime Díaz Gavier, leyó las conclusiones de los análisis de Fernández: "La totalidad de las firmas indubitadas de procedencia escritural fueron realizadas por el puño de César Armando Cejas".
De esta forma, no quedan dudas que los legajos que Cejas firmó durante 1979 y 1980 fueron efectuadas por él, algunas de las cuales había negado.
"No hay dudas de las firmas y que era el segundo en la línea de mando detrás de (Juan) Reynoso (jefe de la Dirección de General de Inteligencia)", dijo el querellante de Hijos, Claudio Orosz, sobre Cejas, imputado en la causa por el asesinato del subcomisario Ricardo Albareda.
Durante la instrucción, Cejas había declarado que él nunca había detentado un cargo en esa dependencia policial y que su tarea era administrativa no vinculada a la "lucha contra la subversión".
"Jamás trabaje ni pertenecí al D2", negó Cejas durante este juicio.
Más pruebas
El Tribunal Oral Federal Nº1 incorporó hoy como prueba el testimonio que el testigo Jesús Enrique González había dado antes de su muerte, como así también las causas de su deceso.
Más pruebas
El Tribunal Oral Federal Nº1 incorporó hoy como prueba el testimonio que el testigo Jesús Enrique González había dado antes de su muerte, como así también las causas de su deceso.
El cuerpo incorporó como pruebas el informe del fiscal de la Fiscalía Nº2, Gustavo Vidal Lazcano, sobre las causas de la muerte de González, fallecido pocos días antes del comienzo de este juicio. También se incluyó como prueba el testimonio que había dado antes de su muerte.
Además se incorporó los testimonios de los sobrevivientes Eduardo Porta (dado ante la Conadep) y de José Massera (brindado al Archivo Provincial de la Memoria.
Renunció la jueza Garzón de Lascano
Se jubilará a fin de año. La dimisión tiene que ser aceptada por la Presidenta.
La jueza federal Nº3 de la ciudad de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, aguarda que la Presidencia de la Nación le acepte la renuncia que presentó para jubilarse a fin de año, según confiaron distintas fuentes judiciales a La Voz del Interior .
Renunció la jueza Garzón de Lascano
Se jubilará a fin de año. La dimisión tiene que ser aceptada por la Presidenta.
La jueza federal Nº3 de la ciudad de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, aguarda que la Presidencia de la Nación le acepte la renuncia que presentó para jubilarse a fin de año, según confiaron distintas fuentes judiciales a La Voz del Interior .
La renuncia de la magistrada fue elevada a fines de octubre pasado al Ministerio de Justicia de la Nación. En ese sentido, los voceros consultados confiaron que Garzón de Lascano ya anticipó al personal de su juzgado y a otros magistrados acerca de su inminente retiro.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner es quien debe aceptar la renuncia, que se hace efectiva a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Hasta tanto se ocupe esa vacante a través de un concurso, será la Cámara Federal de Córdoba la encargada de designar el reemplazante de Garzón que, según la acordada Nº 73 de la Corte Suprema de Justicia, debe efectuarse eligiendo entre los jueces de primera instancia, la lista de abogados subrogantes o un secretario del propio juzgado.
Como titular del Juzgado N° 3, Garzón de Lascano instruyó la casi totalidad de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en Córdoba durante la dictadura militar.
El primer expediente elevado a juicio desde ese juzgado, terminó con la condena a prisión de Luciano Benjamín Menéndez y otros represores, en julio de 2008.
Aparato represivo, policías y detenciones arbitrarias
Aparato represivo, policías y detenciones arbitrarias
Otro caso de abuso policial fue denunciado días atrás. “Mirá, la policía de Córdoba es distinta a la del resto del país ¿entendés? Acá hay cosas que no funcionan; acá la cosa es distinta, aprendelo”, le dijo el guardia que tenia esposado y golpeaba a uno de los detenidos que, justamente, es abogado de derechos humanos.
Por Ximena Cabral *
Por Ximena Cabral *
Fue en barrio Guemes cuando caía la tarde y había un grupo de jóvenes reunidos. Allí, irrumpe una Cap alegando “control de rutina” y el procedimiento vuelve a repetirse: cuerpos ajustados contra la pared, bastones largos, insultos y otros atropellos. Lo sucedido el miércoles permite ir ensamblando distintos hechos. Permite otra vez advertir sobre las prácticas de la policía y volver a recordar su lugar dentro del aparato represivo en un sistema donde cada vez hay más pobres y más necesidad de salir a la calle para protestar, para mostrar, para expresar cuando las condiciones de vida son atravesadas por la precariedad, el dolor y la sensación de impotencia.Ese miércoles, justamente, están reunidos los colectivos “Güemes”, “La Lonja”, “Biblioteca Popular Bella Vista” y otras organizaciones barriales y estudiantiles para organizar un escrache a la Comisaría 10º. Flores blancas de papel con el poema “Cultivo una rosa blanca” de Martí, junto a una declaración en contra del abuso policial, eran parte de las intervenciones que se proponen cuando irrumpe el primer móvil y los pone “contra la pared”.Sombríos
La policía de Córdoba es distinta a la del resto del país, le aclaraba. El cabo tiene razón. Justamente en estas semanas, en nuestra ciudad están declarando parte de aquellos policías y víctimas del Terrorismo de Estado y que fueron marcando eso “distinto” de la policía del resto del país. En estos días, se completaron los testimonios de la causa Morales y comenzó la de Moyano, los que junto a Albareda integran el caratulado Menéndez II y donde van recorriendo los hechos sufridos por nueve sobrevivientes del terrorismo de Estado: las detenciones ilegales, el encierro clandestino en el D2 y las torturas perpetradas por las fuerzas policiales.
“Uno entra en un lugar de esos y casi ni miraba. Yo sabia donde entraba. Sabia que era eso, donde estaba. Uno sabia que era eso, era el D2, un lugar sombrío (…) salen a chupar gente, era una conversación de todos los días” explicaba Ernesto Albareda, ex policía y hermano de la victima, en la segunda semana del juicio. Lo que irían mostrando los testimonios es que ni las detenciones ilegales, ni las torturas ni las formas de encierro eran “un exceso”, sino parte de una maquinaria represiva.
Después de 33 años –y esto es un proceso que se inicia antes con las prácticas de la triple A- no están enjuiciados ni condenados, los “ejecutantes” del terror están diseminados en las fuerzas y en los servicios de seguridad por un lado. Pero por el otro, es desde la ingeniería estatal donde se siguen sosteniendo prácticas arbitrarias de “asignación de delitos” sobre ciertos sectores de la población. El Estado refuerza su brazo punitivo y Córdoba en esto esta al frente: más móviles, más Caps, más botas y la instrumentación cada vez más abusiva del Código de Faltas, donde bajo la figura del merodeo o la negativa a la identificación cualquiera puede ser puesto “de cara a la pared”.
Estar en la calle
La calle es el lugar de la peligrosidad para ciertas poblaciones. Allí, ese miércoles 11 de noviembre estaban reunidos para preparar la “marcha de la gorra” -movilización que realizan en Córdoba algunos colectivos para denunciar las detenciones arbitrarias a los jóvenes-. Justo en ese momento, irrumpen móviles de la CAP, uno de los abogados de derechos humanos allí presente les pregunta la causa del operativo y la furia empieza a desplegarse. El abogado intenta presentarse, pide identificaciones; el cabo se pone peor. Llama refuerzos. En sólo unos minutos, la zona queda rodeada de móviles, balas, itacas y gritos.
Una vez llegados a la décima, la violencia no merma: “¡¿Querés mirar?!, ¡date vuelta entonces! (…) ¿Querés mirar?, bueno, mirá, mirá bien esta carita, recordala, porque cuando me cruces en la calle voy a ver si aprendiste, vas a ver ahí quién manda, vos andás por la zona y yo también. Acordate bien esta carita porque te voy a recordar quién manda cada vez que te cruce”, recuerda el abogado detenido mientras narra el fallido cabezazo en la nariz, los rodillazos al estómago y las trompadas a la cara, a la cabeza entremezclado con algunos insultos (“Qué te pasa putito”) y todo tipo de gestualidad para amedrentar. La violencia y la necesidad de instaurar el sometimiento vuelven a ser las prácticas de esa detención.
Al mismo tiempo, el lugar donde los trasladan ya se constituye en un ícono de la represión. En enero se cumplen 10 años de la muerte de 5 chicos detenidos por que a l producirse un incendio en la celda. Los policías no abrieron la jaula. En ese mismo centro de detenciones asesinaron, en el año 2000, a siete jóvenes que estaban detenidos. A algunos los asfixiaron, a otros los quemaron como respuesta a una protesta por mejores condiciones de detención, convirtiéndose en un centro de torturas, como denuncian en un comunicado desde la Biblioteca Popular Bella Vista Esta es la segunda vez que en esa comisaría se detiene a un abogado en este año.
El circular, el trasladarse, el recorrer, el ejercer el derecho a la protestas a la expresión parece imposibilitado para ciertas clases y sectores. Este acceso restringido opera vía una criminalización de la protesta social con la pobreza. La calle aparece abarrotada, los barrios sectorizados, e instrumentos que posibilitan el control absoluto del espacio y de los cuerpos que pasan y los que no. Aquí el Código de Faltas, es eso que permite que “la policía de acá no es como la de otra parte”, que si bien no implica que tengan otro tipo de lógicas sí permite la impunidad más descarada y erguirse a Córdoba como el lugar del “desembarco” del Manhatan Institute. Otra vez, la geopolítica de la “seguridad”.
Otra vez, las retóricas del miedo apuntan balas y golpes al mismo lugar. Y son ciertas lógicas sumadas a ciertas prácticas transmitidas “en cotidiano” o de “generación a generación” que muestran los alertas que urgen ser atendidos. Braman desde tiempo atrás.
La policía de Córdoba es distinta a la del resto del país, le aclaraba. El cabo tiene razón. Justamente en estas semanas, en nuestra ciudad están declarando parte de aquellos policías y víctimas del Terrorismo de Estado y que fueron marcando eso “distinto” de la policía del resto del país. En estos días, se completaron los testimonios de la causa Morales y comenzó la de Moyano, los que junto a Albareda integran el caratulado Menéndez II y donde van recorriendo los hechos sufridos por nueve sobrevivientes del terrorismo de Estado: las detenciones ilegales, el encierro clandestino en el D2 y las torturas perpetradas por las fuerzas policiales.
“Uno entra en un lugar de esos y casi ni miraba. Yo sabia donde entraba. Sabia que era eso, donde estaba. Uno sabia que era eso, era el D2, un lugar sombrío (…) salen a chupar gente, era una conversación de todos los días” explicaba Ernesto Albareda, ex policía y hermano de la victima, en la segunda semana del juicio. Lo que irían mostrando los testimonios es que ni las detenciones ilegales, ni las torturas ni las formas de encierro eran “un exceso”, sino parte de una maquinaria represiva.
Después de 33 años –y esto es un proceso que se inicia antes con las prácticas de la triple A- no están enjuiciados ni condenados, los “ejecutantes” del terror están diseminados en las fuerzas y en los servicios de seguridad por un lado. Pero por el otro, es desde la ingeniería estatal donde se siguen sosteniendo prácticas arbitrarias de “asignación de delitos” sobre ciertos sectores de la población. El Estado refuerza su brazo punitivo y Córdoba en esto esta al frente: más móviles, más Caps, más botas y la instrumentación cada vez más abusiva del Código de Faltas, donde bajo la figura del merodeo o la negativa a la identificación cualquiera puede ser puesto “de cara a la pared”.
Estar en la calle
La calle es el lugar de la peligrosidad para ciertas poblaciones. Allí, ese miércoles 11 de noviembre estaban reunidos para preparar la “marcha de la gorra” -movilización que realizan en Córdoba algunos colectivos para denunciar las detenciones arbitrarias a los jóvenes-. Justo en ese momento, irrumpen móviles de la CAP, uno de los abogados de derechos humanos allí presente les pregunta la causa del operativo y la furia empieza a desplegarse. El abogado intenta presentarse, pide identificaciones; el cabo se pone peor. Llama refuerzos. En sólo unos minutos, la zona queda rodeada de móviles, balas, itacas y gritos.
Una vez llegados a la décima, la violencia no merma: “¡¿Querés mirar?!, ¡date vuelta entonces! (…) ¿Querés mirar?, bueno, mirá, mirá bien esta carita, recordala, porque cuando me cruces en la calle voy a ver si aprendiste, vas a ver ahí quién manda, vos andás por la zona y yo también. Acordate bien esta carita porque te voy a recordar quién manda cada vez que te cruce”, recuerda el abogado detenido mientras narra el fallido cabezazo en la nariz, los rodillazos al estómago y las trompadas a la cara, a la cabeza entremezclado con algunos insultos (“Qué te pasa putito”) y todo tipo de gestualidad para amedrentar. La violencia y la necesidad de instaurar el sometimiento vuelven a ser las prácticas de esa detención.
Al mismo tiempo, el lugar donde los trasladan ya se constituye en un ícono de la represión. En enero se cumplen 10 años de la muerte de 5 chicos detenidos por que a l producirse un incendio en la celda. Los policías no abrieron la jaula. En ese mismo centro de detenciones asesinaron, en el año 2000, a siete jóvenes que estaban detenidos. A algunos los asfixiaron, a otros los quemaron como respuesta a una protesta por mejores condiciones de detención, convirtiéndose en un centro de torturas, como denuncian en un comunicado desde la Biblioteca Popular Bella Vista Esta es la segunda vez que en esa comisaría se detiene a un abogado en este año.
El circular, el trasladarse, el recorrer, el ejercer el derecho a la protestas a la expresión parece imposibilitado para ciertas clases y sectores. Este acceso restringido opera vía una criminalización de la protesta social con la pobreza. La calle aparece abarrotada, los barrios sectorizados, e instrumentos que posibilitan el control absoluto del espacio y de los cuerpos que pasan y los que no. Aquí el Código de Faltas, es eso que permite que “la policía de acá no es como la de otra parte”, que si bien no implica que tengan otro tipo de lógicas sí permite la impunidad más descarada y erguirse a Córdoba como el lugar del “desembarco” del Manhatan Institute. Otra vez, la geopolítica de la “seguridad”.
Otra vez, las retóricas del miedo apuntan balas y golpes al mismo lugar. Y son ciertas lógicas sumadas a ciertas prácticas transmitidas “en cotidiano” o de “generación a generación” que muestran los alertas que urgen ser atendidos. Braman desde tiempo atrás.
Fotografía:Archivo Prensared
*Periodista.
(Fuente:Rdendh-Lavoz)
(Fuente:Rdendh-Lavoz)
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